miércoles, 30 de octubre de 2013

Manifiesto vecinal por la democracia local y los derechos sociales

El Gobierno del Estado pretende una nueva agresión a la ciudadanía con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los Ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979 la Administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las carestías de los más necesitados.

Y ahora, cuando peor lo está pasando la sociedad, bajo unos supuestos criterios económicos a pesar de que la deuda de la Administración local apenas alcance el 4%, se pretende suprimir la autonomía local, dejando vacío de contenido la labor municipal y convirtiendo a los Ayuntamientos en un apéndice de los gobiernos central y autonómico, siendo ello el culmen de un proceso de su marginación política y degradación y provocando que la ciudadanía siga perdiendo derechos adquiridos con el esfuerzo de la democracia, y todo sobre la base de una fuerte imposición ideológica del Gobierno que hace caminar hacia a una sociedad menos democrática y menos solidaria.

Y no nos negamos a la racionalización de la Administración Pública pero justo en el sentido contrario de lo que se propone ya que los Ayuntamientos necesitan más recursos y más competencias financiadas, y, por supuesto, más participación ciudadana, que permita mejorar la democracia local, como fundamento principal de la cogestión social.

Por ello estamos en contra de:

1.- La reducción de competencias municipales que debilita la autonomía municipal.

2.- La relegación a los Ayuntamientos a meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política y democrática.

3.- El fomento de la fusión de municipios sin tener criterios de identidad, sino económicos, y sin tener en cuenta la voluntad del vecindario que los habita.

4.- La desregularización en el ámbito municipal de la actividad económica.

5.- La transferencia de servicios básicos a las Comunidades Autónomas, alejándolos del destinatario, promoviendo su privatización, fomentando criterios economicistas que van en detrimento de los derechos sociales adquiridos.

6.- La pérdida de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, como son los de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de las vías que va a marcar aún más la diferencia entre los ámbitos más urbanos y los rurales, ya desfavorecidos éstos por sistema.

Frente a este nuevo ataque, las Asociaciones Vecinales, las organizaciones convocantes, y la ciudadanía, no nos quedamos impasibles porque está en juego la democracia más cercana a la gente, representada por los Ayuntamientos, reivindicando que sea el interés social el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado como ésta, por lo que hacemos un llamamiento al Gobierno para que proceda a la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y al diálogo con las fuerzas políticas, sociales y vecinales con el fin de buscar un consenso en las bases necesarias para su promulgación.

POR LA DEMOCRACIA LOCAL Y LOS DERECHOS SOCIALES

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales

lunes, 28 de octubre de 2013

Concentraciones el miércoles 30 frente a los Ayuntamientos contra la reforma local

Concentración No a la reforma local 30 octubre
Desde que en 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas, los ayuntamientos, la administración más cercana a la ciudadanía, han prestado servicios de importancia vital para garantizar los derechos de ciudadanía (educación infantil, atención a mayores y a personas migrantes...).

 En 2012 los ayuntamientos invirtieron más de 3.500 millones de euros en prestaciones que deberían asumir las autonomías. A pesar de ese enorme esfuerzo económico, la deuda de la administración local, incluidas las diputaciones provinciales apenas alcanza el 4% del PIB, frente al 88% del resto de administraciones.

 La sostenibilidad económica no justifica, por tanto, la reforma local que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Nación. Una reforma que, entre otras, está dirigida a:
 Los ayuntamientos son la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de las personas más necesitadas.

 Por eso, las vecinas y vecinos de Madrid nos concentraremos en Cibeles contra este ataque al municipalismo y a los servicios de proximidad.

 A iniciativa del movimiento vecinal, este día habrá concentraciones, confirmadas por el momento, en Zaragoza, Valladolid, Toledo, Mieres y Elche.

miércoles, 23 de octubre de 2013

¡Que nos roban el pueblo!


reforma_local Eduardo Rojo / Pablo Fraile / andalucesdiario.es 19 oct 2013
 
“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500 habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más paro.

La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el Gobierno central considera “competencias impropias” de los ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación…  Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones, que salen fortalecidas con la reforma al asumir la coordinación de servicios básicos frente a la pérdida de poder de los ayuntamientos.

El 80% de los 771 municipios andaluces tiene menos de 20.000 habitantes. La reforma les obliga a suprimir servicios que hoy prestan desde la cercanía al ciudadano. Organizaciones políticas (PSOE e IU) y sindicales estiman que la reforma supondrá la destrucción de 40.000 empleos en Andalucía por la pérdida de competencias y privatizaciones de servicios. Las consecuencias pueden ser más graves en provincias como Granada, donde solo siete de sus 168 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Pero también a estos municipios les afecta la reforma. Así la ven algunos los alcaldes.
Noel López, alcalde de Maracena (Granada)
“La reforma local atenta contra la administración más cercana al ciudadano, nos roba la gestión directa de nuestros servicios, degrada la autonomía local al deslegitimar la representación democrática, retrotrae a los ayuntamientos a la etapa preconstitucional y supone una pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende la ley es privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos”, señala Noel López, alcalde socialista de Maracena (Granada). Su municipio, con 22.000 habitantes, perderá las competencias en fomento del empleo, educación, igualdad, salud, protección del medio ambiente, prestación de servicios sociales, juventud, cultura, movilidad… “Quedarán limitadas al cuidado de jardines, cementerio, mejora de calles”, explica.
Los programas educativos que tiene en marcha en su municipio, el Centro Municipal de Información a la Mujer, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Infantil Municipal, las mejoras de los centros educativos, su mantenimiento y limpieza, los programas de salud y de Juventud, el bus urbano y los servicios sociales peligran con la aplicación de esta reforma, relata. Asegura que peligra la Oficina Municipal de Información al Consumidor y el Centro Guadalinfo y que el Ayuntamiento “no podrá ofrecer ayudas al transporte o programas educativos ni subvencionar a asociaciones de carácter social, cultural, saludable, juvenil, de mayores”. También podrían desaparecer los programas de impulso para el comercio local, las campañas o acciones medioambientales, la formación para desempleados y el fomento de la contratación, pero sobre todo, el área de Servicios Sociales y todas las prestaciones que realiza el municipio en materia de dependencia, tratamiento familiar, programas de mayores, drogodependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia.
María Luisa Faneca, alcaldesa de Isla Cristina (Huelva)
“Nuestras competencias están en el aire”, protesta Mª Luisa Faneca, alcaldesa socialista de Isla Cristina (Huelva). Su Ayuntamiento hace frente a una población que roza los 22.000 habitantes y que, al ser un destino costero turístico, crece ampliamente durante los meses de verano. El consistorio teme que tras la aplicación de la reforma local su capacidad para asistir al ciudadanos cambie “de una manera drástica”. El municipio onubense cuenta con una cartera de servicios sociales que cuenta con programas específicos para el tratamiento de adicciones o enfermedades como Alzheimer, asistencia a familiares de enfermos de cáncer, una oficina de atención al inmigrante o educadores sociales. Cuando la reforma entre en vigor, se convertirán en competencias impropias. “Es un pueblo muy grande para no tener servicios sociales”, denuncia Faneca. “Podría perjudicar enormemente”.
No solo se trata de servicios sociales. La gestión administrativa también se complicará. Isla Cristina ofrece la realización de trámites en diferentes áreas que podría perder. “Una persona que tiene que tramitar una pensión se va a tener que ir a Huelva -a unos 50 kilómetros-”, asegura su alcaldesa.
Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia (Cádiz)
Como en la mayoría de casos, Medina Sidonia va mucho más allá  del catálogo de servicios sociales que consagra la ley. Con casi 12.000 habitantes, cuenta con un almacén municipal de alimentos -que ofrece productos básicos y de higiene a familias sin ingresos- y una oficina municipal de afectados por la crisis donde un equipos de abogados y técnicos atienden a personas con dificultades económicas. “¿Cómo nos van a exigir que esos servicios sean rentables?”, se pregunta su alcalde, Fernando Macías (IU), que cuestiona una ley que pone límites a una situación “ilimitada”.
El regidor también ve el fantasma de la privatización tras la norma. Actualmente, la empresa pública de aguas reinvierte sus beneficios en la comunidad. Pero la situación podría ser muy distinta. Macías teme que si llega a manos privadas, podrían producirse despidos encubiertos de empleados públicos y la factura del agua empezaría a comportarse como la de la luz: “Una empresa haría con el precio lo que creyera conveniente”. Asimismo, critica el papel que atribuye la norma a la Diputación: “Se cargan la democracia directa”.
Macías defiende la gestión municipal como una respuesta más rápida y cercana al ciudadano: “Sales a la calle, hablas con la gente y sabes lo que ocurre”. Y protesta por lo que considera una reforma que da la espalda a los ayuntamientos: “Es un ataque brutal a su línea de flotación”
Vanessa Polo, alcaldesa de Las Gabias (Granada) 
El municipio de Las Gabias (Granada), con 18.381 habitantes, atiende a 50 mujeres víctimas de malos tratos, cuyas parejas tienen orden de alejamiento. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la reforma, el Ayuntamiento no podrá prestar ese servicio. Su alcaldesa, Vanessa Polo (PSOE), considera que es necesaria una reforma que respete la autonomía local y resuelva la financiación de los ayuntamientos, pero no la que plantea el Gobierno del PP. “Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que van a dejar de recibir servicios públicos que prestamos desde el Ayuntamiento”, señala la regidora.
El municipio ofrece cada día un servicio de catering para mayores, del que se benefician 30 familias. “Ese servicio va a desaparecer, como el de integración sociocultural para menores con problemas de integración escolar, las ayudas o becas al estudio, el programa de arreglo de viviendas para mayores, el servicio de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento presta a las familias que más lo necesitan para casos urgentes o los programas culturales”, dice.
Para la alcaldesa, la reforma “sólo persigue la privatización de los servicios públicos. Explica que su Ayuntamiento gestiona de manera directa el servicio de recogida de basura, que realizan diez empleados municipales. “Con la nueva ley, el servicio va a ser gestionado por la Diputación, que lo va a privatizar y esos trabajadores serán despedidos”, señala. Considera que los vecinos de su municipio van a tener servicios de peor calidad y mucho más caros y asegura que la reforma puede dejar en la calle al 40% de la plantilla municipal.
José Luis del Río, alcalde de Olvera (Cádiz)
Entre los alcaldes, una idea recurrente. La redacción de la ley, sujeta a múltiples cambios a lo largo de su tramitación, no deja demasiado claro cómo acabaran los servicios municipales. “Estamos confundidos”, explica el alcalde de Olvera (8.500 habitantes), José Luis del Río (IU). “Me cuesta trabajo hacerme una idea clara de cómo a va a llegar a afectar en la práctica”.
No obstante, considera positivo que se debata el papel de los ayuntamientos. “Hay una idea sana en el principio”, dice, “en el debate competencial”. Para el alcalde de este municipio gaditano, la polémica en torno a la reforma local, entre la enmienda a la totalidad y la cerrazón del Gobierno, ha olvidado analizar otras competencias municipales. La Policía Local, por ejemplo, que se lleva hasta un 20% del presupuesto de la localidad. “Entiendo que es claramente una competencia que debería llevarla un órgano superior”, explica.
Elías Romero, alcalde de Santa Eufemia (Córdoba)
“Se trata de una ley que va a sacar a concurso la gestión de municipios de menos de 20.000 habitantes”, denuncia el primer edil de Santa Eufemia, Elías Romero (PSOE). El regidor teme por el futuro de la residencia de ancianos del municipio, que cuenta con apenas 1.000 habitantes. Actualmente, la ocupan alrededor de cuarenta usuarios y una treintena de empleados públicos trabajan en ella.
Romero cree que acabará en manos privadas, como muchos otros servicios, lo que repercutirá en subidas de precios y en la precarización de esos puestos de trabajo. El regidor ve una intención clara del Gobierno detrás de la ley. “Las constructoras se están dedicando a servicios sociales”, explica, “y van a tratar a las personas como si fuesen ladrillos”.
Romero considera que la reforma repercutirá muy negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. No solo por la privatización de servicios, también por el alejamiento del núcleo de poder. “En los pueblos pequeños nos conocemos todos y sabemos quién tiene necesidades”, denuncia. “Vamos a ser menos gestores que un diputado que no sabe ni dónde está Santa Eufemia”.
Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada)
El proyecto de ley es “demoledor” para los pequeños municipios, afirma Juan Francisco Torregrosa (PSOE), alcalde de Benamaurel (2.500 habitantes). Asegura que la reforma deja sin competencias a los municipios de menos de cinco mil habitantes y aleja la toma de decisiones de la ciudadanía. “En la práctica supondrá el cierre funcional de los ayuntamientos, que ahora son una especie de ventanilla única para los ciudadanos”, añade.

Asociaciones de vecinos y sindicatos llaman a rodear los Ayuntamientos el 30 de octubre frente a la reforma local


Es público, es tuyo, ¡sálvalo!Las federaciones de Servicios a la Ciudadanía de CCOO y de Servicios Públicos de UGT se suman a la convocatoria de las asociaciones de vecinos para formar cadenas humanas en todos los ayuntamientos, el 30 de octubre a las 19 horas, y convocan a su afiliación y a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en ellas para mostrar su rechazo a la reforma de la Administración Local.

Es público, es tuyo, ¡sálvalo!

"Participa en la cadena humana. ¡Protege tu ayuntamiento!"

La Federación de Servicios Públicos de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO hacen un llamamiento a participar en las cadenas humanas que rodeen todos los ayuntamientos del país en la jornada convocada por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) para el próximo 30 de octubre como rechazo del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y bajo el lema “Defiende tu ayuntamiento: por la democracia local y los derechos sociales”.

CCOO y UGT comparten plenamente las reflexiones que se realizan desde el movimiento vecinal español cuando afirma, en el manifiesto que ha hecho público, que “los ayuntamientos han sido, desde su democratización en 1979, la administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las necesidades de los más necesitados”.

Las organizaciones sindicales vienen denunciando, como también denuncia el movimiento vecinal, que de aprobarse definitivamente el proyecto de ley en su actual redacción supondrá en muchos casos la pérdida de múltiples servicios públicos que sufrirá directamente la ciudadanía porque nadie los prestará, mientras que otros pasarán a ser privatizados (pudiendo ser disfrutados únicamente por quien los pueda pagar) que es el verdadero objetivo de la reforma. El proyecto de ley lleva además asociado la pérdida de empleo.

UGT y CCOO también comparten la reflexión que las asociaciones de vecinos realizan cuando afirman que “debe ser el interés de la ciudadanía el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado y de tal importancia como la que se pretende” y no supuestos intereses económicos en el corto plazo que ocultan en realidad el interés de acabar con el papel que las administraciones democráticas más cercanas a la ciudadanía vienen jugando, para hacer negocio con sus servicios públicos.

Por ello, ambos sindicatos hacen un llamamiento a difundir en todas las localidades y barrios la convocatoria y a participar en las mismas.

El próximo día 30 de octubre, a las 19:00 horas, acude a las puertas de tu ayuntamiento. Participa en la cadena humana. ¡Protege tu ayuntamiento!

Es público, es tuyo, ¡sálvalo!

miércoles, 16 de octubre de 2013

Conferencia en Sevilla sobre la democracia local el jueves 17 de octubre

Jornada “Ciudadanía activa; votar, compartir, participar"

Día y Hora: Jueves, 17 de octubre. 18:00-20:00.

LUGAR: Colegio Oficial de Abogados de Sevilla. C/ Chapineros (Sevilla).

PONENTES:
  • D. Manuel Zafra Víctor, profesor de Ciencia Política.
  • D. Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional.
Se tratará particularmente cómo la reforma de la Administración Local afecta a la democracia local.
 
Organiza la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local. Ver enlace.

martes, 15 de octubre de 2013

Los alcaldes se rebelan contra el desguace de sus servicios sociales

Regidores de todos los partidos temen que la reforma local acabe con 30 años de asistencia a los desfavorecidos

Los municipios gestionan más de 5.000 millones

 
La alarma por el incierto futuro que se cierne sobre los servicios sociales municipales —unas prestaciones especialmente exigidas en tiempos de crisis económica como los actuales— ha cundido entre los alcaldes que temen la desaparición de la red asistencial de proximidad desarrollada a lo largo de tres décadas y fuertemente arraigada y que en la actualidad da servicio a siete millones de personas. Regidores de todo signo político —hasta la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP— están elevando el tono de sus quejas a medida que se acerca el debate sobre el proyecto de ley de reforma local que tendrá lugar el jueves en el Congreso, una norma que forma parte del programa de ajustes del Gobierno y que pretende llevar a la práctica el principio: una administración, una competencia.
De acuerdo con su actual redacción, el proyecto de ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local retira a los Ayuntamientos las competencias en servicios sociales. Solo los que tengan más de 20.000 habitantes podrán hacer frente a una reducida labor de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. El resto, será competencia de la Administración autonómica.


Fernando Clavijo, alcalde de Coalición Canaria de San Cristóbal de la Laguna (150.000 habitantes, Tenerife) es uno de los 2.000 regidores que el domingo se reunieron en Madrid para protestar por esta reforma y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional si el Ejecutivo no consensúa la ley con ellos. “La norma obedece a un criterio economicista, es decir, pretende ahorrar”, apunta Clavijo a este diario. “Y no conozco otra forma de ahorro en el gasto público que no suponga recortes y quitar prestaciones a los ciudadanos”. El alcalde de La Laguna teme que si retiran a los municipios la posibilidad de ofrecer los servicios que prestan —“nosotros, por ejemplo, ayudamos a miles de personas mayores a limpiar la casa, les compramos la medicación, la comida...”— las autonomías no se hagan cargo de ellos.


“La gama de servicios sociales que prestamos es enorme”, añade Abel Caballero, alcalde socialista de Vigo (300.000 habitantes). “Contamos con un albergue para personas sin hogar, tenemos programas de lucha contra el maltrato, atención a la infancia, a personas con discapacidad... todo esto desaparece. ¿Quién lo va a prestar y cómo? Las autonomías no son capaces. La ley puede abrir una senda de falta de asistencia”.
José Masa, alcalde de Rivas-Vaciamadrid (75.000 habitantes), de IU insiste en cómo la transferencia de competencias a las comunidades autónomas supondrá “un retroceso en la atención social en una época de grave crisis”. “Todo lo que tiene que ver con la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los mayores, la igualdad, la integración de inmigrantes, juventud, infancia, pasará a depender de una administración más lejana”, apunta. “Y no está claro que las autonomías asumirán y podrán pagar estas competencias, hoy mismo el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha quejado de que tiene un problema de financiación”. David Pérez, alcalde del PP de Alcorcón (170.000 habitantes), es más prudente. Destaca que la ley está aún en proceso de tramitación. “Es prematuro y aventurado pronunciarse sobre los efectos que puede tener”, traslada. Y aunque manifiesta que no teme que desaparezcan servicios, admite que, tal y como la ley está planteada, existen incertidumbres relativas a cómo se van a sufragar los servicios si pasan a depender de unas autonomías exhaustas de fondos. “Hay que clarificar la financiación, que no está definida, el Estado debería arbitrar una fórmula para que las autonomías puedan asumir el coste [de las nuevas prestaciones que deberán asumir]”.

El cambio que introduce la nueva norma supone un importante cambio de concepto. La ley de Bases actual atribuye a los Ayuntamientos competencias en “servicios sociales, promoción y reinserción social”. De ahí que los municipios, especialmente aquellos de más de 20.000 habitantes, fueran desplegando desde la mitad de los años ochenta servicios de ayuda a domicilio, residencias de mayores, prestaciones de ayuda a la familia, de prevención e inserción social, comedores públicos o cualquier otro que el Consistorio considerara necesario para sus ciudadanos.

Con el paso de los años, esta atención próxima se ha convertido en una amplia red asistencial con un elevado volumen de gasto. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una de las entidades que más ha insistido en la amenaza que supone la ley de reforma de la Administración local, ha contabilizado los millones de euros que están en el aire debido a la norma en un intento de dimensionar el coste de los servicios que hay en juego. Y el resultado es superior al que esperaban.

El gasto de las Administraciones locales en materia de servicios sociales es de 5.118 millones de euros, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto liquidado de 2012.

En esta suma se encuentran incluidos los fondos destinados por las comunidades autónomas a apoyar estos servicios (1.276 millones de euros). Una vez restada esta cantidad, la suma sigue siendo notablemente elevada: 3.851 millones de euros. Excepto unos pocos cientos de euros —que corresponderían a los salarios del personal que necesitan los municipios para prestar sus disminuidas funciones de información, derivación y atención urgente— los más de 3.500 millones de euros restantes corresponden al coste de prestaciones que deberían asumir las autonomías.

Aunque la ley abre la puerta a que no lo hagan. Una disposición adicional de la nueva ley prevé que, una vez asumidas por las autonomías las competencias relativas a la prestación de servicios sociales, de promoción y reinserción social, les corresponderá “establecer (...) las medidas necesarias para racionalizar el servicio”.

El sector alerta de que esta ley pone en riesgo más de 30.000 empleos

El informe de los gerentes sociales destaca cómo parte del dinero en atención social que gastan los Ayuntamientos acaba en el sector privado. Un 38% del gasto social municipal corresponde a servicios del sector privado (ayuda a domicilio, teleasistencia) y un 21% a transferencias de ayuda directa (a las familias) o indirecta (a través de entidades sin ánimo de lucro).

De ahí que no solo estén en el aire decenas de miles de puestos de trabajo de funcionarios municipales, sino también de otras entidades. “Se van a ver afectadas las empresas de ayudas a domicilio que tienen contratadas a miles de personas. Hay 650.000 usuarios de ayuda a domicilio, 648.000 cuyo servicio lo prestan los Ayuntamientos. Significa que hay 32.240 auxiliares de hogar que serían los más afectados. La reforma local pone en riesgo esos empleos. Pero hay hasta 70.000 empleos sociales en el aire en total”, apunta José Manuel Ramírez, de la asociación de gerentes.

Para Ramírez es imprescindible que la ley reconozca a los servicios sociales municipales las competencias de los servicios de proximidad. Y conceder cinco años para la transferencia de otros servicios (por ejemplo, las residencias) a las autonomías.

Con información de María Fernández.

lunes, 14 de octubre de 2013

Gran manifestación en León a favor de las juntas vecinales y contra la reforma local el 20 de octubre

Las Federaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia, León, Salamanca y Soria han convocado a sus Juntas Vecinales, Concejos y Parroquias Rurales para manifestarse el próximo día 20 de octubre en León, en defensa de su subsistencia como entes locales y para hacer ver a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que es imprescindible aceptar las enmiendas que la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales de España, organización que agrupa a todas las Federaciones autonómicas mayoritarias, ha hecho llegar a todos los grupos políticos y a la FEMP.
Las enmiendas que proponen las Juntas Vecinales se centran en:
  • Las competencias sobre las Entidades Locales Menores son esencialmente autonómicas, no estatales, como ha dicho el Consejo de Estado.
  • Las Juntas Vecinales son verdaderas Entidades Locales, y deben mantener esa naturaleza, algo que no contempla el actual Proyecto de Ley.
  • Hay que eliminar de la Ley el artículo que impone la supresión de las Juntas Vecinales de aquellos municipios cuyo Ayuntamiento tenga deudas.
  • Hay que ampliar el plazo para que las Juntas Vecinales puedan rendir cuentas y se propone que en vez de ser suprimidas en caso de que no se rindan cuentas, la Comunidad Autónoma nombre una gestora que sustituya a los que componen la junta vecinal.
Actualmente todos los grupos parlamentarios se han comprometido a defender estas enmiendas, y se está a la espera de que el grupo popular, a través de su ponente, el diputado leonés Eduardo Fernández, se manifieste sobre la postura de su grupo parlamentario a las enmiendas que afectan a los Entes Locales Menores.

El hecho de que el ponente del PP sea de León y, más concretamente, del Bierzo hace albergar esperanzas sobre la sensibilidad del grupo popular. Admás hay que recordar que las Cortes de Castilla y León y la Junta han apoyado unánimemente a las federaciones de Castilla y León en sus planteamientos. Igualmente, la FEMP, en la que el grupo popular es mayoritario también ha asumido, casi en su integridad, las enmiendas de los concejos.

La manifestación del domingo, que se espera muy concurrida, contará con vecinos de pueblos de Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Palencia, León, Zamora (donde no hay aún Federación), Salamanca y Soria. Se están fletando autobuses para facilitar el viaje. La Manifestación partirá de la Glorieta de Guzmán, a las 12 horas, del domingo 20 de octubre.

Jornada en Fuenlabrada (Madrid) sobre la reforma local el 19 de octubre

CCOO convoca tres marchas para denunciar el impacto de la reforma de los ayuntamientos


Dirigentes de CCOO durante la rueda de prensa.CCOO en el País Valencià advierte que el proyecto de ley de reforma de la Administración Local -que actualmente se encuentra en trámite parlamentario- provocará la pérdida de unos 25.000 puestos de trabajo públicos en la Comunitat valenciana, así como la pérdida de numerosos servicios.

Dirigentes de CCOO durante la rueda de prensa.
Así lo han indicado en rueda de prensa el secretario general de CCOO, Paco Molina; el responsable de Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) del sindicato, Julio Conesa; y la responsable de Acción Sindical de FSC, Soledad Fernández, quienes alertaron de las consecuencias que puede tener esta reforma.

Conesa explicó que el Gobierno prevé aprobar la ley en diciembre, por lo que "octubre y noviembre son absolutamente decisivos". En este sentido, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones durante este mes para denunciar y concienciar a la ciudadanía sobre el "impacto" que supondrá esta reforma.

Por ello, CCOO en País Valencià ha convocado tres marchas a pie por todas las localidades de la comarca valenciana de l'Horta. La primera, que comenzará el 15 de octubre, tendrá su salida en Puçol y finalizará en Alboraya; la segunda partirá el 18 de Paterna y llegará hasta Aldaia; y la tercera saldrá el 22 de Picassent y acabará en Alfafar.

La campaña finalizará el 30 de octubre con un acto central en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde llegarán varias "columnas sindicales" que partirán desde diferentes puntos de la ciudad. Posteriormente, marcharán hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde presentarán las resoluciones de las juntas de personal y comités de empresa de los ayuntamientos contra la reforma.

Paco Molina señaló que el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local "es la gran tapadera del tsunami de noticias negativas o involutivas", e indicó que no sólo provocará "la pérdida de servicios de primera necesidad y accesibilidad", sino que también supondrá "un atentado en toda regla al empleo de miles de empleadas y empleados públicos".

Molina destacó que "ahora parece que todo tiene su justificación en el control financiero y la eficacia en la gestión", pero señaló que el borrador de la ley "no habla para nada" de estos aspectos. Al respecto, criticó el "brindis al sol" del Gobierno que tendrá "un impacto demoledor sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el empleo público" y, además, provocará "descohesión social".

A su juicio, se trata de una ley "injusta, insolidaria e inútil". Molina destacó que esta reforma "ideológica" provocará "agravios comparativos de primera magnitud" ya que, "en función de dónde se resida, habrá ciudadanos de primera, de segunda y de tercera".

Sobre este asunto, Julio Conesa comentó que los "ciudadanos y ciudadanas de primera" serán los que viven en ciudades importantes como Valencia, Madrid o Barcelona y que "no van a ver grandes diferentes". Así, ha señalado que los principales afectados serán los ciudadanos "de segunda" y, sobre todo, los de "tercera", aquellos que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y que en la comunitat suponen el 88 por ciento de las poblaciones.

Al respecto, señaló que en estas localidades, los ayuntamientos perderán "autonomía y autogobierno", ya que serán las diputaciones las que decidirán "el modo en que se presentan los servicios". Durante su intervención, defendió el trabajo de los ayuntamientos y aseguró que en 2012 el 75 por ciento de ellos tuvo superávit.

Conesa explicó que "durante 35 años los municipios han pedido que el Gobierno les financiara los servicios que dan", pero lo que ha hecho el Ejecutivo es "quitarle competencias para ponerlas en manos del sector privado" por una cuantía que ha cifrado en unos 40.000 millones de euros. También se ha referido a la pérdida de puestos de trabajo que supondrá la nueva ley de Administración Local y ha aseverado que si se aprueba tal y como esta, el empleo en este ámbito se reducirá a aproximadamente la mitad, es decir unos 25.000 trabajos menos.

Por su parte, Soledad Fernández lamentó el "atentado grave al sistema democrático" que supone la reforma de la Administración Local, que "quita competencias municipales, autonomía local, pero también autonomía autonómica". En su opinión, "es un proyecto totalmente involucionista, marcado por criterios económicos".

"O se para el decreto, o requiere modificaciones importantes", ha indicado Fernández, quien explicó que el sindicato ha presentado a los grupos parlamentarios más de 70 enmiendas que buscan "recuperar competencias para los municipios y asegurar su financiación", entre otra cuestiones.

Previsión de calendario parlamentario y de movilización frente a la reforma local

[Aclaración, este calendario está desfasado] A la espera de novedades, y con muy posibles cambios, enumeramos aquí unas fechas orientativas sobre la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como de las movilizaciones previstas frente a ella (pueden cambiar):

Previsión sobre la tramitación parlamentaria de la reforma local (pueden cambiar):
  • 15 octubre: Fin del plazo de presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de reforma local.
  • 17 octubre: Debate a la totalidad sobre la reforma local en el Congreso de los Diputados.
  • 30-31 octubre: El Proyecto de Ley sale del Congreso de los Diputados y va al Senado.
  • 19 noviembre: Se vota el Proyecto de Ley en el Senado. [Aclaración, este calendario está desfasado]
  • Mediados diciembre (¿18 de diciembre?): Previsión de aprobación definitiva del Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados.

Previsión de movilizaciones frente a la reforma local (pueden cambiar):
[Aclaración, este calendario está desfasado]


Por favor, hadnos llegar otras convocatorias previstas contra la reforma local a esta dirección de twitter @demolocal.

viernes, 11 de octubre de 2013

Diez puntos críticos de la reforma local


“Con el fin de evitar el riesgo de enfrentamientos violentos, el bando mayoritario tiene una única solución; llegar a un compromiso con la minoría, o sea, abstenerse de someterla a su voluntad sin posibilidad de marcha atrás. La democracia de partidos es una forma viable de gobierno sólo si los intereses contrapuestos aceptan el principio del compromiso político, ya que no hay nada que pueda suavizar su oposición en la esfera social”.
(Bernard Manin, “Los principios del gobierno representativo”, Alianza editorial, Madrid, 1998)

Salvo sorpresas de última hora, la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local augura una futura conversión de ese texto en Ley y, por consiguiente, su aplicabilidad a las entidades locales de distinto signo en un plazo de unos pocos meses. No cabe duda que este Proyecto ha suscitado una clara y contundente división de opiniones. El Gobierno y el partido mayoritario en las Cortes Generales lo apoyan (otra cosa son los Alcaldes y algunas CCAA “populares”), mientras que la práctica totalidad de la oposición política lo rechaza. No nos interesa en estos momentos adentrarnos en consideraciones políticas, por lo que estas rápidas reflexiones girarán exclusivamente en torno a aspectos de naturaleza técnica o, todo lo más, de oportunidad de las medidas que se recogen en la reforma. No obstante, sí conviene llamar la atención sobre la (pésima) tendencia de estos últimos años (o de las últimas legislaturas) de impulsar reformas que afectan a la estructura institucional básica del país sin los mínimos consensos o los compromisos políticos básicos. Y esta tendencia no es solo de ahora. 
El planteamiento esquemático (podríamos decir incluso telegráfico) de estas reflexiones solo pretende situar al lector en algunas de las claves de esta reforma y, sobre todo, en sus dimensiones más polémicas. Obviamente, los matices y el análisis en profundidad lo dejamos para cuando el texto del proyecto se transforme definitivamente en Ley o, al menos, esté en la fase final de su recorrido parlamentario.

1.- El gobierno local en España necesita una profunda reforma institucional, pero no esta. No creo que pueda orillarse la necesidad objetiva de una profunda reforma institucional del nivel local de gobierno. El marco normativo-institucional está caduco y es a todas luces inadaptado para hacer frente a los requerimientos de los gobiernos locales de la segunda década del siglo XXI. No nos merecemos una estructura institucional del gobierno local de tan baja calidad. La planta municipal es insostenible. El minifundismo municipal no puede dar respuesta a las necesidades de servicios públicos de calidad que tiene la ciudadanía. La provincia y, en particular, la mayor parte (que no todas) de las diputaciones provinciales son organizaciones con un bajo rendimiento institucional, carentes de legitimidad democrática directa y sin apenas vida institucional (el juego mayorías/minorías está prácticamente roto por la práctica del “regateo y el trueque” político). Las comarcas, allá donde existen, llevan una vida lánguida y buscan perennemente su sitio en competencia o concurrencia con las provincias. Mancomunidades las hay que funcionan, pero otras muchas no. De los consorcios otro tanto. Las entidades locales menores, que realmente no molestan o molestan poco, se han convertido en uno de “los malos de la película”. Pero a pesar de esa necesidad objetiva de reformas, nadie quiere realmente cambiar nada. Tampoco los partidos de la oposición, seamos francos. Las reformas institucionales en España se hacen habitualmente para que aparentemente cambien las cosas y realmente todas sigan igual. Son reformas falsas, de mentira, que en realidad a nadie engañan (y menos aún a nuestros socios europeos). Pero quienes las promueven se las terminan creyendo o eso al parecer simulan. La reforma local, inicialmente planteada en términos irracionalmente duros, se ha ido suavizando con el paso del tiempo (el dictamen del Consejo de Estado ha tenido algunos efectos balsámicos, aunque otros desafortunados). Pero aún así, tal como se ha planteado, es una reforma innecesaria, inútil, con elementos todavía de notable peligrosidad, pero sobre todo irreal. Se construye sobre una realidad municipal que se desconoce.  No ha entendido desde sus inicios ni lo que es un municipio, ni qué hace, ni lo que es peor, cuál es su función.


2.- Las formas y el proceso de conducción de la reforma han representado la antítesis sobre cómo se debe gestionar política y técnicamente la elaboración de un proyecto de Ley de la transcendencia institucional que tiene la reforma local en España. Este es un problema muy serio, transcendental. El modo de conducir este proceso (que antes de su entrada del proyecto en el Parlamento ha durado un año) ha sido literal y sencillamente una auténtica chapuza. Oscurantismo, decenas de borradores de procedencia incierta circulando anárquicamente, poco o ningún rigor técnico, ausencia de contraste de opiniones políticas y técnicas, ninguna llamada a expertos (salvo alguna individualizada “en origen”). Si este fuera un país con una cultura institucional desarrollada en dieciocho meses de “proceso” (que no procedimiento) legislativo se hubiesen creado comisiones de expertos, se hubieran confrontado las diferentes lecturas políticas, también se hubieran producido Informes, libros blancos, verdes o de cualquier color. Y con todo ese conocimiento, deliberación y contraste, se hubiera formulado la redacción definitiva de un proyecto normativo realista, pragmático, templado y con vocación de ser aplicado (y no solo “publicado en el BOE”). Lo que aquí ocurre, en cambio, es el reino de la chapuza, de la improvisación permanente, de la ocurrencia. Año y medio para producir una reforma que, con todos los respetos, ni mejorará el gobierno local existente, ni reforzará su calidad institucional, ni mucho menos supondrá los ahorros que graciosamente ha calculado el Ministerio y remitido a Bruselas. Allí ya están alerta. Saben de nuestro especial “quehacer” en el pantanoso terreno de las reformas institucionales. Y luego queremos despertar confianza y pasar por serios.

3.- La reforma local  va en la línea contraria a  la inmensa mayoría de reformas locales que se han puesto en circulación en Europa en los últimos años y además ha sido construida de espaldas a la Carta Europea de Autonomía Local. Mientras en Europa racionalizan la planta municipal reduciendo el número de municipios o redefiniendo el papel o limitando los escalones de gobiernos locales intermedios (provincias), aunque reforzando las competencias (la autonomía local y el autogobierno) de los municipios, aquí no se reduce la planta municipal (tal como se dirá eso de las “fusiones de municipios” suena a broma), se refuerza el papel de las diputaciones provinciales que no tienen legitimidad democrática directa (en contra de los postulados de la CEAL) y, en fin, se mutilan las competencias municipales bajo la justificación (injustificable) de que el sistema de asignación de competencias de los ayuntamientos es disfuncional y conduce a la creación de duplicidades. Continuarán los mismos municipios, con menos competencias (menos autogobierno) y las mismas diputaciones, con más competencias. La paradoja de la reforma local: cuestiona la autonomía municipal y pretende reforzar (cosa que no conseguirá) la autonomía provincial. Dicho de otro modo, el mundo al revés: debilita la institución con legitimidad democrática directa (municipio) y pretende fortalecer la institución con democracia política indirecta (provincia).

4.- La Ley es, o pretende ser, de “racionalización” y de “sostenibilidad” de la administración “municipal”, no “local”. Realmente no es una reforma, sino un “ajuste” institucional, pero ajuste a fin de cuentas. Las provincias tienen “bula”, no se racionalizan porque sencillamente buena parte de ellas (excepciones las hay) son de imposible racionalización, cualquiera que las conozca mínimamente lo sabe. Ambas nociones, racionalización y sostenibilidad, están de moda, son hijas de la crisis fiscal. La reforma realmente esconde, según decía, un ajuste para hacer “sostenible” un nivel de gobierno que es el “patito feo” y el que menos problemas plantea (salvando algunas grandes ciudades) en el proceso de cuadrar las cuentas públicas. El problema vendrá lisa y llanamente porque el ahorro previsto o las cuentas (“de la vieja”) no cuadrarán. No es una buena tarjeta de presentación para Europa. La fiebre de la “racionalización” ha llegado al mundo local. De repente nos hemos despertado en un país irracional en el que todo lo que tiene que ver con las estructuras institucionales, cargos públicos, empleados, retribuciones, los procesos y las organizaciones públicas, absolutamente todo, está mal ordenado y es ineficiente. La herencia de una política irresponsable del pasado y del presente sigue pasando fuerte factura. Pero, en verdad, no se trata de reformar, modernizar o innovar, el objetivo es mucho más burdo: “racionalizar”. Dicho sin rodeos: recortar, suprimir, eliminar o ahorrar gasto público. No podemos pagar los servicios que prestamos. El primer ensayo (el “conejillo de indias”) es el nivel local de gobierno, ahora cada vez más menos “gobierno local” y más ente prestador de (pocos) servicios.

5.- La “reordenación de competencias” es un eufemismo que esconde una limitación de las competencias municipales o una pérdida de capacidad de gestión (autonomía) para su ejercicio. Y esto tendrá serias consecuencias para los ciudadanos. La reforma, como dice la exposición de motivos del Proyecto, es “profunda”. Y tanto que lo es. Lo era más en la versión final del anteproyecto, pero sigue siéndolo. Fíjese el lector que la “reordenación de las competencias” focaliza su punto de atención sobre el municipio. A este se le castran sus atribuciones y se elimina prácticamente la cláusula general de competencias, así como se le pretenden tasar por ley básica sus competencias propias, desapoderando a las Comunidades Autónomas del ejercicio de su propia autonomía sobre ámbitos competenciales que les corresponden y que no pueden atribuir a sus propios municipios. Lo “básico” se pervierte, no es un mínimo común normativo, representa el “máximo” o techo, el todo (ya no hay margen para la configuración normativa autonómica). El tema de los servicios sociales es muy serio. Y acabará en una operación compleja cuyos platos rotos pagarán los ciudadanos, precisamente los menos favorecidos. Pero esa burda operación de recorte competencial solo se hace para los municipios. A las provincias sí que pueden los legisladores autonómicos atribuir más competencias. Otra vez el mundo al revés. Por si fuera poco se deroga el artículo que regulaba las actividades complementarias de los municipios (que no eran competencias “impropias”, pues tenían anclaje legal, sino mal financiadas). Una vez más, el objetivo son los municipios (no las provincias). Pero ese afán de “reordenar” es de mentiras, los municipios pueden seguir ejerciendo “competencias distintas de las propias” siempre que cumplan determinados requisitos. Salvo en algunos casos concretos, los cambios serán pocos. Las competencias delegadas se pretenden transformar en la “panacea de una autonomía local descafeinada o rebajada”, que difícilmente casa con las previsiones de la CEAL (tal como expuso la Recomendación de 19 de marzo del Consejo de Europa en relación con el monitoring al Reino de España). Y las actividades económicas de los entes locales también se constriñen a través de alguna regla que mutila también la autonomía local.

6.- La pretensión última de la reforma (confesada expresamente en la exposición de motivos del proyecto) ha sido reforzar el papel de las “diputaciones provinciales” y asentar a la iniciativa privada en el ciclo de prestación de los servicios públicos municipales. Tal como ha quedado el Proyecto (tras pasarle “el cepillo” después del dictamen del Consejo de Estado) ni una ni otra cosa, salvo grandes sorpresas, se conseguirá realmente, al menos a corto plazo. El pretendido papel reforzado de las diputaciones provinciales se ha quedado en una mera coordinación de la prestación conjunta de algunos de los servicios mínimos obligatorios de municipios de menos de 20.000 habitantes, utilizando como “palo” (o “zanahoria”, según se mire) el coste efectivo de los servicios mínimos obligatorios. A pesar de que el Ministerio de Hacienda (que no de Administraciones Públicas) se ha querido meter en el baile, y algo se meterá (determinación de los criterios y metodología del coste efectivo), las cosas se han complicado mucho tanto para las diputaciones como para las empresas privadas. Las segunda dependen de las primeras y estas de la voluntad (“acuerdo”) de los municipios afectados. Me temo que las “grandes empresas de servicios” (lobby donde los haya) pueden tener una honda decepción. Tanta expectativa para esto (“agua de borrajas”). Ya se sabe, todas las leyes institucionales que apelan a “la voluntad” de las partes para iniciar un proceso de “muerte súbita” de un ayuntamiento están llamadas al fracaso. Puedo equivocarme, pero le veo poco recorrido. Además, seamos honestos, tal y cual es la configuración actual de la mayor parte de las instituciones provinciales (diputaciones), su incapacidad de impulsar políticas de cambio estructural, así como su composición de intereses entre las distintas fuerzas políticas presentes en ese nivel de gobierno, quien piense que las diputaciones provinciales van a asumir un liderazgo en esta materia probablemente no ha entendido nada de lo que es en sí esta “venerable” institución y cuál es, por lo común, realmente su papel (“máquinas de reparto”). Bien es cierto que se le atribuyen otras competencias funcionales (gestión de tributos, contratación administrativa, administración electrónica, etc.) también en relación con municipios de menos de 20.000 habitantes, así como que se le pretende dar al “coste efectivo” un protagonismo real en los planes provinciales de obras y servicios y en las subvenciones. Veremos en qué queda todo esto. Ya se lo anticipo: en humo. La fumata blanca serán los pactos espurios que se alcancen para que las cosas no vayan a mayores. El “trueque y el regateo” como expresión viva de la “política” de las distintas “facciones” (partidos), por emplear palabras de El Federalista. En la diputación provincial se sientan alcaldes y concejales, no marcianos. Velarán por sus intereses y los de los suyos. No lo duden. No obstante, el “coste efectivo” no es un concepto neutro políticamente hablando, tendrá consecuencias. Tiene una virtualidad silente y a medio plazo irá sacando a la luz pública (ya se encargará el Ministerio de ello) los “desajustes” en bruto (sin analizar ni circunstancias ni calidad de los servicios) de algunos municipios (y, por tanto, pretenderán señalar a sus equipos de gobierno), que tendrán que buscar un relato creíble que justifique por qué gastan más en la prestación de determinados servicios que el municipio de al lado u otro de similares características.  Los medios serán una cruzada en este combate.

7.- La fusión “voluntaria” de municipios es una pretensión ingenua de un “legislador” que ofrece así una viva muestra de desconocer la vida local y, más en concreto, lo que es un ayuntamiento. Las medidas de régimen jurídico e incentivación de la fusión de municipios se colaron en el proyecto “en el último minuto”. Una ocurrencia de última hora, probablemente poco pensada y peor trenzada. No tiene mucho interés detenerse en este punto. Volvemos a la reflexión anterior, toda medida que se asiente sobre la naturaleza “voluntaria del proceso” (convenio de fusión), por muchos incentivos que se pretendan poner en la cesta, sencilla y lisamente no irá a ningún lado. La historia de las fusiones de municipios en España se reducen a escasas y limitadas experiencias. El ancestral localismo y el “fraternal cariño” que une a los vecinos de los pueblos limítrofes es harto conocido entre nosotros. Ya se les pueden poner todos los caramelos que se quieran en la boca, los municipios por regla general no se fusionarán voluntariamente por nada del mundo (salvo alguna excepción singular). Ni siquiera rebajando la mayoría requerida para aprobar esa fusión de absoluta a simple. A ver qué Alcalde promueve por mayoría simple (con el voto contrario del resto del Ayuntamiento y de buena parte de los vecinos) una fusión con el municipio limítrofe. A ver qué Alcalde que reciba esa “oferta envenenada” la acepta. Quien ha redactado ese largo y sinuoso artículo probablemente sabe muy poco de la vida real de un Ayuntamiento. Desde el despacho de la Castellana se puede muchas veces perder la perspectiva. Un Ayuntamiento no es un campanario que se fusiona con el de la iglesia del pueblo vecino. Suele haber personas que este proceso lo verán, sí o sí, como una de las afrentas más directas contra la existencia de su pueblo. El feroz localismo cerrará de un portazo las ingenuas pretensiones del legislador básico.

8.- La medicina fuerte: si una entidad local (esencialmente un ayuntamiento) incumple los objetivos coyunturales de déficit, deuda o regla de gasto, se le “castiga” con una batería de medidas estructurales que pueden afectar a la existencia o vida de los propios municipios. También en el “último minuto” alguien (algún alto funcionario) tuvo la ocurrencia de incorporar al proyecto una “modificación” (mejor dicho, “un complemento”) a la regulación prevista en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a los Planes económico-financieros que deben aprobar los entes locales (municipios) en el caso de desviarse de los objetivos marcados en cada ejercicio presupuestario. Una disciplina fiscal dura para los municipios. La cosa es seria, porque ni más ni menos se pretende “reformar” una ley orgánica (miento, “completar”) mediante una regulación contenida una ley ordinaria. Tales planes, se indica, deberán contener, además de lo previsto en ese artículo 21 de la LOEPSF, “al menos” una serie de medidas que afectan al corazón de algunos aspectos estructurales básicos del funcionamiento del municipio (suprimir las competencias distintas de las propias que estén ejercitando; proponer una gestión conjunta de los servicios mínimos obligatorios; incrementar los ingresos fiscales; “racionalizar” la administración, suprimir las entidades locales menores y hacer una propuesta de fusión con un municipio limítrofe. Como no se pone ningún tipo de umbrales de población estas medidas se aplicarían a todo tipo de municipios e, incluso, a provincias. Sinceramente no veo al Ayuntamiento de León, Málaga, Valencia o Zaragoza (por no decir el de Madrid) perdiendo sus competencias no propias y proponiendo una “fusión” con un municipio limítrofe. Soberano disparate. Son lo que tienen las prisas. Malas consejeras. Aparte de todo son medidas de dudosa legalidad (por incumplir la reserva de ley orgánica), desproporcionadas y escasamente meditadas. La FEMP pide la supresión de este artículo. Y no cabe augurarle mucha vida, salvo que la estulticia del legislador se imponga sobre la razón más elemental.

9.- Las medidas de redimensionamiento del sector público instrumental local o el viejo fantasma de la “huida” del Derecho Administrativo no “decaen”. El (relativo) cuestionamiento de mancomunidades y consorcios desfallece algo. Son, efectivamente, dos cuestiones, pero que se pueden encuadrar en ese “empacho de racionalización” que sufre el Proyecto. El eufemismo del “redimensionamiento” esconde una pretensión de gradual desmantelamiento del sector público instrumental local. Que se han cometido excesos, nadie lo duda. Que se deben corregir, tampoco. Pero en este caso las reglas de juego se cambian a la mitad de partido: si un Ayuntamiento tiene Plan de Ajuste o Plan Económico financiero ve constreñidas sus facultades de autoorganización desde el punto de vista instrumental al prohibirse crear entidades instrumentales o realizar aportaciones patrimoniales a empresas públicas o entidades públicas empresariales. Asimismo, aquellas entidades instrumentales que sean administración pública según el SEC-95 y tengan desequilibrio financiero, independientemente del estado de la administración matriz, deben enjuagarlo en el plazo de un año o, si no, disolverse. Los “Holdings” empresariales públicos locales deben desmantelarse en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. Todas estas reglas, con ligeras variantes, están desde el inicio del proceso y es una obsesión del gobierno que se apliquen a la mayor brevedad. Sin embargo, el frontal cuestionamiento (nunca explicado convincentemente) de las mancomunidades y consorcios ha remitido algo, sobre todo en el primer caso. El dictamen del Consejo de Estado ha reorientado el foco y las mancomunidades han saltado del “ojo de huracán”. Aún así quedan algunos flecos de la fiebre anterior por eliminarlas.

10.- La erosión y debilitamiento de la Política Local (con letales consecuencias sobre una imagen pública ya afectada), el retorno de “los nacionales” y las medidas cosméticas para hacer efectivo un ahorro de 8.000 millones de euros que nunca se logrará. Las distintas versiones del anteproyecto fueron incorporando un conjunto de medidas que tenían un triple objetivo: a) “racionalizar” las retribuciones y el número de eventuales y miembros políticos con dedicación exclusiva de las entidades locales; b) reforzar el papel de la Intervención Municipal y centralizar la gestión de los funcionarios con habilitación de carácter “nacional” en el Ministerio; y c) Limitar las retribuciones máximas de los empleados públicos locales. Las razones de fondo de este conjunto plural de medidas tenían que ver con el intento de aportar soluciones normativas de “ejemplaridad” política y con la necesidad de ajustar el gasto público, así como con un intento serio y profundo de extender los tentáculos del Ministerio a las tripas de los gobiernos locales a través de la figura de los Interventores. Las presuntas medidas de ejemplaridad política representan, sin embargo, pura cosmética y tienen fuertes efectos de deslegitimación sobre la Política Local. La pretendida sostenibilidad financiera se obtiene a costa de sacrificar la calidad democrática de estas instituciones y sus capacidades de autogobierno. No se pueden hacer reformas estructurales del gobierno local con contingencias del momento, aunque estas duren unos cuantos años. En vez de utilizar la transparencia para rendir cuentas y denunciar aquellos abusos que se puedan cometer en el terreno de la Política local, se echa mano del “látigo” que es siempre (a juicio del Gobierno) el instrumento más eficaz. Muerto el perro, se acabó la rabia. Por su parte, el ensayo de entronizar a la Intervención local como prolongación del Ministerio en los ayuntamientos, ha sido muy rebajada en el Proyecto final. La FEMP y buena parte de los alcaldes hicieron bandera de este asunto. Aun así, al Ministerio aún le queda algún comodín en la manga. Veremos cómo lo usa. Y, en fin, la pretensión de limitar las retribuciones de los empleados públicos locales se sigue manteniendo. El actual proyecto de Ley de Presupuestos nada dice al respecto. Que nadie cante victoria, queda aún el trámite en el Congreso y en el Senado. Y la voluntad del Ministerio era incluir tales límites. Pero de todo este conjunto de medida que nadie espere que se vayan a ahorrar aquellas cantidades ingentes aireadas por el Ministerios y que puedan justificar ni de lejos esos optimistas cálculos. En pocos meses se darán cuenta en Bruselas que, una vez más, hemos hecho las cuentas sin ningún tipo de rigor. La reforma local no solo no ahorrará 8.000 millones de euros, sino que, a poco que nos descuidemos, puede tener un coste indirecto sobre las arcas públicas. Los malos diseños institucionales (y este lo es) no son gratis en términos económicos. Todo esto pasa factura con el transcurso del tiempo. Y mucho me temo que esta factura va a ser muy cara. Improvisar sin conocer tiene esos resultados. Pero a nadie le importa, ni a unos ni a otros, acostumbrados como estamos a vivir del regate corto y de la mera contingencia. Así nos va.

miércoles, 9 de octubre de 2013

Declaración de la asamblea general de alcaldes contra la reforma local

La Asamblea General de Alcaldes y Alcaldesas contra la reforma local tendrá lugar el próximo 13 de octubre a las 12 horas en el local de la ONCE, Pº de la Habana, 208, de Madrid.
Están convocados todos los alcaldes y alcaldesas, de todo signo político, contrarios a la reforma local del Gobierno así como cargos públicos y ciudanía interesada en participar en el acto.
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Declaración de Alcaldes/as contra Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

Madrid, 13 Octubre 2013

Los Alcaldes y Alcaldesas queremos expresar nuestra posición radicalmente contraria al Proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

El Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica que las corporaciones locales significan para la economía del país. Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4% del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en 2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante una apreciación errónea de los fines constitucionales de la Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones presupuestarias constituyen una limitación que se respeta totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo.

Pero ademas son las administraciones locales las únicas que están disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 mas de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones presupuestarias.

El ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus necesidades particulares tienen mejor acomodo.

La ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca, indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y mayor coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste mas elevado que tendrán que costear los ciudadanos.

Recordemos que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio, señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios”.

El texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que en lugar de profundizar en los derechos democráticos de participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.

Los municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen para mejor administrar sus propios intereses comunes en torno a un núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a lo largo de los siglos permite a estas comunidades deshacerse de los vínculos de vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales que han decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el modelo de convivencia democrática por el que hemos optado, confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado Antimunicipal.

Así, la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por un lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición democrática y que no sólo debe conservar su cualidad de Entidad Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que no podemos sino rechazar.

Queremos rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.

El texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de 2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos en estos momentos de dura crisis económica.

Pero además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985, que establece que el contenido del compromiso adquirido con la adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan “libertad plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre todo que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos” y que por tanto “la atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía”. Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más económico.

Al contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad, inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía, perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.

Así, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía municipal y a la eficiencia en la prestación de servicios imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.

Ante la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y federaciones de entidades locales, empleados públicos, organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado con toda claridad y contundencia.

Hoy queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso para alcanzar mayorías sociales.

Debe ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el modelo institucional de participación efectiva de las Entidades Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal Constitucional.

Por la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las necesidades reales de los municipios y de las entidades locales menores.

martes, 8 de octubre de 2013

Charla en Sevilla: "Deuda, democracia y financiación local. Alternativas ciudadanas a la reforma local"

Lunes 14 octubre, 18h, Universidad Pablo Olavide, edificio 6, aula 1

Intervienen:


Victoriano Suárez (economista, secretario de ATTAC Andalucía).
Juan José Santiago (economista, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda).


El próximo lunes 14 de octubre se celebrará a las 18h una charla-debate sobre "Deuda, democracia y financiación local. Alternativas ciudadanas a la reforma local" en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (edificio 6, aula 1) . La charla se sitúa en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, una iniciativa del Consejo de Europa. Intervendrán en la misma los economistas  y

En la charla se explicará cómo funciona la financiación de los Ayuntamientos, así como la problemática de la deuda pública a nivel municipal, intentando quebrar mitos sobre la deuda o la insostenibilidad de las entidades locales. Se tratará también la importancia de una financiación local justa que haga frente a unos servicios públicos locales que están siendo puestos en cuestión por el actual proyecto de ley de reforma local (el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, actualmente en trámite parlamentario). Por otro lado, se expondrán y debatirán algunas alternativas a la reforma local desde la ciudadanía activa y crítica, alternativas encaminadas hacia un municipalismo democrático y de servicio público. Tras la intervención de los ponentes se abrirá un turno amplio de debate entre los asistentes.

Rogamos la
difusión de esta convocatoria. 


Actividad en el marco de la Semana Europea de la Democracia Local, una iniciativa del Consejo de Europa