Manuel Fuentes conoce muy bien la política
municipal. Fue, durante 8 años, de alcalde de Seseña, uno de los
alcaldes más reconocidos del país por representar el David honesto e
insobornable que se enfrentó valientemente al Goliat más rancio y
megalómano del boom inmobiliario, el constructor conocido como “El
Pocero” que le respondió con 12 querellas. Hoy Manuel Fuentes, además de
concejal y portavoz de IU en Seseña, es el responsable Federal de
Política Municipal de Izquierda Unida. En estos momentos su prioridad
absoluta es combatir el Anteproyecto de Reforma de Administraciones
Locales que ha elaborado del PP en defensa de la democracia.
Mundo Obrero: En las primeras elecciones
municipales de la democracia, en el 79, el PCE lanzó el eslogan de
“Quita un cacique, pon un alcalde”. Hoy cuando se acaba de celebrar el
34 aniversario de aquellas elecciones parece que, con el Anteproyecto de
Reforma de las Administraciones Locales que ha elaborado el PP, damos
vuelta atrás y caminamos hacia un “quita un alcalde y pon un cacique”.
¿En qué consiste esta reforma?
Manuel Fuentes: Más que una reforma es una demolición del
modelo de Estado. Nosotros siempre hemos apostado por una
descentralización de lo público y por los ayuntamientos.
En estos momentos en los que la crisis está generando verdaderos dramas
en un país con seis millones de parados y una gran demanda de servicios
sociales, resulta que el gobierno central modifica la ley de las
entidades locales para reducir competencias y proximidad a los
Ayuntamientos que prestan esos servicios. También modifica otras leyes
como la Ley de Haciendas Locales y el Estatuto del Empleado Público, es
decir, el Estado sin contar con las comunidades autónomas ni los
Ayuntamientos, modifica la Constitución española. Con este anteproyecto
volveríamos a la época franquista: se podría intervenir ayuntamientos y
también disolver a las entidades menores a la vez que se potencia las
diputaciones provinciales, retornando a la figura del gobernador
provincial. Eso es inadmisible. Tenemos que formar un frente de
izquierdas para decir que esta contrarreforma, esta Ley Contra
Ayuntamientos no se puede poner en marcha ni aprobar.
M.O.: ¿Cómo se va a reflejar los efectos de esta reforma en la
vida cotidiana de los habitantes de poblaciones de menos de 5.000
habitantes, que son la gran mayoría de España?
M.F.: En realidad, la reforma va a afectar a todos los
municipios. Las competencias que se van a eliminar de los municipios y
se van a derivar a las comunidades autónomas, van a ser sanidad,
educación, servicios sociales y gestiones de medioambiente. El trabajo
de servicios sociales es uno de los principales trabajos que hacen los
ayuntamientos y ahí es donde se pueden precisamente diferenciar las
políticas que hace Izquierda Unida de otros grupos políticos. También va
a haber una lejanía porque con esta reforma, las personas que
gestionarán esos servicios sociales estarán en unos despachos a 50, 60 o
100 km de la gente que necesita esos servicios.
El Ministerio va a establecer cuál es el coste medio que tiene que valer
el servicio que se preste al ciudadano. Y si no se cumple, en
municipios de menos de 5.000 habitantes, y en menor medida a los 20.000,
que son más del 90% del país, esos servicios, si son obligatorios, se
van a prestar a través de las Diputaciones Provinciales, y si son unos
que aplica el Ayuntamiento dentro de su política de atención a la
ciudadanía sin ser obligatorios, pueden llegar a eliminarse. Lo que
ocurre es que el Ministerio establecerá los precios estándar y si la
Diputación no los puede prestar directamente, se privatizarán, subirán
los precios de esos servicios y los ciudadanos tendrán que pagar más por
ellos. Por ejemplo, con los polideportivos municipales. No se va a
tener en consideración el servicio social que se presta y los beneficios
que van a tener esos ciudadanos en el aspecto social, sino únicamente
si son rentables económicamente y se ajustan a los costes estándar.
Hay muchos servicios que están prestando los ayuntamientos pero no son
obligatorios. Hay unos servicios que son deportivos, culturales, etc y
otros que son sociales, que pueden ser ayuda a domicilio, ludotecas que
propician que se pueda compatibilizar la vida laboral y la familiar,
etc. En estos casos los servicios subirán de precio o se privatizarán,
con lo que igualmente o subirán de precio, o perderán calidad, o se
eliminarán, y eso sí que es un perjuicio para el ciudadano. Y también es
fundamental en aspectos de género, que se diferencia mucho en los
gobiernos municipales gobernados por IU respecto a los conservadores.
Ahí los Ayuntamientos perderán las facultades para desarrollar estas
políticas.
Desde el conocimiento y la proximidad, los alcaldes y concejales son
capaces de percibir cuál es la necesidad más importante que tienen esos
ciudadanos. ¿Cómo lo va a saber una Diputación Provincial o una
comunidad autónoma, que en este caso son las que van a tener las
competencias y puede estar a 100 kilómetros de distancia? Y cuando los
vecinos quieran manifestar su protesta no lo van a poder hacer en sus
ayuntamientos, van a tener que desplazarse a la capital de provincia o
de la comunidad, o enviar un correo, algo que elimina la proximidad y
eficacia.
M.O.: ¿Cómo valora Izquierda Unida, que está por la abolición de
la las Diputaciones, que ahora se refuercen estas instituciones?
M.F.: Las diputaciones no tienen encaje en nuestra democracia
actual. Sin embargo van a asumir unas competencias que tienen los
municipios, sin tener una estructura, ni orgánica ni técnica, para
llevar a cabo esos servicios. Además los diputados provinciales no son
elegidos democráticamente por los ciudadanos, sino que son elegidos a
dedo por los grupos políticos que determinan qué concejales y alcaldes
van a formar parte de los órganos de gestión y de dirección de las
Diputaciones.
Nosotros nos oponemos frontalmente. Además, se puede dar la paradoja de
que un alcalde esté llevando la gestión de un municipio que no es el
suyo. Y también que un concejal de un municipio que está en la oposición
sea el que lleve a cabo la gestión de los servicios de ese municipio.
M.O.: El gobierno argumenta que esta reforma se hace para
reducir costes. ¿Es realmente una cuestión de ahorro económico o de
recortes de la democracia?
M.F.: Lo que se intenta con esta reforma es reducir el poder
local porque se eliminan competencias a los ayuntamientos. No va a
suponer ningún ahorro. Si las competencias pasan de los ayuntamientos a
las comunidades autónomas, ese dinero que ahora ponen los ayuntamientos,
lo tendrán que poner las comunidades autónomas. Por ejemplo, en las
escuelas infantiles el 33% del dinero lo pone el Estado, el 33% las
comunidades autónomas y el otro 33% los ayuntamientos; si con esta
contrarreforma el ayuntamiento no pone su 33% ¿quién lo va a poner? ¿las
comunidades autónomas que no tienen suficiente financiación? ¿o lo van a
poner las mamás y los papás en la factura que les pasen a final de mes
por dichos servicios?
Y luego, por otro lado dice que va a haber un control financiero y un
presupuesto más riguroso. Entonces lo que hace el gobierno es que haya
un tutelaje. Un control exhaustivo sobre los alcaldes como existía
antes, en la dictadura, de forma que un interventor va a tener quizá más
potestad y más facultades económicas que el propio alcalde. El
interventor será un funcionario tecnócrata al servicio del Ministerio de
Hacienda.
Lo que va a ocurrir es que se va a favorecer la iniciativa privada, y
eso significa que se va a perder empleo público. Y va a ocurrir con las
transferencias de los servicios obligatorios de educación, sanidad y
servicios sociales. Cuando las transferencias pasen a las comunidades
autónomas y tenga que adaptarse a los costes estándar, si el precio
estándar que se establece para el servicio del limpieza de un colegio,
por ejemplo, está por debajo del coste real, una de dos: o se presta
peor servicio o se despiden a empleados.
Los sindicatos ya están dando cifras alarmantes de despidos, hablan de
hasta 200.000 despidos de la Administración Pública, si se aplica esta
ley tal y como está redactada y se pone en funcionamientos. Una de las
aberraciones de esta ley es que los precios estándar los determina el
ministerio y lo va a hacer a través de un Decreto Ley, ¿sobre qué base
lo van a hacer? ¿Van a intervenir los alcaldes, las comunidades
autónomas a la hora de establecer esos criterios? Es fundamental saber
los criterios que van a aplicar porque el daño que se va a hacer a la
gestión municipal va a ser enorme.
M.O.: ¿Cómo va a afectar a municipios con la misma población pero diferente nivel de paro, de ingreso y riqueza?
M.F.: El coste no es lo mismo para unos municipios que para
otros. Y las necesidades también son diferentes. Y eso hay que
estudiarlo con unos criterios no sólo económicos, como piensa el PP,
sino también sociales.
Y hay que hablar no sólo de los servicios obligatorios. Tenemos que
luchar para que los ayuntamientos tengan competencias sobre servicios
que sí son de su incumbencia, que legalmente no les corresponde pero que
los vecinos demandan.
Por ejemplo, en materia educativa. Si una comunidad autónoma no aporta
la suficiente financiación para que haya un comedor escolar o transporte
escolar, o libros de texto, y un ayuntamiento determina que eso es lo
más importante para sus ciudadanos, porque estos lo están demandando,
¿por qué no lo puede dar el Ayuntamiento? Las competencias tienen que
ser municipales aunque la gestión sea de otro nivel del Estado, para que
podamos hacer política, política social fundamentalmente, porque es ahí
donde se diferencian las políticas de la izquierda y la derecha, las
políticas a favor de los ciudadanos y las políticas a favor de las
empresas. Y el PP se lo quiere quitar a los ayuntamientos para que se
potencie la economía a través de la empresa privada.
Por ejemplo, una ludoteca municipal es competencia de las comunidades
autónomas, pero si un ayuntamiento quiere prestar ese servicio y sus
ciudadanos lo piden, aunque sea deficitario, ¿por qué un gobierno
estatal va a prohibir que ese servicio se pueda dar en el municipio?.
Una biblioteca o una escuela de música nunca va a tener rentabilidad
económica, pero queremos que nuestros jóvenes practiquen la lectura y la
música. ¿Por qué un ayuntamiento en el medio rural no va a poder
intervenir en el medioambiente? Queremos reforestar y tener un ambiente
agradable en nuestra ciudad y en su perímetro, pero sólo le dejan
intervenir a las grandes ciudades.
Yo me encontré en Seseña que sólo había una trabajadora social
compartida con otros municipios, que iba unas horas un día a la semana, y
conseguimos potenciar esos servicios sociales creando el centro de la
mujer, poniendo en marcha un centro de día, escuelas infantiles, la
ludoteca, construyendo un nuevo centro social para los mayores, etc,
etc, porque entendimos que era prioritario ese servicio a la ciudadanía.
A los ciudadanos habrá que explicarles cómo les va a afectar esta ley
porque no la entienden. Pasa como cuando se suben los impuestos que
hasta que no les viene el recibo y se lo descuentan del banco no se dan
cuenta de cómo les perjudica. Hasta que no vean que se elimina o se
encarecen ciertos servicios, no se van a dar cuenta. Se llega a perder
incluso la facultad de poder participar en los ayuntamientos, en los
consejos escolares, es decir, participar en la programación del centro y
en la calidad educativa del mismo, como hemos estado haciendo hasta
ahora.
M.O.: En un ayuntamiento pequeño o intervenido, ¿qué sentido tendrá votar a un partido o a otro?
M.F.: Los ciudadanos votan una siglas políticas y a unos cargos
públicos porque quieren que sean ellos los que lleven la gestión de sus
ayuntamientos y al final lo van a gestionar las diputaciones. Ya no va a
haber proximidad. Si los ayuntamientos están intervenidos los alcaldes
sólo van a servir testimonialmente para el pregón de las fiestas y poco
más.
M.O.: ¿A qué puesto quedará relegada la participación ciudadana?
M.F.: A ninguno. Los que hemos apostado por la participación
ciudadana, los consejos sectoriales, los presupuestos participativos,
las consultas ciudadanas, ya no tiene ningún sentido. Reitero que quien
va a gobernar esos ayuntamientos y determinar la modificación de
ordenanzas y los precios públicos van a ser concejales y alcaldes de
otros municipios a través de las diputaciones. Y quedarán alcaldes
floreros que no podrán hacer ninguna actuación de las que les están
demandando los ciudadanos y éstos acabarán pensando que para qué vamos a
votar.
Hace algunos años, ya se decía que había que disolver las diputaciones y
pasar las competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas o entes
comarcales y mancomunidades, que sí son muy representativas de la
democracia. Pero lo que ahora hace el PP es reforzar su papel, y no es
por casualidad. El PP tiene la gestión de la mayoría de las diputaciones
de este país.
M.O.: Cuáles son las principales conclusiones de jornadas de
trabajo, realizadas hace unas semanas, de cargos municipales contra este
anteproyecto de reforma?
M.F.: Hay unas líneas argumentales que todos y todas tenemos
muy claro: que se van a privatizar servicios, que van a perder calidad, y
que otros se van a eliminar, sobre todo en servicios sociales. Hemos
elaborado un plan de actuación que se pondrá en marcha en corto plazo
para intentar tirar para atrás esta reforma. Por una parte a través de
la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de las
comunidades autónomas y ayuntamientos donde tengamos representación, y a
través del Congreso de los Diputados, intentar por todos los medios que
si se tiene que llevar a cabo una reforma de la Administración Local
sea en los aspectos que nosotros hemos estado reclamando en toda la era
democrática de nuestro país, es decir: claridad competencial,
suficiencia financiera y también que, por proximidad, a los
ayuntamientos se les deje gestionar una serie de servicios, es ir a la
subsiriadidad de competencias. Si hay que ir al Parlamento Europeo a
presentar un recurso de que esta reforma es inconstitucional, lo
haremos. Moveremos todo lo que sea necesario para evitar que esta
reforma del PP salga adelante.
M.O.: Una de las excusas es el pago de la deuda, pero en realidad la deuda de los ayuntamientos es mínima.
M.F.: El PP lanza una cortina de humo que dice que hay un
derroche en las administraciones públicas y que hay que gastar menos en
los ayuntamientos, así que deciden que van a reducir un 30% el número de
concejales, como anunciaron en un primer momento, y también que va a
haber alcaldes que no van a tener liberación exclusiva y por tanto no
tendrán retribución económica. Pues resulta que más del 80% de los
cargos públicos municipales no cobran actualmente, y que por tanto no va
a haber reducción de costes.
Pero lo que es un insulto a la inteligencia humana es poner la excusa de
la deuda de los ayuntamientos para intervenirlos, cuando la realidad es
que sólo el 4% corresponde a la gestión de la administración local, y
el gran porcentaje corresponde a la Administración del Estado.
Si reduces el número de concejales, los partidos más pequeños perderían
sus representación y la capacidad para llevar al cabo el control y la
fiscalización del equipo de gobierno. Quitas transparencia en ese
municipio y que la participación de los ciudadanos esté ahí a través de
los representantes que han elegido democráticamente.
M.O.: ¿Cuál es la propuesta de IU de financiación de los ayuntamientos?
M.F.: Tenemos que caminar hacia la claridad competencial, es
decir, el Ayuntamiento tiene la competencia, independientemente de si
luego la presta el gobierno central o la comunidad autónoma. Y esas
competencias por proximidad se tienen que dar en servicios sociales
obligatoriamente, y en medioambiente y en participación ciudadana. Pero
también competencias definidas en educación y en sanidad; poder definir
en los municipios la sanidad que se nos presta. Y luego caminar hacia el
33% de financiación, no a través de subvenciones sino de transferencias
de los ingresos de los impuestos del Estado y comunidades autónomas.
Que sea un 33% ayuntamientos, 33% comunidades autónomas y 33% el Estado.
Ahora los ayuntamientos sólo gestionan un 13% del gasto público, las
comunidades el 37% y el Estado el 50%. Y sin embargo, el recorte sólo se
hace en los ayuntamientos.
[Extraído parcialmente de El País, 21-5-13]
