viernes, 19 de julio de 2013

Listado de concentraciones contra la reforma local, viernes 19 de julio

El Gobierno del PP tiene previsto aprobar antes de que termine el mes de julio su proyecto de reforma de la Administración local, una ley que supondría la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, la pérdida de servicios y calidad democrática y el despido de más de 200 mil empleados públicos y trabajadores vinculados a lo municipales.

Es por ello que hemos de oponernos a esta nueva "contrarreforma" del PP, que no responde más que a los intereses de negocio de las grandes empresas que buscan privatizaciones de lo público para ampliar sus mercados. Empleados públicos, ciudadanía en general, debemos oponernos a una reforma que supondría la merma en la calidad de vida de nuestros pueblos y ciudades, especialmente los más pequeños.

En una campaña de resistencia ciudadana a la reforma local se han convocado concentraciones de protesta para el viernes 19 de julio, día en el que el Gobierno tenía previsto aprobar su proyecto de ley (y que se ha retrasado en gran parte por la presión y malestar que reflejan las propias movilizaciones). Estas concentraciones ciudadanas son la antesala de otras tantas movilizaciones que se producirán en los meses de septiembre y octubre, convocadas por sindicatos, organizaciones políticas, sociales y colectivos ciudadanos.

A continuación resumimos las concentraciones convocadas por CCOO, UGT y en alguno casos Marea Naranja, apoyadas por otras organizaciones sociales y políticas críticas con la reforma:

Concentraciones contra la reforma local, viernes 19 de julio

Madrid: 12h, frente al Ministerio de Administraciones Públicas, Paseo de la Castellana, nº 3
Valencia: 12h, frente a la Delegación del Gobierno, c/ Colón.
Alicante: 12h, frente a la Delegación del Gobierno.
Sevilla: 10h, frente al Ayuntamiento de Sevilla (asamblea de trabajadores también a la 13h)
Málaga: 10h, Ayuntamiento de Málaga
Córdoba: 10h, Ayuntamiento de Córdoba.
Granada: 10h, Ayuntamiento de Granada
Cádiz: 10h, Ayuntamiento de Cádiz
Huelva: 10h, Ayuntamiento de Huelva
Almería: 10h, Ayuntamiento de Almería
Jaén: 10h, Ayuntamiento de Jaén
Toledo: 11h, Centro Cívico Buenavista.
Albacete: 11h, Puerta del Ayuntamiento de Albacete
Cantillana (Sevilla):10h, Ayuntamiento de Cantillana
El Viso del Alcor (Sevilla): 12h, Ayuntamiento de El Viso del Alcor
Villamalea (Albacete): 11h Puerta Servicios Sociales.
Madrigueras (Albacete): 11h Puerta del Ayuntamiento.
Convocatoria genérica de Marea Naranja: 11h, Servicios Sociales de pueblos y ciudades, a concretar.

Por favor, haznos llegar a la cuenta de twitter @demolocal cuantas convocatorias no estén recogidas en esta lista. También haznos llegar fotografías de las concentraciones, ¡muchas gracias!

jueves, 18 de julio de 2013

El Gobierno retrasa la aprobación del proyecto de reforma local, que tenía prevista para el viernes 19

¡La presión funciona, sigamos presionando hasta la retirada de la reforma local!


Noticia:


El Gobierno aplaza el visto bueno a la reforma local, que tenía previsto aprobar este viernes

El Consejo de Estado advirtió de posibles inconstitucionalidades y Hacienda dijo que estudiaría las recomendaciones

   MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno aplaza el visto bueno al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que en un principio tenía previsto aprobar este viernes, según anunció el propio Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta el pasado 5 de julio.

   El Ejecutivo de Mariano Rajoy lleva trabajando más de un año en la conocida como reforma local, que ha suscitado el rechazo del PSOE y del resto de la oposición al considerar que supone un ataque al municipalismo y la privatización de los servicios públicos.

   La citada reforma, que persigue reordenar competencias para evitar duplicidades entre las administraciones autonómicas y locales y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios mediante la introducción del denominado coste estándar, al que deberán ajustarse los municipios, podría suponer un ahorro de más de 7.000 millones de euros, según los cálculos del Gobierno.

   El Consejo de Estado emitió un informe hace dos semanas, que incluía advertencias sobre una posible inconstitucionalidad por el recorte de la autonomía local y criticaba la regulación del coste estándar, el coste al que deberán ajustarse los municipios para prestar servicios.

   Según Antonio Beteta, dicho informe no era contrario a la reforma sino que reconocía la capacidad del Gobierno para regular la materia. No obstante, sí reconoció que incorporaba diversas recomendaciones que el Gobierno tenía intención de estudiar de cara a incluirlas en el texto definitivo.

REDACCIÓN MÁS EXHAUSTIVA DEL COSTE ESTÁNDAR

   En este sentido, avanzó que, entre otros aspectos, se dará una redacción más exhaustiva al citado coste estándar. Según Beteta, ya estaba previsto detallar este mecanismo, pero a través de un decreto ley posterior; al solicitarlo el Consejo de Estado, este desarrollo normativo se incluirá ahora en el proyecto.

   "Se tendrá en cuenta al calcular el coste el número de habitantes, la dispersión, las características del municipio, la densidad; en definitiva, reconocer que en una España variada con 8.117 municipios, de los que solo 400 tienen más de 20.000 habitantes, los costes son necesariamente diferentes. Lo pensábamos regular en una norma de desarrollo, lo incluiremos en esta", afirmó, para añadir que todos estos aspectos con los que se definirá el coste estándar se han tratado ya con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

   Asimismo, defendió que el órgano consultivo avaló asuntos clave de la reforma, como la potestad del Estado para "definir" las competencias municipales, la supresión de las competencias impropias o la obligación de formalizar convenios y de pagarlos para el traspaso de competencias y servicios entre administraciones.

PÉRDIDA DE APOYOS

   Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de algunos de los aspectos principales la reforma como por ejemplo, el modo en que se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y el coste estándar.

   El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.

   El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y comenzar de nuevo las negociaciones para lograr un texto consensuado, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.

   Según admitió la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo reconoce que le está costando esfuerzo sacar adelante una reforma de este calado, ya que atañe a un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días.


Leer más:  El Gobierno aplaza el visto bueno a la reforma local, que tenía previsto aprobar este viernes  http://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aplaza-visto-bueno-reforma-local-tenia-previsto-aprobar-viernes-20130718221150.html#AqZ1khF6kuFahNxD

miércoles, 10 de julio de 2013

Beteta reconoce que su reforma local facilitará la privatización de servicios

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha defendido la capacidad que tienen las diputaciones para asumir las nuevas responsabilidades que les concederá la reforma de la administración local, una nueva ley que, además, será "más favorable a la iniciativa público-privada".

Beteta ha clausurado unas jornadas sobre el papel de las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares organizada por el Centro de Innovación del Sector Público de PwC y el IE Business School.

   En su exposición, ha asegurado que las diputaciones son entidades locales "profundamente flexibles" y que están "preparadas" para el nuevo papel que les concede la reforma, al convertirlas en grandes centros de prestación de servicios municipales. Con ellas, ha asegurado, "se garantizarán servicios adecuados, a precios razonables y mejor gestionados".

   Beteta ha defendido que esa capacidad de las diputaciones para gestionar lo demuestra el hecho de que, de media, sus presupuestos rondan los 140 millones de euros, cifra situada entre los 39 millones de la Diputación de Soria y los 635 de la de Barcelona.

   Además, ha subrayado que son instituciones que cumplen con la obligación de rendir cuentas en mayor medida que otras entidades locales, ya que sólo falla el 9,8% de ellas, frente al 71,3% de las mancomunidades, el 85,2% de las agrupaciones de municipios y el 96,1% de las entidades locales menores.

   El secretario de Estado ha recordado que el Gobierno aprobará el proyecto de reforma de la administración local el próximo día 19 y que trabaja para incluir en la norma las consideraciones del Consejo de Estado. Beteta ha reiterado que el informe emitido por este órgano asesor no es contrario a la reforma, sino que reconoce la capacidad del Gobierno para regular la materia, aunque hace diversas aportaciones que el Ejecutivo acepta.

ELECCIÓN DIRECTA

   La jornada ha contado con la participación también del presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, del PP. Entre sus reflexiones, también ha defendido por una mayor participación de la iniciativa privada en la prestación de servicios, sobre todo en los relacionados con el medio ambiente: el agua y la gestión de los residuos. "Es el momento de facilitar su entrada", ha dicho.

   El dirigente ´popular´ ha abierto además la puerta a cambiar la elección de los diputados provinciales, para que puedan ser votados por los ciudadanos en urna en el mismo momento en que se producen las elecciones municipales.

   "No es urgente, pero es interesante: Hay que plantar el debate de la elección directa de los gobiernos provinciales", ha dicho Bendodo, para quien esta posibilidad se tiene que estudiar "sin ningún tipo de temor".

   En su exposición, Bendodo ha aprovechado para defender el trabajo de los partido políticos en las instituciones públicas, en un momento en el que están al borde del "divorcio" de los ciudadanos, ha dicho. "Ni el PP es Bárcenas ni el PSOE es los ERE. Ambos han prestado un servicio fundamental a la democracia, son mucho más que esas dos circunstancias", ha subrayado.

LA ELECCIÓN INDIRECTA, DISCUTIDA

   En la jornada de este martes, la empresas PwC ha presentado una encuesta realizada a las diputaciones, cabildos y consejos insulares sobre su papel en los servicios municipales y sus perspectivas de futuro.

   Con relación al sistema de elección, los presidentes de estas instituciones están divididos casi al 50% entre los que creen necesario reformarlo y los que no. Y también es este casi el reparto entre los que piensan que es necesario establecer mecanismos de control sobre la diputación para los municipios que vayan a perder su competencia en favor de aquella a partir de la reforma local.

Texto extraído de Diario Progresista

Concentraciones en Andalucía contra la reforma local el viernes 19 de julio

Viernes 19 de julio, 10h, frente a los Ayuntamientos de las 8 capitales de provincia andaluzas

"Con motivo de la inminente aprobación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (ALRSAL), que está previsto que se lleve a cabo en el Consejo de Ministros del próximo día 19 de julio, desde FSP-UGT y FSC-CCOO hemos convocado concentraciones para ese día, a las 10 horas, ante las puertas de los 8 Ayuntamientos capital de provincia para manifestar nuestro más absoluto rechazo contra una reforma que supone el desmantelamiento de lo público en pro de la privatización de los Servicios Públicos esenciales que nuestros muncipios andaluces prestan a la ciudadanía en general.

¡No permitamos que el Gobierno del Partido Popular se salga con la suya!

Aún estamos a tiempo de evitar una reforma que sólo se mide en términos economicistas y para nada tiene en cuenta el punto de vista social que debería impregnar la misma a los efectos de preservar el actual Estado de bienestar social del que gozamos en nuestros días.

Si estás contra la reforma de la Administración Local... no te lo pienses... ¡acude y suma tu apoyo!"


HORARIOS Y SITIOS POR PROVINCIA:

ALMERÍA: DE 10:00 A 12:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
CÁDIZ: A LAS 10:00 A 11:30 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
CÓRDOBA: DE 10:00 A 12:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA
GRANADA: DE 10:00 A 11:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE  GRANADA
HUELVA: DE 10:00 A 12:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE HUELVA
JAÉN: DE 10:00 A 11:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE  JAÉN
MÁLAGA: DE 10:00 A 11:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
SEVILLA: A LAS 10:00 HORAS. SEDE AYUNTAMIENTO DE SEVILLA



martes, 9 de julio de 2013

Concentraciones contra la reforma local - miércoles 10 julio, Málaga y Granada

El próximo miércoles 10 de julio la CGT ha convocado CONCENTRACIONES frente a las sedes del Partido Popular en Granada y Málaga para protestar por la REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Concentración en Málaga: 19.30h, Sede del PP, Avda. Andalucía, nº 26,

Concentración en Granada: 19h, Sede del PP, C/ Andrés Segovia 53, frente Centro Cívico del Zaidin.

Enlace de la convocatoria: http://fetap.cgt.es/concentracion-frente-a-la-sede-del

El proyecto de ley de esta reforma plantea la eliminación de muchas competencias que ahora están en manos de los municipios, suponiendo la eliminación o la privatización de estos servicios.

Entre los servicios amenazados están los servicios sociales municipales, lo que significaría que la parte con más necesidades de la población, los que más están sufriendo la crisis, perderían uno de los pocos puntos de apoyo que ahora tienen para salvar un poco las situaciones desesperadas en las que ahora se encuentran.
Con la reforma, las plantillas se verían reducidas en más de la mitad de trabajadores/as, lo que conlleva la imposibilidad de prestar unos servicios que a día de hoy ya están colapsados. La reforma también elimina los servicios de igualdad como competencia municipal, lo que significará un retroceso intolerable en las políticas de igualdad en todo el país. Por otra parte, los servicios educativos municipales, así como los servicios de salud y consumo, también dejan de ser competencia municipal, con lo que la pérdida de servicios para el ciudadano y de empleos públicos en los municipios, va a ser del todo intolerable.

Por todo ello, la CGT ha decidido dar un paso al frente y convocar concentraciones y actos de protesta frente a las sedes del Partido Popular, de tal forma que se piensen mucho si continúan con esta política de desmantelamiento de lo público que sólo hace que los de siempre paguemos sus crisis.


DEFIENDE LO PÚBLICO, DEFIENDE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

Municipios de Tenerife irán a la huelga contra la reforma local

Los alcaldes canarios recrudecen su ofensiva contra la ley de reforma local


La Federación Canaria de Municipios respalda a los Ayuntamientos que quieran realizar un día de paro como protesta ante la reforma local

Extraído de La Opinión de Tenerife 09.07.2013 | 02:15
 
Los alcaldes se levantan en pie de guerra. El Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) aprobó anoche por unanimidad iniciar una campaña para concienciar a la ciudadanía de los perjuicios de la reforma local que plantea el Gobierno central. Los ayuntamientos isleños recrudecen su ofensiva contra la futura ley, al considerar que pone en riesgo la prestación de servicios sociales por parte de los consistorios, entre otras consecuencias que afectarían directamente a los vecinos.
El órgano colegiado dio luz verde a un documento con cuatro puntos, en uno de los cuales se expresa el respaldo "genérico" a todas aquellas iniciativas que persigan trasladar a la opinión pública los efectos negativos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sea cual sea la fórmula ideada.

Así pues se secundó la posibilidad de convocar plenos el mismo día y a la misma hora en varios municipios, así como se apoyó a aquellos regidores que quieran sumarse a la posible convocatoria de un día de huelga, tal como plantean seis alcaldes del Noroeste de Tenerife (La Guancha, Icod de los Vinos, Garachico, Los Silos, El Tanque y Buenavista del Norte). La alcaldesa de La Guancha, Elena Luis (CC), comunicó durante la reunión la decisión de los mandatarios de la comarca del Noroeste de la isla tinerfeña, que consiste en dejar de prestar por undía los servicios que ofrecen a los ciudadanos para recrear cómo les perjudicará la nueva legislación que ultima el PP.

Este planteamiento no se sometió a aprobación en el Comité Ejecutivo de la Fecam, donde estaba fuera del orden del día y sólo se tomó conocimiento del asunto. En todo caso, la Fecam da libertad a cada alcalde para que estudie si quiere adherirse o no a cualquier acción de protesta y elude, así, invadir la autonomía municipal.

Otro de los puntos del acuerdo supone continuar con los contactos con todos los grupos con representación en el Parlamento canario para abordar las propuestas de la Fecam el texto legislativo. Además, se ratificaron los contenidos del informe presentado por el catedrático de la Universidad de La Laguna Francisco Villar Rojas, en que se basa la oposición de la Fecam.

El cuarto es el comienzo de una campaña informativa para sensibilizar a la ciudadanía y presionar al Gobierno central, que incluye el reparto de trípticos.

El alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales (CC), destacó la "unanimidad" en la reunión, que se prolongó durante más de cuatro horas en la capital grancanaria, en contra del texto del Estado, que, según él, "ataca la autonomía local" y no contempla "un trato diferencia" para los consistorios isleños.
Elena Luis hizo hincapié en la necesidad de hacer ver a los vecinos que dejarán de recibir servicios esenciales si se aplica la ley estatal a partir del 1 de enero, si no se modifica su redacción. Ello afectaría especialmente a los servicios sociales, en tanto que los municipios de menos de 20.000 habitantes "los pierden completamente" y pasarían a manos de la comunidad autónoma, que lo podría delegar en el consistorio mediante un convenio y en función de si se cumple un coste estándar.

Varios alcaldes consultados temen que esta situación se lleve por delante la asistencia y cuidado a domicilio de personas mayores y dependientes, los centros ocupacionales, los programas de atención especializada a menores, además de que se pone en riesgo la continuidad de las instalaciones deportivas y culturales en caso de que no sean autosostenibles.

El alcalde de La Aldea, José Rodríguez (NC), dijo ser partidario de "hacer todas las presiones necesarias" para que el Gobierno central rectifique. Está de acuerdo en convocar un paro como "toque de atención" e incluso ir más allá y organizar una "asamblea permanente" de alcaldes que estudien periódicamente medidas singulares para llamar la atención de la sociedad. "Hay mucho en juego".

El alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos (NC), acusó a Madrid de "cargarse derechos fundamentales" y no ve "descabellado" un día de paro.

viernes, 5 de julio de 2013

El Gobierno prevé aprobar la reforma local el 19 de julio

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - Enlace


El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el Gobierno aprobará el próximo 19 de julio en Consejo de Ministros el proyecto de ley de reforma de la administración local, una iniciativa en la que lleva más de un año trabajando y que espera que pueda entrar en vigor en enero de 2014.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas trabaja ahora en adaptar el texto a las consideraciones realizadas por el Consejo de Estado en su informe sobre esta iniciativa, un texto en el que advierte de riesgos de inconstitucionalidad por limitar la autonomía local y en el que exige una mejor regulación del llamado coste estándar, una de las columnas vertebrales de la ley, que exigirá a los municipios prestar sus servicios sin sobrepasar un determinado coste.

 Beteta, que participa este viernes en el Campus FAES en Guadarrama (Madrid), ha admitido que se trata de "una ley muy compleja" pero ha subrayado la necesidad de que sea aprobada.

jueves, 4 de julio de 2013

Claves del varapalo del Consejo de Estado a la reforma local

El órgano consultivo alerta de la posible inconstitucionalidad del anteproyecto del Gobierno

Extraído de El País, artículo por María Fernández Madrid 3 JUL 2013 

El dictamen que el Consejo de Estado ha emitido sobre el anteproyecto de ley para la reforma de los Ayuntamientos es una auténtica bofetada en la cara del Ministerio de Hacienda porque cuestiona una de las reformas estrella del ministro, Cristóbal Montoro y por extensión del Gobierno de Rajoy. Un trago amargo para el Ejecutivo que lleva la firma de José Manuel Romay Beccaría, uno de los padres políticos del presidente.
Una semana esperó el organismo para hacer público el dictamen que daña la columna vertebral de la reforma. Fuentes próximas a Hacienda consideran, sin embargo, que el ministerio seguirá adelante con el proyecto después de aplicar unos cuantos cambios más o menos cosméticos. "Harán un apaño para salir del paso. Si la norma se recurre y es inconstitucional, para cuando se pronuncien los jueces ya se habrán desmantelado los municipios", reflexiona un una fuente cercana al proceso.
La pista de que nada parará al Gobierno la dio el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que aseguró tras conocer el informe que el texto "deja clara la legitimidad constitucional del Gobierno para legislar una regulación normativa uniforme y de vigencia en todo el territorio español", en ejercicio de las competencias reconocidas en la Constitución. "No puede afirmarse que la regulación en proyecto atente contra la garantía institucional de la autonomía local, por más que de ello resulte un marco competencial más estrecho que el que se definía hasta ahora en la Ley de Bases de Régimen Local", afirmó Beteta. En cualquier caso para Beteta se trata de un simple problema técnico con observaciones "en su mayor parte procedimentales", y de carácter "no esencial".
Un juicio que ni siquiera comparten sectores del Partido Popular. El presidente de la Federación Gallega de Municipios, José Manuel Rey Varela (PP), advirtió que el varapalo del consejo "debe hacer reflexionar" a Hacienda para "reabrir la negociación y buscar un gran consenso".
La oposición en bloque, y en especial el PSOE, que se ha empleado a fondo contra la reforma, aplaude la valoración del Consejo de Estado. "Avala todos nuestros argumentos", señaló el secretario de Política Municipal, Gaspar Zarrías. "Queda claro que es inconstitucional y un ataque injustificado a los Ayuntamientos y al ciudadano. El informe viene a poner en cuestión las bases de la reforma", señaló. Los socialistas exigen al ministro que retire el anteproyecto y que negocie desde cero a partir de septiembre. El representante de IU en la FEMP y alcalde de Rivas Varciamadrid, José Masa, también exige al Gobierno un cambio de rumbo aunque el dictamen del organismo no sea vinculante.

Las claves del examen del Consejo de Estado

 

Competencias municipales. La reforma del Gobierno reduce las competencias propias de los municipios y, en líneas generales, los despoja de contenido social. Convierte lo que hasta ahora se definía en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local (el listado de atribuciones), en una serie mucho más limitada y además cercena la autonomía de los Ayuntamientos para desarrollar las llamadas "competencias impropias", las que no le atribuye la ley, que siempre supeditan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria . El dictamen reconoce la "considerable constricción de la autonomía de los municipios", que pretende el Gobierno pero apunta a que el planteamiento del anteproyecto no atenta "contra la garantía institucional de la autonomía local". Pero más adelante recuerda la jurisprudencia del TC para señalar que "el legislador puede disminuir o acrecentar las competencias, pero no eliminarlas por entero y, lo que es más, el debilitamiento de su contenido solo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios básicos de nuestra Constitución"

Coste estándar. El coste estandar es un nuevo y polémico concepto muy cuestionado. El Ejecutivo determinará a través de un Real Decreto unos costes máximos que los Ayuntamientos no podrán superar a la hora de prestar un servicio. Si se pasan, la prestación de ese servicio se trasladará automáticamente a las diputaciones provinciales. Al Consejo de Estado le llama la atención que una herramienta tan importante de la norma se despache sin apenas explicaciones: "Siendo el coste estándar un valor al que se anuda la función ablativa de las competencias municipales, lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que el Gobierno lo fijará". Ataca que la "falta de concreción", sobre cómo se regulará este principio y alerta de que su aplicación puede reducir "en exceso", las competencias municipales garantizadas por la Constitución. No se queda ahí. El coste estandar puede terminar convirtiéndose en lo contrario de lo que pretende el Ejecutivo -una herramienta de ahorro- porque el dictamen cuestiona su misma esencia, al alertar de que el traspaso de las competencias a las diputaciones se realiza sin ningún tipo de cautela. "No se considera que la diputación a la que se encomiende la prestación se encuentre en una situación de debilidad presupuestaria". Tampoco se tiene en cuenta que una diputación decida no asumir un servicio. Incluso ataca el hecho de que todos los servicios se equiparen: "No parece que deba aplicarse el mismo régimen de intervención al servicio de transporte urbano que al de policía local". El dictamen concluye recomendando al Gobierno que revise de arriba a bajo la regulación en este punto. "a fin de que se presente más completa y dotada de mayor claridad y coherencia".

El poder de las diputaciones. Si el coste estandar se cuestiona, el "vaciamiento competencial", que esa herramienta podría generar se ataca sin reparos. Si las competencias se trasladan a las Diputaciones, "que son entidades representativas de segundo grado no sujetas a mecanismos de elección directa", eso implica que "no quepa exigir a estas entidades responsabilidad política", si gestionan mal los servicios, "lo que en última instancia puede desvirtuar el principio democrático". Recuerda además que el Gobierno no somete a las diputaciones a las mismas reglas del "coste estandar". Recomienda que se adopten "fórmulas alternativas más respetuosas con la autonomía municipal", y desliza que podrían ser las mancomunicades las que presten servicios.

Fusión de municipios. Los alcaldes se pusieron desde el primer momento en contra de la intención de Rajoy de fusionar Ayuntamientos. El Consejo de Estado sin embargo sugiere que podrían impulsarse estos procesos para garantizar una base "poblacional y económica sólida", a cada consistorio. "El anteproyecto podría precisar en qué supuestos y bajo qué condiciones la insuficiencia de recursos [...] podría llevar a iniciar un proceso de fusión".

Mancomunidades. Sobre la posibilidad de que desaparezcan, el informe es contundente al indicar que se violan las competencias de las Comunidades Autónomas. Esa "intromisión", la califica como "no admisible desde el punto de vista del esquema constitucional". Otro argumento para los que ven la reforma contraria a la Carta Magna.

Entidades locales menores. Beteta califico eufemísticamente la reforma como un paso para "esponjar organismos". Es decir, la reforma elimina o contribuye a debilitar todo lo que no sean Ayuntamientos de tamaño medio o grandes consistorios. Por el camino, además de las mancomunidades, están en peligro miles de entidades locales menores. Unas agrupaciones con un gran patrimonio forestal que pasaría a formar parte de los municipios y que tienen un caracter fundamentalmente cooperativo. El Cosejo de Estado se pronuncia en este punto demandando "reglas necesarias para garantizar la seguridad jurídica". La Federación Española de Concejos cree que el texto "manifiesta que el Estado no es competente para regular los aspectos relativos a la creación y extinción de las Entidades Locales Menores" y que, por lo tanto, el Estado no puede de un plumazo modificar su naturaleza jurídica obligándolas a extinguirse.

Servicios sociales. El texto dedica una reflexión a que el anteproyecto quiera terminar con las competencias "relativas a la salud, la educación y servicios sociales". Pero señala que el Estado no puede ordenar a las Comunidades Autónomas que las hereden "por afectar al ámbito competencial autonómico que escapa a las competencias básicas del legislador estatal". Además, sugiere que tal supresión "no impida" que los Ayuntamientos presten servicios sociales bajo otra denominación. "Podría valorarse", dice el dictamen, "que sigan prestándolas como competencias impropias".

miércoles, 3 de julio de 2013

El Consejo de Estado advierte que la reforma local puede ser inconstitucional

El organismo emite un dictamen demoledor contra la reforma local del Gobierno 

La rebelión de los alcaldes obliga al PP a frenar la reforma que les quita poder

Extraído de El País, artículo por María Fernández. Madrid 2 JUL 2013 

El informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de la administración local es demoledor. Ataca las principales líneas de flotación del texto aprobado por el Gobierno y advierte de que su constitucionalidad está en entredicho. En especial, plantea dos grandes problemas: la regulación del llamado "coste estándar", un concepto que según el Consejo de Estado, el Ejecutivo no ha desarrollado bien en el anteproyecto y, sobre todo, el principio de "autonomía local" y la reducción de competencias de los Ayuntamientos.

El informe del organismo, que no es vinculante, asegura que "la garantía institucional de autonomía consagrada en el artículo 140 de la Constitución puede verse cuestionada como consecuencia del eventual vaciamiento competencial de los municipios y porque sus competencias pasen a una entidad de representación indirecta como es la Diputación Provincial". El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión permanente del pasado 26 de junio presidida por José Manuel Romay Beccaría.

Entre otras cuestiones señala el hecho de que se vaya a debilitar la autonomía municipal en favor de otras entidades como las Diputaciones, un hecho que califica negativamente porque, recuerda, "son entidades locales de representación indirecta". Añade que las competencias de las Diputaciones son más bien "funcionales", porque asisten a los municipios, y no "materiales", como son las competencias de los Ayuntamientos, que gestionan "intereses y asuntos que afectan al conjunto de la población", por lo que no encajarían en el nuevo papel que les da el Gobierno.

También es demoledor el dictamen cuando aborda el artículo que determina el régimen aplicable a las mancomunidades. "Todos los Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la competencia en crear este tipo de demarcaciones. [...] la regulación de los requisitos relativos a la creación y extinción de esas entidades escapa al ámbito en que debe desenvolverse la legislación básica del Estado", recuerda, para advertir que una intromisión en las competencias de las autonomías como la que plantea el anteproyecto de ley "no es admisible desde el punto de vista del esquema constitucional".

En su análisis de las Diputaciones y del enorme peso que tendrán si la reforma se aprueba tal y como quiere el Gobierno, el Consejo de Estado también pone muchas líneas rojas. Critica que en ningún momento el anteproyecto de ley recoge qué ocurrirá si una Diputación se niega a asumir las competencias de un Ayuntamiento. También censura que no se cuestione la "realidad económico-presupuestaria de las diputaciones", antes de que asuman competencias y que tampoco haya una previsión de qué ocurrirá si no cumplen con el llamado "coste estándar".

Otra de las líneas de flotación del anteproyecto de ley defendido a capa y espada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro es el llamado "coste estándar", un baremo que marcará el techo del coste al que un Ayuntamiento podrá prestar un determinado servicio. "Lo único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es que corresponde al Gobierno fijarlo [...] La remisión que en este punto realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno". El Consejo de Estado cree que ese cheque en blanco al Ejecutivo para determinar el coste de los servicios no está bien diseñado. "El anteproyecto debería orientar debidamente el ejercicio de esta potestad mediante una regulación suficiente del coste estándar, precisando algunos extremos relevantes [...] y del modo en que ha de operar en la práctica". Abundando en lo anterior, la recomendación del Consejo de Estado es que el Gobierno vuelva a revisar ese concepto y establezca si será único para todos los servicios y cómo se calculará. La Federación de Municipios y Provincias exigió en repetidas ocasiones más claridad sobre este punto sin que el Gobierno haya movido ficha.

Con este dictamen el Gobierno tiene ahora dos caminos abiertos: o revista el contenido de los principios fundamentales del anteproyecto de reforma local, algo que retrasaría su aprobación; o se arriesga a iniciar el trámite parlamentario, algo complicado teniendo en cuenta que el Partido Socialista lo recurrirá al 100% ante el Constitucional.

El PSOE, que inició contactos para intentar negociar la reforma, rompió relaciones con el Gobierno hace meses y ha sido muy beligerante con el anteproyecto. Gaspar Zarrías, el responsable de política municipal, llegó a advertir que sacaría a la calle a todos los alcaldes contra el intento de "privatización de servicios", en favor de las Diputaciones.

El proyecto ha sufrido todo tipo de obstáculos. Se basa en un informe del Instituto de Estudios Fiscales que contradice las cifras de ahorro que ha dado el propio Gobierno. Ni siquiera los alcaldes del Partido Popular están de acuerdo con la reforma, lo que ha llevado al Ministerio a hacer verdaderos equilibrios para contentar a los regidores presentes en la FEMP. Incluso el propio ministerio ha dado cifras dispares del ahorro que supuestamente conllevará la aplicación de la ley. Primero lo cifró en 7.129 millones y poco después en 8.000 millones.

martes, 2 de julio de 2013

Concentración contra la Reforma Local, jueves 4 en Sevilla

Los Centros y Puntos Municipales de Información a la Mujer se concentran EL 4 DE JULIO A LAS 20:00 H. EN LA PLAZA NUEVA (SEVILLA) CONTRA LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL QUE SUPONE LA DESAPARICIÓN DE ESTOS SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS.

NOS SOBRAN RAZONES PARA MANIFESTARNOS :
  • Porque la Igualdad es un derecho de todas las mujeres.
  • Porque los Ayuntamientos son las entidades mas cercanas a las mujeres y a través de ellos se desarrolla la igualdad de oportunidades.
  • Porque los Puntos y Centros Municipales de Información a la Mujer apoyan físicamente la identidad de las mujeres como colectivo y la especificidad de sus problemas.
  • Porque son los lugares de referencia a nivel local para todas las mujeres y especialmente para las victimas de violencia de género.

QUIEREN ACABAR CON LA IGUALDAD
 

martes, 11 de junio de 2013

Marea contra la reforma local este miércoles 12 de junio

Este miércoles 12 de junio hay convocada una movilización estatal contra la reforma de la Administración Local y en defensa de los servicios sociales. 
 
La Marea Naranja, de defensa de los servicios sociales, convoca a todos los trabajadores, usuarios y ciudadanía en general a movilizarse contra una reforma local que privatizará sistemáticamente los servicios municipales, afectamente gravemente a los servicios de proximidad como los sociales, de dependencia o atención a la mujer.

Habrá concentraciones de trabajadores sociales el miércoles 12 a las 12h en muchos centros de trabajo y también frente a Ayuntamientos. 

Concentraciones en defensa de los servicios sociales y contra la reforma local:

Valencia: 12h plaça Mare de Déu, esquina calle de Les Corts, convocatoria sindical. 19h Asamblea ciudadana, de usuarias y profesionales mismo lugar.
Sevilla: la concentración será a las 19h en Plaza Nueva 
Cádiz a las 19.30h en la Delegación de Salud de c/ María Auxiliadora.  
Zaragoza la concentración será el día 11, abrazo simbólico de la Casa de la Mujer, c/ D. Juan de Aragón.
Valladolid. 20h, Plaza Fuente Dorada.
Canarias: Gran Canaria, concentración a las 12h en Edificio de usos múltiples II.


Actos en Zaragoza contra la reforma local


Marea Naranja Aragón organiza,  el próximo martes 11 de junio por la tarde, dos actos relacionados con el Anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración Local.

A las 17,00 horas en la Casa de la Mujer (C/ D. Juan de Aragón 2) se realizará una mesa redonda bajo el título “La Administración Local que queremos” para debatir sobre los riesgos que este anteproyecto de Ley supone para el Sistema de Servicios Sociales y en la que participarán representantes de la Plataforma de Alcaldes en Defensa del Medio Rural, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, de la Casa de la Mujer, del sector de la Cooperación al Desarrollo y de los servicios locales de infancia y juventud.

A continuación a las 19,00 horas se realizará una concentración en la calle en la que se encuentra ubicada la Casa de la Mujer a la que se le quiere dar un abrazo simbólico, una manifestación de afecto hacia los Servicios que pueden ser privatizados o desaparecer si se aprueba y aplica el texto en discusión.

El anteproyecto sobre el que se va a debatir supone una seria agresión a la autonomía local, pone en serio riesgo de extinción una buena parte de los actuales servicios sociales, especialmente todos los servicios sociales especializados gestionados por la Administración Local y es un ataque al criterio de proximidad y subsidiariedad en la que creemos que se debe basar nuestro sistema democrático.

Este acto se enmarca en la campaña diseñada desde MAREA NARANJA ESTATAL “SERVICIOS SOCIALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN” destinada a mostrar un enérgico y colectivo rechazo al anteproyecto de reforma de la Administración Local e informar a la ciudadanía sobre los riesgos de estas reformas que pueden conllevar desaparición, precariedad y amenaza sobre servicios sociales concretos.

lunes, 3 de junio de 2013

El impacto de la reforma local en Andalucía


  • La reforma local costará a Andalucía más de 500 millones de euros

  • Un informe calcula que la propuesta del Gobierno perjudicará a más de tres millones de personas

  • El estudio considera que podrían verse afectados 54.000 puestos de trabajo

  Extraído de El País (3/6/13) 

La reforma de la administración local tendrá un alto coste y no solo político. Si se consuman los planes del Gobierno, se verán afectados más de tres millones de andaluces y el 89,6% de los municipios con menos de 20.000 habitantes: 691 pueblos que podrían perder sus competencias en favor de las Diputaciones o de la Administración autonómica. Para la Junta de Andalucía, la reforma supondrá, además, asumir servicios de salud, educación y asistencia social que implicarán un coste adicional de 503.403.000 euros, según un informe de la Consejería de Administración Local.

La propuesta de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no gusta ni a Ayuntamientos ni al Gobierno autónomo. Para la mayoría de municipios y la Junta, la propuesta del Gobierno supone una recentralización y la pérdida de poder local a favor del Ejecutivo de Madrid, así como un alejamiento de la gestión del ciudadano, destinatario de los servicios.
Con el argumento de eliminar duplicidades y racionalizar costes, la reforma propone que las Comunidades asuman lo que denomina como "competencias impropias", aquellas que el Gobierno considera que ahora prestan los municipios pero que corresponden a los Ejecutivos autonómicos.
Una de estas competencias sería la limpieza, mantenimiento, vigilancia y obras en los colegios de infantil, primaria y especial en un plazo de cinco años, una medida que, según el informe de la Junta, supondría un coste para Educación de 330.146.145.
En los consultorios locales de la red de centros atención primaria de Salud también se tendría que hacer cargo la Junta de limpieza, seguridad y mantenimiento.

Según la propuesta de modificación legal, los pueblos quedarían en el área social como meros evaluadores e informadores de "situaciones de necesidad", aunque sí actuarían para la "atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

Para los servicios sociales, el presupuesto andaluz reserva ya 464, 5 millones de euros: más de 13 millones para drogodependencia, casi 43 para servicios sociales comunitarios, 376,5 para ayuda a domicilio, 20 para el refuerzo de la aplicación del sistema de dependencia y más de 10 para menores. Sin embargo, la aplicación de la nueva norma local obligaría a dotar el sistema de asistencia con otros 173.257.000 euros. Esta cantidad crecería con los programas que prestan los municipios mediante convenios con Igualdad, Salud, Dependencia, Vivienda o Consumo.

Además, según el informe de la Junta, correrían peligro 14.000 empleos que dependen de las administraciones locales y que trabajan en el ámbito de los servicios locales, donde aportan conocimiento directo de la realidad local y acceso ágil y rápido a los servicios.

En el resto de ámbitos, el desempleo afectaría a 40.000 personas por la pérdida de competencias y las privatizaciones de servicios. En este sentido, el texto de la reforma admite las intenciones de favorecer "la iniciativa económica privada".

La norma prevé la fijación de un coste estándar de los servicios sin tener en cuenta las características de cada municipio y la obligatoriedad de sujetarse al mismo. Estos dos criterios servirán para favorecer, cuando no forzar, la privatización de servicios. De estas actuaciones de delegación de competencias en manos privadas ya hay experiencias con las concesiones de la gestión de agua. Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas, alerta sobre las consecuencias de estas medidas y ante la facilidad, amparada por la nueva norma, para restringir el poder local en los pueblos menores de 5.000 habitantes. "Si un municipio no puede prestar sus servicios mínimos o está intervenidos, ¿podemos concluir que sigue existiendo?", se pregunta.

miércoles, 22 de mayo de 2013

El Gobierno mantiene las líneas fundamentales de su reforma local

  • Se mantiene el llamado "coste estándar" de los servicios, que fomentará la privatización de los servicios públicos municipales.

  • El Gobierno cede en que no intervendrá directamente los pequeños municipios con déficit.

  • Los ayuntamientos no delegarán competencias en Educación hasta que no haya un modelo de financiación autonómica.

  • La movilización contra la reforma local continúa.

[Extraído parcialmente de El País, 21-5-13]

Durante unas tres horas los alcaldes estuvieron negociando ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que el miércoles 22 de mayo se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha conseguido mantener las líneas fundamentales de la polémica reforma, en especial la que se refiere a que se establecerá un “coste estándar”, para cada uno de los servicios que presten; el aumento del poder de las diputaciones provinciales o la supuesta "clarificación de las competencias para evitar duplicidades" con las Comunidades Autónomas.

Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dicho estar satisfecho con las modificaciones aunque asegura que sigue negociando con el Ejecutivo para eliminar los puntos más conflictivos, que se mantienen en el texto. Uno de ellos es quién va a pagar las competencias en educación y servicios sociales y quién debe asumirlas.Los alcaldes han conseguido que en materia de educación, los servicios que prestan ahora los seguirán asumiendo hasta que no se firme un nuevo sistema de financiación autonómica. En cuanto a sanidad, las competencias se retirarán en cinco años, al tiempo que se resta financiación a los municipios.

El Gobierno ha cedido en algunos asuntos y ha eliminado el artículo que ordenaba la intervención directa e inmediata de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplieran la Ley de estabilidad presupuestaria o que los interventores municipales no puedan decidir, como quería Hacienda, si se presta o no un determinado servicio en los Ayuntamientos. “Todos los municipios se someterán a las mismas reglas”, destacó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Lo que significa que todos estarán sometidos al poder de intervención estatal si no cumplen con el equilibrio presupuestario, pero no habrá atajos para el ministerio en el caso de que se quiera iniciar un proceso contra un municipio de menos de 5.000 habitantes.


Sobre la polémica limitación de salarios de la que ayer informó el ministerio de Hacienda, De la Serna aseguró: "No va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar", aseguró. También desmintió al ministerio en otra cuestión: "La información trasladada desde el ministerio sobre la ineficiencia del 92% de los ayuntamientos en absoluto se corresponde con la realidad". En cuanto a los salarios de los cargos públicos, los alcaldes de menos de mil habitantes podrán ser retribuidos con dedicaciones parciales, en contra de lo que decía inicialmente la reforma.

Pero el Ejecutivo insistió a través de Beteta, que matizó que habrá una “horquilla salarial”, que se recogerá en las leyes de presupuestos de cada año, pero aseguró que eso no significa bajada de sueldos. "En el plan nacional de reformas se indica que se establecerán baremos. Se bajarán los sueldos? no ¿Se establecerá una horquilla en la que se van a mover los salarios de los empleados públicos?: sí. Lo que no explicó es qué ocurrirá si los salarios actuales están por encima de la horquilla que fije el Gobierno.

El presidente de la FEMP ha reiterado que sigue habiendo "desacuerdo" en algunos de los aspectos de la reforma local pero ha vaticinado que "queda margen" y que los representantes de los Ayuntamiento "tenemos espíritu de colaboración". Puso en valor el hecho de que la reforma partía con la intención de suprimir un 30% los concejales y eliminar a través de fusiones muchos ayuntamientos. Con los cambios, la estructura política de las corporaciones locales queda intacta.

Beteta, destacó que se trata de una reforma "profundamente municipalista" que va a ayudar a que exista "una clara definición de competencias". "Hay una coincidencia en lo esencial: lograr una administración más eficaz". Más allá de eso aseguró que también hay "diferencias", con los alcaldes."No va a ser un proceso sencillo", ha vaticinado respecto a la aplicación de la ley.

lunes, 20 de mayo de 2013

"Otra farsa: la reforma local", por Juan Torres

Por Juan Torres López, extraido de El País: 

La deuda del PP en Madrid es el 21% de todos los Ayuntamientos


La crisis se ha convertido en la excusa para que los Gobiernos lleven a cabo reformas que ni tienen que ver con sus causas ni ayudan a salir de ella.

Así ocurre con la financiera. Dicen que busca aflorar el crédito pero solo conseguirá que cuatro o cinco bancos controlen el mercado. O con la laboral, de la que se aseguró que crearía empleo y que solo ha logrado abaratar aún más la mano de obra y dar nuevo poder al gran empresariado. Por no hablar de las que se han realizado en sanidad, educación o en pensiones, a fin de cuentas para dar entrada al interés privado, incluso a costa de mayor gasto en el conjunto de la economía. Y algo parecido es lo que esconde la reforma local que pretende llevar a cabo el ministro Montoro, aunque en este caso su doble juego resultó tan escandaloso que la tuvo que posponer. Quizá por poco tiempo si la inmediata visita de los inspectores de la troika obliga a sacarla de nuevo del cajón.

La reforma, como las de otros servicios públicos, se justifica asegurando que los Ayuntamientos cuestan mucho dinero, que gastan en exceso realizando actividades que no le son propias y que generan demasiada deuda, lo que lleva al Gobierno a imponer un procedimiento contundente y directo para quitarle competencias, privatizar servicios e incluso para hacer que muchos desaparezcan.

Abordar la reforma de un ámbito tan importante y determinante del bienestar y la eficiencia económica persiguiendo solamente que los Ayuntamientos gasten menos ya es algo irracional. Sobre todo, si no se ponen previamente sobre la mesa su inveterada carencia de recursos, la ausencia de un planteamiento de fondo sobre su marco competencial y la debilidad de nuestro Estado de bienestar, que son las verdaderas causas de que en los últimos años, y esto sí que es cierto, la función local se haya desnaturalizado considerablemente, al menos en muchos casos.

La aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala

Pero ni siquiera así se justifican los planes del Gobierno. Lo cierto es que el peso del gasto municipal en el PIB español sigue siendo más o menos el mismo que en 1981 y que la deuda de los Ayuntamientos es una parte muy pequeña (alrededor del 3%) de toda la deuda pública, y eso teniendo en cuenta que la generada por el PP en Madrid (7.429,6 millones de euros a finales de 2012) representa el 21% de la de todos los Ayuntamientos españoles, más elevada incluso que la que tienen todos los de Andalucía juntos.

Sobre la existencia de duplicidades en la prestación de servicios no se tienen datos rigurosos para toda España, pero allí donde se han estudiado en serio resulta que los Ayuntamientos son los menos responsables de ello. Y, en todo caso, el procedimiento ideado por el Gobierno para resolverlas, establecer desde Madrid un coste estándar para todos los Ayuntamientos y servicios municipales e impedir que quienes no los ofrezcan por debajo los cedan a las diputaciones o privaticen la gestión, es seguro que va a crear otras deficiencias y costes aún mayores, que quizá ni siquiera permitan que al final se ahorre. Entre otras cosas, porque la aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala; algo que solo se da en servicios (como los de recogida de basuras) que tienen grandes costes fijos y que en la mayoría de los casos ya están mancomunados.

La reforma del Gobierno es otra farsa. No refuerza la autonomía local, ni procura que los Ayuntamientos dispongan (con la austeridad auténtica a que obliga el manejo de dinero público) de los recursos necesarios, ni garantiza que se utilicen con honradez y eficacia. Lo que se hace de nuevo es abrir paso a las grandes empresas con un daño grande, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las de economía social. Y tratando así a la Administración local, como una simple unidad de gasto, se destruye un espacio básico de la convivencia e identidad colectivas y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia.

La ayuda a domicilio tiembla ante la reforma local

[P. Puebla. Zaragoza, Extraido de heraldo.es]
 
La reforma de la administración local elimina las competencias municipales en servicios sociales y los profesionales del ámbito temen por prestaciones como la ayuda a domicilio o la atención a la infancia.

Estrella vive en Jaca, tiene 44 años y hace ya ocho que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Poco a poco fue perdiendo movilidad y desde hace siete años recibe ayuda a domicilio cinco días a la semana. Una persona acude a su casa por las mañanas para ayudarle con las tareas que a ella le resultan imposibles: lavarse el pelo, tender, hacer la cama, limpiar la cocina...

Gracias a esta ayuda y a su silla eléctrica, Estrella puede ser independiente. Su madre murió, y su padre está jubilado y vive en Valladolid. Aunque no le queda familia en Jaca, ella lucha por continuar con la vida que llevaba antes del diagnóstico: "Yo quería tener la independencia que tenía antes y que mi familia pudiese hacer su vida", explica a Heraldo.es.

Este servicio a domicilio está gestionado por los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Jaca y Estrella se muestra convencida de que, con sus ingresos, no podría pagarlo de forma privada.

Mª Victoria Mora Gómez es la responsable en Jaca de los servicios sociales municipales, conoce bien a Estrella y sigue su caso de cerca desde hace años. Mora, al igual que Irene Gállego, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, teme que la reforma de la administración local impida seguir prestando servicios sociales "imprescindibles", principalmente el de ayuda a domicilio.

La reforma de la administración local
El temor viene porque el actual texto de la ley de reforma de la administración local elimina las competencias municipales en servicios sociales. Donde antes se daba 'permiso' al municipio para la "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social", la nueva ley pendiente de aprobación reza que el municipio únicamente podrá prestar labores de: "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

"Nos convertiríamos en meros derivadores. El trabajador social pasaría a ser en un simple gestor de las acciones que pusiese en marcha la comunidad autónoma", explica Irene Gállego. El problema principal es que, dada la situación económica de las comunidades, los trabajadores sociales dudan mucho que Aragón pueda asumir el coste al completo de todos los servicios que prestan actualmente a sus vecinos los ayuntamientos y comarcas.

Antonio Gaspar es el coordinador de los servicios sociales de la comarca del Bajo Aragón. Tiene más de 20 años de experiencia en los servicios sociales de base de pequeños municipios y está convencido de que la reforma, tal y como está planteada, va en el sentido contrario al que debería: "Los que la han redactado están demasiado arriba y se nota que no han aterrizado en el terreno, no saben lo que pasa en la realidad", explica Gaspar mientras pide, por el contrario, que se refuercen los servicios municipales y los servicios sociales de base "porque lo demanda la situación social".

El valor de la proximidad
"Eliminaría el valor de la proximidad -señala Gaspar-, nosotros estamos cerca y conocemos los casos al completo porque son nuestros vecinos. Tenemos una visión integral y podemos actuar en consecuencia. A nivel autonómico, los informes de Sanidad y de Educación no tienen ni por qué cruzarse", afirma convencido antes de poner un ejemplo: "En un caso de protección de menores sabemos si el chaval tiene problemas en el colegio, si la familia está aquejada de exclusión social, si los padres tienen un escaso nivel cultural o si reciben ayuda a domicilio porque tienen una abuela con alzhéimer. Todo concurre en una casa y yo lo sé porque soy el trabajador social del pueblo y puedo ayudar desde aquí. Somos mucho más que un servicio de valoración de situación", concluye el trabajador social.

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales continúa en la misma línea: "Debería seguir primando el valor de la proximidad, hay que conocer cada caso porque cada territorio tiene realidades muy diferentes -explica Irene Gállego defendiendo el modelo actual-. En los municipios de montaña hay que fomentar la animación comunitaria para que los vecinos no se queden encerrados en sus casas, en otros dar prioridad a la ludoteca y en otros de población muy envejecida ayudar al transporte de las personas mayores para que puedan realizar sus compras", ejemplifica.

Temor por los servicios preventivos
Pilar Serrano, por su parte, es la trabajadora social de Tauste y Castejón. Afirma que los ayuntamientos han sido "los grandes protagonistas" en el sistema de servicios sociales y considera que la nueva ley los limita al carácter más existencialista mientras que los servicios de carácter preventivo, como la ayuda a domicilio o el trabajo con la infancia, "se perderían".

En Tauste, 25 personas dependientes se benefician del servicio de comidas a domicilio todos los días del año y unas 45 del de ayuda a domicilio. Pilar Serrano señala que muchas personas en los pueblos están solas y que, gracias a estos medios, se sienten independientes y sus familias que están fuera se sienten más tranquilas. "Les agobia mucho depender de la familia y esto les da cierta autonomía", explica la trabajadora social. Serrano se muestra convencida de que "es imposible" manejar las redes de apoyo desde fuera del ámbito de la proximidad y de que la Comunidad no podría abarcarlos.

Ante este panorama Estrella teme que la reforma de la administración local le impida continuar recibiendo ayuda a domicilio y espera que eso no llegue a suceder: "Con mi ridiculez de pensión y sin esa ayuda me fastidiarían completamente", concluye desde Jaca.

lunes, 13 de mayo de 2013

Hacienda vuelve a retrasar otra semana la reforma local aunque mantiene la intención de aprobar el proyecto en junio

Extraído de Europa Press, 12 de mayo.
  
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue trabajando en un texto de reforma de las administraciones locales y ha aplazado otra semana la reunión con los ayuntamientos en la que debe presentarles un último proyecto. Pese a ello, tiene la intención de llevar una ley al Consejo de Ministros antes de que finalice junio, han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de la iniciativa.

   El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene que presentar el proyecto en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La convocatoria en la que se revisará un último documento se esperaba para esta semana que concluye, pero no ha sido convocada y tampoco lo será en los próximos cinco días, han confirmado fuentes municipales.

El documento será remitido después al Consejo de Estado para que emita un informe, paso previo a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros.

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue estudiando las alegaciones que le han presentado al borrador aprobado el 15 de febrero, tanto desde varias comunidades autónomas como federaciones de municipios, instituciones y entidades. Entre ellas están las que la FEMP aprobó y entregó a principios de abril y que contienen cambios importantes en la iniciativa.

El Gobierno lleva más de un año trabajando en esta reforma; admite que le está costando esfuerzo sacarla adelante porque es un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días, según explicó recientemente la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

RAJOY MOVILIZÓ A ARENAS

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de las bases de la reforma: cómo se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y la creación de un coste estándar de los servicios locales de obligado cumplimiento.

El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.

Poco después, y ante el incendio declarado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, comenzó a movilizar por toda España a su equipo a petición del propio Mariano Rajoy, con el objetivo de explicar la reforma y escuchar las quejas de los 'populares' de todo el país, según informaron a Europa Press de este partido.

El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y una vuelta al principio para intentar el acuerdo, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.

lunes, 29 de abril de 2013

La Reforma de la Administración Local pretende ocultar y justificar la privatización de los servicios municipales

El sector de Administración Local de CCOO ha realizado un estudio detallado sobre la situación real económica de los ayuntamientos con los datos del propio ministerio de Hacienda, desmontando otro de los 'mantras' de esta reforma que es que "los ayuntamientos pequeños son caros, deben mucho, son ineficaces y no saben gestionar".

Además de las “cortinas de humo” ya conocidas (la bajada de cargos de confianza, la disminución de los sueldos de los alcaldes, el elevado coste de los servicios, etc...), los datos del propio ministerio de Hacienda, desmontan otro de los “mantras” de esta reforma: ¡¡Los Ayuntamientos pequeños son caros, deben mucho, son ineficaces y no saben gestionar!!. Pues es absolutamente falso, como veremos a continuación, en el análisis de la deuda de los ayuntamientos de Andalucía que realizamos a continuación.

En primer lugar, debemos saber que los ayuntamientos andaluces deben un promedio de 808,57 € por habitante, casi 50 menos que la media del Estado. Que la inmensa mayoría, 572, deben menos que el promedio de su tramo o que no tienen deuda.

Y dónde se concentra el mayor volumen de deuda: en los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, que, de promedio, deben alrededor de 200 euros más por habitante que la media estatal.
Sin embargo, en el tramo entre entre 20.000 y 50.000 habitantes, la deuda es menor, 722,12 euros y muy inferior en los municipios menores de 20.000 habitantes, que no llegan a los 500 euros.

Pero es más, hay 76 ayuntamientos pequeños que no tienen deuda y  454 que su deuda es menor que el promedio de su tramo

Si  profundizamos en la situación de los ayuntamientos, que la reforma quiere vaciar de competencias y contenido podremos comprobar que la deuda municipal no justifica, en ningún caso, esta agresión democrática ya que, si analizamos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, podemos comprobar como la inmensa mayoría tienen deudas muy inferiores, 413,17 euros y dentro de este promedio 75 no tienen deuda y 322 deben menos que el promedio de su tramo. No es concebible que el hecho de que haya solo 70 Ayuntamientos que deben más de la media andaluza, que afecta a 129.000 personas, se ponga en cuestión la capacidad organizativa y de gestión del resto.

Si observamos el tramo de ayuntamientos entre 5.001 y 20.000 habitantes, podemos comprobar una situación similar, su deuda es muy inferior a la media andaluza y solo son 27 municipios los que sobrepasan este nivel.

Sí parece motivo de preocupación la deuda que mantienen los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, si tenemos en cuanta que ésta es superior a la media andaluza y estatal. Y quizás sea esto lo que no quiere desvelar la reforma; teniendo en cuenta que sin hacer mención expresa de medidas directas de vaciamiento de capacidad autoorganizativa, si hay una exigencia de sometimiento la obligación de gastos hasta el 'coste estándar' y la obligación de reducir sus niveles de deuda.
Como podemos observar, son pocos los ayuntamientos afectados, 21, pero su volumen de población si es muy elevado dándose la circunstancia de que la mitad de estos municipios tienen deudas superiores a la media andaluza, afectando a más de 900.000 habitantes.

También hemos querido analizar la situación de estas poblaciones, teniendo en cuenta si están en zonas costeras-turísticas o en el interior, dado que la diferencia entre la población de hecho y de derecho puede condicionar y/o distorsionar la correlación deuda-habitante; y las posibilidades de ingresos públicos y las exigencias de servicios pueden ser sustancialmente diferentes. Así, podríamos concluir, que prácticamente la mitad de los municipios de ambos tramos deben más que el promedio de Andalucía.

Las capitales de provincia, también contribuyen negativamente al elevado volumen de deuda pública de los Ayuntamientos de Andalucía; en este caso, son 6 las que deben mucho más que el promedio andaluz, mientras que 2, tienen deudas inferiores.

También hemos analizado su situación geográfica, por las mismas razones que los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes; encontrándonos con que 3 las capitales ubicadas en zonas costeras deben mucho más que las media de su tramo; e igual correlación existe en las capitales ubicadas en el interior.

A la vista de los datos del propio Ministerio de Hacienda, queda claro que la deuda de los ayuntamientos no puede ni debe ser la excusa para dinamitar el municipalismo, vaciando de contenido a los Ayuntamientos pequeños. También es evidente que la implantación de la llamada 'economía de escala' concentrando gestión, no da resultados contrastables cuanto mayor es una población, mayor es el nivel de deuda.

Solo es posible una razón, que pretende ocultar intencionadamente la reforma: HAY VOLUMEN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR PRIVADO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES, que de manera global están saneados.

Éxito de la concentración en Jerez en defensa de los servicios sociales y contra la reforma local

(Extraído del Diario Bahía de Cádiz)

El movimiento Marea Naranja Cádiz, que abarca a todos los profesionales que trabajan dentro del sistema de protección social de los servicios sociales en la provincia, convocó una concentración este viernes día 26 de abril en la plaza del Arenal de Jerez, a partir de las 18.30 horas. Asistieron más de 300 personas. En este acto se pretendió hacer una denuncia a través del testimonio de personas afectadas por los recortes en derechos. También se leyó un manifiesto por la defensa del sistema de servicios sociales.

Desde Marea Naranja se llama a profesionales, colectivos, plataformas sociales y a toda la ciudadanía en general, “para defender los servicios sociales como pilar básico del estado de bienestar”.

Este movimiento abarca a toda la ciudadanía en general y en particular a todas aquellas personas usuarias de dicho sistema y que en la actualidad se ven afectadas por la merma de derechos sociales. Forma parte de un movimiento ciudadano que tiene su expresión en cada una de las mareas naranjas que operan en todo el territorio del Estado. Su lema es ‘Servicios Sociales para todos y todas’.

Los recortes sociales, la futura reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, el cierre de servicios esenciales y de primera necesidad, la paralización de la ley de dependencia, los impagos a entidades sociales y por tanto la desaparición de muchos proyectos sociales de apoyo o inserción “están dejando a personas que antes eran atendidas a su suerte”, entre ellos menores, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, familias empobrecidas, personas en situación de dependencia, cuidadores familiares, personas sin hogar, personas inmigrantes, etc. Este colectivo denuncia en un comunicado que “asistimos en la actualidad a un abandono de la responsabilidad pública orientando la atención social desde una vocación puramente benéfica y asistencialista, rompiendo con el compromiso Constitucional de derechos sociales”.

Resumen de la situación de tramitación de la reforma local

Rajoy y Arenas(Extraído de Europa Press, 28 de abril)

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a Javier Arenas que reconduzca el malestar que ha creado en las filas del partido el proyecto de reforma de la administración local y que busque consensos en torno a una iniciativa que el Gobierno prevé aprobar en junio.

Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el equipo del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha recorrido una treintena de provincias en los últimos meses para reunirse con los dirigentes territoriales, alcaldes y concejales y debatir con ellos a fondo la iniciativa.

Fue el propio Rajoy quien pidió a Arenas que trabajara para rehacer el consenso dentro del partido, una labor que se ha llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo responsable, Cristóbal Montoro, mantiene una buena sintonía con Arenas.

Hacienda ha recibido y estudia docenas de alegaciones presentadas por las administraciones y organismos afectados por la reforma y ha mantenido reuniones técnicas con buena parte de ellos. En paralelo, Arenas ha tomado las riendas dentro del partido para difundir el proyecto y escuchar también propuestas.

La iniciativa pasará a principios de mayo por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que Hacienda trabaja junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y una vez incluidas todas las aportaciones, el texto se enviará al Consejo de Estado. Las mismas fuentes han asegurado que se confía en que este organismo ofrezca directrices claras sobre cómo aplicar la reforma.

Una vez transcurridos todos estos trámites el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto y posterior proyecto de ley, que antes de verano podría ser remitido al Congreso para su debate en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

Las fuentes 'populares' consultadas dan por imposible el acuerdo con el PSOE, que, según dice, dirá 'no' en cualquier caso al proyecto por una cuestión interna. Los socialistas llevan semanas reclamando al Gobierno que retire el borrador que ha presentado y empiece a negociar desde el principio si de verdad busca el consenso, pero el Ejecutivo está dispuesto a aprobar esta reforma sin el PSOE, aseguran desde el PP.

UNA REFORMA POLÉMICA

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, pero desaparecieron en el borrador aprobado en febrero.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace más de un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

Conforme han avanzado los meses ha crecido sin embargo el malestar incluso en las propias filas populares y no sólo entre alcaldes y concejales, sino también en algunas comunidades autónomas y en las diputaciones.

Entre los puntos principales de la reforma figura el establecimiento de un coste estándar para los servicios públicos municipales. Su cumplimiento determinará que un ayuntamiento pueda mantener sus competencias o que deba cedérselas a una administración superior, como las diputaciones, cuyo papel sale reforzado.

Además, se determinan las competencias propias de un ayuntamiento y se obliga a traspasar a las comunidades autónomas los servicios en educación y sanidad que aquellos han venido prestando, incluido el presupuesto dedicado a ello. Por otro lado, y entre otros muchos aspectos, si una autonomía quiere ceder a un municipio una competencia, deberá obligatoriamente pagarla.