Fuente: Diario Progresista.
La iniciativa surge con el respaldo de la inmensa mayoría de la oposición --PSOE y PSC, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Unión, Progreso y Democracia (UPyD), CiU, ERC, BNG, Coalición Canaria-Nueva Canarias, y Compromís-Equo--. Los nacionalistas vascos no se han unido puesto que la Ley de Reforma local no afecta a sus territorios.
Diputados de todas estas formaciones se han reunido este viernes en el Congreso con varios alcaldes de las mismas para perfilar el contenido del recurso y constatar que contarán con el apoyo necesario para poder presentarlo.
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece como requisitos que la impugnación cuente con el respaldo de al menos un séptimo del total de ayuntamientos españoles, es decir, un mínimo de 1.160 municipios, y que éstos representen a su vez al menos a una sexta parte de la población --7,6 millones de habitantes--.
INTENTO FALLIDO EN 2002
El secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha avanzado que esas condiciones se cumplirán con creces porque los partidos que impulsan el recurso lograrán reunir a unos 3.500 ayuntamientos donde viven 15 millones de habitantes. Zarrías confía en que sea la primera vez que se logre utilizar esta herramienta tras el intento que se hizo en 2002 contra la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el Gobierno de José María Aznar, que finalmente no fructificó por deficiencias formales.
Tras el acuerdo político el mecanismo formal previo a la presentación del recurso arrancará el próximo lunes, cuando todos los ayuntamientos empezarán a celebrar plenos para decidir si presentan o no recurso.
Una vez que se haya alcanzado la cifra de 1.160 ayuntamientos y de 7,6 habitantes que se necesitan como mínimo, el consistorio con más población de los que se sumen encabezará, en representación de todos los demás, el documento que se enviará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que pida opinión sobre el recurso al Consejo de Estado.
Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, lo previsible es que el Ayuntamiento de Barcelona --por ser el de mayor población-- sea el que encabece el escrito que se dirigirá al departamento que dirige Critóbal Montoro para que solicite informe pertinente al Consejo del Estado, que es preceptivo, pero no vinculante. Una vez que el órgano consultivo conteste, los municipios tendrán un mes para hacer efectiva la interposición del recurso ante el TC.
TAMBIÉN LA RECURRIRÁN DIPUTADOS Y GOBIERNOS AUTONÓMICOS
Este recurso de los ayuntamientos se sumará además al que presentarán a nivel general los grupos de la oposición citados anteriormente desde el Congreso con la firma de 50 diputados, y a los que preparan Comunidades Autónomas como Asturias, Andalucía y Cataluña, así como varios parlamentos autonómicos.
Los argumentos de todos estos recursos serán los mismos: que la Reforma Local vulnera competencias autonómicas y atenta contra la autonomía local que consagra la Constitución. En esta tesis han incidido los partidos que han hecho frente común contra una ley que, según han denunciado, el PP ha aprobado "sin consenso" y que abre la puerta a la "privatización" si no la "desaparición" de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos.
"No queremos que los ayuntamientos sean meras oficinas administrativas bajo la tutela del ministro de turno", ha proclamado Zarrías. A su juicio, la nueva norma supone la "desapoderación competencial" de los consistorios que alcanza niveles "brutales" en el caso de los municipios con menos de 20.000 habitantes. También ha criticado que con ella se establezca una dependencia jerárquica y los entes locales queden subordinados a otras administraciones.
La portavoz socialista de Administraciones Públicas en el Congreso y diputada del PSC, Meritxell Batet, por su parte, ha alertado de la pérdida de empleo público que acarreará la reforma y de que supondrá "un torpedo" contra las políticas sociales que implementan los entes locales. En la mima idea ha insistido la diputada de IU, Ascención de las Heras, quien ha abundado en que la ley dará lugar a que haya "ciudadanos de primera, segunda y tercera", en función de la situación financiera del lugar donde residan.
COMPROMISO PARA SU DEROGACIÓN
De las Heras ha definido la norma como "un atentado a la democracia" y ha puesto el énfasis en que, como harán con otras leyes "impuestas por la mayoría absoluta" del PP, cuando los que ahora están en la oposición tengan "fuerza de gobierno" la sustituirán por otra que garantice la independencia local.
El coordinador del grupo parlamentario de UPyD, Andrés Herzog, ha denunciado que el Gobierno haya optado por reforzar las competencias de las Diputaciones Provinciales, en lugar de suprimirlas, por ser un foco de "clientelismo y corrupción" y que haya rechazado la opción de la fusión de municipios.
Desde CiU, su diputada Carme Sayós ha cargado contra la "obsesión recentralizadora" del PP y ha puesto de relieve que 500 ayuntamientos en los que CiU tiene representación y que representan a unos 4 millones de habitantes secundarán el recurso ante el TC.
En representación de Compromí-Equo, Joan Baldoví, ha mostrado su "apoyo entusiasta" al recurso en defensa de los ayuntamientos que son, en su opinión, "la administración que mira a los ciudadanos a la cara y a los ojos y que mejor conoce sus necesidades". Para Chesús Yuste, de la CHA, la ley caerá como una "bomba nuclear" para el mapa municipal de su comunidad porque amenaza al 96 por ciento de sus localidades, ya que en Aragón sólo hay cuatro municipios con más de 20.000 habitantes y sólo 25 con más de 5.000.
Los promotores del recurso han pedido al Alto Tribunal que, una vez se presente, lo resuelva con "celeridad", aunque dan por hecho que no habrá fallo antes de las elecciones municipales previstas para 2015.
