lunes, 29 de abril de 2013

La Reforma de la Administración Local pretende ocultar y justificar la privatización de los servicios municipales

El sector de Administración Local de CCOO ha realizado un estudio detallado sobre la situación real económica de los ayuntamientos con los datos del propio ministerio de Hacienda, desmontando otro de los 'mantras' de esta reforma que es que "los ayuntamientos pequeños son caros, deben mucho, son ineficaces y no saben gestionar".

Además de las “cortinas de humo” ya conocidas (la bajada de cargos de confianza, la disminución de los sueldos de los alcaldes, el elevado coste de los servicios, etc...), los datos del propio ministerio de Hacienda, desmontan otro de los “mantras” de esta reforma: ¡¡Los Ayuntamientos pequeños son caros, deben mucho, son ineficaces y no saben gestionar!!. Pues es absolutamente falso, como veremos a continuación, en el análisis de la deuda de los ayuntamientos de Andalucía que realizamos a continuación.

En primer lugar, debemos saber que los ayuntamientos andaluces deben un promedio de 808,57 € por habitante, casi 50 menos que la media del Estado. Que la inmensa mayoría, 572, deben menos que el promedio de su tramo o que no tienen deuda.

Y dónde se concentra el mayor volumen de deuda: en los ayuntamientos con más de 50.000 habitantes, que, de promedio, deben alrededor de 200 euros más por habitante que la media estatal.
Sin embargo, en el tramo entre entre 20.000 y 50.000 habitantes, la deuda es menor, 722,12 euros y muy inferior en los municipios menores de 20.000 habitantes, que no llegan a los 500 euros.

Pero es más, hay 76 ayuntamientos pequeños que no tienen deuda y  454 que su deuda es menor que el promedio de su tramo

Si  profundizamos en la situación de los ayuntamientos, que la reforma quiere vaciar de competencias y contenido podremos comprobar que la deuda municipal no justifica, en ningún caso, esta agresión democrática ya que, si analizamos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, podemos comprobar como la inmensa mayoría tienen deudas muy inferiores, 413,17 euros y dentro de este promedio 75 no tienen deuda y 322 deben menos que el promedio de su tramo. No es concebible que el hecho de que haya solo 70 Ayuntamientos que deben más de la media andaluza, que afecta a 129.000 personas, se ponga en cuestión la capacidad organizativa y de gestión del resto.

Si observamos el tramo de ayuntamientos entre 5.001 y 20.000 habitantes, podemos comprobar una situación similar, su deuda es muy inferior a la media andaluza y solo son 27 municipios los que sobrepasan este nivel.

Sí parece motivo de preocupación la deuda que mantienen los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes, si tenemos en cuanta que ésta es superior a la media andaluza y estatal. Y quizás sea esto lo que no quiere desvelar la reforma; teniendo en cuenta que sin hacer mención expresa de medidas directas de vaciamiento de capacidad autoorganizativa, si hay una exigencia de sometimiento la obligación de gastos hasta el 'coste estándar' y la obligación de reducir sus niveles de deuda.
Como podemos observar, son pocos los ayuntamientos afectados, 21, pero su volumen de población si es muy elevado dándose la circunstancia de que la mitad de estos municipios tienen deudas superiores a la media andaluza, afectando a más de 900.000 habitantes.

También hemos querido analizar la situación de estas poblaciones, teniendo en cuenta si están en zonas costeras-turísticas o en el interior, dado que la diferencia entre la población de hecho y de derecho puede condicionar y/o distorsionar la correlación deuda-habitante; y las posibilidades de ingresos públicos y las exigencias de servicios pueden ser sustancialmente diferentes. Así, podríamos concluir, que prácticamente la mitad de los municipios de ambos tramos deben más que el promedio de Andalucía.

Las capitales de provincia, también contribuyen negativamente al elevado volumen de deuda pública de los Ayuntamientos de Andalucía; en este caso, son 6 las que deben mucho más que el promedio andaluz, mientras que 2, tienen deudas inferiores.

También hemos analizado su situación geográfica, por las mismas razones que los ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes; encontrándonos con que 3 las capitales ubicadas en zonas costeras deben mucho más que las media de su tramo; e igual correlación existe en las capitales ubicadas en el interior.

A la vista de los datos del propio Ministerio de Hacienda, queda claro que la deuda de los ayuntamientos no puede ni debe ser la excusa para dinamitar el municipalismo, vaciando de contenido a los Ayuntamientos pequeños. También es evidente que la implantación de la llamada 'economía de escala' concentrando gestión, no da resultados contrastables cuanto mayor es una población, mayor es el nivel de deuda.

Solo es posible una razón, que pretende ocultar intencionadamente la reforma: HAY VOLUMEN DE NEGOCIO PARA EL SECTOR PRIVADO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÍNIMOS MUNICIPALES, que de manera global están saneados.

Éxito de la concentración en Jerez en defensa de los servicios sociales y contra la reforma local

(Extraído del Diario Bahía de Cádiz)

El movimiento Marea Naranja Cádiz, que abarca a todos los profesionales que trabajan dentro del sistema de protección social de los servicios sociales en la provincia, convocó una concentración este viernes día 26 de abril en la plaza del Arenal de Jerez, a partir de las 18.30 horas. Asistieron más de 300 personas. En este acto se pretendió hacer una denuncia a través del testimonio de personas afectadas por los recortes en derechos. También se leyó un manifiesto por la defensa del sistema de servicios sociales.

Desde Marea Naranja se llama a profesionales, colectivos, plataformas sociales y a toda la ciudadanía en general, “para defender los servicios sociales como pilar básico del estado de bienestar”.

Este movimiento abarca a toda la ciudadanía en general y en particular a todas aquellas personas usuarias de dicho sistema y que en la actualidad se ven afectadas por la merma de derechos sociales. Forma parte de un movimiento ciudadano que tiene su expresión en cada una de las mareas naranjas que operan en todo el territorio del Estado. Su lema es ‘Servicios Sociales para todos y todas’.

Los recortes sociales, la futura reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, el cierre de servicios esenciales y de primera necesidad, la paralización de la ley de dependencia, los impagos a entidades sociales y por tanto la desaparición de muchos proyectos sociales de apoyo o inserción “están dejando a personas que antes eran atendidas a su suerte”, entre ellos menores, personas en riesgo de exclusión, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, familias empobrecidas, personas en situación de dependencia, cuidadores familiares, personas sin hogar, personas inmigrantes, etc. Este colectivo denuncia en un comunicado que “asistimos en la actualidad a un abandono de la responsabilidad pública orientando la atención social desde una vocación puramente benéfica y asistencialista, rompiendo con el compromiso Constitucional de derechos sociales”.

Resumen de la situación de tramitación de la reforma local

Rajoy y Arenas(Extraído de Europa Press, 28 de abril)

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a Javier Arenas que reconduzca el malestar que ha creado en las filas del partido el proyecto de reforma de la administración local y que busque consensos en torno a una iniciativa que el Gobierno prevé aprobar en junio.

Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el equipo del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha recorrido una treintena de provincias en los últimos meses para reunirse con los dirigentes territoriales, alcaldes y concejales y debatir con ellos a fondo la iniciativa.

Fue el propio Rajoy quien pidió a Arenas que trabajara para rehacer el consenso dentro del partido, una labor que se ha llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo responsable, Cristóbal Montoro, mantiene una buena sintonía con Arenas.

Hacienda ha recibido y estudia docenas de alegaciones presentadas por las administraciones y organismos afectados por la reforma y ha mantenido reuniones técnicas con buena parte de ellos. En paralelo, Arenas ha tomado las riendas dentro del partido para difundir el proyecto y escuchar también propuestas.

La iniciativa pasará a principios de mayo por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que Hacienda trabaja junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y una vez incluidas todas las aportaciones, el texto se enviará al Consejo de Estado. Las mismas fuentes han asegurado que se confía en que este organismo ofrezca directrices claras sobre cómo aplicar la reforma.

Una vez transcurridos todos estos trámites el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto y posterior proyecto de ley, que antes de verano podría ser remitido al Congreso para su debate en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

Las fuentes 'populares' consultadas dan por imposible el acuerdo con el PSOE, que, según dice, dirá 'no' en cualquier caso al proyecto por una cuestión interna. Los socialistas llevan semanas reclamando al Gobierno que retire el borrador que ha presentado y empiece a negociar desde el principio si de verdad busca el consenso, pero el Ejecutivo está dispuesto a aprobar esta reforma sin el PSOE, aseguran desde el PP.

UNA REFORMA POLÉMICA

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, pero desaparecieron en el borrador aprobado en febrero.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace más de un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

Conforme han avanzado los meses ha crecido sin embargo el malestar incluso en las propias filas populares y no sólo entre alcaldes y concejales, sino también en algunas comunidades autónomas y en las diputaciones.

Entre los puntos principales de la reforma figura el establecimiento de un coste estándar para los servicios públicos municipales. Su cumplimiento determinará que un ayuntamiento pueda mantener sus competencias o que deba cedérselas a una administración superior, como las diputaciones, cuyo papel sale reforzado.

Además, se determinan las competencias propias de un ayuntamiento y se obliga a traspasar a las comunidades autónomas los servicios en educación y sanidad que aquellos han venido prestando, incluido el presupuesto dedicado a ello. Por otro lado, y entre otros muchos aspectos, si una autonomía quiere ceder a un municipio una competencia, deberá obligatoriamente pagarla.

viernes, 26 de abril de 2013

Con la Ley Contra-Ayuntamientos volveríamos a la época franquista

Entrevista publicada en Mundo Obrero: 
 
Manuel Fuentes conoce muy bien la política municipal. Fue, durante 8 años, de alcalde de Seseña, uno de los alcaldes más reconocidos del país por representar el David honesto e insobornable que se enfrentó valientemente al Goliat más rancio y megalómano del boom inmobiliario, el constructor conocido como “El Pocero” que le respondió con 12 querellas. Hoy Manuel Fuentes, además de concejal y portavoz de IU en Seseña, es el responsable Federal de Política Municipal de Izquierda Unida. En estos momentos su prioridad absoluta es combatir el Anteproyecto de Reforma de Administraciones Locales que ha elaborado del PP en defensa de la democracia.
 
Mundo Obrero: En las primeras elecciones municipales de la democracia, en el 79, el PCE lanzó el eslogan de “Quita un cacique, pon un alcalde”. Hoy cuando se acaba de celebrar el 34 aniversario de aquellas elecciones parece que, con el Anteproyecto de Reforma de las Administraciones Locales que ha elaborado el PP, damos vuelta atrás y caminamos hacia un “quita un alcalde y pon un cacique”. ¿En qué consiste esta reforma?

Manuel Fuentes:
Más que una reforma es una demolición del modelo de Estado. Nosotros siempre hemos apostado por una descentralización de lo público y por los ayuntamientos.

En estos momentos en los que la crisis está generando verdaderos dramas en un país con seis millones de parados y una gran demanda de servicios sociales, resulta que el gobierno central modifica la ley de las entidades locales para reducir competencias y proximidad a los Ayuntamientos que prestan esos servicios. También modifica otras leyes como la Ley de Haciendas Locales y el Estatuto del Empleado Público, es decir, el Estado sin contar con las comunidades autónomas ni los Ayuntamientos, modifica la Constitución española. Con este anteproyecto volveríamos a la época franquista: se podría intervenir ayuntamientos y también disolver a las entidades menores a la vez que se potencia las diputaciones provinciales, retornando a la figura del gobernador provincial. Eso es inadmisible. Tenemos que formar un frente de izquierdas para decir que esta contrarreforma, esta Ley Contra Ayuntamientos no se puede poner en marcha ni aprobar.


M.O.: ¿Cómo se va a reflejar los efectos de esta reforma en la vida cotidiana de los habitantes de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que son la gran mayoría de España?

M.F.:
En realidad, la reforma va a afectar a todos los municipios. Las competencias que se van a eliminar de los municipios y se van a derivar a las comunidades autónomas, van a ser sanidad, educación, servicios sociales y gestiones de medioambiente. El trabajo de servicios sociales es uno de los principales trabajos que hacen los ayuntamientos y ahí es donde se pueden precisamente diferenciar las políticas que hace Izquierda Unida de otros grupos políticos. También va a haber una lejanía porque con esta reforma, las personas que gestionarán esos servicios sociales estarán en unos despachos a 50, 60 o 100 km de la gente que necesita esos servicios.

El Ministerio va a establecer cuál es el coste medio que tiene que valer el servicio que se preste al ciudadano. Y si no se cumple, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y en menor medida a los 20.000, que son más del 90% del país, esos servicios, si son obligatorios, se van a prestar a través de las Diputaciones Provinciales, y si son unos que aplica el Ayuntamiento dentro de su política de atención a la ciudadanía sin ser obligatorios, pueden llegar a eliminarse. Lo que ocurre es que el Ministerio establecerá los precios estándar y si la Diputación no los puede prestar directamente, se privatizarán, subirán los precios de esos servicios y los ciudadanos tendrán que pagar más por ellos. Por ejemplo, con los polideportivos municipales. No se va a tener en consideración el servicio social que se presta y los beneficios que van a tener esos ciudadanos en el aspecto social, sino únicamente si son rentables económicamente y se ajustan a los costes estándar.

Hay muchos servicios que están prestando los ayuntamientos pero no son obligatorios. Hay unos servicios que son deportivos, culturales, etc y otros que son sociales, que pueden ser ayuda a domicilio, ludotecas que propician que se pueda compatibilizar la vida laboral y la familiar, etc. En estos casos los servicios subirán de precio o se privatizarán, con lo que igualmente o subirán de precio, o perderán calidad, o se eliminarán, y eso sí que es un perjuicio para el ciudadano. Y también es fundamental en aspectos de género, que se diferencia mucho en los gobiernos municipales gobernados por IU respecto a los conservadores. Ahí los Ayuntamientos perderán las facultades para desarrollar estas políticas.

Desde el conocimiento y la proximidad, los alcaldes y concejales son capaces de percibir cuál es la necesidad más importante que tienen esos ciudadanos. ¿Cómo lo va a saber una Diputación Provincial o una comunidad autónoma, que en este caso son las que van a tener las competencias y puede estar a 100 kilómetros de distancia? Y cuando los vecinos quieran manifestar su protesta no lo van a poder hacer en sus ayuntamientos, van a tener que desplazarse a la capital de provincia o de la comunidad, o enviar un correo, algo que elimina la proximidad y eficacia.


M.O.: ¿Cómo valora Izquierda Unida, que está por la abolición de la las Diputaciones, que ahora se refuercen estas instituciones?

M.F.:
Las diputaciones no tienen encaje en nuestra democracia actual. Sin embargo van a asumir unas competencias que tienen los municipios, sin tener una estructura, ni orgánica ni técnica, para llevar a cabo esos servicios. Además los diputados provinciales no son elegidos democráticamente por los ciudadanos, sino que son elegidos a dedo por los grupos políticos que determinan qué concejales y alcaldes van a formar parte de los órganos de gestión y de dirección de las Diputaciones.

Nosotros nos oponemos frontalmente. Además, se puede dar la paradoja de que un alcalde esté llevando la gestión de un municipio que no es el suyo. Y también que un concejal de un municipio que está en la oposición sea el que lleve a cabo la gestión de los servicios de ese municipio.

M.O.: El gobierno argumenta que esta reforma se hace para reducir costes. ¿Es realmente una cuestión de ahorro económico o de recortes de la democracia?
M.F.:
Lo que se intenta con esta reforma es reducir el poder local porque se eliminan competencias a los ayuntamientos. No va a suponer ningún ahorro. Si las competencias pasan de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, ese dinero que ahora ponen los ayuntamientos, lo tendrán que poner las comunidades autónomas. Por ejemplo, en las escuelas infantiles el 33% del dinero lo pone el Estado, el 33% las comunidades autónomas y el otro 33% los ayuntamientos; si con esta contrarreforma el ayuntamiento no pone su 33% ¿quién lo va a poner? ¿las comunidades autónomas que no tienen suficiente financiación? ¿o lo van a poner las mamás y los papás en la factura que les pasen a final de mes por dichos servicios?

Y luego, por otro lado dice que va a haber un control financiero y un presupuesto más riguroso. Entonces lo que hace el gobierno es que haya un tutelaje. Un control exhaustivo sobre los alcaldes como existía antes, en la dictadura, de forma que un interventor va a tener quizá más potestad y más facultades económicas que el propio alcalde. El interventor será un funcionario tecnócrata al servicio del Ministerio de Hacienda.

Lo que va a ocurrir es que se va a favorecer la iniciativa privada, y eso significa que se va a perder empleo público. Y va a ocurrir con las transferencias de los servicios obligatorios de educación, sanidad y servicios sociales. Cuando las transferencias pasen a las comunidades autónomas y tenga que adaptarse a los costes estándar, si el precio estándar que se establece para el servicio del limpieza de un colegio, por ejemplo, está por debajo del coste real, una de dos: o se presta peor servicio o se despiden a empleados.

Los sindicatos ya están dando cifras alarmantes de despidos, hablan de hasta 200.000 despidos de la Administración Pública, si se aplica esta ley tal y como está redactada y se pone en funcionamientos. Una de las aberraciones de esta ley es que los precios estándar los determina el ministerio y lo va a hacer a través de un Decreto Ley, ¿sobre qué base lo van a hacer? ¿Van a intervenir los alcaldes, las comunidades autónomas a la hora de establecer esos criterios? Es fundamental saber los criterios que van a aplicar porque el daño que se va a hacer a la gestión municipal va a ser enorme.

M.O.: ¿Cómo va a afectar a municipios con la misma población pero diferente nivel de paro, de ingreso y riqueza?
M.F.:
El coste no es lo mismo para unos municipios que para otros. Y las necesidades también son diferentes. Y eso hay que estudiarlo con unos criterios no sólo económicos, como piensa el PP, sino también sociales.

Y hay que hablar no sólo de los servicios obligatorios. Tenemos que luchar para que los ayuntamientos tengan competencias sobre servicios que sí son de su incumbencia, que legalmente no les corresponde pero que los vecinos demandan.

Por ejemplo, en materia educativa. Si una comunidad autónoma no aporta la suficiente financiación para que haya un comedor escolar o transporte escolar, o libros de texto, y un ayuntamiento determina que eso es lo más importante para sus ciudadanos, porque estos lo están demandando, ¿por qué no lo puede dar el Ayuntamiento? Las competencias tienen que ser municipales aunque la gestión sea de otro nivel del Estado, para que podamos hacer política, política social fundamentalmente, porque es ahí donde se diferencian las políticas de la izquierda y la derecha, las políticas a favor de los ciudadanos y las políticas a favor de las empresas. Y el PP se lo quiere quitar a los ayuntamientos para que se potencie la economía a través de la empresa privada.

Por ejemplo, una ludoteca municipal es competencia de las comunidades autónomas, pero si un ayuntamiento quiere prestar ese servicio y sus ciudadanos lo piden, aunque sea deficitario, ¿por qué un gobierno estatal va a prohibir que ese servicio se pueda dar en el municipio?. Una biblioteca o una escuela de música nunca va a tener rentabilidad económica, pero queremos que nuestros jóvenes practiquen la lectura y la música. ¿Por qué un ayuntamiento en el medio rural no va a poder intervenir en el medioambiente? Queremos reforestar y tener un ambiente agradable en nuestra ciudad y en su perímetro, pero sólo le dejan intervenir a las grandes ciudades.

Yo me encontré en Seseña que sólo había una trabajadora social compartida con otros municipios, que iba unas horas un día a la semana, y conseguimos potenciar esos servicios sociales creando el centro de la mujer, poniendo en marcha un centro de día, escuelas infantiles, la ludoteca, construyendo un nuevo centro social para los mayores, etc, etc, porque entendimos que era prioritario ese servicio a la ciudadanía.

A los ciudadanos habrá que explicarles cómo les va a afectar esta ley porque no la entienden. Pasa como cuando se suben los impuestos que hasta que no les viene el recibo y se lo descuentan del banco no se dan cuenta de cómo les perjudica. Hasta que no vean que se elimina o se encarecen ciertos servicios, no se van a dar cuenta. Se llega a perder incluso la facultad de poder participar en los ayuntamientos, en los consejos escolares, es decir, participar en la programación del centro y en la calidad educativa del mismo, como hemos estado haciendo hasta ahora.

M.O.: En un ayuntamiento pequeño o intervenido, ¿qué sentido tendrá votar a un partido o a otro?
M.F.:
Los ciudadanos votan una siglas políticas y a unos cargos públicos porque quieren que sean ellos los que lleven la gestión de sus ayuntamientos y al final lo van a gestionar las diputaciones. Ya no va a haber proximidad. Si los ayuntamientos están intervenidos los alcaldes sólo van a servir testimonialmente para el pregón de las fiestas y poco más.

M.O.: ¿A qué puesto quedará relegada la participación ciudadana?
M.F.:
A ninguno. Los que hemos apostado por la participación ciudadana, los consejos sectoriales, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, ya no tiene ningún sentido. Reitero que quien va a gobernar esos ayuntamientos y determinar la modificación de ordenanzas y los precios públicos van a ser concejales y alcaldes de otros municipios a través de las diputaciones. Y quedarán alcaldes floreros que no podrán hacer ninguna actuación de las que les están demandando los ciudadanos y éstos acabarán pensando que para qué vamos a votar.

Hace algunos años, ya se decía que había que disolver las diputaciones y pasar las competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas o entes comarcales y mancomunidades, que sí son muy representativas de la democracia. Pero lo que ahora hace el PP es reforzar su papel, y no es por casualidad. El PP tiene la gestión de la mayoría de las diputaciones de este país.

M.O.: Cuáles son las principales conclusiones de jornadas de trabajo, realizadas hace unas semanas, de cargos municipales contra este anteproyecto de reforma?
M.F.:
Hay unas líneas argumentales que todos y todas tenemos muy claro: que se van a privatizar servicios, que van a perder calidad, y que otros se van a eliminar, sobre todo en servicios sociales. Hemos elaborado un plan de actuación que se pondrá en marcha en corto plazo para intentar tirar para atrás esta reforma. Por una parte a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos donde tengamos representación, y a través del Congreso de los Diputados, intentar por todos los medios que si se tiene que llevar a cabo una reforma de la Administración Local sea en los aspectos que nosotros hemos estado reclamando en toda la era democrática de nuestro país, es decir: claridad competencial, suficiencia financiera y también que, por proximidad, a los ayuntamientos se les deje gestionar una serie de servicios, es ir a la subsiriadidad de competencias. Si hay que ir al Parlamento Europeo a presentar un recurso de que esta reforma es inconstitucional, lo haremos. Moveremos todo lo que sea necesario para evitar que esta reforma del PP salga adelante.

M.O.: Una de las excusas es el pago de la deuda, pero en realidad la deuda de los ayuntamientos es mínima.

M.F.:
El PP lanza una cortina de humo que dice que hay un derroche en las administraciones públicas y que hay que gastar menos en los ayuntamientos, así que deciden que van a reducir un 30% el número de concejales, como anunciaron en un primer momento, y también que va a haber alcaldes que no van a tener liberación exclusiva y por tanto no tendrán retribución económica. Pues resulta que más del 80% de los cargos públicos municipales no cobran actualmente, y que por tanto no va a haber reducción de costes.

Pero lo que es un insulto a la inteligencia humana es poner la excusa de la deuda de los ayuntamientos para intervenirlos, cuando la realidad es que sólo el 4% corresponde a la gestión de la administración local, y el gran porcentaje corresponde a la Administración del Estado.

Si reduces el número de concejales, los partidos más pequeños perderían sus representación y la capacidad para llevar al cabo el control y la fiscalización del equipo de gobierno. Quitas transparencia en ese municipio y que la participación de los ciudadanos esté ahí a través de los representantes que han elegido democráticamente.

M.O.: ¿Cuál es la propuesta de IU de financiación de los ayuntamientos?

M.F.:
Tenemos que caminar hacia la claridad competencial, es decir, el Ayuntamiento tiene la competencia, independientemente de si luego la presta el gobierno central o la comunidad autónoma. Y esas competencias por proximidad se tienen que dar en servicios sociales obligatoriamente, y en medioambiente y en participación ciudadana. Pero también competencias definidas en educación y en sanidad; poder definir en los municipios la sanidad que se nos presta. Y luego caminar hacia el 33% de financiación, no a través de subvenciones sino de transferencias de los ingresos de los impuestos del Estado y comunidades autónomas. Que sea un 33% ayuntamientos, 33% comunidades autónomas y 33% el Estado. Ahora los ayuntamientos sólo gestionan un 13% del gasto público, las comunidades el 37% y el Estado el 50%. Y sin embargo, el recorte sólo se hace en los ayuntamientos.

Declaración de la Cumbre Social contra la reforma local

En su novena reunión, la Cumbre Social ha debatido la respuesta social a las políticas del GobiernoEn su novena reunión, la Cumbre Social ha debatido la respuesta social a las políticas del Gobierno y ha mostrado su rechazo al Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

La Cumbre Social ha celebrado en la tarde del jueves 25 de abril, su noveno plenario, para abordar la reforma de la Administración Local que el Gobierno pretende llevar a cabo con la clara voluntad de socavar la capacidad de intervención de los ayuntamientos en la solución de los problemas de la ciudadanía. Sin embargo, la Cumbre tiene lugar el día que se ha conocido un nuevo y dramático récord: la Encuesta de Población Activa confirma que en nuestro país son ya 6.202.700 las personas que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Hace ya tiempo que las cifras de paro son insoportables, porque detrás hay proyectos de vida de personas o familias que se vienen abajo por la pérdida del empleo, pero superar la barrera de los 6 millones y el 27% de tasa de paro, hace que salten todas las alarmas sociales y políticas. Así no se puede seguir. O los poderes públicos y la iniciativa empresarial incentivan políticas para impulsar la actividad económica y la creación de empleo, o el clima social y laboral alcanzará cotas insostenibles de precariedad, marginación y exclusión social que convertirán en más contundente e imprevisible la movilización social y ciudadana.

Coincide el drama del desempleo con la inminente celebración del 1 de mayo, que este año y bajo el lema NO TIENEN LÍMITE, LUCHA POR TUS DERECHOS, se centrará de manera singular en las políticas de austeridad y de recortes y en su especial impacto en el empleo y los servicios públicos. Un 1 de mayo que el movimiento sindical quiere convertir en una rotunda demostración de rechazo a estas políticas y en la asistencia masiva a las manifestaciones que están convocadas en las principales ciudades del país. La Cumbre Social hace suyas las reivindicaciones del movimiento sindical y llama a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones y actos convocados al efecto.

Igualmente la Cumbre manifiesta su apoyo a la huelga de enseñanza del 9 de mayo y a las movilizaciones en la sanidad.

El grave deterioro de la situación económica tiene lugar cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se propone, si no lo impedimos, poner fin a la ultractividad de los convenios colectivos, y asestar un golpe cuasi definitivo a la negociación colectiva, como herramienta para consolidar y mejorar los derechos de trabajadores y trabajadoras. La Cumbre Social comparte con los sindicatos la necesidad de frenar esta iniciativa que, de momento, podría aplazarse unos meses, pero que viene a confirmar la voluntad de la derecha económica y política de convertir el convenio colectivo en una figura devaluada, en manos del creciente poder discrecional del empresario.

La política de recortes y ataque a los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia, políticas sociales) que parece no tener límite- mañana el Consejo de ministros aprobará un nuevo paquete de medidas y ya anuncia que “ajustará el seguro de desempleo y el sistema público de pensiones”- se acompaña de un decidido y ambicioso proyecto de involución política y democrática, y uno de sus objetivos es convertir el conflicto social en un problema de orden público. De esta forma, los gobiernos de perfil conservador recurren cada vez con mayor frecuencia a criminalizar el activismo social, sindical y ciudadano, aunque éste se desarrolle en un clima de respeto al ordenamiento jurídico y constitucional. Como ejemplo simbólico de lo que decimos, está el encarcelamiento del presidente de la AUME, Jorge Bravo,  por ejercer la libertad de expresión y criticar los recortes sociales entre los empleados públicos, también en las fuerzas armadas. En este sentido, la Cumbre Social apoya la convocatoria de una concentración, el 27 de abril, a las 12 horas, ante el Ministerio de Defensa en solidaridad con Bravo y exigiendo su inmediata puesta en libertad.

La reforma local: un ataque al sistema democrático

La Cumbre Social había convocado su 9ª sesión plenaria para abordar monográficamente el “Anteproyecto de Ley para la racionalización y la sostenibilidad de la Administración Local”. Un anteproyecto que no pretende una reforma de la Administración Local, sino que supone el mayor ataque a la autonomía municipal y al propio sistema democrático desde 1979.

Con este anteproyecto, el Gobierno impulsa la recentralización del Estado y hace añicos la legitimidad de las instituciones locales elegidas por la ciudadanía, al introducir un acentuado sesgo ideológico en la estructura de representación política, que minará la pluralidad y los derechos democráticos, al desvirtuar la libertad de elección ciudadana de los gobiernos locales.

La Cumbre Social considera intolerable que, bajo un aparente equilibrio financiero y de reordenamiento territorial, se cambie el modelo de Estado y se imponga un marco legal que vacía de contenido las competencias de las entidades locales. A juicio de la Cumbre, los ayuntamientos, que en los últimos 34 años han sido espacios de democracia y de desarrollo de los servicios públicos, se transformarán en plataformas administrativas sin autonomía y sin capacidad de intervención ni sostenibilidad financiera.

Con este anteproyecto, que la Cumbre rechaza radicalmente,  los ayuntamientos no podrán impulsar los servicios públicos de calidad, el equilibrio social y la igualdad de oportunidades de ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su estrato social, porque su actividad será externalizada y privatizada en aras de una proclamada eficiencia y atendiendo estrictamente a la evaluación económica de los servicios que se ofrecen.

lunes, 22 de abril de 2013

Charla: "Consecuencias de la reforma local sobre los servicios sociales"

Marea Naranja 2 El viernes 26 de abril, a las 17,30h en Jerez (Cádiz) se realizará una charla sobre el  “El impacto de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local en los Servicios Sociales", a cargo de José Manuel Trenas, Coordinador de la Asociación Andaluza por la Dependencia.

En defensa de los servicios sociales, ¡no a la reforma local!

viernes, 19 de abril de 2013

Éxito de la manifestación de Córdoba contra la reforma local

Unos 400 empleados municipales y vecinos de Córdoba, aproximadamente, marcharon ayer jueves 18 de abril contra la reforma local planteada por el  por el Partido Popular y que se encuentra todavía en régimen de borrador. Fue una marcha unitaria, planteada por todas las centrales sindicales con presencia en el Consistorio, y que convocó el comité de empresa de la institución, que tiene unos 4.000 empleados entre la entidad matriz, los organismos autónomos y todas las empresas municipales.

El presidente del comité de empresa, Juan Miguel Carvajal (CTA), aseguró que la reforma de la legislación de bases emprendida por el Gobierno va a suponer un grave problema para el funcionamiento de las instituciones locales de España. Auguró una ola de privatizaciones de servicios públicos como consecuencia del impacto sobre la normativa, que obliga a eliminar aquellas entidades autónomas que no se encuentren en equilibrio financiero a finales de 2015. El representante sindical aseguró que la nueva legislación tendrá un impacto sobre el empleo público importante como consecuencia de estas determinaciones.

En la protesta de ayer, se pudo ver a empleados de algunos servicios que denuncian un intento de privatización del gobierno municipal del PP como los del servicio de alumbrado público. Los convocantes aseguraron que se están manteniendo negociaciones con todos los comités de empresa del sector público municipal con el propósito de que se escuchen todas las protestas de los trabajadores municipales en una sola voz.

Fuente: El Diario de Córdoba.

jueves, 18 de abril de 2013

Una reforma sin fundamento empírico y por lo tanto arbitraria

Enlazamos aquí un artículo del Catedrático de Derecho Administrativo Francisco Velasco Caballero, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, "Sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local: una reforma sin fundamento empírico y por lo tanto arbitraria": http://www.idluam.org/images/files/boletines/index_44_3_archivos/Page426.htm


lunes, 15 de abril de 2013

Atención: Nos roban los ayuntamientos

ayuntamiento

Por Carlos Martínez García – Presidente de ATTAC Andalucía.
Cuando la Troika (UE-BCE-FMI) comenzó a imponer sus medidas en Grecia hace ya tres años aproximadamente -decían que para combatir su crisis económica-, una de las primeras fue la supresión de ayuntamientos y el despido de miles de trabajadoras y trabajadores municipales. En el reino de España esta medida se comentó algo, dentro del conjunto de las agresiones sociales y democráticas contra el pueblo griego impuestas por la Unión Europea, Alemania y sus bancos, así como por el Banco Central Europeo. Pero la verdad, no se tuvo excesivamente en cuenta.
En el reino de España, además, el sarampión anti-político, que tiene responsables merecidos en muchos puestos de la administración -comenzando por la Casa Real o jefatura bananera de nuestro estado, presidentes autonómicos o alcaldes corruptos y pringados por el ladrillo- hizo pensar a mucha gente que eliminar instituciones es bueno e incluso necesario.
Si bien es cierto que hay corruptos pero, no lo olvidemos, también corruptores –es decir, ricos empresarios que corrompen para burlar la ley y defender sus intereses, insisto, ricos especuladores que controlan los resortes del poder- también hay muchas personas honradas y de buena voluntad que gestionan intereses públicos en estos momentos, así como en años anteriores. Pero sobre todo, hay que advertir que lo que nos roban por la puerta de atrás es la posibilidad de, en no muy largo periodo de tiempo, elegir personas del pueblo que no solo gestionen honradamente, sino que estén a nuestro servicio y no al de las oligarquías políticas bi-partidarias y/o económicas, y que se vean imposibilitadas para cumplir con sus programas electorales o se vean envueltas en una maraña de reclamaciones judiciales. Pues bien, si en las próximas elecciones municipales elegimos concejales y concejalas del pueblo, honradas, progresistas y de izquierdas, al servicio del pueblo ¿Con que se van a encontrar? Pues con nada o muy poco que hacer. El Gobierno del PP está preparando una reforma legislativa que vacía de contenido a los municipios, les hurta competencias municipales e impide que estos gestionen los servicios de atención y cuidado a las personas. Pero sobre todo, privatiza los servicios y obras municipales. Es decir, convierte en puro negocio arreglar aceras o alcantarillas, recoger la basura, cuidar zonas verdes o ayudar a la infancia, los mayores; así como controlar el desarrollo de nuestros pueblos –fundamentalmente- y ciudades.
Esta reforma en cuestión se denomina Ley de racionalización y sostenimiento de la Administración local. Poseo el último borrador, y por tanto estas líneas ni son demagogia, ni mentira. Pero deseo informar y difundir, sin aburrir y sobre todo movilizar.
Actualmente el poder de gobierno municipal reside en los electos y las electas, pero la reforma legal que se propone por parte del Gobierno del PP disminuye sus facultades democráticas, incrementa los poderes no elegibles ni electos, tanto de técnicos que además controlará, como secretarios/as e interventoras/es. Aumentando desmesuradamente el poder de las Diputaciones Provinciales y sobre todo, sitúa al Ministerio de Hacienda como el órgano controlador de los ayuntamientos. En pocas palabras, trasladan las decisiones fundamentales a personas e instituciones no elegidas directamente por los ciudadanos y que, por tanto, estas y estos no van a tener la posibilidad de controlar, ni de no votar, si lo hacen mal. Pero es que, además, los electos y electas se encontrarán con la imposibilidad legal y de facto de apoyar a sus vecinos o ejecutar lo que estos, mediante métodos participativos y asamblearios, decidan o propongan.
No es la disminución de concejales, ni el control de sus sueldos el interés de esta ley o reforma de las leyes locales –verdadero tesoro democrático, muy mal utilizado por cierto, que nos queda-. La verdadera intención es repartirse el pastel del negocio que significa privatizar obras y servicios municipales y de paso disminuir el poder ciudadano. Es una operación mafiosa a gran escala, al objeto de que propagando lo malos que son los políticos municipales –y es de justicia reconocer que hay de todo, pero muchos buenos, e incluso excelentes también- en pura realidad, enriquecer a empresas privadas contratistas. Pero hay algo todavía más grave, y es que como los precios de los servicios a contratar y privatizar de forma obligatoria los propondrá en pocas palabras el Ministerio de Hacienda fundamentalmente y serán a la baja, con un precio estimado que cumpla el objetivo de déficit, estos servicios serán adjudicados a las grandes empresas contratistas y de servicios que ya existen y no son ajenas a esta reforma legal. Las cuales sí podrán competir, eliminando a todas las pequeñas empresas y cooperativas locales que en ocasiones prestan estos servicios o ejecutan obras municipales. Es decir, se cerraran muchas empresas familiares y sociales, se hurtará el control municipal y se arruinarán más todavía las economías locales, en beneficio de grandes empresas privadas, ya existentes y operando.
¿Qué cómo obtendrán beneficios las empresas privadas grandes que se apoderarán del sector? Pues muy sencillo, al hacerse con miles de contratos y no solo unos pocos, lo cual le permitirá obtener beneficios. Pero sobre todo, pagando menos y peor a sus trabajadoras y trabajadoras y precarizando el empleo. Además, gracias a la mal llamada Reforma Laboral, dispondrán de mano de obra esclava.
Esa es la verdad de la reforma y no acabar con el despilfarro local. Con ese despilfarro, allí donde se dé, no se va a terminar, pues el proyecto de ley está cargado de trampas que en realidad permitirán seguir contratando asesores a dedo y colocando amiguetes. Ya lo decía mi abuelo “hecha la ley, hecha la trampa”. Esta reforma está plagada de trampas y aconsejo leerla detenidamente. Pero sobre todo, advierto seriamente tanto a los contagiados y contagiadas por el sarampión anti-político inoculado por la extrema derecha y los grandes empresarios, como a los movimientos sociales críticos con toda justicia, que esta reforma, vendida como un recorte de sueldos a ediles, nos resultará todavía más cara a las personas, pues encarecerá los servicios, privatizará y por tanto dejará fuera de control competencias municipales e incrementará el paro -y no de concejales precisamente, sino de clases trabajadoras-. Así como tratará de evitar la previsible regeneración democrática que se va a producir en los Ayuntamientos en la próximas elecciones locales.
¿De dónde viene semejante desaguisado legal? Pues en primer lugar de las imposiciones de la Troika.
En segundo lugar, de la reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución pactada por PSOE y PP en los últimos días del gobierno de Zapatero, que sitúa el déficit, pago de la deuda e intereses de los bancos, por encima de las personas y los derechos humanos. De hecho, el preámbulo de la ley proyectada expone:
La reforma del artículo 135 de la Constitución española, en su nueva redacción dada en 2011, recoge un principio de estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de todas las Administraciones Públicas. En desarrollo de este precepto constitucional, se aprobó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que exige nuevas adaptaciones de la normativa básica en materia de Administración local para la adecuada aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales. Todo ello exige adaptar algunos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local así como mejorar su control económico-financiero.
En tercer lugar, del concepto autoritario de la política del PP, que está copiando la estructura municipal del franquismo en los ayuntamientos. Los municipios, sobre todo los medianos y pequeños, pasarán a ser controlados por los secretarios, personal no electo, muchas y muchos de los cuales además, en contra de su voluntad democrática, se verán obligados a cumplir esta aberrante reforma. Las Diputaciones Provinciales y los sub-delegados del gobierno en las provincias, que serán los ojos y manos del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Madrid y desde Madrid, donde los Florentinos y sus semejantes, desde el palco del Bernabéu, se repartirán los pueblos y “las provincias”. Esto es la vuelta al más duro centralismo. Por eso quieren hacerlo urgentemente, pues intuyen que el régimen que defiende sus intereses está en peligro y se alumbran nuevos tiempos. También para evitar que reaccionemos. Pero sobre todo porque el PP controla por ahora la inmensa mayoría de las Diputaciones Provinciales, y estas son claves para repartir el pastel en menos de un año.
Dicho lo cual, es imprescindible reaccionar y ya. Defender la democracia local y participativa. Promover acciones de protesta, ocupar los ayuntamientos y encerrarse en ellos. Constituirnos en ejes activos de la política local y defender nuestros municipios como gobierno más cercano. Además acabar ya de una vez con la mentira de la deuda pública. Esta horrible y demagógica mentira silencia que el 70% de la deuda del estado español es privada. Solo el 30% es público, y de ese 30% no son los ayuntamientos los principales responsables.
Si nos logran robar los ayuntamientos nos habrán robado otro espacio democrático fundamental. Os invito a informaros más y mejor y sobre todo a no dejarnos engañar. Hay que acabar con las oligarquías que nos gobiernan de una vez y podemos hacerlo.

División interna en el PP a propósito de la reforma local

Extraído del periódico La Verdad de Murcia, artículo de Antonio Montilla: 

La reforma de la administración local trae de cabeza al Gobierno de Mariano Rajoy. La Unión Europea mete presión para que España pode su red municipal, tal y como han hecho Italia o Francia, como una vía más para reducir el gasto público. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha encontrado mayor resistencia de la esperada en su propio partido para sacar adelante una ley con la que espera ahorrar más de 7.000 millones de euros, pero que enfrenta a alcaldes y presidentes autonómicos del PP.

Rajoy, durante la última reunión de la junta directiva nacional de su partido, pidió un último esfuerzo para lograr el mayor consenso entorno a esta reforma. De hecho, los populares han enviado una nueva propuesta al PSOE para intentar aprobar la norma en el Congreso, al menos, con el respaldo de los principales partidos del arco parlamentario. Pero más que al muy posible rechazo socialista, Rajoy lo que teme es la contestación en las propias filas del PP.

El presidente del Gobierno ha encargado a Javier Arenas, vicesecretario general de política local y autonómica del PP, que él y su equipo de Génova (Juan José Matarí, Manuel Cobo y Antonio Sanz, entre otros) se reúnan con todos los presidentes provinciales del PP y con una representación de alcaldes de cada provincia para conocer de primera mano sus propuestas y, sobre todo, que mantengan un diálogo fluido con los máximos dirigentes de la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP). 

Durante estos encuentros, los populares han recopilado una serie de peticiones que van a trasladar al Gobierno para que intente flexibilizar algunos aspectos de esta reforma local, con el fin de sumar apoyos. Unas propuestas que, en líneas generales, coinciden con las alegaciones que la FEMP presentó al Ejecutivo en nombre de 13 federaciones territoriales de municipios y provincias, trece diputaciones provinciales y 35 ayuntamientos. 

Una de las principales exigencias de los alcaldes es la de eliminar de la reforma la posibilidad de que el Gobierno central pueda intervenir ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. «Consideran que esta medida no es necesaria, porque la ley de Estabilidad Presupuestaria ya contempla herramientas similares para actuar en aquellos municipios que se endeuden en demasía», explica un dirigente popular. 

También instan al Ejecutivo a retirar de esta norma el apartado que obliga a realizar auditorías a todos los ayuntamientos de España. A cambio, proponen que esta investigación se centre solo en aquellos municipios con déficit elevado o que incumplan otros aspectos de la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Otro vértice de la reforma que ha generado mucha controversia es quién asume el coste de las denominadas competencias impropias que ahora desarrollan los ayuntamientos, sobre todo en materia de sanidad, servicios sociales y, especialmente, en educación.

En una reciente reunión celebrada en Génova, el presidente de la Comunidad Madrid, Ignacio González, expuso ante un nutrido grupo de alcaldes madrileños y varios dirigentes del PP que su Gobierno regional no podía asumir, de ninguna manera, los 700 millones de euros anuales que los consistorios emplean, por ejemplo, en el mantenimiento y gestión de todos los centros públicos de enseñanza. 

El Gobierno ya se ha comprometido a dar respuesta a este problema, que afecta al resto de presidentes autonómicos. 

En el texto de la reforma se hace hincapié en la necesidad de establecer un coste estándar y unificado para todos los servicios que presten los ayuntamientos, de modo que sea homogéneo en todo el país. Una cuantificación que el Ejecutivo había delegado exclusivamente en el Ministerio de Hacienda. El PP solicita ahora que la FEMP tenga un papel destacado en la elaboración de esta 'carta de precios'. De hecho, los populares han trasmitido al Gobierno la necesidad de dotar a la FEMP del carácter institucional del que ahora carece para que sus informes puedan ser vinculantes.

Pago de dietas
 
Los alcaldes, salvo los de las grandes ciudades, no han rechazado de plano la intención del Gobierno de establecer un sueldo máximo para los primeros ediles, que nunca podría superar al de un secretario de Estado. Más malestar ha suscitado la decisión de limitar el número de personal eventual que puede contratar cada ayuntamiento o diputación provincial. A partir de que entre en vigor esta reforma, solo el 17% de los 65.896 concejales de España podrán tener dedicación exclusiva. Ninguno de ellos será de un municipio con menos de mil habitantes. No obstante, los representantes de la administración local del PP quieren que estos alcaldes de municipios pequeños puedan percibir distintas cantidades para cubrir los gastos que le genera su dedicación exclusiva al pueblo.

Una de las disposiciones de la norma que más ampollas levantó fue, sin duda, el nuevo papel de los interventores municipales. «Un interventor ha ganado una oposición, pero yo he ganado unas elecciones», exponía un alcalde popular para explicar su oposición a dotar a estos funcionarios de una mayor capacidad de veto. El PP propondrá que el interventor mantenga la máxima capacidad de fiscalización, pero sin entrar en la valoración política de un proyecto de un presupuesto, es decir, que su papel será casi el mismo que en la actualidad.

jueves, 11 de abril de 2013

Foro de la Junta de Andalucía para el debate sobre la reforma local

La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía ha presentado un nuevo foro para el debate y la participación sobre la reforma de la Administración Local. Se puede acceder a este foro en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/fororeforma/

Alegaciones de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a la reforma local

Enlazamos aquí las alegaciones presentadas por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a la reforma local propuesta por el Gobierno del PP (el llamado Anteproyecto de Ley de Racionalizalición y Sostenibilidad de la Administración Local): http://www.femp.es/files/11-4273-fichero/ALEGACIONES_FEMP_ALRSAL.pdf

Desde este blog "No a la Reforma Local" creemos que no se trata de hacer alegaciones a un Anteproyecto de Ley regresivo de raíz, sino de retirarlo. Queremos alternativas consensuadas que tenga como principios el municipalismo, la democracia participativa y los derechos ciudadanos.

Informe "El trabajo social ante la reforma de la Administración Local"



 




Enlazamos aquí el interesante informe, muy crítico que ha elaborado el Consejo General de Trabajo Social sobre la reforma de la Administración Local: http://cgtrabajosocial.com/files/5244g68hj5s24/el_trabajo_social_ante_la_reforma_de_la_administracion_local.pdf

miércoles, 10 de abril de 2013

La Contrarreforma de la administración local: privatizaciones, eliminación de servicios y recorte de la democracia

Por Toni Morillas:

El anteproyecto de ley de reforma de la administración local lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida. Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.
 La reforma de la administración local forma parte de la ruta trazada para la  economía española por la Troika  con la connivencia del partido del gobierno. Viene a desarrollar los principios de la Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo mucho que se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no elimina duplicidades, lo que elimina es la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende, accesibles y universales. Su aprobación, significaría dejar a miles de ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías, bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: la eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas desde la administración más próxima y accesible, que representan los ayuntamientos.
El establecimiento de un coste estándar por cada servicio, coste mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por parte de los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000 habitantes, implicará en unos casos la supresión de servicios  y en otros, su prestación por parte de las Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.
Desaparecen las competencias complementarias en materia de salud, educación, igualdad o participación, entre otras. En materia de servicios sociales, mantenimiento de centros sanitarios y mantenimiento y gestión de guarderías, las competencias quedan reservadas en exclusiva para las comunidades autónomas, que podrán delega  a los municipios mayores de 20.000 habitantes, no a los menores, siempre y cuando realicen la oportuna transferencia económica. Ahora bien, la transferencia económica se computará en base al coste estándar o coste mínimo, lo que en la práctica significa en la mayoría de casos, imposibilitar la prestación del servicio, y en cualquier caso, la prestación del servicio desde lo público. Competencias complementarias en materia de igualdad de género, que venían a desarrollar el articulado de la Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las entidades locales, son eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad de género a la cola de la agenda política y provocando un problema existencial a los centros y servicios municipales en materia de igualdad y prevención,  que en su gran mayoría han venido a paliar el déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán abocados a su cierre.
Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues bien, con esta reforma, la Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad, por mayoría simple de sus miembros , de intervenir los ayuntamientos, con la retirada real de los cargos electos de los mismos. Es decir, lo que ponen los ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones provinciales. Los ayuntamientos pasarán a ser oficinas administrativas de entes superiores. Un ejercicio absoluto de atropello democrático que sitúa en una clara situación de desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan los municipios menores de 5.000 habitantes.

Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos. El  personal laboral de los ayuntamientos pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones, implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.
En síntesis, recentralización y por tanto alejamiento de la ciudadanía de los espacios de toma de decisiones sobre lo público, carrera desaforada hacia la eliminación y privatización de servicios esenciales para la ciudadanía (guarderías, bibliotecas, limpieza, agua…),destrucción de empleo público y control e intervención política de los ayuntamientos elegidos democráticamente por los ciudadanos. Esta reforma, bien vale una movilización, mil movilizaciones. Hay que pararla.

lunes, 8 de abril de 2013

CCOO inicia una campaña contra la Reforma Local

El Sector de Administración Local (SAL) de CCOO  ha iniciado una campaña contra el proyecto de reforma de la Administración Local, intensificando las acciones y respuesta contra tales ataques y ante la grave situación provocada por los recortes y nuevas legislaciones que se están sufriendo en el SAL 

Todas las empleadas y empleados públicos están en riesgo, por los datos que se tiene, algunos colectivos son más vulnerables de sufrir despidos colectivos, modificación de condiciones de trabajo y desaparición de esos servicios municipales, como son entre otros: Deportes, Servicios Sociales, Escuelas Infantiles y de Adultos, Servicios de Empleo, Servicios de Salud Municipal, Oficinas de consumo.

Por lo que se han convocado diez asambleas por colectivos, para informar de la reforma y exponer posición de CCOO y las acciones que se están llevando a cabo.

Los aspectos más significativos del proyecto de reforma son:

Servicios Sociales: Pasarán a las comunidades autónomas (CA) en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, esto supone el desmantelamiento de los programas de servicios sociales.

Educación: En el plazo máximo de 5 años, las CA asumirán, a razón de un 20% por año, esta competencia (Escuelas Infantiles y Casas de Niños,…), incluyendo el mantenimiento de los colegios (conserjes, personal de mantenimiento, limpieza, etc.).

Deportes: Desaparece como servicios obligatorio para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Salud Pública: Solo en cuanto a la salubridad pública y en cuanto a la potabilidad del agua y tratamiento de aguas residuales.

Consumo: No lo menciona ni como competencia delegable. 

Coste Estandar: Inventa este concepto, pero no dice cómo se va a establecer. Se utilizará para valorar el coste de un servicio y la posible financiación de la misma por otra administración o por medios propios.

Las Mancomunidades: Se verán bastante afectadas por las competencias y por la presentación de cuentas. Por lo que prácticamente las harán desaparecer.

Las empresas públicas: Impide la creación de nuevas,  mantiene la posibilidad de que permanezcan pero en condiciones económicas prácticamente inviables.

Medioambiente: Se eliminan las competencias sobre medioambiente rural, dejando solo el urbano, lo que pone en riesgo la titularidad pública de los montes.

Financiación municipal:Solo establece reiteradamente el cumplimiento de las medidas de ajuste y equilibrio presupuestario, pero no dedica nada al sistema de financiación municipal.

Colectivo de Intervención municipal: Regula al cuerpo de interventoras e interventores municipales pasando a depender en gran medida del propio Ministerio de Hacienda de AAPP

Número de concejales: Solo regula a quienes pueden estar a dedicación exclusiva, no el número total de la corporación.

Todos estos aspectos que recoge el proyecto se traducen en:
- Pérdida de empleo estimado entre 150.000 y 200.000 personas.
- Desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales.
- Cierre de Escuela Infantiles, de Adultos y Música y Danza Municipales.
- Cierre de mancomunidades y empresas públicas.
- Limitación de la Autonomía Municipal.

Hasta la fecha dentro de la campaña, CCOO ha iniciado asambleas en todos los centros de trabajo, ha presentado alegaciones al informe y anteproyecto de reforma de la Administración Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y ha puesto en marcha una campaña a nivel estatal para la presentación de cada municipio de mociones contra la actual propuesta de reforma de la Administración Local.

viernes, 5 de abril de 2013

Destrucción de la autonomía local

Artículo de Juan Bermúdez, Alcalde de Conil (Cádiz): 

El proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para el Ministerio de Economía y Hacienda dirigido por el señor Montoro. Y esto es así porque la mayoría de los alcaldes de los pueblos y ciudades de este país, incluso los de su propio color político, están en contra de la reforma de la administración local. Los motivos son muchos y en este texto trataré de exponer los más significativos.

Primero, porque los argumentos o exposición de motivos que se basan en la modificación del artículo 135 de la Constitución perpetrados por el PSOE en unión con el actual Gobierno de la nación y basándose en la Ley Orgánica de Sostenibilidad Financiera no se sostienen, pues las entidades locales tienen una contribución mínima al endeudamiento público en torno al 4% del PIB, de igual modo que su contribución al déficit público es del 0% del PIB -del 0,3% en 2012, del 0% para el periodo 2013-2015- de modo que ni la deuda pública ni el déficit estructural explican la reforma legal que se propone, ni, por tanto, tampoco el cumplimiento del precepto constitucional.

La Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone un menoscabo al Estatuto de Autonomía de Andalucía ya que vulnera su Título III de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma, en concreto los artículos del 89 al 95 donde se establece la estructura y organización del territorio andaluz y se definen las competencias de los ayuntamientos andaluces. Por lo tanto, esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone una injerencia intolerable en el poder local andaluz garantizado por nuestro Estatuto de Autonomía. La reforma de nuestro Estatuto incorporó, con el impulso de IU como fuerza de gran voluntad municipalista, competencias propias de los ayuntamientos que blindaron y definieron claramente sus funciones sobre determinadas materias. El actual modelo municipal va a sufrir una retirada de competencias y de funciones a favor de las diputaciones provinciales -que no son precisamente instituciones de elección directa de los ciudadanos- y que alejarán a los ciudadanos de la toma de decisiones en sus municipios. Se acerca, por lo tanto, más a un modelo preconstitucional de gobernadores civiles que a un auténtico poder ciudadano de profunda raíz democrática, cercano y participativo, y que representa una involución hacia épocas ya superadas por el desarrollo democrático de los pueblos.

Aspectos de esta reforma que son de gran calado y que van a suponer una pérdida importante en los servicios que presta un Ayuntamiento a los ciudadanos no se ponen de relieve en los medios de comunicación, y sí aparece el mensaje populista que hace referencia a los sueldos de los alcaldes, al número de concejales liberados o al personal de confianza. Aspectos importantes que considero necesarios establecer y controlar, ya que han sido algunos los desmanes cometidos en este país y que calan mucho en la opinión pública, pero no caigamos en el error de decir que todos los políticos son iguales, por lo peligroso de este discurso fácil y porque falta a la realidad, ya que no todos tienen sueldos desorbitados y porque el 82% de concejales/as de este país trabajan sin cobrar nada.

Esta reforma es injusta y arbitraria pues establece criterios diferentes según el número de habitantes de una población a la hora de eliminar competencias o ser intervenidos por parte de la administración central y, sin duda, los que salen peor parados son los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes que si no cumplen algunos de los requisitos de control financiero pueden ser rápidamente intervenidos. Algo parecido ocurre con los municipios menores de 20.000 habitantes que, al igual que los anteriores, se deben someter a un estudio de cada uno de los servicios que presta en función de unos criterios basados en estándares de calidad que nadie conoce y que serán muy difíciles de cuantificar, ya que son muchas las variables a tener en cuenta (dispersión de la población, las características de las infraestructuras, la geografía …). Si no se cumplen estos criterios perderán las competencias para pasar las mismas a las diputaciones provinciales. Sin duda alguna estamos ante un ataque sin precedentes a la autonomía local. Considero más acorde y justo valorar en su conjunto los servicios que presta el Ayuntamiento y, si se prestan sin que supongan un atentado contra el tan ansiado mantra del déficit de la política neoliberal del PP, los servicios no pasen a manos de otra administración en caso de las competencias propias, o se supriman si son de las denominadas competencias impropias que sin duda vienen dando los ayuntamientos porque otras administraciones no tienen capacidad para prestarlas.

Si esta ley no es modificada, se producirá un vaciado de competencias de los ayuntamientos en la que los concejales y alcaldes quedarán como meros convidados de piedra sin poder gestionar nada y sin posibilidad de dar respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Esta reforma elimina el poder de lo más cercano y aleja a la ciudadanía de la gestión de lo público. Todo esto en un momento en el que la población exige más participación, más democracia y más transparencia y, sin embargo, se le responde con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.

En definitiva esta nueva reforma propuesta por el gobierno del PP supone la aplicación de sus principios neoliberales de privatizar y acabar con lo público. "Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho" y por lo tanto los alcaldes y alcaldesas de Andalucía estamos obligados a rebelarnos.

jueves, 4 de abril de 2013

Una reforma local absurda

Artículo por Ignacio Escañuela, economista y alcalde de Carrión de los Céspedes (Sevilla):

En este breve escrito realizo un análisis cuantitativo del anteproyecto de reforma local presentado por el gobierno de España y enviado al Consejo de Estado. Por lo tanto, obvio hasta la parte final las diferencias de ideas, no me planteo si yo soy de IU y el gobierno es de derechas. Creo que en estas condiciones surge con claridad la idea maestra: esta reforma local no ha sido diseñada para ahorrar, sino para restringir la democracia local. De hecho, es probable que genere más gasto que ahorro.

Porque supongamos que mi único objetivo es ahorrar restringiendo los gastos de las Administraciones Locales, es decir básicamente Ayuntamientos. Entonces cojo esta reforma y veo las fuentes y cantidades de ahorro. En lo que sigue, me baso en los datos recogidos por Velasco Caballero (“Sobre le anteproyecto de ley (...)”, 2013) a partir del oscuro informe del Instituto de Estudios Fiscales (sin fecha, sin metodología, encargado por el Gobierno, sin contrastación científica posible). Las fuentes de ahorro serían dos.

1ª. Eliminar las tareas que a los Ayuntamientos no les corresponden. Llamadas “impropias”, se ahorraría porque se duplican entre varias Administraciones.

Las duplicidades existen, pero: ¿dónde? Veamos el Informe sobre duplicidades del Gobierno Vasco. El Gobierno Vasco tendría el 30% de todas las duplicidades encontradas, las Diputaciones Forales el 50%, y los Ayuntamientos sólo el 20%. Las áreas son principalmente impulso económico, servicios sociales, empleo y formación y transporte. Es decir, existen duplicidades que encarecen los gastos y complican los servicios para el ciudadano. Sin embargo, los Ayuntamientos son los menos afectados: ¿por qué centrarnos en ellos?
En realidad, lo que hace falta es un entramado competencial claro por áreas y programas (innovación pública, seguridad ciudadana, aguas, suelo público, etc.), y no una ley aplicada horizontalmente sobre los municipios. En otras palabras, no se eliminan duplicidades laminando las competencias locales, sino clarificando qué poderes tiene cada administración pública en cada una de las áreas.

2ª. Eliminar de los Ayuntamientos todas aquellas tareas que realizan con costes más altos de lo que sería posible centralizando y alcanzando economías de escala. La reforma afirma que los municipios con menos de 20.000 habitantes prestan muchos servicios de manera ineficiente.
Resulta que el informe calcula los costes de los servicios haciendo una relación entre dos variables: población y gasto. De ahí saca el gasto per capita y concluye que los municipios pequeños gastan mucho más y son ineficientes.

Al parecer, el estudio olvida que correlación no es causalidad. Un error muy grave. Si observo que el barómetro baja y después llueve: ¿concluiré que la bajada de la columna de mercurio del barómetro es la causa de la lluvia? Sería un insensato. Del mismo modo, los autores del informe olvidan factores causales: por ejemplo, la densidad de una población crea diferencias en metros de acera a arreglar por cada habitante, originando diferentes costes en dicho arreglo. No es que el municipio gaste más por cada metro a arreglar, sino que hay más metros. Del mismo modo, si un servicio social es más caro por habitante es posible que la causa no sea una ineficiencia en el gasto, sino que una población tenga una media de edad superior.

De este modo, el informe calcula increíblemente el coste esperado o estándar como una media. Si en los municipios de tantos habitantes cuesta tanto, entonces en los municipios menores debería ser igual. Nos olvidamos de todas las variables y nos quedamos con habitantes y gasto. Así concluiríamos que el Ministerio de Fomento es altamente ineficiente al construir las carreteras por zonas montañosas y altamente eficiente cuando no hay obstáculos naturales. ¿Es esto serio?

¡Entonces lo que hace el estudio es razonar: si el Ministerio hiciese las carreteras de montaña al mismo coste que el resto de vías, ahorraríamos tanta cantidad! Pero, de hecho, no puede hacerlo así.
Los datos del estudio son insuficientes y el razonamiento aplicado olvida factores, ¿qué nos queda? Vayamos al núcleo del razonamiento: existen múltiples servicios donde hay economías de escala y, por lo tanto, se prestan con menos costes a escalas muy superiores (por ejemplo, Diputación). Sin embargo, las economías de escala se dan sólo cuando los costes fijos son muy altos y los costes variables son comparativamente menores. Con un ejemplo: existe escala en la recogida de residuos porque la planta procesadora mínima es casi tan cara para municipios de 5.000 o 20.000 habitantes. Pero no pueden existir en un servicio clave de los actuales municipios como es la atención a situaciones de dependencia: si lo gestiona el ayuntamiento tendrá que disponer tres personas y un local donde tener material y administración, y si lo gestiona la diputación provincial tendrá que tener exactamente tres personas y el mismo local. Es entonces comprensible que la mayoría de los municipios pequeños tengan mancomunados los servicios de residuos y ejerzan individualmente los servicios de atención a domicilio. Los propios Ayuntamientos han establecido acuerdos y entes intermedios para los servicios con economías de escala: de no hacerlo así, la falta de eficiencia les hubiese penalizado en las urnas.

El problema conceptual estriba en una falta de comprensión de la labor de los municipios. Los Ayuntamientos tienen dos ventajas. Primero, son el ámbito público más accesible al ciudadano, que muestra directamente su conformidad o crítica y que puede hacer llegar sus necesidades y opiniones cara a cara. Segundo, por ello mismo, los ayuntamientos conocen las preferencias locales y pueden darle una respuesta. Por ejemplo, la preferencia por la seguridad, la asistencia a domicilio, la educación, la cultura, etc., varían de un pueblo a otro y encuentran una asignación de bienes y servicios adecuada. Esto es imposible para las Autonomías o para el Gobierno central, que por ello ofrecen algunos servicios de manera ineficiente.

Porque la eficiencia no es sólo tener menos costes, sino también ofrecer al ciudadano lo que realmente necesita y prefiere, y hacerlo con calidad. Y una administración es tanto más eficiente cuanto más abierta está a la participación en las decisiones. ¿Piensa este Gobierno alguna vez en la calidad, la apertura al ciudadano y la democracia?

En definitiva, una reforma cara y mala, porque no permitirá bajar los costes y, sin embargo, alejará al ciudadano y le quitará uno de los instrumentos fundamentales para poder hacer vales sus preferencias y derechos.

Reforma local, diputaciones y James Bond


Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales. La celebración está marcada por el anteproyecto de reforma local que prepara el Gobierno central. Un borrador con muchas aristas. Son afiladas. Cortantes. Van a dar un tajo muy serio a los ayuntamientos de los municipios de menos de 20.000 habitantes (689 de 771 municipios andaluces). No sólo porque tendrán que desprenderse de las competencias impropias, sino que también están en juego las propias. En cuanto no superen una barrera infranqueable de coste y calidad en la prestación de una cartera de servicios públicos mínima, que será fijada por Moncloa y aprobada si nada lo impide por la mayoría absoluta de la bancada del PP en el Congreso, sus competencias acabarán en manos de la diputación. Precisamente, la única administración que no es elegida directamente por el ciudadano.

Porque los diputados provinciales, aunque sean alcaldes y concejales salidos de las urnas, no son resultado de la democracia directa. En realidad, nadie los vota como diputados. Los eligen sus partidos. A dedo. Puede parecer un problema menor. Pero no lo es. En el caso de que los servicios acaben en manos de la corporación provincial, el ayuntamiento quedará reducido a la mínima expresión, a una mera oficina de tramitación de quejas y solicitudes de los vecinos. Quien resolverá sus demandas no será ese alcalde o concejal al que el paisano eligió. Ese al que se puede encontrar en cualquier calle del pueblo y transmitirle sus quejas. Será alguien al que no votó, al que ni siquiera conoce, que se encuentra a kilómetros de distancia y que no sabe ni la realidad del pueblo ni sus necesidades, ni tampoco las de sus propios vecinos. Ni tampoco podrá controlar su gestión, porque se limita la participación ciudadana en la política. Eso puede generar frustración. Y más aún, cuando las diputaciones se han ido convirtiendo en una suerte de cementerio de elefantes de los partidos.

Pero de eso no se dice absolutamente nada en esta futura norma de la que el Gobierno del PP, que ya lleva tres borradores a sus espaldas con cambios que le dan la vuelta como un calcetín. No dice nada, porque para cambiar la elección de los diputados provinciales habría que meter la goma de borrar en la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) y reescribirla. Y si tal como se prevé esta reforma local sale adelante, los viejos elefantes no elegidos se van a ver desbordados. Porque en un panorama de recortes, tijeretazos a las transferencias que les llegan de administraciones superiores, van a tener que hacer más y con pocos recursos. Y van a tener que cambiar el chip: de la asistencia técnica, es decir, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos pequeños que era su actual función, a la prestación de servicios.

El juego es peligroso: por desbordamiento de funciones, las diputaciones abrirán la puerta a la privatización, resquebrajándose así el principio de rentabilidad social por el peso de la rentabilidad económica. Así lo recoge en el último borrador de esta "reforma para la racionalización y sostenibilidad de la administración local" del Ministerio de Hacienda: se trata de generar economías de escala.

Además de estos factores negativos, hay uno más. Una gran contradicción. La máxima que rige esta Reforma local  es "una administración, una competencia", y con las diputaciones se rompe por completo. Porque van a tener que asumir no una, sino muchas competencias; tantas como las que aquellos municipios pequeños no puedan prestar por sí mismos.

La norma, si nada lo impide, podría ver la luz antes del verano. La contestación dentro del PP está ahí. Una comunidad entera, Castilla y León, ya está en contra, con su presidente popular al frente, Juan Vicente Herrera. Y también lo están Andalucía, Cataluña y País Vasco (si se aprueba, se da por hecho que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional por invadir sus estatutos). Pero lo cierto es que en el borrador se da fechas concretas para cumplirla y son tan estrictas que parece que no hay marcha atrás.
En la disposición adicional quinta está la clave: se advierte que los ayuntamientos en situación deficitaria que tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de este año para aprobar un plan de corrección de desequilibrio, si un año después esa corrección no es efectiva, el 1 de agosto de 2015 el ayuntamiento quedará "automáticamente disuelto". Un mensaje efectista que no deja de recordar a los mensajes en las películas de James Bond: "Este ayuntamiento, si no cumple, se autodestruirá en año y medio".

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