viernes, 20 de diciembre de 2013

Reforma Local: "Colorín, colorado, este cuento (o esta pesadilla) ha comenzado", por R.J. Asensio


Este es un Post de verdad, de los breves, para que nadie se queje que en las vísperas navideñas deba dedicar más tiempo del razonable a un tema que ha terminado por aburrirnos a los que lo seguimos desde sus inicios. Aunque todo manifiestamente se puede empeorar, no creo sinceramente que difícilmente se puedan hacer peor las cosas en un proceso legislativo (tramitación parlamentaria incluida) que ha sido caótico e improvisado de principio a fin. 

El proyecto fue ayer aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados, tras las enmiendas incorporadas del Senado. Y ya va camino del BOE. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local será publicada en los próximos días y, al menos teóricamente, entrará en vigor al siguiente de su publicación. Es verdad que muchas de sus previsiones (al menos las de contenido más traumático o de impacto fuerte) se aplazan en su aplicabilidad, pero no es menos cierto que esta Ley –guste más o guste menos- será aplicable de forma inmediata en una buena parte de las medidas que recoge. 

Y, sinceramente, creo que se equivocan aquellos que airean, desde la política o desde la academia, que esta Ley no se aplicará. Sí que es cierto que nace muy descafeinada (frente a lo que inicialmente fue) y que contiene no pocas previsiones de muy difícil o imposible materialización efectiva. Pero no lo es menos que también tiene mandatos (más o menos claros, esta es otra cuestión) directamente aplicables; esto es, que ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir en su cumplimiento. Y este es el problema real.

Lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, esta no es una Ley de “Racionalización” (salvo en muy pequeña medida), es una Ley de “Sostenibilidad”. La clave para entender su mensaje último (al margen de los  detalles) es que pone el punto de mira sobre aquellas entidades locales y entes instrumentales que tienen (o puedan tener en el futuro) una situación económico-financiera delicada (planes de ajuste, planes económico-financieros o de saneamiento, incumplimiento plazos de morosidad, etc.). Aquellos ayuntamientos que tengan o que caigan en una situación financieramente compleja lo pueden pasar mal, muy mal. Y no será fácil que pretendan sortear (con los “juegos de manos tradicionales”) una situación como la descrita. Los municipios que tengan sostenibilidad financiera podrán mantener la actual cartera de servicios, el resto no. Aun así se prevén cambios radicales en algunos ámbitos sectoriales.  

La Intervención local tiene un papel estelar en la garantía del cumplimiento de la Ley. Y su tarea, si la asumen responsablemente, estará plagada de dificultades y previsibles desencuentros con los equipos de gobierno. No será fácil ejercer esas funciones en este nuevo contexto normativo. Tampoco las de los titulares de la Secretaría. Veremos hasta donde aprieta el Ministerio de Hacienda y de qué manera se ejerce la tutela financiera por las Comunidades Autónomas, donde la tengan asumida. Este es un elemento clave si se quieren “suavizar” algunos impactos directos (cartera de servicios “no propios” y alcance de las medidas de los planes económico-financieros. 

Comienza el momento aplicativo. De nada valen ahora quejas y lamentos. La Ley se recurrirá ante el Tribunal Constitucional. No esperen una sentencia antes de que transcurran varios años. Para entonces, diga lo que diga el TC, ya prácticamente nada tendrá remedio. El sistema de gobierno local en España comienza un proceso de honda transformación hacia un futuro plagado de incógnitas. Nada volverá a ser como antaño.  

martes, 10 de diciembre de 2013

La Xunta de Galicia se niega a aplicar la reforma local de Rajoy

Rueda: «No vamos a consentir una relación entre diputaciones y concellos como si las comunidades no existiesen»

«La nueva ley estatal fija poco más o menos que, en principio, todos los servicios que no presten los ayuntamientos pasen a prestarlos las diputaciones. Y eso, en Galicia, no va a ser así. [...] No vamos a consentir una relación directa y única entre los ayuntamientos y las diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos». Habla de esa manera, sin ambages, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alto cargo del mismo PP que ha redactado en Madrid la ley a la que alude con reproche: la de la reforma local, un texto que estas semanas enfila ya la recta de su aprobación definitiva. Para «corregir» varios de sus aspectos, él prepara en Galicia una especie de contrarreforma. En el punto de mira, el desmedido poder de los entes provinciales y el pobre fomento de las fusiones municipales que emanan de la citada norma estatal.

A la vuelta de las Navidades, el Gobierno autónomo planea iniciar el proceso para modificar la Lei de Administración Local de Galicia, la cual data de julio de 1997. Transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigor, ya tocaba darle una vuelta, máxime después del cambio de marco legal promovido por la Moncloa. Pero, al margen de adaptarla a los tiempos, el Ejecutivo pretende aprovechar la coyuntura para, dentro de sus competencias, invalidar de facto, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa marco que no le terminan de convencer, que son varios. «Vamos a explotar el margen de maniobra que deja la ley española -enuncia Rueda su propósito- para cerrar mejor algunas cosas».

Nuevo mapa de servicios

Entre otras cuestiones, con su propia reforma la Xunta acotará el papel de las diputaciones por la vía de implantar un nuevo mapa de los servicios básicos «que establezca claramente quién tiene que hacerse cargo de cada uno y quién debe pagarlo», si la Administración autonómica, la provincial o la municipal. Además, fracasada su cruzada para que Madrid forzase a ciertos ayuntamientos pequeños a unirse entre ellos, «blindará» mecanismos económicos y financieros que incentiven «al máximo» fusiones como la de Oza dos Ríos y Cesuras, materializada en junio de este año tras casi medio siglo sin matrimonios entre concellos.

Por aquello de no jugar con las cartas marcadas, sin embargo, el número dos de Feijoo no quiere ir mucho más allá en este tema de momento. No en vano, para el cambio legal que proyecta acometer beberá también de las ideas surgidas en el seno de una comisión creada en el Parlamento para diagnosticar el estado de la planta local gallega. Un grupo de trabajo cuya labor ya ha terminado, si bien sus conclusiones todavía no han sido divulgadas. De ahí parte de las reservas del vicepresidente.
Esta tarea, que probablemente abra a la Xunta un nuevo frente con los presidentes provinciales, es la primera que Rueda ha puesto sobre la mesa de su flamante director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, quien ayer tomó posesión de un cargo en el que sustituye a Norberto Uzal. «Chegas nun momento especialmente interesante, con moitos cambios por facer», le advirtió en el transcurso del acto.

Los alcaldes llaman a movilizarse contra la reforma local el jueves 12 de diciembre


La Comisión de Alcaldes, plataforma integrada por ediles de partidos contrarios a la reforma local, ha llamado hoy a los ciudadanos a manifestarse el próximo jueves día 12 delante de sus ayuntamientos contra una norma que consideran "privatizadora y recentralizadora".

Los alcaldes llaman a movilizarse contra la reforma local por "privatizadora" En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, Abel Caballero, alcalde de Vigo por el PSOE y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha pedido a los ciudadanos que se sumen a las protestas para tumbar una ley que "tiñe de luto los municipios españoles".
Ha afirmado que se trata del "mayor retroceso para el municipalismo que nadie nunca pudo haber imaginado", y ha añadido que, aunque no se pronuncien públicamente, gran parte de los alcaldes del PP también rechazan la reforma.
Para Caballero, la reforma local "va en contra de los tiempos, de la modernidad", y va también contra los ayuntamientos, que suponen "el primer puente de la democracia" y quienes proporcionan "diálogo inmediato y cercano" a los ciudadanos.

"Miles de ayuntamientos perderán su capacidad de actuar" al quedar "cercenados" delante de los ciudadanos que les votaron, ha manifestado.

Además, ha rechazado el argumento del ahorro porque los ayuntamientos son entidades saneadas, ha dicho, la mayoría con superávit y que van a cumplir con su objetivo de déficit.

Junto a Caballero han comparecido otros alcaldes contrarios a la reforma, como José Masa (IU), alcalde de Rivas Vaciamadrid, que ha señalado que es importante que sean los ciudadanos quienes den respuesta en la calle a la reforma local.

Ha afirmado que se trata de una ley "injusta y regresiva", y ha criticado que el Gobierno no reforme otras administraciones que presentan mayor deuda, ya que la de los ayuntamientos, ha dicho, solo supone el 10 % del total de la deuda pública.

Masa ha precisado que, aunque en la rueda de prensa de hoy no han participado representantes de CiU, Coalición Canaria y Compromís, estos partidos apoyan la protesta y participarán en ella.
Para Miguel Jaime (Xunta Aragonesista), alcalde de la localidad aragonesa de Longares, la norma "maltrata a los ayuntamientos y atenta contra la autonomía local", mientras que Jordi San José (ICV), alcalde de Sant Feliu de Llobregat, ha afirmado que "cuestiona y lamina" la organización descentralizada del Estado.

Por su parte, Jordi Ballart (PSC), alcalde de Terrasa, ha pedido al PP que "escuche al Parlamento, abra los ojos y rectifique en pro de la democracia".

El acto también ha contado con la presencia de Antonio Martín, presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), cuya organización se suma a la movilización del día 12 contra una ley que consideran "nefasta".

Ha afirmado que el PP pretende que las entidades locales menores sean "los paganos de las reformas" y ha negado que vaya a haber ahorro ya que, según él, la deuda de estas administraciones no supera los 10 millones de euros.

Tanto Martín como Abel Caballero se han mostrado escépticos al ser preguntados sobre si esperan que el trámite parlamentario que aún tiene que recorrer el proyecto de ley sirva para mejorar la norma.

Martín ha admitido que hasta ahora, y a pesar de las manifestaciones y los contactos con los partidos, se ha logrado "muy poco avance", mientras que Caballero ha señalado que con cada nuevo trámite "el proyecto se endurece y se empeora".

Ambos se han mostrado partidarios de derogar la ley cuando las mayorías parlamentarias lo permitan.
En el acto también estaba presente el diputado socialista Gaspar Zarrías, que este fin de semana anunció que el PSOE apoyaba estas movilizaciones convocadas frente a los ayuntamientos de todo el país.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Concentraciones ciudadanas contra la reforma local el próximo jueves 12 a las 12h frente a los Ayuntamientos


Jueves 12 de diciembre:  Concentraciones de protesta de ciudadanía, cargos públicos y trabajadores municipales a las 12h de la mañana frente del 12 de diciembre frente a todos los Ayuntamientos del país.

Animamos al conjunto de la ciudanía contraria al desmantelamiento de los servicios públicos y los derechos políticos y sociales a salir a la calle y movilizarse en el ejercicio de rebelión democrática que necesitamos. No a la reforma local, no a los recortes; por unos pueblos y ciudades vivos, por la democracia local y los servicios públicos.

Convoca: Asamblea de alcaldes y alcaldesas contra la reforma local (PSOE, IU...) y Cumbre Social (CCOO, UGT, Asociaciones de Vecinos...).

lunes, 2 de diciembre de 2013

Reforma local: "Última vuelta de tuerca" por R.J. Asensio

Por Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional. 1 de diciembre de 2013

“La reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el período 2104-2019, siendo el mayor ahorro esperado en 2015 (5.127 millones de euros en términos de incremento anual)” (Plan Presupuestario para 2014, remitido por el Gobierno a Bruselas el 17 de octubre de 2013).

 
Tras una expeditiva tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local se encuentra en el Senado, penúltima fase de su tramitación, antes de pasar de nuevo al Congreso para que las enmiendas aprobadas en la segunda cámara sean ratificadas por la cámara “baja”. Consumados estos trámites, será publicada en el BOE antes en todo caso de que acabe el año 2013.
En unas pocas semanas, por tanto, este poco edificante proceso de reforma de la administración local, que ha durado casi dos años, llegará a su fin. A partir de entonces, la Ley entrará en vigor. Una vez publicado el texto, se impone su análisis sosegado y, sobre todo, la valoración de impactos inmediatos, mediatos y a largo plazo que una reforma de tal calado dibuja en el horizonte de nuestros gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y entes equivalentes, así como entes instrumentales, entre otros). Algo profundo comienza a cambiar en mundo local, aunque no pocos de sus efectos (precisamente algunos de los más traumáticos) se dilatarán bastante en el tiempo: la técnica del “aplazamiento” o de los “compromisos dilatorios” se ha impuesto; la política “se arruga”. Las competencias autonómicas tampoco permanecerán ajenas a este proceso.
La hora de los lamentos, críticas o quejas, actitudes lógicas en el proceso de formación de la Ley (que debería ser, por esencia, deliberativo), ha de dejar el paso, tal como decimos, al momento del análisis y la valoración adecuada a cada caso. Habrá recursos de inconstitucionalidad y censuras o aplausos doctrinales. Pero llega el momento aplicativo. No en vano, como venimos anunciando, esta es una Ley (ya se puede hablar en estos términos) que se basa en una aplicabilidad “diferenciada” en función del tipo de entidad, con dos elementos centrales en la identificación de sus impactos: ajuste institucional, por un lado, y equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, por otro. En verdad, el segundo elemento (equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera) condiciona en buena medida al primero (ajuste institucional). Tiempo habrá de comprobarlo.
Pero ahora lo que interesa en este comentario es únicamente señalar telegráficamente  cuáles son las modificaciones que, casi con total seguridad, se incorporarán en el Senado al texto del proyecto. No es muy difícil advertirlo, puesto que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una batería de 27 enmiendas que, salvo sorpresas de última hora, se insertarán en el texto definitivo de la futura Ley. Algunas de estas enmiendas son transcendentales. Y, por tanto, al menos conviene conocer las más relevantes. Veamos.

1.- El Congreso de los Diputados incorporó vía enmienda un nuevo apartado 6 al artículo 25.2 de la LBRL (competencias municipios). Pues bien, este se pretende suprimir de nuevo en el Senado (ya una enmienda de supresión). Sus consecuencias son letales: se vuelve a la concepción inicial (absurda y dudosamente constitucional) de que los municipios (a diferencia de las provincias) sólo pueden ejercer aquellas competencias propias tasadas por el legislador básico de régimen local, pretendiendo dejar sin margen de maniobra alguno al legislador autonómico en ámbitos de sus propias competencias y queriendo transformar la ley de bases en una norma atributiva de competencias a las Comunidades Autónomas que se coloca por encima de los propios Estatutos de Autonomía.

2.- Se modifica sustancialmente el artículo 26.2 LBRL, reforzando las funciones de coordinación de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, prescindiendo (lo que es mucho prescindir) del acuerdo del municipio afectado para elevar la propuesta al Ministerio de Hacienda (dejémoslo en lo que es) sobre la gestión compartida o por la propia Diputación de los servicios mínimos obligatorios en aquellos casos en que el municipio los preste a un coste efectivo superior. El Ministerio (con olvido palmario del sentido constitucional del principio de autonomía local) decidirá la fórmula de gestión más adecuada para prestar esos servicios a un coste efectivo menor en aquellos municipios que puedan verse afectados por la propuesta. Vuelve el texto a sus orígenes duros, mostrando cierta indiferencia a las claras y contundentes observaciones que en su día formulara el Consejo de Estado. En línea con lo anterior se modifica también la modificación (y no es un juego de palabras) que se introdujo al artículo 27 LBRL (delegaciones) en el Congreso.

3.- En lo que afecta a medidas relacionadas con el sistema político local y con la organización institucional, se recogen varias enmiendas en esta dirección. No son muy relevantes, pero algún impacto pueden tener. Se agrupan en una horquilla de 1.000 a 5.000 habitantes las retribuciones máximas de los electos locales. En lo que afecta al personal eventual, se admite que los municipios que tengan una población entre 2.000 y 5.000 habitantes dispongan de una persona con esa vinculación jurídica si no tuvieran corporativos con dedicación exclusiva. Asimismo, el personal eventual deberá estar adscrito a “servicios generales” y no a ámbitos sectoriales, salvo que así lo prevea excepcionalmente el Reglamento Orgánico. Se propone la supresión de la disposición transitoria octava relacionada con el personal eventual. Hay también algunas modificaciones del régimen de habilitados nacionales, la más relevante tal vez sea que la “gestión tributaria” no será materia reservada a la subescala de intervención y tesorería.

4.- Transcendentes son algunos cambios, puntuales pero importantes, que se han introducido en la disposición adicional novena LBRL (“redimensionamiento del sector público instrumental), que requieren un análisis individualizado, pero que tienen un denominador común: eliminar algunas consecuencias duras del texto en algunos casos y aplazar determinadas decisiones, siempre que converjan algunas circunstancias. Por ejemplo, se atenúa “el estrangulamiento” de algunas entidades instrumentales en aquellos casos en que el ayuntamiento matriz tenga Plan de Ajuste, dado que se permiten excepcionalmente realizar aportaciones patrimoniales a las empresas y EPES sí en el último ejercicio presupuestario la administración matriz ha cumplido con los requerimientos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y cumple asimismo con la ley de morosidad en el pago a proveedores. Por otra parte, se aplazan las fatídicas fechas de desmantelamiento de entidades instrumentales SEC-95 que se dediquen a actividades económicas, ya sea como consecuencia de los desequilibrios financieros o derivadas de si forman parte de un holding empresarial local, siempre y cuando tales empresas tengan como objeto alguno de los siguientes ámbitos: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. La conjunción de la complejidad del proceso de disolución y liquidación de estas entidades, la fecha de elecciones locales en mayo de 2015 y las presiones del “lobby” empresarial local, han conseguido descafeinar algunos de los aspectos duros de la regulación inicialmente propuesta.

5.- Interés especial puede tener la reformulación de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de Racionalización (transferencias de competencias en materias de centros de salud y de servicios sociales a las Comunidades Autónomas). De prosperar estas enmiendas tal como han quedado redactadas, parece que se quiere dar a entender que esas “transferencias de competencias” no se harían efectivas antes de que se aprobara la normativa que regule la financiación autonómica y local, pues –aunque se mantienen los plazos- se condiciona su efectividad a lo que se prevea “de acuerdo” o “en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”: ¿Otro aplazamiento motivado por presiones de distinto signo? Cuando menos, confuso. Más grave aún cuando los temas que se dirimen son de tanta importancia estructural y con afectaciones tan directas a la ciudadanía.

6.- Se pretende incorporar una disposición final nueva a la Ley de Racionalización (la cuarta), mediante la cual se reconoce que, excepcionalmente, los municipios que dispongan de patrimonio público del suelo podrán destinarlo a reducir deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan las exigencias previstas de forma acumulativa en tal norma.

En fin, aparte de otras cuestiones puntuales que también se enmiendan (consorcios, asociaciones de entidades locales y creación de centrales de compra, régimen foral, etc.), las más sustantivas con carácter general son las expuestas. Dado que han sido presentadas por el Grupo Popular es más que previsble que, si no todas, la inmensa mayoría terminen reflejándose definitivamente en el texto de la Ley. Por eso conviene tener presente que, al menos algunas de ellas, suponen un cambio cualitativo del proyecto aprobado en el Congreso, mientras que otras –en la línea ya marcada en la Cámara baja- se “aplazan” para evitar las consecuencias traumáticas siempre temidas por una política de vuelo bajo cuando se aproximan las fechas de convocatoria de las elecciones locales (mayo de 2015) o las legislativas (noviembre de 2015). De lo que ocurra en ambos procesos electorales finalmente dependerá en buena medida cuál será el futuro real de esta reforma local, sobre todo de sus efectos mediatos que, en algunos casos, son muy importantes, puesto que afectan a la cartera de servicios locales y al mantenimiento de entes instrumentales, dos fuentes importantes de “los ahorros” previstos, como ahora veremos.

Pero, en efecto, uno de los elementos claves de todo este proceso está –tal como expuso magistralmente el profesor Embid Irujo en una reciente conferencia- en los pretendidos ahorros que todo este proceso de reforma alcance. Y, en este sentido, algún responsable del Ministerio de Hacienda deberá explicar a la Comisión Europea cómo se van a ahorrar, tras estas enmiendas de aplazamiento aprobadas por el Congreso y las que se aprobarán en el Senado, los más de 6.200 millones de euros en los años 2014 y 2015 (1.145 en 2014 y 5.127 en 2015), que están previstos en el Plan Presupuestario para 2014, enviado a Bruselas con fecha de 17 de octubre de 2013. Tal vez convenga explicarles a los funcionarios comunitarios que las Cortes Generales, mediante oscuros “juegos de manos”, han cambiado en pocas semanas “la firme” voluntad del Ministerio (expresada el 15 de octubre de este año) de ahorrar esas cantidades en los períodos previstos, aplazándolas muchas de ellas a 2016.

Y luego pretenderán que despertemos confianza y nos tomen en serio. Si alguien no “lo enmienda” en el último minuto, más que de hacer “juegos de manos”, en las instituciones europeas nos ganaremos fama de “trileros”. Que alguien del Gobierno central ponga un poco de cordura y de coherencia entre lo que “venden” a Europa y lo que “hacen” en este país llamado España. Tal vez así nos ganemos algo el respeto institucional y la confianza tanto de la Unión Europea y de sus países miembros como de los inversores. Que falta nos hace.

El PP introducirá esta semana sus últimos cambios en la reforma local mientras sigue negociando con CiU

El PP introducirá esta semana sus últimas modificaciones en la reforma de la Administración Local, a través de las 26 enmiendas parciales presentadas por su formación en el Senado, que serán analizadas y con toda seguridad aprobadas por la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Baja. 

El PP introducirá esta semana sus últimos cambios en la reforma local mientras sigue negociando con CiUNo obstante, el PP no descarta llegar a un acuerdo con CiU sobre la aplicación de la norma en Cataluña a cambio de sumar su apoyo. Los nacionalistas catalanes han vuelto a pedir a través de una de sus enmiendas que se reconozca la "singularidad del sistema institucional" de Cataluña y prevalezca su ley autonómica sobre la estatal a la hora de aplicar la nueva norma. Ambas formaciones han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar hasta el final.
Al margen de la negociación con los nacionalistas catalanes, los 'populares' también podrían aceptar algunas enmiendas propuestas por aquellas formaciones que han acabado dando su apoyo a la ley del Gobierno, como UPN o PNV.

PATRIMONIO DE SUELO PARA REDUCIR DEUDA

Entre las modificaciones propuestas por el PP, que con total seguridad de plasmarán en el texto dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta, destaca, por ejemplo, la que dará la posibilidad a los ayuntamientos de que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y deberán reponer el importe en un plazo máximo de diez años.

Asimismo, proponen que las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que quieran constituir un lugar de culto deberán "acreditar" su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, que tendrá que ser "emitido al efecto" e incluir la ubicación del centro. A partir de este paso, se seguirá lo previsto en la ley de bases, incluida la concesión de la licencia urbanística que corresponda.
Además, con otras dos enmiendas el PP vincula el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.

421 ENMIENDAS Y SIETE VETOS DE LA OPOSICIÓN

Además de los cambios propuestos por el PP, los grupos de la oposición han registrado 421 enmiendas parciales más, así como siete vetos, que deberán ser estudiados, en primer lugar, por la ponencia designada para ello, que se reunirá el lunes, y a continuación, por la citada Comisión, convocada para este martes.
En este nuevo trámite, el PSOE ha vuelto a poner de manifiesto su rechazo frontal a la norma, en esta ocasión, a través de un veto y 47 enmiendas parciales, todas ellas de supresión, al igual ya hicieron en el Congreso. De este modo, los socialistas pretenden poner de manifiesto que es preciso volver a empezar a negociar desde cero porque la norma, tal y como está redactada, es "una sentencia de muerte al municipalismo" que no se arregla "con chapa y pintura".

El resto de formaciones que han presentado vetos son CiU, PSC, ICV, IU, ERC, Amaiur, al considerar que la norma es antidemocrática y e invasiva con la autonomía tanto local como autonómica. "Con esta reforma local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno", señala IU en el texto de su veto.

jueves, 21 de noviembre de 2013

Calendario frente a la reforma local

Actualizamos aquí el calendario frente a la reforma local:



Jueves 12 de diciembre:  Concentraciones de protesta de ciudadanía, cargos públicos y trabajadores municipales a las 12h de la mañana frente del 12 de diciembre frente a todos los Ayuntamientos del país.

Lunes 16 de diciembre: Votación en el Senado del proyecto de ley de reforma local (PLRSAL). Concentración ciudadana frente al Senado a las 12h contra la aprobación de la reforma.

Jueves 19 de diciembre: Posible votación definitiva en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de reforma local (PLRSAL). Concentraciones ciudadanas frente a las Diputaciones o Delegaciones de Gobierno (por concretar)

Animamos al conjunto de la ciudanía contraria al desmantelamiento de los servicios públicos y los derechos políticos y sociales a salir a la calle y movilizarse en el ejercicio de rebelión democrática que necesitamos. No a la reforma local, no a los recortes; por unos pueblos y ciudades vivos, por la democracia local y los servicios públicos.

martes, 12 de noviembre de 2013

Compromiso Social inicia una campaña de movilizaciones contra la reforma de la administración local


La Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía inicia una campaña de movilizaciones contra los contenidos negativos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Según la secretaria de Empleo de CCOO Andalucía, Nuria López, "la primera movilización consistirá en cadenas humanas que rodearán los distintos Ayuntamientos de Andalucía y que simbolizarán la defensa del papel tan importante que juegan estas administraciones para la ciudadanía". Con estas movilizaciones, la Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía, de la que es miembro CCOO, quiere expresar el rechazo a los contenidos de la reforma que el Gobierno central pretende imponer a toda la sociedad andaluza.
Imagen de la campaña de movilizacionesImagen de la campaña de movilizaciones
El ataque frontal de esta reforma a la vida de los municipios, a sus vecinos y vecinas y a los servicios públicos que éstos gestionan, hace que el conjunto de la sociedad civil organizada de Andalucía, integrada en Compromiso Social y las fuerzas políticas con representación municipal, PSOE, IU y PA,  “hace que coincidamos en la necesidad de rechazar esta reforma”.

Para la Plataforma ‘Compromiso Social para Andalucía’ es imprescindible la necesidad de reforzar el municipalismo y potenciar el importante papel de los Ayuntamientos y los servicios que los mismos prestan a la ciudadanía andaluza. Por este motivo, “el 13 de noviembre, a las 17:30 horas, se han convocado concentraciones en todas los Ayuntamientos de Andalucía, para mostrar el rechazo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local propuesto por el Gobierno central y que, de llevarse a cabo, supondrá un duro golpe social y económico para los ciudadanos y ciudadanas de todos los municipios andaluces”.

"Reforma local: "penúltimas" modificaciones", por R.J. Asensio

(Competencias municipales, cambios institucionales y aplazamientos de determinados mandatos)

por R. Jiménez Asensio, Catedrático de Derecho Constitucional. 8 de noviembre.

“En los Estados en los que se destruye la vida local (…) en la capital se agrupan todos los intereses, allí se ve agitarse a todas las pasiones. El resto queda inmóvil” (B. Constant, Principios de Política)

El Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya está en el Senado. Su trámite en el Congreso, en Comisión con competencias legislativas plenas, ha sido expeditivo. El debate de las enmiendas a la totalidad (de una pobreza supina, se mire por donde se mire) tuvo lugar el 17 de octubre. A finales de este mes ya se habían “examinado” en Comisión (y rechazado la inmensa mayoría) las más de 400 enmiendas planteadas al articulado. El Parlamento como órgano de deliberación está en horas bajas.
Se puede afirmar con escaso margen de error que esa Ley de “Reforma Local” estará en el Boletín Oficial del Estado antes de fin de año. Es más, probablemente sea un “regalo de navidad” que quiere ofrecer el Gobierno a las entidades locales, a sus equipos de gobierno y al personal a su servicio. También a los siempre olvidados ciudadanos. Pues no cabe ninguna duda que, con el inicio del año 2014, una vez publicada la Ley en el BOE, se multiplicarán los nervios y se “despertarán” todos aquellos (que son legión) que todavía no lo han hecho. La Ley citada cambiará muchas cosas ya desde el 1 de enero de 2014 y convendría que quienes han de gobernar en ese contexto o quienes han de aplicar sus mandatos se “pongan inmediatamente las pilas” para identificar, al menos, lo que se les viene encima y cómo preparar la organización para los nuevos retos (con esa finalidad hemos preparado unos programas que persiguen ayudar a los gobiernos locales en esos objetivos).

Pero no es objeto de estas líneas tratar tales impactos ni tampoco diseñar estrategias para afrontarlos, así como tampoco redefinir (tarea importantísima) el marco institucional en el que las entidades locales desarrollarán sus funciones en el futuro. Tiempo habrá de hacer tal planteamiento, además aplicado a los distintos tipos de entidades locales a los que la Ley afecta: entidades locales menores, municipios (según umbrales de población), diputaciones provinciales y “entidades equivalentes”, comarcas, mancomunidades, consorcios o demás entes instrumentales del sector público local, áreas metropolitanas, etc. Esta Ley, curiosa e inconscientemente, ha roto en pedazos el tratamiento uniforme del régimen local, llevando a cabo una aplicación, contingente y desordenada, del “principio de diferenciación” como eje que se proyecta transversalmente en todo su articulado.

En este comentario solo se pretende poner de relieve cuáles han sido algunas de las novedades más importantes que se han incorporado al texto del Proyecto en el trámite del Congreso de los Diputados. Su análisis puntual y pormenorizado no puede hacerse aquí. Pero al menos dejar noticia. Veamos cuáles son algunas de estas novedades:

1) Novedad relevante ha sido la incorporación de un nuevo punto 6 al artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local. Reconoce lo que era obvio: que las CCAA pueden atribuir competencias propias a los municipios en materias que son de su competencia, pero con una importante precisión: esa atribución sólo se podrá hacer “en materias distintas a las previstas en el apartado 2” . Por consiguiente, si un ámbito material está regulado en el listado del artículo 25.2 LBRL su “acotamiento material” impide a las CCAA ir más allá de lo establecido en ese listado (por ejemplo, servicios sociales: “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”). Esta nueva regulación tiene sesgo evidente de inconstitucionalidad, pues admite lo obvio (que las CCAA puedan legislar sobre materias que tienen competencia) y niega lo evidente (que lo puedan hacer sobre determinados ámbitos que el legislador básico acota materialmente a pesar de que estatutariamente tengan título competencial para ello). Esa previsión ayuda, bien es cierto, a que los municipios, siempre que lo considere oportuno el legislador autonómico, puedan tener competencias propias sobre ámbitos no recogidos en ese artículo (por ejemplo, comercio no ambulante, turismo, promoción económica y empleo, consumo, etc.). Tal modo de actuar podría además dejar vacía la pretensión de poner en tela de juicio las “competencias distintas de las propias” (una de las obsesiones del Proyecto), pues las CCAA en aquellos supuestos no citados en ese artículo 25.2 (siempre que tengan competencias al efecto) pueden atribuir como propios esos ámbitos materiales a los municipios y reconocerles determinadas funciones o potestades sobre los mismos. Sorprende, sin duda, que la anomia del ámbito “sanidad” del artículo 25.2 (no cabe encajar “salubridad pública” en una actividad netamente prestacional) conlleve que las CCAA puedan atribuir competencias en esa materia, máxime cuando –de ser correcta esta interpretación- se podría desactivar toda la operación prevista en la disposición transitoria primera de la Ley de Racionalización. Incoherente. Las prisas no ayudan.

2) Novedades muy importantes, pero que requerirían un análisis detallado y sobre todo singular, que aquí no puede hacerse por la vocación de generalidad de estas reflexiones, son todas las cuestiones que afectan a la posición institucional de los Territorios Históricos Vascos en el sistema de aplicación de esta Ley en la Comunidad Autónoma de Euskadi. La modificación profunda de la disposición adicional segunda de la LBRL, la modificación asimismo de la disposición adicional octava de la Ley de Haciendas Locales y, en fin, la introducción de una serie de disposiciones adicionales (primera y decimosexta) al Proyecto de Racionalización, conforman un complejo marco normativo que, de acuerdo con la conexión directa e indirecta con el régimen financiero especial derivado del Concierto Económico (y con la disposición adicional primera de la CE), se orienta decididamente a dotar de un amplio margen foral de actuación en la definición y aplicación de algunas medidas críticas del propio texto del Proyecto. El sistema de gobierno local en Euskadi adquiere, a partir de esta Ley, fuertes tintes “forales” y “confederales” (más aún en estos momentos en los que las Diputaciones Forales están gobernadas por tres partidos políticos distintos: PNV, Bildu y PP), aunque cabe sin duda subrayar que tanto la singularidad como el margen de autogobierno de tales instituciones forales sobre las entidades locales vascas se amplifica de forma notable.

3) Con algún precedente puntual en el Real Decreto Ley 8/2013, el Proyecto incorpora una disposición adicional decimosexta (de enunciado equívoco) que altera profundamente el sistema institucional del gobierno local hasta el punto de hurtar del conocimiento del Pleno de la entidad local determinados asuntos en circunstancias concretas. En efecto, la Junta de Gobierno podrá aprobar (en los términos y supuestos que allí se expresan) los Presupuestos Municipales, el Plan de Ajuste, el Plan Económico-Financiero y la entrada de la entidad local a las medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez. Una reforma institucional de profundidad enorme que supuestamente se pretenderá justificar en la necesidad de salvaguardar la sostenibilidad financiera de las entidades locales, pero que rompe el esquema tradicional de reparto de funciones entre Pleno y Junta de Gobierno, permitiendo que las “minorías” (a veces “absolutas”) sorteen los obstáculos que la “mayoría” ponga a esas medidas de reequilibrio financiero. Pero la atribución universal de la aprobación de los Presupuestos prorrogados por la Junta de Gobierno de la entidad local tiene difícil encaje en esa pretendida causa justificante. Se debería realizar una reflexión profunda de estas consecuencias. La estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera son sin duda muy importantes, y debe hacerse todo lo posible porque no se vulneren los principios y reglas de ese marco normativo, pero no a costa del principio democrático y de las reglas básicas que conforman el ADN de nuestro sistema institucional. No obstante, con las prisas se les ha olvidado extender tal prerrogativa extraordinaria a las Ordenanzas Fiscales, aunque ello pueda ser coherente con el viejo aforismo inglés (no taxation without representation). Esa omisión no dejará de plantear problemas.

4) La modificación de la disposición transitoria segunda del Proyecto, en materia de transferencias de servicios sociales a las Comunidades Autónomas, es sin duda una de las más importantes. El legislador “se ha dado cuenta” de que desmantelar los servicios sociales municipales (o provinciales, que se han introducido ahora) pocos meses antes de las elecciones municipales, era un suicidio político. Y, por tanto, se aplaza esa transferencia hasta el plazo máximo del 31 de diciembre de 2015, momento en el cual –se dice- “las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de la competencia”. La inconstitucionalidad de este inciso es obvia. En ese ínterin, desde la entrada en vigor de la Ley y la efectividad plena de tal transferencia (¿alguien en su sano juicio ha pensado en el “lío” que supondrá transferir esas competencias de miles de municipios a las CCAA?), cabe presumir que los gobiernos autonómicos deberán iniciar un plan de evaluación, reestructuración e implantación de tales servicios en el territorio, que sería plenamente aplicable a partir de 1 de enero de 2016. Se rebaja la presión inmediata sobre la cartera de servicios sociales municipales a corto plazo, pero no se despeja ninguna de las incógnitas que estaban presentes. En un duro marco de crisis económica como el que estamos viviendo, esta es una materia enormemente sensible sobre la que se deberá operar con un cuidado exquisito. Un mal paso en una mala dirección (y el Proyecto camina por esa senda) que puede tener efectos letales no solo para el sistema de prestaciones sino para la propia legitimidad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

5) También se ha incorporado una disposición transitoria undécima al Proyecto, en virtud de la cual se aplazan para después de las elecciones locales la aplicabilidad de las medidas relativas a las limitaciones de representantes locales con dedicación exclusiva y del personal eventual, siempre que las entidades locales cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y además acrediten determinadas exigencias en el pago a proveedores (morosidad). Si su entidad local es “buena”, “papa Estado” no le castigará. Leyes de aplicación variable en función de herencias recibidas. Soluciones injustas.
6) En el régimen transitorio de los Consorcios también se aplaza a un año (y no seis meses) el proceso de adaptación de sus Estatutos al nuevo régimen jurídico que prevé la Ley en su disposición final segunda (modificando la Ley 30/1992) y a dos años para la adopción de las medidas traumáticas relativas al personal propio de tales Consorcios (esto es, de aquellos que no sean funcionarios o laborales de alguna de las entidades consorciadas).
Hay algunas otras modificaciones que se han introducido en la tramitación del proyecto en el Congreso de los Diputados (mancomunidades, competencias diputaciones, etc.), pero las comentadas son algunas de las más importantes. Si hay algún hilo conductor que las caracteriza (al menos a buena parte de ellas) es que se pretenden aplazar algunos problemas o “patatas calientes” para después de las elecciones municipales de mayo de 2015, con la finalidad de que los actuales alcaldes (sean del color que fueren) no padezcan en sus propias carnes la pérdida de respaldo ciudadano como consecuencia del desmantelamiento de los servicios sociales municipales o de la adopción de determinadas medidas traumáticas. Existe igualmente un conjunto de medidas que su única explicación es eliminar algunas de las aristas más serias del modelo, pero todavía quedan algunas previsiones con enorme potencial destructivo (planes económico-financieros, redimensionamiento del sector público instrumental local, etc.), que tal vez se pretendan retocar o suprimir en el trámite en el Congreso.

La dureza del viejo “ALRSAL” se ha ido limando en algunos casos. En otros se ha producido un cambio de modelo institucional improvisado en pocas horas. Hay aspectos que se han modificado por presiones “corporativas” o “políticas”. Veremos qué nos depara el paso de la Ley por el Senado. En poco más de un mes y medio, el Boletín Oficial del Estado habrá publicado la manida y aireada reforma local. Empezará el momento aplicativo. Tal vez convenga ir preparándose para el día después. Al menos para evitar que a más de uno (políticos, directivos o empleados públicos) se le atraganten las uvas o se despierte el día 1 de enero de 2014 con un mal sueño.

miércoles, 30 de octubre de 2013

Manifiesto vecinal por la democracia local y los derechos sociales

El Gobierno del Estado pretende una nueva agresión a la ciudadanía con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los Ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979 la Administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las carestías de los más necesitados.

Y ahora, cuando peor lo está pasando la sociedad, bajo unos supuestos criterios económicos a pesar de que la deuda de la Administración local apenas alcance el 4%, se pretende suprimir la autonomía local, dejando vacío de contenido la labor municipal y convirtiendo a los Ayuntamientos en un apéndice de los gobiernos central y autonómico, siendo ello el culmen de un proceso de su marginación política y degradación y provocando que la ciudadanía siga perdiendo derechos adquiridos con el esfuerzo de la democracia, y todo sobre la base de una fuerte imposición ideológica del Gobierno que hace caminar hacia a una sociedad menos democrática y menos solidaria.

Y no nos negamos a la racionalización de la Administración Pública pero justo en el sentido contrario de lo que se propone ya que los Ayuntamientos necesitan más recursos y más competencias financiadas, y, por supuesto, más participación ciudadana, que permita mejorar la democracia local, como fundamento principal de la cogestión social.

Por ello estamos en contra de:

1.- La reducción de competencias municipales que debilita la autonomía municipal.

2.- La relegación a los Ayuntamientos a meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política y democrática.

3.- El fomento de la fusión de municipios sin tener criterios de identidad, sino económicos, y sin tener en cuenta la voluntad del vecindario que los habita.

4.- La desregularización en el ámbito municipal de la actividad económica.

5.- La transferencia de servicios básicos a las Comunidades Autónomas, alejándolos del destinatario, promoviendo su privatización, fomentando criterios economicistas que van en detrimento de los derechos sociales adquiridos.

6.- La pérdida de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, como son los de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de las vías que va a marcar aún más la diferencia entre los ámbitos más urbanos y los rurales, ya desfavorecidos éstos por sistema.

Frente a este nuevo ataque, las Asociaciones Vecinales, las organizaciones convocantes, y la ciudadanía, no nos quedamos impasibles porque está en juego la democracia más cercana a la gente, representada por los Ayuntamientos, reivindicando que sea el interés social el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado como ésta, por lo que hacemos un llamamiento al Gobierno para que proceda a la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y al diálogo con las fuerzas políticas, sociales y vecinales con el fin de buscar un consenso en las bases necesarias para su promulgación.

POR LA DEMOCRACIA LOCAL Y LOS DERECHOS SOCIALES

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales

lunes, 28 de octubre de 2013

Concentraciones el miércoles 30 frente a los Ayuntamientos contra la reforma local

Concentración No a la reforma local 30 octubre
Desde que en 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, han prestado servicios de importancia vital para garantizar los derechos de ciudadanía (educación infantil, atención a mayores y a personas migrantes...).

 En 2012 los ayuntamientos invirtieron más de 3.500 millones de euros en prestaciones que deberían asumir las autonomías. A pesar de ese enorme esfuerzo económico, la deuda de la administración local, incluidas las diputaciones provinciales apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de administraciones.

 La sostenibilidad económica no justifica, por tanto, la reforma local que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Nación. Una reforma que, entre otras, está dirigida a:
 Los ayuntamientos son la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de las personas más necesitadas.

 Por eso, las vecinas y vecinos de Madrid nos concentraremos en Cibeles contra este ataque al municipalismo y a los servicios de proximidad.

 A iniciativa del movimiento vecinal, este día habrá concentraciones, confirmadas por el momento, en Zaragoza, Valladolid, Toledo, Mieres y Elche.

miércoles, 23 de octubre de 2013

¡Que nos roban el pueblo!


reforma_local Eduardo Rojo / Pablo Fraile / andalucesdiario.es 19 oct 2013
 
“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500 habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más paro.

La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el Gobierno central considera “competencias impropias” de los ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación…  Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones, que salen fortalecidas con la reforma al asumir la coordinación de servicios básicos frente a la pérdida de poder de los ayuntamientos.

El 80% de los 771 municipios andaluces tiene menos de 20.000 habitantes. La reforma les obliga a suprimir servicios que hoy prestan desde la cercanía al ciudadano. Organizaciones políticas (PSOE e IU) y sindicales estiman que la reforma supondrá la destrucción de 40.000 empleos en Andalucía por la pérdida de competencias y privatizaciones de servicios. Las consecuencias pueden ser más graves en provincias como Granada, donde solo siete de sus 168 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Pero también a estos municipios les afecta la reforma. Así la ven algunos los alcaldes.
Noel López, alcalde de Maracena (Granada)
“La reforma local atenta contra la administración más cercana al ciudadano, nos roba la gestión directa de nuestros servicios, degrada la autonomía local al deslegitimar la representación democrática, retrotrae a los ayuntamientos a la etapa preconstitucional y supone una pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende la ley es privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos”, señala Noel López, alcalde socialista de Maracena (Granada). Su municipio, con 22.000 habitantes, perderá las competencias en fomento del empleo, educación, igualdad, salud, protección del medio ambiente, prestación de servicios sociales, juventud, cultura, movilidad… “Quedarán limitadas al cuidado de jardines, cementerio, mejora de calles”, explica.
Los programas educativos que tiene en marcha en su municipio, el Centro Municipal de Información a la Mujer, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Infantil Municipal, las mejoras de los centros educativos, su mantenimiento y limpieza, los programas de salud y de Juventud, el bus urbano y los servicios sociales peligran con la aplicación de esta reforma, relata. Asegura que peligra la Oficina Municipal de Información al Consumidor y el Centro Guadalinfo y que el Ayuntamiento “no podrá ofrecer ayudas al transporte o programas educativos ni subvencionar a asociaciones de carácter social, cultural, saludable, juvenil, de mayores”. También podrían desaparecer los programas de impulso para el comercio local, las campañas o acciones medioambientales, la formación para desempleados y el fomento de la contratación, pero sobre todo, el área de Servicios Sociales y todas las prestaciones que realiza el municipio en materia de dependencia, tratamiento familiar, programas de mayores, drogodependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia.
María Luisa Faneca, alcaldesa de Isla Cristina (Huelva)
“Nuestras competencias están en el aire”, protesta Mª Luisa Faneca, alcaldesa socialista de Isla Cristina (Huelva). Su Ayuntamiento hace frente a una población que roza los 22.000 habitantes y que, al ser un destino costero turístico, crece ampliamente durante los meses de verano. El consistorio teme que tras la aplicación de la reforma local su capacidad para asistir al ciudadanos cambie “de una manera drástica”. El municipio onubense cuenta con una cartera de servicios sociales que cuenta con programas específicos para el tratamiento de adicciones o enfermedades como Alzheimer, asistencia a familiares de enfermos de cáncer, una oficina de atención al inmigrante o educadores sociales. Cuando la reforma entre en vigor, se convertirán en competencias impropias. “Es un pueblo muy grande para no tener servicios sociales”, denuncia Faneca. “Podría perjudicar enormemente”.
No solo se trata de servicios sociales. La gestión administrativa también se complicará. Isla Cristina ofrece la realización de trámites en diferentes áreas que podría perder. “Una persona que tiene que tramitar una pensión se va a tener que ir a Huelva -a unos 50 kilómetros-”, asegura su alcaldesa.
Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia (Cádiz)
Como en la mayoría de casos, Medina Sidonia va mucho más allá  del catálogo de servicios sociales que consagra la ley. Con casi 12.000 habitantes, cuenta con un almacén municipal de alimentos -que ofrece productos básicos y de higiene a familias sin ingresos- y una oficina municipal de afectados por la crisis donde un equipos de abogados y técnicos atienden a personas con dificultades económicas. “¿Cómo nos van a exigir que esos servicios sean rentables?”, se pregunta su alcalde, Fernando Macías (IU), que cuestiona una ley que pone límites a una situación “ilimitada”.
El regidor también ve el fantasma de la privatización tras la norma. Actualmente, la empresa pública de aguas reinvierte sus beneficios en la comunidad. Pero la situación podría ser muy distinta. Macías teme que si llega a manos privadas, podrían producirse despidos encubiertos de empleados públicos y la factura del agua empezaría a comportarse como la de la luz: “Una empresa haría con el precio lo que creyera conveniente”. Asimismo, critica el papel que atribuye la norma a la Diputación: “Se cargan la democracia directa”.
Macías defiende la gestión municipal como una respuesta más rápida y cercana al ciudadano: “Sales a la calle, hablas con la gente y sabes lo que ocurre”. Y protesta por lo que considera una reforma que da la espalda a los ayuntamientos: “Es un ataque brutal a su línea de flotación”
Vanessa Polo, alcaldesa de Las Gabias (Granada) 
El municipio de Las Gabias (Granada), con 18.381 habitantes, atiende a 50 mujeres víctimas de malos tratos, cuyas parejas tienen orden de alejamiento. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la reforma, el Ayuntamiento no podrá prestar ese servicio. Su alcaldesa, Vanessa Polo (PSOE), considera que es necesaria una reforma que respete la autonomía local y resuelva la financiación de los ayuntamientos, pero no la que plantea el Gobierno del PP. “Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que van a dejar de recibir servicios públicos que prestamos desde el Ayuntamiento”, señala la regidora.
El municipio ofrece cada día un servicio de catering para mayores, del que se benefician 30 familias. “Ese servicio va a desaparecer, como el de integración sociocultural para menores con problemas de integración escolar, las ayudas o becas al estudio, el programa de arreglo de viviendas para mayores, el servicio de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento presta a las familias que más lo necesitan para casos urgentes o los programas culturales”, dice.
Para la alcaldesa, la reforma “sólo persigue la privatización de los servicios públicos. Explica que su Ayuntamiento gestiona de manera directa el servicio de recogida de basura, que realizan diez empleados municipales. “Con la nueva ley, el servicio va a ser gestionado por la Diputación, que lo va a privatizar y esos trabajadores serán despedidos”, señala. Considera que los vecinos de su municipio van a tener servicios de peor calidad y mucho más caros y asegura que la reforma puede dejar en la calle al 40% de la plantilla municipal.
José Luis del Río, alcalde de Olvera (Cádiz)
Entre los alcaldes, una idea recurrente. La redacción de la ley, sujeta a múltiples cambios a lo largo de su tramitación, no deja demasiado claro cómo acabaran los servicios municipales. “Estamos confundidos”, explica el alcalde de Olvera (8.500 habitantes), José Luis del Río (IU). “Me cuesta trabajo hacerme una idea clara de cómo a va a llegar a afectar en la práctica”.
No obstante, considera positivo que se debata el papel de los ayuntamientos. “Hay una idea sana en el principio”, dice, “en el debate competencial”. Para el alcalde de este municipio gaditano, la polémica en torno a la reforma local, entre la enmienda a la totalidad y la cerrazón del Gobierno, ha olvidado analizar otras competencias municipales. La Policía Local, por ejemplo, que se lleva hasta un 20% del presupuesto de la localidad. “Entiendo que es claramente una competencia que debería llevarla un órgano superior”, explica.
Elías Romero, alcalde de Santa Eufemia (Córdoba)
“Se trata de una ley que va a sacar a concurso la gestión de municipios de menos de 20.000 habitantes”, denuncia el primer edil de Santa Eufemia, Elías Romero (PSOE). El regidor teme por el futuro de la residencia de ancianos del municipio, que cuenta con apenas 1.000 habitantes. Actualmente, la ocupan alrededor de cuarenta usuarios y una treintena de empleados públicos trabajan en ella.
Romero cree que acabará en manos privadas, como muchos otros servicios, lo que repercutirá en subidas de precios y en la precarización de esos puestos de trabajo. El regidor ve una intención clara del Gobierno detrás de la ley. “Las constructoras se están dedicando a servicios sociales”, explica, “y van a tratar a las personas como si fuesen ladrillos”.
Romero considera que la reforma repercutirá muy negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. No solo por la privatización de servicios, también por el alejamiento del núcleo de poder. “En los pueblos pequeños nos conocemos todos y sabemos quién tiene necesidades”, denuncia. “Vamos a ser menos gestores que un diputado que no sabe ni dónde está Santa Eufemia”.
Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada)
El proyecto de ley es “demoledor” para los pequeños municipios, afirma Juan Francisco Torregrosa (PSOE), alcalde de Benamaurel (2.500 habitantes). Asegura que la reforma deja sin competencias a los municipios de menos de cinco mil habitantes y aleja la toma de decisiones de la ciudadanía. “En la práctica supondrá el cierre funcional de los ayuntamientos, que ahora son una especie de ventanilla única para los ciudadanos”, añade.

Asociaciones de vecinos y sindicatos llaman a rodear los Ayuntamientos el 30 de octubre frente a la reforma local


Es público, es tuyo, ¡sálvalo!Las federaciones de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y de Servicios Públicos de UGT se suman a la convocatoria de las asociaciones de vecinos para formar cadenas humanas en todos los ayuntamientos, el 30 de octubre a las 19 horas, y convocan a su afiliación y a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en ellas para mostrar su rechazo a la reforma de la Administración Local.

Es público, es tuyo, ¡sálvalo!

"Participa en la cadena humana. ¡Protege tu ayuntamiento!"

La Federación de Servicios Públicos de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO hacen un llamamiento a participar en las cadenas humanas que rodeen todos los ayuntamientos del país en la jornada convocada por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) para el próximo 30 de octubre como rechazo del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y bajo el lema “Defiende tu ayuntamiento: por la democracia local y los derechos sociales”.

CCOO y UGT comparten plenamente las reflexiones que se realizan desde el movimiento vecinal español cuando afirma, en el manifiesto que ha hecho público, que “los ayuntamientos han sido, desde su democratización en 1979, la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más necesitados”.

Las organizaciones sindicales vienen denunciando, como también denuncia el movimiento vecinal, que de aprobarse definitivamente el proyecto de ley en su actual redacción supondrá en muchos casos la pérdida de múltiples servicios públicos que sufrirá directamente la ciudadanía porque nadie los prestará, mientras que otros pasarán a ser privatizados (pudiendo ser disfrutados únicamente por quien los pueda pagar) que es el verdadero objetivo de la reforma. El proyecto de ley lleva además asociado la pérdida de empleo.

UGT y CCOO también comparten la reflexión que las asociaciones de vecinos realizan cuando afirman que “debe ser el interés de la ciudadanía el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado y de tal importancia como la que se pretende” y no supuestos intereses económicos en el corto plazo que ocultan en realidad el interés de acabar con el papel que las administraciones democráticas más cercanas a la ciudadanía vienen jugando, para hacer negocio con sus servicios públicos.

Por ello, ambos sindicatos hacen un llamamiento a difundir en todas las localidades y barrios la convocatoria y a participar en las mismas.

El próximo día 30 de octubre, a las 19:00 horas, acude a las puertas de tu ayuntamiento. Participa en la cadena humana. ¡Protege tu ayuntamiento!

Es público, es tuyo, ¡sálvalo!

miércoles, 16 de octubre de 2013

Conferencia en Sevilla sobre la democracia local el jueves 17 de octubre

Jornada “Ciudadanía activa; votar, compartir, participar"

Día y Hora: Jueves, 17 de octubre. 18:00-20:00.

LUGAR: Colegio Oficial de Abogados de Sevilla. C/ Chapineros (Sevilla).

PONENTES:
  • D. Manuel Zafra Víctor, profesor de Ciencia Política.
  • D. Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional.
Se tratará particularmente cómo la reforma de la Administración Local afecta a la democracia local.
 
Organiza la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local. Ver enlace.

martes, 15 de octubre de 2013

Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales

Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos

Los municipios gestionan más de 5.000 millones

 
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local retira a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes podrán hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. El resto, será competencia de la Administración autonómica.


Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.


“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.

El sector alerta de que esta ley pone en riesgo más de 30.000 empleos

El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).

De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.

Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.

Con información de María Fernández.