lunes, 29 de julio de 2013

El Gobierno confirma el hachazo a los servicios sociales que prestan los Ayuntamientos

Extraído de publico.es:

El anteproyecto de reforma local del Gobierno ha sido finalmente aprobado por el Consejo de Ministros de hoy tras varios retrasos desde hace un año y sin el consenso que aquél dijo siempre haber procurado.
Confirma así los peores augurios de quienes temen por la potente red de servicios sociales que ejecutan los ayuntamientos -la administración que está más cerca de los ciudadanos-, cuyas competencias pasan a depender de las Comunidades Autónomas. Estas administraciones, sin embargo y según recoge el último borrador del texto de la reforma local, tendrán la "posibilidad de delegar dichas competencias en los municipios de conformidad con el artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local", siempre suministrando los recursos para ejercerlas.

Los servicios sociales que prestan los municipios incluyen asistencia a dependientes o a mujeres víctimas de violencia de género, entre otros, tal y como informó Público el pasado lunes y que, aparte del servicio en sí, tienen en la proximidad del asistente al ciudadano un valor añadido que no pueden darles las autonomías: a mayor descentralización, mejor servicio social, insisten los responsables de esta labor.
El Gobierno de Mariano Rajoy confirma así las sospechas de los gerentes de la prestación de estas competencias, que llevan varios meses advirtiendo en todo el país de lo negativo de estos recortes para la asistencia social de todo tipo. Además, alertan de la precaria situación de las Comunidades Autónomas frente a los ayuntamientos, los cuales, tal y como aseguró el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "no son los que están desequilibrando el déficit del Estado". Unos 4.000 ayuntamientos "están en superávit o equilibrio" en sus cuentas, ha señalado Cristóbal Montoro, lo que supone cerca del 50% de los más de 8.000 ayuntamientos españoles.

Incentivos a la fusión de ayuntamientos

El Ejecutivo ha asegurado que incentivará la fusión voluntaria de municipios, siguiendo otra de las recomendaciones del Consejo de Estado, aunque ignora las que se refieren al excesivo poder de las diputaciones provinciales, que se ven reforzadas con esta norma. Los incentivos contemplados por el Gobierno van desde una "mayor financiación per capita" hasta "una preferencia temporal en planes de cooperación local de infraestructuras, obras, servicios o subvenciones", explica la referencia del Consejo de Ministros de hoy 26 de julio.
Montoro reconoció que los ayuntamientos "no son los que están desequilibrando el déficit del Estado"
En este sentido, cabe incluir asimismo las trabas que se imponen a la creación de municipios, por ejemplo, con la prohibición de que éstos se constituyan con menos de 5.000 habitantes. O a la obligación de presentar sus cuentas de las entidades menores al municipio que, de no hacerlo en un plazo de tres meses, serán integradas en éste como "organización desconcertada".
Las diputaciones provinciales son las ganadoras de esta reforma local del Gobierno, si, tras su tramitación parlamentaria, se mantiene en los términos expuestos hoy desde la mesa del Consejo de Ministros. Las diputaciones podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de 20.000 habitantes o implantar fórmulas de gestión compartida a través de consorcios, a menos que los municipios pudieran demostrar que pueden prestar esos servicios con un coste inferior.
PSOE: "Los ciudadanos son los grandes perdedores de esta reforma"  El Gobierno sí ha aplicado la recomendación del Consejo de Estado -que censuraba el riesgo de violar la autonomía municipal y vulnerar la Constitución- y ha suprimido el concepto de "coste estándar" del anteproyecto del ley de reforma local, que pasa ahora a su trámite en las Cortes Generales. Según dicho coste estándar, si los ayuntamientos no se acogían a él para la prestación de los servicios, perdían la competencia en favor de las diputaciones.
El "coste efectivo" por el que ha sido sustituido supone ahora la publicación, en un máximo de tres meses, del coste de todos sus servicios municipales, de forma que, según Montoro, los ciudadanos tendrán la posibilidad de conocer el importe de todos los servicios que se prestan y hacer comparaciones con otros municipios, por ejemplo. Para el ministro de Hacienda, "será un ejercicio democrático muy sano" y una garantía más de "estabilidad presupuestaria", la cual, además, permitirá disponer de "un instrumento legal mayor" en caso de que la Hacienda estatal deba corregir la situación financiera de un municipio y "delegarla [una prestación] , si fuere el caso, en una diputación".

Un "bodrio" inútil

El PSOE ha respondido inmediatamente a la luz verde del Gobierno al texto de la reforma local. El secretario de Ciudades y Política Municipal socialista, Gaspar Zarrías, ha explicado que ésta es una ley que "despoja directamente de competencias a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", que son el 95% de los españoles. Todo ello, en favor de la gestión de sus servicios por parte de las diputaciones, lo cual, según Zarrías, "abre la puerta a su privatización" y convierte a los ciudadanos en los "grandes perdedores" de esta reforma.

Esta ley, según el principal partido de la oposición, es un "bodrio" que, encima, "no soluciona nada". "No clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura administrativa de las entidades locales de nuestro país y no solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos", ha argumentado el portavoz socialista, que ha pedido la retirada del texto y anunciado una enmienda a la totalidad.

La reforma local amenaza los servicios al ciudadano y 40.000 empleos en Andalucía


Protesta de la Plataforma Pro-Igualdad.Extraído de andalucesdiario.es:

Tras meses de espera y un serio toque del Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado la llamada Reforma Local, que dará un giro de 360 grados a la idea de municipalismo construida durante los últimos 30 años. Bajo la premisa de hacer más sostenibles los Ayuntamientos y evitar la duplicidad de competencias, el Ejecutivo pondrá fin a la cercanía de servicios y prestaciones al ciudadano.
 La Junta de Andalucía ya ha anunciado el “atropello” que supone la aprobación de la norma e Izquierda Unida va más allá y cifra en 40.000 los empleos que podrían perderse en Andalucía por la reforma. 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta norma, cuyo eslogan es ‘Una Administración, una competencia’, tiene como objetivos clave: eliminar competencias “impropias” de los Ayuntamientos, “al regular por primera vez, y de forma precisa, sus competencias propias”; potenciar las Diputaciones provinciales para “la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes”, incentivar las fusiones voluntarias, aumentar las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y eliminar convenios entre Administraciones sin financiación. Asimismo, los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. El Gobierno suaviza así este último punto y elimina el polémico coste estándar, sobre el que el Consejo de Estado hizo duras críticas en su informe.

La medida afecta directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 80% de los ayuntamientos andaluces, según la Federación de Municipios y Provincias (FAMP), que perderían sus competencias. Aquellos de más de 20.000 habitantes quedaban sometidos al llamado coste estándar, suprimido finalmente, después de que el Consejo de Estado criticara que se pusiera un coste fijo a los servicios y se penalizara a aquellos municipios que superaran el citado coste.

La institución denunció entonces que la reforma local violaba el artículo 140 de la Constitución, al reducir “en exceso” la autonomía municipal que garantiza la Carta Magna, y ”por el vaciamiento de competencias”. Pese a las críticas de la oposición, de organizaciones y colectivos en defensa de los servicios municipales públicos y hasta de alcaldes del Partido Popular -el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, manifestó las “dificultades” de llevar esta reforma a cabo- el Gobierno ha dado hoy un paso al frente para la implantación de la reestructuración  de la Administración Local, con la que pretenden ahorrar  8.024 millones de euros hasta 2019.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado que se va a elaborar un informe con el posicionamiento del Gobierno andaluz en defensa del ordenamiento jurídico y las competencias garantizadas por el Estatuto de Autonomía. Además, informará al Pleno del Parlamento, a petición propia, sobre los efectos de esta reforma en la que el Estado pasa a ser “gestor, interventor y juez” en las relaciones que de forma voluntaria y libre acuerden la Comunidad Autónoma y los municipios de su territorio.

De hecho, Valderas ha asegurado que la norma “colisiona” con preceptos reconocidos por el Estatuto andaluz, que es “profundamente municipalista”, y supone una limitación al autogobierno de los andaluces. En este sentido, según explica, la reforma impulsa el papel de las diputaciones provinciales, que pasarán a coordinar los servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios de menos de 20.000 habitantes, incluyendo competencias como la gestión tributaria y la contratación centralizada entre otras.
Asimismo, ha destacado que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera son otro de los aspectos de “enorme gravedad”, toda vez que las consecuencias para los municipios van desde la supresión de competencias a la asunción de la prestación de servicios esenciales. Estas y otras cuestiones afectarán “de lleno” a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, norma pionera que quedará “fatalmente resentida”.

RECHAZO FRONTAL

La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ha mostrado su rechazo a la reforma y ha hecho un llamamiento a  la ciudadanía “a defender la autonomía local y los servicios públicos”. Las organizaciones sociales consideran que esta ley pone en peligro el municipalismo y que, “con la excusa de la insuficiencia presupuestaria, los servicios públicos locales, tales como el abastecimiento y depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos, podrán ser privatizados“.
Para la plataforma, el proyecto de ley “tiene la intención de restringir la autonomía y la democracia participativa local así como eliminar los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias”.

Los sindicatos han advertido de que “la ayuda a la dependencia, servicios sociales, guarderías y apoyo educativo, actividades culturales y deportivas, los centros de información a la mujer o la misma protección a los consumidores se verán suprimidas o reducidas a la mínima expresión”, por ello, han subrayado que “las organizaciones sociales ven en este ataque contra la autonomía local la pérdida de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales”.

‘Compromiso Social por el Progreso’ está integrado por CCOO, UGT, CAVA, Cepes, Al-Andalus, Facua Andalucía, UCA-UCE, Forum de Políticas Feministas, Attac-Andalucía, Plataforma 2015 y +, Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad (Cermi Andalucía), Asociación de Progresistas de Andalucía, Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Codapa, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UGC y UFP), la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de ONGS de Desarrollo (Caongd), Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores (Fempe/AS), Asociación Primavera Andaluza y AJPJ Pablo Iglesias.

Una Reforma Local aún peor que la criticada por el Consejo de Estado

Texto de Alejandro de Diego: El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local aprobado por el Consejo de Ministros desoye el Dictamen del Consejo de Estado y aún se enroca más en los asuntos sobre los que este alto organismo advirtió de una más que posible inconstitucionalidad.

Es verdad que el Gobierno ha hecho desaparecer el famoso coste estándar, que fue  criticado no sólo por el Consejo de Estado sino también desde todos los sectores locales, tanto profesionales, técnicos y políticos, y se ha sustituido por el coste efectivo de los servicios. Según el Gobierno se trata de una medida de transparencia que debe contribuir a una mejora de la eficiencia en el medio plazo. Incluso le confiere a las diputaciones el papel de seguimiento de esos costes para que cuando detecten que son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ellas ofrezca a los municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios que permita reducir estos costes. Y dicho así parece absolutamente razonable.

Pero el proyecto le reserva una desagradable sorpresa a la mayoría de ayuntamientos. En principio a los de menos de 20.000 habitantes pero muy especialmente a los de menos de 5.000, es decir, al 84 % de los municipios españoles, para los cuales prácticamente todas sus competencias serán asumidas directamente por las diputaciones que decidirán si las prestan directamente por ellas mismas o a través de una gestión compartida, mediante consorcios, mancomunidades, etc., pero sin intervención alguna del ayuntamiento que, no obstante, tendrá que seguir pagando su coste. Y será cada diputación la que decida si devuelve o no esas competencias porque son ellas las que deben acreditar si el ayuntamiento solicitante está en condiciones de asumirlas. Es decir, se suprimen por ley las competencias de la mayor parte de los municipios que pasan a ser competencias provinciales, quedando los ayuntamientos, en la práctica, como simple elementos folclóricos, independientemente de su situación económica y financiera, aunque eso sí, con alcaldes, concejales y asesores debidamente remunerados.

Este texto es mucho peor que el que fue criticado por el Consejo de Estado, contraviniendo su Dictamen en lugar de adaptarse a él como nos habían prometido, e incidiendo mucho más en el desapoderamiento de los ayuntamientos en favor de las provincias que supone una flagrante vulneración de la garantía de la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, además de seguir insistiendo en el fortalecimiento de las diputaciones que son entidades de representación indirecta, contrarias a la Carta Europea de la Autonomía Local al no estar sometidas al refrendo de las urnas. Es decir, al contrario de lo que volvió a anunciar el Ministro Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el proyecto, este supone el mayor ataque que ha sufrido nunca el municipalismo español.

El sindicato USO rechaza el proyecto de reforma de la Administración Local

La Federación de Empleados Públicos de la Unión Sindical Obrera FEP-USO manifiesta públicamente su rechazo al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que se remitió el pasado Viernes 26 a las Cortes para su tramitación Parlamentaria, y exige su retirada, como ya hizo el pasado 15 de Marzo, al analizar el borrador que nos hizo llegar la Administración.
 
Desde FEP-USO nos oponemos frontalmente a esta reforma, pues la misma se decanta por la privatización de los servicios municipales como única alternativa a su prestación. Con la consiguiente destrucción de Empleo Público, y lo que es peor, el deterioro de la prestación de los Servicios Públicos que prestan los Ayuntamientos a los ciudadanos. Distanciando a quien gestiona y presta el servicio, que es quien conoce mejor las necesidades de los ciudadanos de su municipio, de quien lo recibe. Y como no, afectando a los Empleados Públicos que los prestan, lo que generará mas paro, a cambio de un empleo precario y un servicio público de mala calidad.

-La gestión de muchos servicios públicos quedará, por imperativo de esta Ley sometida a la iniciativa privada, o lo que es lo mismo, sometida a criterios económicos de rentabilidad, por encima de los criterios del beneficio, de la rentabilidad social y del servicio al ciudadano, que pasan a estar en un segundo plano.
-Consideramos que la Reforma va a ocasionar una pérdida brutal de puestos de trabajo en las Administraciones Locales de toda España. Algunas fuentes cifran en una cantidad superior a 200.000 los puestos de trabajo que pueden llegar a ser suprimidos, y que se sumaran así a los ya de por si demoledores efectos que la Reforma Laboral ha tenido y está teniendo en la Administración Local. Nuevos ERE se avecinan en la Administración Local.
-Esta Reforma, en el supuesto de que vaya adelante, tras su tramite parlamentario, perjudicará a muchísimos ciudadanos, en especial a los residentes en pequeños municipios del ámbito rural, al imponer la supresión de Servicios Públicos Municipales como aquellos relacionados con Servicios Sociales, personas dependientes, discapacitados, etc… Siendo las Comunidades Autónomas las que, asumiendo estas competencias, decidirá qué servicios se van a mantener y en qué municipios. Esto, unido a los criterios economistas a los que antes nos hemos referido, agravará aun más la situación de los ciudadanos residentes en estos municipios. No podemos obviar que han sido las Comunidades Autónomas las que han puesto en "la picota" muchos de los servicios que prestan los Ayuntamientos  justamente por el incumplimiento de sus obligaciones de pago hacia los mismos.
-Conceptos como los de “coste estándar” de los servicios, a pesar de que han sido “descafeinados” en base al informe del Consejo de Estado, siguen distorsionando la Reforma, en la que claramente se decanta a favor de la gestión privada sobre la pública. O lo que es lo mismo, se prima la privatización de los Servicios Públicos que prestan los municipios.
 
La Reforma plantea también dudas sobre su Constitucionalidad, pues vulnera la autonomía local reconocida en el Artículo 140 de nuestra Constitución, así como la Carta Europea de la Autonomía Local, suscrita por España en 1988, siendo varios los Gobiernos Autonómicos que ya han anunciado su oposición al texto, como el catalán, el vasco y el andaluz, entre otros. Lo que augura un largo recorrido judicial, una vez terminado el parlamentario.
 
Desde la FEP-USO consideramos que el Gobierno ha perdido otra oportunidad de oro para abordar una reforma de la Administración Local, que consideramos necesaria, pero que en este caso, como en otros, se afronta desde una falta total de negociación y búsqueda de consenso, así como desde la prevalencia de criterios ya muy roídos y demostradamente faltos de eficacia, como la reducción del gasto público, ante todo y pese a quien sea… cuando justamente la deuda de la Administración Local, supone un porcentaje mínimo, que ronda el 4 %, respecto del total de la deuda publica. Reducción que se materializa en la supresión de servicios públicos, en otra vuelta de tuerca en la satanización de los Empleados Públicos que los prestan, y en la sustitución de ambos -servicios y empleados públicos que los prestan- por la iniciativa privada, como única alternativa. A la que se le considera, ante todo mas barata, lo que además de falso, al parecer, es lo único que importa. Sin tener en cuenta otras premisas, como la calidad del servicio que se presta, y que los ciudadanos son, ante todo, personas,  y no simples números. Seres humanos que necesitan, en determinadas momentos de su vida y ante determinadas situaciones de necesidad, la prestación de determinados servicios que cubran estas necesidades adecuadamente, por encima de las valoraciones económicas de su rentabilidad. A estos efectos nos remitimos a las propuestas que sobre la Reforma de la Administración Local hicimos en su día y en la que seguimos apostando por unos Servicios Públicos de Calidad, prestado por un Cuerpo de Empleados Públicos de la Administración Local, también de calidad, gestionado bajo criterios de igualdad y homologación retributiva. 

Dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de reforma local

TEXTO DEL DICTAMEN

La Comisión Permanente del Consejo de Estado, en sesión celebrada el día 26 de junio de 2013, emitió, por unanimidad, el siguiente dictamen:

"En cumplimiento de una Orden de V. E. de 24 de mayo de 2013, con registro de entrada el día 25 siguiente, el Consejo de Estado ha examinado el expediente relativo al anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

De los antecedentes remitidos resulta: 

PRIMERO.—Contenido del anteproyecto
El anteproyecto sometido a consulta se inicia con una exposición de motivos que comienza invocando el artículo 135 de la Constitución que, tras la reforma operada en el año 2011, exige que las Administraciones Públicas adecuen su actuación al principio de estabilidad presupuestaria. Recuerda que en desarrollo de este precepto se dictó la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que impone una necesaria adaptación de la normativa básica reguladora de la Administración local a fin de adecuarla a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos locales, lo que obliga a modificar ciertos aspectos de la organización y funcionamiento de la Administración local y a mejorar su control económico-financiero.
Atendiendo a lo anterior y transcurridos casi treinta años desde la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local (en adelante, LBRL), se considera necesario proceder a una revisión profunda de las disposiciones que definen el estatuto jurídico de la Administración Local, para lo cual se aprueba la presente Ley, cuyos objetivos y contenido se resumen brevemente a continuación.
El primero de tales objetivos consiste en clarificar las competencias municipales, evitando su solapamiento con las de otras Administraciones bajo la premisa de que a cada Administración debe corresponder una competencia. Las medidas incluidas en la nueva Ley pretenden resolver las disfuncionalidades generadas por el modelo competencial diseñado por la LBRL, acabar con la duplicidad en la prestación de servicios y poner fin a las llamadas "competencias impropias", entendidas como aquellas que los Ayuntamientos ejercen sin un título específico que las reconozca. A este respecto, la exposición de motivos destaca que el sistema competencial de los Municipios españoles se configura en la práctica como un modelo complejo en el que la responsabilidad de los gobiernos locales queda difuminada e insiste en la estrecha vinculación existente entre la disfuncionalidad del modelo competencial y las haciendas locales, lo que determina que resulte justificado invocar conjuntamente los títulos competenciales que al Estado reconocen los apartados 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución (Hacienda general y deuda del Estado y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, respectivamente). Junto a ellos, sirve también como fundamento competencial de la Ley el título recogido en el artículo 149.1.13 de la Constitución en materia de "bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica", habida cuenta de que uno de los fines a los que se orienta la norma es garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios de las entidades locales y que todos los poderes públicos, incluidos los locales, deben adecuar su actuación a los principios rectores que se consagran en la Ley Orgánica 2/2012, antes citada.
En ejercicio de las competencias que al Estado reconocen los referidos apartados del artículo 149.1 de la Constitución se dicta la presente Ley de reforma de la Administración local, que trata de establecer con precisión las competencias que corresponden a las Administraciones locales mediante la definición de un listado de materias en que los Municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, sometiendo su determinación a una reserva formal de ley. De este modo, las entidades locales no podrán ejercer competencias distintas de las que estén expresamente atribuidas por ley o hayan sido delegadas -es decir, competencias impropias- sino en aquellos casos en que no se ponga en riesgo financiero la realización de las competencias propias, no haya duplicidades con las competencias autonómicas y se garantice la sostenibilidad financiera de las competencias o actividades económicas con arreglo al principio de eficiencia y al resto de los requerimientos derivados de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que alcanzan también al ámbito de la celebración de convenios entre Administraciones. Por lo que se refiere a la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios, se exige que vaya acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria, sin que su duración pueda ser inferior a cinco años, reservándose la Administración delegante los mecanismos de control precisos para asegurar la adecuada prestación del servicio delegado. 

El segundo objetivo que se propone alcanzar el anteproyecto es el de racionalizar la estructura organizativa de la Administración local, para lo cual se introducen diversas medidas dirigidas a fortalecer a las Diputaciones Provinciales, que asumirán parte de las competencias hasta ahora prestadas por los Ayuntamientos a fin de lograr economías de escala con unos servicios comunes centralizados y reducir estructuras administrativas que no sean eficientes o sostenibles. La Ley lleva a cabo, además, una reestructuración del sector público local mediante la racionalización de los órganos de gobierno de las entidades instrumentales que lo integran y la ordenación responsable de las retribuciones del personal al servicio de las Corporaciones locales, todo ello sobre la base de los Acuerdos entre el Gobierno de la Nación y las Entidades locales de 7 de abril de 2010 y de 25 de enero de 2012. En particular, se impide la participación o constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un plan económico-financiero o a un plan de ajuste, exigiéndose además el saneamiento de las ya existentes que se encuentran en situación deficitaria y, en última instancia, su disolución. Se prohíbe en todo caso la creación de entidades instrumentales de segundo nivel -unidades controladas por otras que, a su vez, lo estén por las entidades locales-, debiendo disolverse aquellas que existan a la entrada en vigor de la Ley en el plazo previsto en ella. 

En tercer lugar, la Ley proyectada pretende lograr un control económico-presupuestario más riguroso y a tal fin refuerza el papel de la función interventora de las Entidades locales y habilita al Gobierno para dictar las normas sobre los procedimientos de control, metodología de aplicación y criterios de actuación, así como sobre los derechos y deberes en el desarrollo de las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, favoreciendo la aplicación generalizada en el ámbito local de técnicas como la auditoría, en todas sus vertientes. Estas medidas supondrán una mayor transparencia en la información económico financiera de las entidades locales, lo que permitirá mejorar la toma de decisiones por los cargos electos en el ejercicio del mandato representativo que tienen encomendado constitucionalmente. Por otro lado y a fin de garantizar la profesionalidad y eficacia de las funciones de control interno, la Ley regula el régimen de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
El cuarto y último objetivo de la norma consiste en favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Para ello se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica a los supuestos en que su necesidad y proporcionalidad queden debidamente justificadas y se suprimen los monopolios municipales heredados del pasado y que recaen sobre sectores económicos pujantes en la actualidad. 

La norma proyectada consta, además, de una parte dispositiva integrada por dos artículos, veintitrés disposiciones adicionales, once transitorias, una disposición derogatoria y cinco disposiciones finales. El artículo primero lleva a cabo la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Lo integran treinta apartados en los que se da nueva redacción a los artículos 2.1, 3.2, 7, 8 (al que se añade un segundo párrafo), 10, 16.2, 25, 26, 27, 31.2, 32, 36, 44 (mediante la introducción de un nuevo apartado 6), 45, 55, 57, 61, 84 bis, 85.2, 85 ter.2, 86, 92, 100.1, 109 y 130.3, así como al apartado tres de la disposición adicional quinta. Además, se incorporan dos nuevos artículos (57 bis y 92 bis) y se suprimen el artículo 28 y la disposición adicional novena. 

El artículo segundo contiene la modificación del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Consta de dos apartados en los que se da nueva redacción a los artículos 213 y 218, que regulan el "control interno" y los "informes sobre resolución de discrepancias", respectivamente. 

Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales, veintitrés en total, la primera de ellas contiene una previsión relativa a los regímenes y Haciendas forales; la segunda regula las competencias autonómicas en materia de régimen local, refiriéndose la tercera a las especialidades de las ciudades de Ceuta y Melilla y la cuarta a los regímenes especiales de Madrid y Barcelona; la disposición adicional quinta versa sobre las Comarcas, mientras que la sexta, la séptima y la octava se refieren, respectivamente, al personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares, al régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones locales y del personal al servicio de las entidades locales y a las retribuciones en los contratos mercantiles y de alta dirección del sector público local y al número máximo de miembros de los órganos de gobierno; la disposición adicional novena regula el redimensionamiento del sector público local y la décima y la undécima la evaluación de los servicios municipales y la de los servicios prestados por mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio, respectivamente; la disposición adicional duodécima tiene por objeto regular la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado con las Intervenciones locales mediante la suscripción del oportuno convenio; la decimotercera establece el régimen aplicable al personal eventual de las entidades locales; la decimocuarta impone una limitación en el número de los cargos públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva; la disposición adicional decimoquinta regula el traspaso de medios personales que debe producirse como consecuencia de una transferencia competencial llevada a cabo en cumplimiento de las previsiones de la Ley; la disposición adicional decimosexta determina la masa salarial del personal laboral del sector público local; la decimoséptima regula el coste real de la prestación o del servicio; la disposición adicional decimoctava se refiere al traspaso de medios materiales y personales a las Administraciones educativas; la decimonovena regula el pago del Impuesto de bienes inmuebles; las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoprimera se refieren a los convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales y a los de colaboración entre el Estado y las entidades locales, respectivamente, mientras que la vigesimosegunda contempla la compensación de deudas entre Administraciones por asunción de servicios y competencias; por último, la disposición adicional vigesimotercera detalla la información que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tutela financiera deben publicar. 

En cuanto a las disposiciones transitorias, las dos primeras establecen el régimen transitorio para el personal directivo de las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares y para los Consorcios, respectivamente; la tercera regula la disolución de entidades de ámbito territorial inferior al Municipio y la cuarta la de las mancomunidades de Municipios; la transitoria quinta dispone que los núcleos de población que con anterioridad al 1 de enero de 2013 hubieran iniciado un procedimiento para su constitución como entidades de ámbito territorial inferior al municipio, una vez constituidos como tales, tendrán personalidad jurídica y se regirán por el artículo 45 de la LBRL y la legislación autonómica correspondiente; la disposición transitoria sexta prevé el régimen transitorio aplicable a los procedimientos administrativos en tramitación sobre funcionarios con habilitación de carácter estatal, refiriéndose la transitoria séptima al personal eventual de las entidades locales; la disposición transitoria octava regula la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a la salud y a la educación; la novena incluye las reglas aplicables a la evaluación de las competencias impropias ejercidas por los Municipios; la décima define el régimen transitorio aplicable a los Directores Generales de las entidades Locales; y la undécima, en fin, regula la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios sociales. 

La disposición derogatoria extiende sus efectos propios a las disposiciones adicional segunda y transitoria séptima de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a la disposición adicional duodécima de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como a todas las contenidas en la Ley 22/2006, de 4 julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, y en la Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona, que se opongan a lo dispuesto en la Ley, y las demás disposiciones de igual o inferior rango que contradigan sus previsiones. 

Por último, el anteproyecto de Ley consta de cinco disposiciones finales. La primera de ellas previene que la Ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos en los apartados 13, 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución; la segunda lleva a cabo una modificación de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la que se incluye una nueva disposición adicional, la vigésima, que contiene el régimen jurídico de los consorcios; por su parte, la disposición final tercera modifica el apartado segundo del artículo 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, mientras que la cuarta modifica el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible; por último, la disposición final quinta establece que la Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Manifiesto contra la reforma local: Por un municipalismo democrático y de servicio público

Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social por el Progreso de Andalucía”

compromiso-social1. UNA LEY CONTRA LAS LIBERTADES Y EL ESTADO DEL BIENESTAR.

Los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas, a la ciudadanía han jugado durante la etapa democrática un papel muy importante para el desarrollo de los servicios públicos y de las infraestructuras locales contribuyendo con ello a la cohesión territorial y social de Andalucía. Sin duda esto ha permitido arraigar a las personas a los territorios y desarrollar las potencialidades socioeconómicas de nuestros municipios. No obstante, en algunas administraciones locales se han producido prácticas reprobables, fundamentalmente vinculadas al desarrollo urbanístico especulativo.
Bajo el titulo de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local el gobierno del Partido Popular prosigue en sus políticas contra el Estado democrático y del bienestar que conducen al deterioro de las condiciones de vida y de libertades de la ciudadanía.

Con las palabras de racionalización y sostenibilidad se pretende justificar la adopción de medidas que no tratan de solucionar los problemas de la ciudadanía ni de las entidades locales, sino que se realizan con la intencionalidad de impedir que las y los representantes democráticos elegidos en los ayuntamientos puedan adoptar medidas donde primen el interés general y el bien común de la ciudadanía sobre el pago de unos intereses abusivos e ilegítimos a los bancos.

La falta de sostenibilidad es consecuencia de la endémica y estructural falta de financiación de las entidades locales que está caracterizada por unos bajos recursos propios en comparación con la administración central y las comunidades autónomas. Estas carencias económicas se han paliado tradicionalmente por los ingresos derivados del boom de la construcción, abriendo las puertas a la corrupción, y las subvenciones condicionadas de otras administraciones.

Al deterioro económico actual de los ayuntamientos ha contribuido la política gubernamental de prohibir la renovación de préstamos a largo plazo, a pesar de ser los que tienen un menor endeudamiento, y al no solucionar la insuficiencia económica de los municipios con una adecuada reforma de la actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

2. LOS OBJETIVOS PERVERSOS DE LA REFORMA LOCAL.

Cinco serán las consecuencias del actual proyecto de ley de reforma local si se aprueba:
1) Restringir la autonomía y la democracia participativa local.
2) Eliminación de los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias.
3) La privatización prácticamente total de los servicios públicos municipales de agua, residuos sólidos urbanos, bomberos, fomento económico y servicios sociales.
4) Destrucción de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.
5) Disminución y deterioro de la cohesión económica y social, el emprendimiento y el desarrollo local, con la consiguiente pérdida de riqueza endógena y del arraigo de la población al territorio.

3. LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA CIUDADANÍA.

El impacto en la aplicación de esta reforma local conllevaría demoledoras consecuencias para la ciudadanía en general:
- Brutal repercusión en el empleo público local con la supresión de puestos de trabajo y pérdida de derechos laborales.
- La afectación a los consumidores por el incremento en las tarifas, la ausencia de canales de participación social en la gestión de los servicios municipales y la falta de control por parte de la ciudadanía que conllevan la privatización de dichos servicios.
- La incidencia en las empresas de economía social, autónomos y pequeñas empresas locales que verían disminuir drásticamente su facturación por la caída de la demanda local, además de la eliminación de aquellas que sean proveedoras de los ayuntamientos al ser sustituida su actividad por la de grandes concesionarios foráneos como consecuencia de la privatización de los servicios y actividades municipales.
- Supresión o deterioro de los servicios públicos locales.
El ataque contra la autonomía local, al reducirse sus competencias y estar intervenida su gestión por la administración central o provincial, implicará la supresión del ámbito más cercano de la interlocución política y administrativa.
Mediante la excusa de la insuficiencia presupuestaria o de superar los costes estándar, los servicios públicos locales (abastecimiento y depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, cementerios, actividades deportivas y culturales, guarderías, etc.) serán trasvasados a las Diputaciones Provinciales para que éstas procedan a su privatización. Los efectos para las personas usuarias de los servicios son múltiples y diversos: el encarecimiento de las tarifas, la precarización y pérdida de su calidad, la ausencia de vías de participación social en su gestión y la falta de control de la misma por parte de la ciudadanía. La constatación actual es que los servicios privatizados locales son más caros y de peor calidad que cuando la prestación es pública.
Los servicios de ayuda a la dependencia, los servicios sociales, las guarderías y apoyo educativo, las actividades culturales, las deportivas, las sanitarias, la protección de los consumidores y usuarios, etc, se verán suprimidas o reducidas a su mínima expresión.

4. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE REFORMA LOCAL
Existe una gran cantidad de expertos juristas administrativos que califican el proyecto de ley de reforma local como claramente inconstitucional. El gobierno Andaluz ya ha declarado que no sólo conculca principios de nuestra Constitución sino que vulnera abiertamente nuestro Estatuto de Autonomía. A pesar de las dudas sobre la ilegalidad e ilegitimidad de los contenidos del proyecto de ley de reforma local, intentan su aprobación en el convencimiento de que sus objetivos se materializarán antes del posible fallo reprobatorio del Tribunal Constitucional, habiéndose creado entonces una situación de hecho de muy difícil reversibilidad.

5. OTRO MUNICIPALISMO ES POSIBLE.
Poner en pie una alternativa municipalista coherente, asegurar los cambios institucionales imprescindibles, defender los ayuntamientos como potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo económico y de calidad de vida de la ciudadanía ayudaría enormemente a encontrar una nueva relación entre las personas y la política.
El marco local sigue siendo un escenario potente, para la democracia participativa y para impulsar poderes ciudadanos que puedan confrontarse con la dictadura de los mercados.
Es necesaria la articulación de un nuevo modelo local con alternativas viables y posibles en las que los principios rectores que guíen la actividad de las entidades locales sean:
· Garantizar la prestación de los servicios y actividades locales esenciales.
· Optar por la eficiencia en la actividad local frente al criterio de austeridad.
· La oposición firme a la privatización de los servicios, por cuanto que el traspaso a la empresa privada conduce al abandono del interés general, a la pérdida de calidad y al encarecimiento de sus costes (las concesiones al sector privado del ciclo integral del agua, de la recogida y tratamiento de residuos, de servicios de cementerio o de transportes así lo atestiguan).
· Lograr la eficacia, transparencia y legalidad en la actividad local mediante una Ley de evaluación participativa de las políticas públicas locales, que desarrolle en lo concreto la democracia participativa en el ámbito local.
· Y lo importante en cuanto a objetivos es que, ante la crisis económica de nuestro país, el eje de actuación primordial debe ser el desarrollo local participativo, mediante la debida articulación y coordinación con las políticas estatales y autonómicas que deben desarrollarse.
Desde Andalucía se debe exigir al Gobierno de España que ante la severa situación económica de las Entidades Locales remita a las Cortes los proyectos de la Ley Básica del Gobierno y Administración Local y de la Ley de Financiación Local que posibiliten realmente la sostenibilidad y la racionalidad de la gestión local.
Una nueva Ley de Financiación Local es esencial para acabar con la endémica falta de suficiencia económica de las entidades locales, con los siguientes contenidos:
· Garantizar la suficiencia financiera municipal desde los Presupuestos Generales del Estado incrementando sus ingresos totales.
· La transformación del actual sistema tributario local caracterizado por su ineficacia (en 2009 los costes de ineficiencia supuso 6.634 millones de euros lo que representa el 31 por cuento de la recaudación prevista) y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la constitución). Para el logro de la eficacia y equidad la nueva imposición local debe de articularse a través de los sistemas tributarios central y autonómico, mediante el establecimiento de un sistema de financiación local más eficiente, equitativo, justo y progresivo.
· Establecimiento de un Plan Estatal de Inversiones Locales con aportación íntegra del Estado y de las Comunidades Autónomas y con destino a proyectos incluidos, esencialmente, en planes y programas cuatrienales municipales, que priorice la reactivación económica y la creación de empleo de calidad.
· Nuevo sistema de reparto en la participación en tributos del Estado que venga a mejorar la cuota municipal.

6. LLAMAMIENTO

Los duros planes de ajustes, que afectan al empleo, a la subida de impuestos locales, a la privatización y al deterioro de los servicios, requieren de una acción unitaria ciudadana, política y sindical que contraponga un modelo de municipalismo democrático y de servicio público basado en la eficiencia, en la prestación de calidad de los servicios públicos locales y en el desarrollo de políticas de empleo generado.

Por todo ello, Compromiso Social para el Progreso Social de Andalucía llama a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas, a combatir esta reforma y a defender la autonomía local y los servicios públicos.

Andalucía, junio de 2013

Organizaciones Sociales que integran la Plataforma:

- Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A
- Unión General de Trabajadores-UGT-A
- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)
- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)
- Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (AL-ÁNDALUS)
- Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA)
- Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
- Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMIAndalucía)
- Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
- Asociación de Progresistas de Andalucía
- ATTAC-Andalucía
- Plataforma 2015 y más
- Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA)
- Unión Federal de Policía
- Sindicato Unificado de la Policía
- Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
- Unión de Guardias Civiles de Andalucía
- Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía- ADSP
- Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
- Coordinadora Girasol
- Forum Política Feminista de Andalucía
- Coordinadora Andaluza de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CAONGD)
- Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores, PEMPES/AS
- Asociación Primavera Andaluza
- APJP Pablo Iglesias

Enlace al manifiesto contra la reforma local: "Por un municipalismo democrático y de servicio público": http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/doc159588_Manifiesto_por_un_municipalismo_democratico_y_de_servicio_publico.pdf

CCOO exige la retirada del proyecto de ley de reforma de la Administración Local


CCOO exige la retirada del anteproyecto de ley para la reforma de la Administración Local
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO muestra su rechazo al anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros para su posterior trámite parlamentario. CCOO exige su retirada, y aboga por la viabilidad financiera municipal y por defender y mejorar el empleo y los servicios públicos a través de la negociación
CCOO exige la retirada del anteproyecto de ley para la reforma de la Administración Local
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en su enésima versión, que, como todas las anteriores y haciendo gala de la opacidad que caracteriza a este Gobierno, no se le ha facilitado a los sindicatos para su estudio, negociación y discusión. Palabras estas que han desaparecido del diccionario del Ejecutivo de Rajoy.

Así pues, en función de los borradores de que se dispone, y tal se como ha ido reiterando en diversos comunicados de prensa, el Sector Estatal de la Administración Local la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO considera que este anteproyecto de ley no es solo "un atentado a la autonomía municipal consagrada en el Artículo 140 de la Constitución", sino también su gestión es un ataque al modelo sindical, pues hasta el momento no se ha podido abrir ninguna mesa de negociación con el Gobierno para discutir y presentar propuestas, como se había hecho en mayor o menor grado hasta el momento ante leyes de este calado.

CCOO rechaza la reforma que intenta llevar a cabo el Gobierno porque es centralizadora e invasora de competencias autonómicas y contraviene la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España en 1988, una autonomía local que es la base de la arquitectura de cualquier democracia.

Justifica el Ejecutivo de Rajoy esta ruptura con la Carta Europea con una pretendida eficiencia económica en la búsqueda de la reducción del déficit público, que CCOO considera más que dudosa, ya que la deuda de los ayuntamientos apenas supone un 4% de la deuda de las administraciones públicas, y de ese porcentaje la mayor parte recae en un número muy limitado de grandes municipios.

“Estamos ante un capítulo importante de los recortes a las administraciones públicas en beneficio de los intereses económicos privados. La gestión de lo público quedará por ley más subsidiada a la iniciativa privada, pasando a un segundo plano el beneficio y la rentabilidad social de los servicios públicos”, ha declarado Joan Gasull, secretario general del Sector Estatal de Administración Local de FSC-CCOO.

“Esta reforma –afirma Gasull– no solo desatiende la reivindicación histórica del municipalismo de contar con suficiente financiación, sino que ahora las comunidades autónomas podrán decidir la prestación de un servicio municipal sin la correspondiente partida presupuestaria. Los servicios municipales no solo no mejorarán sino que serán más caros para la ciudadanía”.

La reforma local recogida en este anteproyecto de ley supondrá –a juicio de CCOO– la pérdida de empleo y de los servicios públicos que prestan los pequeños y medianos municipios. Se trata de un  atropello más, a los derechos de las personas al servicio de las administraciones públicas, y ahonda en el deterioro y abandono que el Gobierno está aplicando a la Administración Local y al conjunto de empleadas y empleados públicos.

Respecto a la “sostenibilidad” de la futura ley, CCOO teme que será solo factible por la vía de nuevos recortes en recursos, servicios y empleo público.

Por mucho que ahora se diga, que en el nuevo borrador se recogen las recomendaciones del dictamen del Consejo de Estado, y a pesar que se tengan en cuenta algunas de sus severas críticas a la iniciativa legislativa del Gobierno, CCOO mantiene que el anteproyecto continúa teniendo errores, y no únicamente técnicos sino políticos, empezando por su mismo procedimiento de elaboración.

Por todo lo anterior, la FSC-CCOO exige la retirada del anteproyecto de ley y aboga por mejorar la viabilidad financiera municipal. Y a través de la negociación y participación defender y mejorar el empleo y los servicios públicos.

Ecologistas en Acción califica la reforma local como "la ley del saqueo del Medio Rural"

El Consejo de Ministros ha aprobado la “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local”, desatendiendo las fuertes protestas que se han generado desde amplios sectores de la sociedad, tanto desde la sociedad civil -especialmente sociedad rural- como desde las Federaciones de municipios y Entidades Locales Menores. Se pone así de relieve, una vez más, la escasa sensibilidad democrática del gobierno del Partido Popular, y su profunda vocación para desarticular del Estado del Bienestar, caiga quien caiga.

La supuesta racionalidad presupuestaria que esconde la Ley no queda en absoluto demostrada con las cuentas presentadas en el informe que acompañó al anteproyecto de Ley. Sin embargo, la reducción de concejales puede tener un impacto nefasto para la democracia, al dejar sin representación a un gran número de opciones políticas y fortaleciendo las opciones mayoritarias, especialmente en el medio rural.

Otro impacto nefasto que tendrá esta Ley sin duda se esconde en los 70 millones de € de ahorro previsto en la misma, relativos a la desaparición de las 1.024 Mancomunidades intermunicipales de Servicios y las 3.725 Entidades Locales Menores. En el mencionado informe no aparecen datos concluyentes de que este ahorro -que tan solo supone el 1% del ahorro total previsto si se aprueba esta Ley- vaya a ser real. Sin embargo resulta obvio que reducirá la autonomía de la población rural, contradiciendo el artículo 150 de la Constitución que establece el principio de Autonomía para la Administración Local.

En efecto, la desaparición de las Mancomunidades pretende sustituirse por la concentración de servicios públicos en poblaciones de más de 20.000 habitantes, que son muy escasas en un gran número de comunidades Autónomas. Por defecto, estas competencias residirán en las Diputaciones Provinciales, organismos con una gran deficiencia democrática. Esta medida mermará la calidad de vida de la población rural española, suponiendo el acta de defunción, precisamente, de las zonas rurales más despobladas y envejecidas: aquellas que más necesitan los servicios públicos. A su vez puede abrir la puerta a grandes privatizaciones de estos servicios públicos, que con esta Ley serán concentrados.

Por su parte, la desaparición de las Entidades Locales Menores (ELM) puede ser una catástrofe de dimensiones históricas para la sociedad española. Las ELM generan sus propios ingresos y costean con ellos servicios para una población muy necesitada de ellos. En amplios territorios, el mantenimiento de esta estructura administrativa con siglos de historia es vital para el equilibrio territorial y la conservación medioambiental. Su desaparición es un atentado contra nuestra propia identidad cultural, pero además la transferencia de las propiedades comunales (12% del territorio español) y rentas generadas desde las ELM a los Ayuntamientos puede suponer la antesala de la privatización de estos bienes para financiar la deuda del Estado. Esta apropiación puede suponer, de nuevo, una medida inconstitucional, que bien se podría denominar saqueo de los bienes comunales por parte del Estado.

Daniel López, coordinador del Área de Agroecología de Ecologistas en Acción, ha señalado que “el medio rural no puede ser obligado a pagar, una vez más, los gastos desproporcionados del Estado, ni las ansias de negocio de las grandes empresas de servicios. El medio rural, lejos de ser el causante del déficit fiscal, es una alternativa para la salida de la crisis, y un claro referente de eficiencia y sostenibilidad ecológica en la gestión descentralizada de los recursos públicos y naturales”.

Ecologistas en Acción presentará en las próximas semanas un informe elaborado junto con Plataforma Rural, que recoge opiniones de expertos y sociedad civil del medio rural respecto a esta denominada “Ley del Saqueo del Medio Rural”. A su vez, junto con otras organizaciones está estudiando la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad frente a esta Ley.

Enlace: http://www.ecologistasenaccion.org/article26329.html


jueves, 25 de julio de 2013

Concentraciones contra la reforma local este viernes 26 de julio frente a los Ayuntamientos


Se convocan movilizaciones contra la reforma local para este viernes 26 de julio a media mañana frente a los Ayuntamientos de todo el país

 

Funcionarios, sin paga extraFSP-UGT ha convocado concentraciones, que tendrán lugar el próximo viernes 26 de julio, coincidiendo con la fecha en que el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. FSC-COOO y otras organizaciones contrarias a la reforma local también apoyan las concentraciones.

Como UGT (y otras organizaciones) ya ha denunciado, la reforma supondrá un grave recorte de los servicios que los ayuntamientos prestan a la ciudadanía; destruirá cientos de miles de empleos públicos en el ámbito local e invadirá competencias autonómicas -contraviniendo así la Carta Europea de la Autonomía Local ratificada por España en 1988-.

FSP-UGT se opone rotundamente a un uso normalizado del despido como medida de reorganización de plantilla en la Administración Pública Local.

Las concentraciones de trabajadores tendrán lugar a las puertas de los ayuntamientos de todo el país durante las pausas reglamentarias de media mañana.  

Enlace a la fuente:  http://www.fspugt.es/FSPUGT_convoca_movilizaciones_contra_el_proyecto_de_Reforma_de_la_Administracin_Local.htm

Hojas informativas de UGT sobre la convocatoria de concentraciones contra la reforma local este viernes 26 de julio:

miércoles, 24 de julio de 2013

Con la reforma local se retrocede 20 años de trabajo en el acercamiento de servicios básicos a la ciudadanía


Texto de la Plataforma Pro Igualdad:  / 23 jul 2013 

Protesta de la Plataforma Pro-Igualdad.
Con el anteproyecto de Ley racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se pretende clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia” y garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.

Ni que decir tiene que la reforma es ideológica pues la justificación de las medidas que se incluyen en el Anteproyecto de Ley se asienta en conclusiones no avaladas por el propio sistema de información del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según datos de la OCDE recogidos en el informe de la CORA, presentado por el Gobierno, en 2011 la Administración Local fue la que menos gasto público generó en el conjunto de las AAPP: AGE (21,6%), CCAA (34,3%), LOCAL (12,3%) y SEGURIDAD SOCIAL (31,9%).

Según Hacienda, el déficit del conjunto de las AAPP fue del 7% del PIB en 2012: AGE (4,1%), CCAA (1,76%), SEGURIDAD SOCIAL (1%) y CORPORACIONES LOCALES (0,15%), cumpliendo éstas con creces el objetivo fijado del 0,3% del PIB. Con estos datos… ¿Cómo se justifica la reforma local? ¿Racionalización? ¿Sostenibilidad?

La reforma de la administración local trata de establecer las competencias que corresponden a las administraciones locales mediante la definición de un listado de materias que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, sometiendo su determinación a una reserva formal de ley. Por lo que no podrán ejercer competencias distintas de las que estén expresamente atribuidas por la ley o hayan sido delegadas (competencias impropias).

El anteproyecto suprime el artículo 28 de la actual Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Régimen Local, conforme al cual “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas y, en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente”.

Esto conlleva que los municipios no pueden desarrollar ninguna competencia ni actividad en materia de políticas de igualdad y de atención y asistencia a mujeres víctimas  violencia de género, obviando el papel trascendental que las entidades locales tienen en estas materias suponiendo la desaparición de una red de centros (Puntos y Centros de Información a la Mujer) repartidos por toda Andalucía, para que las mujeres tengan este recurso de la manera más cercana, efectiva y rápida. Red de centros que articulan una intervención global dirigida a las mujeres, ofreciendo información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad, fomento de la participación, realización de programas de desarrollo personal, educativo, de salud así como orientación profesional y laboral. Y, por supuesto, es el recurso más eficaz y cercano para que las mujeres conozcan sus derechos y los puedan ejercer, sobre todo en el mundo rural,  siendo un servicio profesionalizado en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.
Como consecuencia de ello, los y las profesionales de los PIM y CMIM creamos la Plataforma Pro-Igualdad para la defensa activa de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres y la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género así como la defensa de nuestros propios derechos.

Queremos hacer constar la inconstitucionalidad de la reforma pues atenta contra el principio mismo de autonomía local constitucionalmente garantizado, suponiendo una intromisión en el ámbito de la autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Contraviene la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local, dejando a la administración local fuera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

El desmantelamiento de esta red de centros dificultará el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género así como la autonómica por Ley 13/2007, de 26 de noviembre.

Con la aprobación del anteproyecto se retrocede 20 años de trabajo en el acercamiento de servicios básicos a la ciudadanía, sobre todo en lo referente a la atención a mujeres rurales, que son las más vulnerables, las que tienen más dificultades para acceder a estos servicios.

El 26 de junio de 2013 el Consejo de Estado realiza un dictamen donde hace constar la posible inconstitucionalidad de la reforma.

Resulta curioso que uno de los objetivos sea la racionalización de la estructura organizativa de la Administración Local, pretendiendo un control económico-presupuestario más riguroso y en su cuarto y último objetivo consista en: “Favorecer la iniciativa económico privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”.

La memoria analiza el impacto de género y otros impactos, señalando que “el anteproyecto tiene por objeto principal regular las competencias locales, incluyendo medidas que afectan a los empleados públicos, partiendo así de una situación en la que no existen desigualdades de oportunidades ni de trato entre hombres y mujeres, lo que determina que el impacto por razón de género sea nulo. No obstante, advierte que en el momento en que el Estado y las Comunidades Autónomas apliquen las previsiones relativas a la definición de competencias locales…sí podrán producirse impactos indirectos sobre las personas físicas”.

Evidentemente, si se suprimen las políticas de igualdad y de prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género quienes van a resultar perjudicadas en sus derechos será una parte importante de la ciudadanía española, no sólo las mujeres sino también sus hijos e hijas y, por ende, toda la sociedad española que sufrirá un retroceso en los avances conseguidos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, suponiendo una clara y brutal agresión al modelo de Estado que proclama la Constitución Española. He aquí el impacto indirecto sobre las personas físicas que menciona el informe del Consejo de Estado.

Tras este informe, el Gobierno aplaza el visto bueno a la reforma local que tenía previsto aprobar el 19 de julio. Después, se conoce el último borrador de fecha 15 de julio, donde ya no se habla de coste estándar sino de coste efectivo.

Pero las políticas de igualdad siguen desaparecidas pues el actual artículo 28 queda suprimido.
Desde la Plataforma Pro-Igualdad denunciamos este hecho y seguimos con nuestra lucha en defensa de las políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la prevención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género. Ni un paso atrás en políticas de igualdad. No al cierre de los puntos y centros municipales de información a la mujer.

martes, 23 de julio de 2013

"La reforma local ha nacido torcida y no hay nadie capaz de enderezarla"

Entrevista al profesor Jiménez Asensio sobre la reforma local

[Nota: La entrevista está realizada antes de que se conociera el último borrador del anteproyecto de reforma local, de 15 de julio.]


Profesor de Derecho Constitucional y experto en el sector público, Rafael Jiménez Asensio es uno de los mejores conocedores de la reforma local que iba a aprobar hoy el Consejo de Ministros, pero que finalmente ha aplazado ante las críticas que ha despertado la fijación de un coste estándar para los servicios municipales

DEIA: Viernes, 19 de Julio de 2013 -

Rafael Jiménez Asensio, en el centro de Bilbao.
Rafael Jiménez Asensio, en el centro de Bilbao. (Nagore Centeno)
Letrado del Gobierno vasco en excedencia y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra, Rafael Jiménez Asensio es director de una consultoría especializada en el sector público que asesora al Ejecutivo vasco, Eudel y la Generalitat, entre otras administraciones, sobre la reforma local. Considera que el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, su denominación oficial, está abocado al fracaso porque es una reforma que "ha nacido torcida" y no tiene ningún "valedor".

¿El Gobierno acabará por eliminar del proyecto el coste estándar, el punto nuclear del texto pero el más polémico?

Creo que puede haber cambios de enjundia, no sé si en el texto que aprobará el Consejo de Ministros o a través del proceso parlamentario que le seguirá. El informe emitido por el Consejo de Estado ha sido tan exageradamente contundente en algunas cosas que al Gobierno le va a costar mucho asumir su interpretación en cuestiones de fondo. Sobre todo, el coste estándar, el sistema que fijará el Ministerio de Hacienda para medir el precio de los servicios municipales y su eficiencia, de forma que, si se sobrepasa, ese servicio lo acabará prestando la diputación.

¿Podría desaparecer pese a ser el elemento nuclear de la reforma?

Lo cierto es que está muy tocado por el Consejo de Estado. No solo el coste estándar, toda la arquitectura del modelo de la reforma. Hay una cuestión previa. El Consejo de Estado ha dado la razón al Gobierno, yo creo que mal, para que sea el legislador básico, el legislador del Estado, el que defina qué competencias van a tener los municipios. Eso significa que, por ejemplo, una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, en el caso de Euskadi también de los territorios históricos, el legislador estatal puede elegir si es competencia de la comunidad o del municipio. Se impediría así al Parlamento Vasco legislar sobre el tema. Para mí es una intromisión en el autogobierno autonómico, foral y también municipal.

¿Qué ocurre con las llamadas competencias impropias?

La nueva ley las elimina. La todavía vigente Ley de Bases de Régimen Local las denominaba actividades complementarias que podían realizar los municipios. Ahora se deroga el artículo que permitía a los municipios la capacidad para realizar actividades en materia de educación, cultura, euskaldunización, promoción de la mujer e igualdad, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente, temas todos ellos importantísimos, claves.

¿Deberán devolver esas competencias y los servicios que se prestan a la institución superior?
En principio quedan en el limbo. No se sabe si se tienen que hacer cargo la diputación o la comunidad autónoma. Se va a montar un lío de pronóstico grave. El texto que está preparando el Gobierno establece que, aún siendo competencias impropias, se podrán ejercer en aquellos casos donde la comunidad autónoma acredite que no hay duplicidad, que se ejercen de manera correcta las competencias propias y donde se cumplan los requerimientos de la ley de estabilidad presupuestaria. La conclusión es que los municipios que tengan saneamiento económico y financiero, y en Euskadi son la inmensa mayoría, podrán seguir ejerciendo esas competencias impropias de cultura, educación, igualdad o vivienda. El problema lo tendrán los municipios que tengan una situación económico debilitada.

¿Qué les ocurriría?

Lo primero que notará el ciudadano es que hay menos servicios. En los municipios con una mala situación económica, no podrán ejercer ni las competencias propias ni las impropias, y los servicios los tendrán que prestar las diputaciones. En el peor de los casos estos servicios podrían ser privatizados. De aplicarse el coste estándar, además, se tirarán los precios, con lo que previsiblemente los servicios que recibe el ciudadano serán de peor calidad. El lío sería tremendo: ni guarderías municipales, ni euskaltegis, ni escuelas de música, ni agencias de desarrollo local, etcétera.
¿Qué supondría aplicar el coste estándar tal y como se había anunciado y que ahora está en el aire?
Sería letal en Euskadi. El Consejo de Estado dice que los criterios son muy vagos, que es una habilitación en blanco para que el Gobierno español haga y deshaga lo que le venga en gana con los municipios. El coste estándar no tiene en cuenta criterios de orografía ni el nivel de vida. No tiene nada que ver el nivel de vida de Extremadura o Canarias con el que existe en el País Vasco, Navarra o Cataluña. Pero el coste estándar que había diseñado el Gobierno era igual para todo el Estado.

Usted sostiene que la reforma que le ha salido al PP es tan problemática que va a tratar de dilatar su tramitación parlamentaria.

Esta reforma ha nacido torcida desde el primer día y no hay nadie capaz de enderezarla. No sería fatalista, pero creo que queda mucho partido. Veamos qué texto aprueba el Consejo de Ministros. El proyecto parlamentario será larguísimo, así que esto puede descarrilar en cualquier momento. Es que no ha tenido valedores, ni los suyos, los alcaldes del PP o la Federación de Municipios y Provincias, apoyan esta reforma.

¿Y en cuanto a su aplicación en Euskadi?

Es inaplicable. Veremos cómo se materializa la cláusula foral y qué se salvaguarda, pero la arquitectura institucional de Euskadi no se corresponde con la que ellos diseñan. Están pensando en municipios con financiación común.

El Gobierno dice que la reforma local será "más favorable a la iniciativa público-privada".

La reforma está pensada así desde el principio. Si se mantiene la propuesta de atribuir la prestación de servicios municipales a las diputaciones provinciales de régimen común, que no tienen fuelle institucional, ¿cómo van a asumir esa serie de prestación de servicios? Pues privatizándolos. Lo van a privatizar todo. Es materialmente imposible que las diputaciones de régimen común asuman estos servicios porque no tienen ni conocimiento, ni estructura, ni personal cualificado. Han montado la reforma local también para que la iniciativa privada gane terreno con la privatización.

¿Qué ocurre con la autonomía municipal?

El Consejo de Estado considera que no se puede vaciar de competencias a los municipios porque no se salvaguarda el principio de autonomía municipal. Según la actual redacción, el Gobierno define de manera unilateral los criterios, los procedimientos, todo lo que va a condicionar la razón de la existencia del municipio. Si al municipio le desapoderan de la prestación de servicios y a la postre le dejan sin las competencias, le dejan sin razón de existir. Por lo tanto, el Consejo de Estado dice que afecta a la garantía de la autonomía municipal, que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, y que la Carta Europea de la Autonomía Local lo ratifica.

¿Así que un recurso ante el Constitucional está garantizado?

Aunque se esté haciendo hincapié en ello, no es tanto eso, porque puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de diez años. El destrozo institucional ya estaría hecho. Están además los problemas de conflictividad jurisdiccional que se podrían plantear. En el momento en que se les desapodere de competencias, cualquier municipio podría reaccionar ante el tribunal contencioso-administrativo, con lo cual se puede montar una conflictividad jurisdiccional que es inasumible por el Gobierno.

Enlace Deia: http://www.deia.com/2013/07/19/politica/euskadi/la-reforma-local-ha-nacido-torcida-y-no-hay-nadie-capaz-de-enderezarla

lunes, 22 de julio de 2013

El Consejo de Ministros prevé aprobar este viernes 26 de julio la reforma local, según Beteta


El Consejo de Ministros aprobará este viernes la reforma local, según Beteta.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de reforma local, aplazado la semana pasada para un "estudio adicional", dada la "complejidad" del texto, según ha señalado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

En un encuentro con periodistas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Beteta ha asegurado que el proyecto está "ya todo cerrado" y "ultimado" para su aprobación, y ha explicado que recoge las recomendaciones "sustantivas" del Consejo de Estado para que la reforma salga adelante con su conformidad.

El secretario de Estado, que ha intervenido en un curso sobre innovación en las administraciones públicas, ha destacado la "complejidad" de la reforma y, por eso, ha precisado que requería un "estudio adicional en el tiempo" que se ha sustanciado en una semana más de análisis.

Ha aclarado que no ha sido para volver a consultar con los alcaldes y ha dicho que la reforma está "cerrada" y ha cubierto ya todos sus trámites.

También ha explicado que en el proyecto de ley se recogerán "todas las recomendaciones sustantivas" que hizo el Consejo de Estado, de tal manera que la reforma podrá salir adelante "con un conforme" de dicho órgano.

En cualquier caso, Beteta ha matizado que el informe del Consejo Estado no ponía "ningún obstáculo" a la tramitación del proyecto "ni dijo que ninguno" de los aspectos fuera inconstitucional.

Según dice, lo que hizo fueron "recomendaciones de mejora que van a ser incorporadas" en el texto, dado que se trata de una reforma "de gran calado" que persigue la modernización y sostenibilidad de las finanzas locales y un mejor reparto de competencias.

Beteta ha recordado que el proyecto de ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local permitirá ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local "más ágil y eficiente", abaratando la prestación de los servicios y garantizando la viabilidad de los 8.117 ayuntamientos españoles.

Supondrá, en sus palabras, una "auténtica mejora" de la gestión local y acabar con las "competencias impropias".

Además, se potenciará el papel de las diputaciones provinciales para apoyar la gestión de los municipios más pequeños, se buscará mayor "eficacia y eficiencia" en la gestión de fondos públicos, y se reducirá un "número importante" de empresas y entes públicos del ámbito local.

El secretario de Estado ha negado que los ayuntamientos estén molestos por la asunción de competencias por parte de las diputaciones y ha afirmado que él no ha escuchado a ningún alcalde decir eso [!!].
En su opinión, quienes hacen esas reflexiones quieren "malmeter" y lo hacen desde la perspectiva "política partidista", no desde la perspectiva de la gestión.

Por otro lado, preguntado también por la reforma de la financiación autonómica y su aplazamiento hasta 2015, lo ha explicado por la necesidad de tener más datos de la liquidación del modelo actual.
Beteta ha señalado que hasta ahora sólo se tiene una liquidación del actual modelo y se necesita más información para estudiarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Por eso, ha recordado que se ha convocado un grupo de trabajo para ir estudiándolo, que elevará después informe al CPFF, y al mismo tiempo se irán analizando "cambios o avances" en el modelo.
En cuanto a las peculiaridades de los sistemas de Navarra y País Vasco y la posibilidad de revisar sus modelos, el secretario de Estado ha dicho que lo que habrá que negociar es la aportación del cupo, pero ha defendido el sistema foral que, a su juicio, "es solidario".

La reforma de la Administración local reduce las ayudas por dependencia a limosnas

'Marea naranja' en favor de las ayudas a la dependenciaLa Coordinadora Estatal de Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) se ha manifestado este jueves 18 de julio a las puertas del Ministerio de Sanidad para exigir una recapacitación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que se debatirá el próximo viernes en el Consejo de Ministros.

 
 
Esta organización da un toque más de atención al Gobierno ante una "situación de penuria insostenible" por la que están pasando aquellas personas dependientes al cuidado de sus familiares y exigen un encuentro con la ministra de Sanidad, Ana Mato, para que escuchen sus propuestas.

El coordinador general de la plataforma, Jaime Esteban, denuncia que esta ley "no es creíble" ya que "en ningún momento se puede hablar de sostenibilidad cuando ya no serán las diputaciones provinciales, sino las Autonomías quienes gestionen este sistema, alejando los recursos que necesitan los dependientes". Además revela las palabras ocultas del Gobierno al explicar que "están reduciendo la lista de espera para acceder a las prestaciones de dependencia a costa de la muerte de muchos dependientes que nunca recibieron ninguna ayuda".

La figura del cuidador familiar "no es prioritaria pero sí está contemplada en la ley" añade Esteban, y reprocha que se les "criminalice" al recibir unas ayudas económicas muy por debajo de lo que antes recibían. Según el coordinador, el Real Decreto Ley 20/2012 del 13 de julio fue una "jornada negra del sistema de dependencia", al sumarse los recortes del 15% a todos los cuidadores junto con la rebaja de las Autonomías, que podría variar "de un 10% a un 90%", calcula. "De 500 euros que recibía el cuidador para sufragar los gastos, en muchos casos recibe ahora 20 euros solamente, un dinero que no sirve ni para pagar dos horas diarias", denuncia.

La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, apunta que "la campaña: ¡HASTA AQUÍ!, intenta reflejar el número de casos en los que se supera el límite de recortes presupuestarios y de derechos humanos que, posteriormente, se presentarán a la Unión Europea". Ante todo, añade, "pretendemos articular una red en España que nos permita recoger todas esas denuncias para erradicar el austericismo".

Paco Galán es el padre de Jaime, a punto de cumplir 17 años y con una discapacidad del 100%. Hace tiempo que cobraban una ayuda para hacer frente a los gastos para su cuidado, y ahora solo reciben una ayuda de dos horas de un asistente que "no conoce los problemas" de su hijo, ya que para Paco, "el entorno familiar es el más adecuado para el cuidado de los dependientes". Jaime está escolarizado en un centro especializado, pero sin ayudas, Paco no puede compaginar su trabajo con el tiempo que dedica a su hijo.

Paco atiende que "no se trata de un capricho, sino de algo que hemos conseguido como un gran derecho social de las personas que necesitan seguir viviendo".

Fuente: (Cadena Ser) 19-07-2013

Una reforma local que frena la lucha contra la violencia de género

El último borrador de la ley obligaría a cerrar a los centros municipales de asistencia a víctimas. Los organismos especializados alertan de la función imprescindible de éstos

ANA PARDO DE VERA (Público) 22/07/2013  

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, la semana pasada, en los pasillos del Senado. EFEOrganismos vigilantes de las políticas de igualdad, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), o partidos políticos como el PSOE e IU llevan tiempo alertando del riesgo de desprotección que corren las víctimas de la violencia de género con la nueva reforma local que prepara el Gobierno y que elimina de las competencias municipales las políticas de igualdad. Concretamente, el anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local suprime el artículo 28 de la norma vigente, esto es y entre otras, las competencias municipales de igualdad.

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, también reconoció su preocupación a los diputados en el Congreso. Moreno es "partidario de que la Administración local tenga la competencia y la financiación" en materia de Servicios Sociales -de todos-, pero alerta de la "complejidad" que existe "desde el punto de vista constitucional en el ámbito de las competencias" y se muestra partidario de fórmulas de "colaboración" entre administraciones. Unas fórmulas que, de momento, al menos, no se conocen y la última propuesta de ley del Gobierno -antes del informe del Consejo de Estado- no recoge.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Moltabán, ha sido la última en dar la voz de alarma al Ejecutivo sobre este asunto, la semana pasada: la labor de los ayuntamientos a la hora de ayudar a las víctimas de violencia de género es imprescindible y con la modificación de la ley, esta función "corre peligro". Fuentes del organismo, además, argumentan que los propios jueces creen que la desaparición de estos centros municipales sería un "gravísimo error" en la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres maltratadas.

"El entorno más próximo de las víctimas -sus vecinos, su barrio,...- es fundamental para que éstas denuncien a su agresor y reciban asesoramiento y protección", aclaran en el Observatorio. Pero también subrayan la labor de los ayuntamientos para detectar estos casos de violencia, cuyas denuncias han descendido en un 5,1% en los tres primeros meses de año con respecto al último trimestre de 2012 y debido a la crisis económica, que impide a muchas mujeres independizarse.

Montalbán ha cifrado en cerca de 450.000 las mujeres maltratadas por sus parejas que no denuncian. El organismo dependiente del CGPJ ilustra, además, esta reflexión con otro dato demoledor: en Madrid han muerto doce mujeres en lo que va de año; es la cifra del total de muertas de 2012. "Si el Ayuntamiento de la capital, como el resto, pierde sus competencias en materia de igualdad y asistencia a las mujeres, ¿cuántas habrá en 2015?", se preguntan en el Observatorio. Este año, han sido asesinadas con violencia de género en toda España 28 mujeres y el 80% de ellas no había denunciado.

Vulneración de la ley de Igualdad 

Al tiempo que Montalbán, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) alerta de nuevo del "daño irreparable" que supondrá para las mujeres víctimas de la violencia de género la reforma local en los últimos términos que se conocen, que prevén, por ejemplo, eliminar los 169 Centros Municipales de Información a las Mujeres (CMIMs) que hay en la Comunidad Autónoma y que atienden a más de 100.000 mujeres. El IAM avisa de que si la reforma local queda aprobada como se conoce ahora en cuanto a la desaparición del artículo 28 de la norma de 1988, se estarán vulnerando la Carta Europea de Autonomía Local y la ley estatal de Igualdad.

En Madrid han asesinado a doce mujeres en lo que va 2013; es la cifra del total de muertas del año pasado La reforma local no está cerrada, insisten en el Ejecutivo, aunque la previsión es aprobar el texto en Consejo de Ministros antes de las vacaciones de agosto. Fuentes del Gobierno reconocen que los tiempos van muy justos -la fecha tope sería el viernes 2 de agosto- para un proyecto que está siendo modificado rápidamente tras el varapalo del Consejo de Estado, que ha puesto sobre la mesa la inconstitucionalidad de esta reforma en cuanto a su coste estándar y el sobredimensionado papel de las diputaciones.

La oposición socialista se confiesa perdida en cuanto a las "reformas de la reforma" que va a hacer el Ejecutivo del texto que envío al órgano consultivo y no tienen ninguna ese y no tienen grandes esperanzas sobre el resultado final, que ya adelantan que no apoyarán. La mayoría absoluta del Gobierno, sin embargo, facilitará que, si éste decide prescindir del consenso -como ya ha anunciado que hará-, salga adelante una ley que cuenta, incluso, con detractores en los gobiernos locales de sus propias filas, particularmente en Galicia. Hay quien todavía no se cree que la reforma vaya a salir adelante, aunque reconocen que Bruselas aprieta para que así sea.