viernes, 20 de diciembre de 2013

Reforma Local: "Colorín, colorado, este cuento (o esta pesadilla) ha comenzado", por R.J. Asensio


Este es un Post de verdad, de los breves, para que nadie se queje que en las vísperas navideñas deba dedicar más tiempo del razonable a un tema que ha terminado por aburrirnos a los que lo seguimos desde sus inicios. Aunque todo manifiestamente se puede empeorar, no creo sinceramente que difícilmente se puedan hacer peor las cosas en un proceso legislativo (tramitación parlamentaria incluida) que ha sido caótico e improvisado de principio a fin. 

El proyecto fue ayer aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados, tras las enmiendas incorporadas del Senado. Y ya va camino del BOE. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local será publicada en los próximos días y, al menos teóricamente, entrará en vigor al siguiente de su publicación. Es verdad que muchas de sus previsiones (al menos las de contenido más traumático o de impacto fuerte) se aplazan en su aplicabilidad, pero no es menos cierto que esta Ley –guste más o guste menos- será aplicable de forma inmediata en una buena parte de las medidas que recoge. 

Y, sinceramente, creo que se equivocan aquellos que airean, desde la política o desde la academia, que esta Ley no se aplicará. Sí que es cierto que nace muy descafeinada (frente a lo que inicialmente fue) y que contiene no pocas previsiones de muy difícil o imposible materialización efectiva. Pero no lo es menos que también tiene mandatos (más o menos claros, esta es otra cuestión) directamente aplicables; esto es, que ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir en su cumplimiento. Y este es el problema real.

Lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, esta no es una Ley de “Racionalización” (salvo en muy pequeña medida), es una Ley de “Sostenibilidad”. La clave para entender su mensaje último (al margen de los  detalles) es que pone el punto de mira sobre aquellas entidades locales y entes instrumentales que tienen (o puedan tener en el futuro) una situación económico-financiera delicada (planes de ajuste, planes económico-financieros o de saneamiento, incumplimiento plazos de morosidad, etc.). Aquellos ayuntamientos que tengan o que caigan en una situación financieramente compleja lo pueden pasar mal, muy mal. Y no será fácil que pretendan sortear (con los “juegos de manos tradicionales”) una situación como la descrita. Los municipios que tengan sostenibilidad financiera podrán mantener la actual cartera de servicios, el resto no. Aun así se prevén cambios radicales en algunos ámbitos sectoriales.  

La Intervención local tiene un papel estelar en la garantía del cumplimiento de la Ley. Y su tarea, si la asumen responsablemente, estará plagada de dificultades y previsibles desencuentros con los equipos de gobierno. No será fácil ejercer esas funciones en este nuevo contexto normativo. Tampoco las de los titulares de la Secretaría. Veremos hasta donde aprieta el Ministerio de Hacienda y de qué manera se ejerce la tutela financiera por las Comunidades Autónomas, donde la tengan asumida. Este es un elemento clave si se quieren “suavizar” algunos impactos directos (cartera de servicios “no propios” y alcance de las medidas de los planes económico-financieros. 

Comienza el momento aplicativo. De nada valen ahora quejas y lamentos. La Ley se recurrirá ante el Tribunal Constitucional. No esperen una sentencia antes de que transcurran varios años. Para entonces, diga lo que diga el TC, ya prácticamente nada tendrá remedio. El sistema de gobierno local en España comienza un proceso de honda transformación hacia un futuro plagado de incógnitas. Nada volverá a ser como antaño.  

martes, 10 de diciembre de 2013

La Xunta de Galicia se niega a aplicar la reforma local de Rajoy

Rueda: «No vamos a consentir una relación entre diputaciones y concellos como si las comunidades no existiesen»

«La nueva ley estatal fija poco más o menos que, en principio, todos los servicios que no presten los ayuntamientos pasen a prestarlos las diputaciones. Y eso, en Galicia, no va a ser así. [...] No vamos a consentir una relación directa y única entre los ayuntamientos y las diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos». Habla de esa manera, sin ambages, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alto cargo del mismo PP que ha redactado en Madrid la ley a la que alude con reproche: la de la reforma local, un texto que estas semanas enfila ya la recta de su aprobación definitiva. Para «corregir» varios de sus aspectos, él prepara en Galicia una especie de contrarreforma. En el punto de mira, el desmedido poder de los entes provinciales y el pobre fomento de las fusiones municipales que emanan de la citada norma estatal.

A la vuelta de las Navidades, el Gobierno autónomo planea iniciar el proceso para modificar la Lei de Administración Local de Galicia, la cual data de julio de 1997. Transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigor, ya tocaba darle una vuelta, máxime después del cambio de marco legal promovido por la Moncloa. Pero, al margen de adaptarla a los tiempos, el Ejecutivo pretende aprovechar la coyuntura para, dentro de sus competencias, invalidar de facto, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa marco que no le terminan de convencer, que son varios. «Vamos a explotar el margen de maniobra que deja la ley española -enuncia Rueda su propósito- para cerrar mejor algunas cosas».

Nuevo mapa de servicios

Entre otras cuestiones, con su propia reforma la Xunta acotará el papel de las diputaciones por la vía de implantar un nuevo mapa de los servicios básicos «que establezca claramente quién tiene que hacerse cargo de cada uno y quién debe pagarlo», si la Administración autonómica, la provincial o la municipal. Además, fracasada su cruzada para que Madrid forzase a ciertos ayuntamientos pequeños a unirse entre ellos, «blindará» mecanismos económicos y financieros que incentiven «al máximo» fusiones como la de Oza dos Ríos y Cesuras, materializada en junio de este año tras casi medio siglo sin matrimonios entre concellos.

Por aquello de no jugar con las cartas marcadas, sin embargo, el número dos de Feijoo no quiere ir mucho más allá en este tema de momento. No en vano, para el cambio legal que proyecta acometer beberá también de las ideas surgidas en el seno de una comisión creada en el Parlamento para diagnosticar el estado de la planta local gallega. Un grupo de trabajo cuya labor ya ha terminado, si bien sus conclusiones todavía no han sido divulgadas. De ahí parte de las reservas del vicepresidente.
Esta tarea, que probablemente abra a la Xunta un nuevo frente con los presidentes provinciales, es la primera que Rueda ha puesto sobre la mesa de su flamante director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, quien ayer tomó posesión de un cargo en el que sustituye a Norberto Uzal. «Chegas nun momento especialmente interesante, con moitos cambios por facer», le advirtió en el transcurso del acto.

Los alcaldes llaman a movilizarse contra la reforma local el jueves 12 de diciembre


La Comisión de Alcaldes, plataforma integrada por ediles de partidos contrarios a la reforma local, ha llamado hoy a los ciudadanos a manifestarse el próximo jueves día 12 delante de sus ayuntamientos contra una norma que consideran "privatizadora y recentralizadora".

Los alcaldes llaman a movilizarse contra la reforma local por "privatizadora" En una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Ateneo de Madrid, Abel Caballero, alcalde de Vigo por el PSOE y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha pedido a los ciudadanos que se sumen a las protestas para tumbar una ley que "tiñe de luto los municipios españoles".
Ha afirmado que se trata del "mayor retroceso para el municipalismo que nadie nunca pudo haber imaginado", y ha añadido que, aunque no se pronuncien públicamente, gran parte de los alcaldes del PP también rechazan la reforma.
Para Caballero, la reforma local "va en contra de los tiempos, de la modernidad", y va también contra los ayuntamientos, que suponen "el primer puente de la democracia" y quienes proporcionan "diálogo inmediato y cercano" a los ciudadanos.

"Miles de ayuntamientos perderán su capacidad de actuar" al quedar "cercenados" delante de los ciudadanos que les votaron, ha manifestado.

Además, ha rechazado el argumento del ahorro porque los ayuntamientos son entidades saneadas, ha dicho, la mayoría con superávit y que van a cumplir con su objetivo de déficit.

Junto a Caballero han comparecido otros alcaldes contrarios a la reforma, como José Masa (IU), alcalde de Rivas Vaciamadrid, que ha señalado que es importante que sean los ciudadanos quienes den respuesta en la calle a la reforma local.

Ha afirmado que se trata de una ley "injusta y regresiva", y ha criticado que el Gobierno no reforme otras administraciones que presentan mayor deuda, ya que la de los ayuntamientos, ha dicho, solo supone el 10 % del total de la deuda pública.

Masa ha precisado que, aunque en la rueda de prensa de hoy no han participado representantes de CiU, Coalición Canaria y Compromís, estos partidos apoyan la protesta y participarán en ella.
Para Miguel Jaime (Xunta Aragonesista), alcalde de la localidad aragonesa de Longares, la norma "maltrata a los ayuntamientos y atenta contra la autonomía local", mientras que Jordi San José (ICV), alcalde de Sant Feliu de Llobregat, ha afirmado que "cuestiona y lamina" la organización descentralizada del Estado.

Por su parte, Jordi Ballart (PSC), alcalde de Terrasa, ha pedido al PP que "escuche al Parlamento, abra los ojos y rectifique en pro de la democracia".

El acto también ha contado con la presencia de Antonio Martín, presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), cuya organización se suma a la movilización del día 12 contra una ley que consideran "nefasta".

Ha afirmado que el PP pretende que las entidades locales menores sean "los paganos de las reformas" y ha negado que vaya a haber ahorro ya que, según él, la deuda de estas administraciones no supera los 10 millones de euros.

Tanto Martín como Abel Caballero se han mostrado escépticos al ser preguntados sobre si esperan que el trámite parlamentario que aún tiene que recorrer el proyecto de ley sirva para mejorar la norma.

Martín ha admitido que hasta ahora, y a pesar de las manifestaciones y los contactos con los partidos, se ha logrado "muy poco avance", mientras que Caballero ha señalado que con cada nuevo trámite "el proyecto se endurece y se empeora".

Ambos se han mostrado partidarios de derogar la ley cuando las mayorías parlamentarias lo permitan.
En el acto también estaba presente el diputado socialista Gaspar Zarrías, que este fin de semana anunció que el PSOE apoyaba estas movilizaciones convocadas frente a los ayuntamientos de todo el país.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Concentraciones ciudadanas contra la reforma local el próximo jueves 12 a las 12h frente a los Ayuntamientos


Jueves 12 de diciembre:  Concentraciones de protesta de ciudadanía, cargos públicos y trabajadores municipales a las 12h de la mañana frente del 12 de diciembre frente a todos los Ayuntamientos del país.

Animamos al conjunto de la ciudanía contraria al desmantelamiento de los servicios públicos y los derechos políticos y sociales a salir a la calle y movilizarse en el ejercicio de rebelión democrática que necesitamos. No a la reforma local, no a los recortes; por unos pueblos y ciudades vivos, por la democracia local y los servicios públicos.

Convoca: Asamblea de alcaldes y alcaldesas contra la reforma local (PSOE, IU...) y Cumbre Social (CCOO, UGT, Asociaciones de Vecinos...).

lunes, 2 de diciembre de 2013

Reforma local: "Última vuelta de tuerca" por R.J. Asensio

Por Rafael Jiménez Asensio, catedrático de Derecho Constitucional. 1 de diciembre de 2013

“La reforma prevé un escenario de ahorro de 8.024 millones de euros para el período 2104-2019, siendo el mayor ahorro esperado en 2015 (5.127 millones de euros en términos de incremento anual)” (Plan Presupuestario para 2014, remitido por el Gobierno a Bruselas el 17 de octubre de 2013).

 
Tras una expeditiva tramitación parlamentaria, el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local se encuentra en el Senado, penúltima fase de su tramitación, antes de pasar de nuevo al Congreso para que las enmiendas aprobadas en la segunda cámara sean ratificadas por la cámara “baja”. Consumados estos trámites, será publicada en el BOE antes en todo caso de que acabe el año 2013.
En unas pocas semanas, por tanto, este poco edificante proceso de reforma de la administración local, que ha durado casi dos años, llegará a su fin. A partir de entonces, la Ley entrará en vigor. Una vez publicado el texto, se impone su análisis sosegado y, sobre todo, la valoración de impactos inmediatos, mediatos y a largo plazo que una reforma de tal calado dibuja en el horizonte de nuestros gobiernos locales (ayuntamientos, diputaciones provinciales y entes equivalentes, así como entes instrumentales, entre otros). Algo profundo comienza a cambiar en mundo local, aunque no pocos de sus efectos (precisamente algunos de los más traumáticos) se dilatarán bastante en el tiempo: la técnica del “aplazamiento” o de los “compromisos dilatorios” se ha impuesto; la política “se arruga”. Las competencias autonómicas tampoco permanecerán ajenas a este proceso.
La hora de los lamentos, críticas o quejas, actitudes lógicas en el proceso de formación de la Ley (que debería ser, por esencia, deliberativo), ha de dejar el paso, tal como decimos, al momento del análisis y la valoración adecuada a cada caso. Habrá recursos de inconstitucionalidad y censuras o aplausos doctrinales. Pero llega el momento aplicativo. No en vano, como venimos anunciando, esta es una Ley (ya se puede hablar en estos términos) que se basa en una aplicabilidad “diferenciada” en función del tipo de entidad, con dos elementos centrales en la identificación de sus impactos: ajuste institucional, por un lado, y equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera, por otro. En verdad, el segundo elemento (equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera) condiciona en buena medida al primero (ajuste institucional). Tiempo habrá de comprobarlo.
Pero ahora lo que interesa en este comentario es únicamente señalar telegráficamente  cuáles son las modificaciones que, casi con total seguridad, se incorporarán en el Senado al texto del proyecto. No es muy difícil advertirlo, puesto que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una batería de 27 enmiendas que, salvo sorpresas de última hora, se insertarán en el texto definitivo de la futura Ley. Algunas de estas enmiendas son transcendentales. Y, por tanto, al menos conviene conocer las más relevantes. Veamos.

1.- El Congreso de los Diputados incorporó vía enmienda un nuevo apartado 6 al artículo 25.2 de la LBRL (competencias municipios). Pues bien, este se pretende suprimir de nuevo en el Senado (ya una enmienda de supresión). Sus consecuencias son letales: se vuelve a la concepción inicial (absurda y dudosamente constitucional) de que los municipios (a diferencia de las provincias) sólo pueden ejercer aquellas competencias propias tasadas por el legislador básico de régimen local, pretendiendo dejar sin margen de maniobra alguno al legislador autonómico en ámbitos de sus propias competencias y queriendo transformar la ley de bases en una norma atributiva de competencias a las Comunidades Autónomas que se coloca por encima de los propios Estatutos de Autonomía.

2.- Se modifica sustancialmente el artículo 26.2 LBRL, reforzando las funciones de coordinación de las diputaciones provinciales o entidades equivalentes, prescindiendo (lo que es mucho prescindir) del acuerdo del municipio afectado para elevar la propuesta al Ministerio de Hacienda (dejémoslo en lo que es) sobre la gestión compartida o por la propia Diputación de los servicios mínimos obligatorios en aquellos casos en que el municipio los preste a un coste efectivo superior. El Ministerio (con olvido palmario del sentido constitucional del principio de autonomía local) decidirá la fórmula de gestión más adecuada para prestar esos servicios a un coste efectivo menor en aquellos municipios que puedan verse afectados por la propuesta. Vuelve el texto a sus orígenes duros, mostrando cierta indiferencia a las claras y contundentes observaciones que en su día formulara el Consejo de Estado. En línea con lo anterior se modifica también la modificación (y no es un juego de palabras) que se introdujo al artículo 27 LBRL (delegaciones) en el Congreso.

3.- En lo que afecta a medidas relacionadas con el sistema político local y con la organización institucional, se recogen varias enmiendas en esta dirección. No son muy relevantes, pero algún impacto pueden tener. Se agrupan en una horquilla de 1.000 a 5.000 habitantes las retribuciones máximas de los electos locales. En lo que afecta al personal eventual, se admite que los municipios que tengan una población entre 2.000 y 5.000 habitantes dispongan de una persona con esa vinculación jurídica si no tuvieran corporativos con dedicación exclusiva. Asimismo, el personal eventual deberá estar adscrito a “servicios generales” y no a ámbitos sectoriales, salvo que así lo prevea excepcionalmente el Reglamento Orgánico. Se propone la supresión de la disposición transitoria octava relacionada con el personal eventual. Hay también algunas modificaciones del régimen de habilitados nacionales, la más relevante tal vez sea que la “gestión tributaria” no será materia reservada a la subescala de intervención y tesorería.

4.- Transcendentes son algunos cambios, puntuales pero importantes, que se han introducido en la disposición adicional novena LBRL (“redimensionamiento del sector público instrumental), que requieren un análisis individualizado, pero que tienen un denominador común: eliminar algunas consecuencias duras del texto en algunos casos y aplazar determinadas decisiones, siempre que converjan algunas circunstancias. Por ejemplo, se atenúa “el estrangulamiento” de algunas entidades instrumentales en aquellos casos en que el ayuntamiento matriz tenga Plan de Ajuste, dado que se permiten excepcionalmente realizar aportaciones patrimoniales a las empresas y EPES sí en el último ejercicio presupuestario la administración matriz ha cumplido con los requerimientos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y cumple asimismo con la ley de morosidad en el pago a proveedores. Por otra parte, se aplazan las fatídicas fechas de desmantelamiento de entidades instrumentales SEC-95 que se dediquen a actividades económicas, ya sea como consecuencia de los desequilibrios financieros o derivadas de si forman parte de un holding empresarial local, siempre y cuando tales empresas tengan como objeto alguno de los siguientes ámbitos: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros. La conjunción de la complejidad del proceso de disolución y liquidación de estas entidades, la fecha de elecciones locales en mayo de 2015 y las presiones del “lobby” empresarial local, han conseguido descafeinar algunos de los aspectos duros de la regulación inicialmente propuesta.

5.- Interés especial puede tener la reformulación de las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley de Racionalización (transferencias de competencias en materias de centros de salud y de servicios sociales a las Comunidades Autónomas). De prosperar estas enmiendas tal como han quedado redactadas, parece que se quiere dar a entender que esas “transferencias de competencias” no se harían efectivas antes de que se aprobara la normativa que regule la financiación autonómica y local, pues –aunque se mantienen los plazos- se condiciona su efectividad a lo que se prevea “de acuerdo” o “en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales”: ¿Otro aplazamiento motivado por presiones de distinto signo? Cuando menos, confuso. Más grave aún cuando los temas que se dirimen son de tanta importancia estructural y con afectaciones tan directas a la ciudadanía.

6.- Se pretende incorporar una disposición final nueva a la Ley de Racionalización (la cuarta), mediante la cual se reconoce que, excepcionalmente, los municipios que dispongan de patrimonio público del suelo podrán destinarlo a reducir deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan las exigencias previstas de forma acumulativa en tal norma.

En fin, aparte de otras cuestiones puntuales que también se enmiendan (consorcios, asociaciones de entidades locales y creación de centrales de compra, régimen foral, etc.), las más sustantivas con carácter general son las expuestas. Dado que han sido presentadas por el Grupo Popular es más que previsble que, si no todas, la inmensa mayoría terminen reflejándose definitivamente en el texto de la Ley. Por eso conviene tener presente que, al menos algunas de ellas, suponen un cambio cualitativo del proyecto aprobado en el Congreso, mientras que otras –en la línea ya marcada en la Cámara baja- se “aplazan” para evitar las consecuencias traumáticas siempre temidas por una política de vuelo bajo cuando se aproximan las fechas de convocatoria de las elecciones locales (mayo de 2015) o las legislativas (noviembre de 2015). De lo que ocurra en ambos procesos electorales finalmente dependerá en buena medida cuál será el futuro real de esta reforma local, sobre todo de sus efectos mediatos que, en algunos casos, son muy importantes, puesto que afectan a la cartera de servicios locales y al mantenimiento de entes instrumentales, dos fuentes importantes de “los ahorros” previstos, como ahora veremos.

Pero, en efecto, uno de los elementos claves de todo este proceso está –tal como expuso magistralmente el profesor Embid Irujo en una reciente conferencia- en los pretendidos ahorros que todo este proceso de reforma alcance. Y, en este sentido, algún responsable del Ministerio de Hacienda deberá explicar a la Comisión Europea cómo se van a ahorrar, tras estas enmiendas de aplazamiento aprobadas por el Congreso y las que se aprobarán en el Senado, los más de 6.200 millones de euros en los años 2014 y 2015 (1.145 en 2014 y 5.127 en 2015), que están previstos en el Plan Presupuestario para 2014, enviado a Bruselas con fecha de 17 de octubre de 2013. Tal vez convenga explicarles a los funcionarios comunitarios que las Cortes Generales, mediante oscuros “juegos de manos”, han cambiado en pocas semanas “la firme” voluntad del Ministerio (expresada el 15 de octubre de este año) de ahorrar esas cantidades en los períodos previstos, aplazándolas muchas de ellas a 2016.

Y luego pretenderán que despertemos confianza y nos tomen en serio. Si alguien no “lo enmienda” en el último minuto, más que de hacer “juegos de manos”, en las instituciones europeas nos ganaremos fama de “trileros”. Que alguien del Gobierno central ponga un poco de cordura y de coherencia entre lo que “venden” a Europa y lo que “hacen” en este país llamado España. Tal vez así nos ganemos algo el respeto institucional y la confianza tanto de la Unión Europea y de sus países miembros como de los inversores. Que falta nos hace.

El PP introducirá esta semana sus últimos cambios en la reforma local mientras sigue negociando con CiU

El PP introducirá esta semana sus últimas modificaciones en la reforma de la Administración Local, a través de las 26 enmiendas parciales presentadas por su formación en el Senado, que serán analizadas y con toda seguridad aprobadas por la Comisión de Entidades Locales de la Cámara Baja. 

El PP introducirá esta semana sus últimos cambios en la reforma local mientras sigue negociando con CiUNo obstante, el PP no descarta llegar a un acuerdo con CiU sobre la aplicación de la norma en Cataluña a cambio de sumar su apoyo. Los nacionalistas catalanes han vuelto a pedir a través de una de sus enmiendas que se reconozca la "singularidad del sistema institucional" de Cataluña y prevalezca su ley autonómica sobre la estatal a la hora de aplicar la nueva norma. Ambas formaciones han mostrado en reiteradas ocasiones su disposición a negociar hasta el final.
Al margen de la negociación con los nacionalistas catalanes, los 'populares' también podrían aceptar algunas enmiendas propuestas por aquellas formaciones que han acabado dando su apoyo a la ley del Gobierno, como UPN o PNV.

PATRIMONIO DE SUELO PARA REDUCIR DEUDA

Entre las modificaciones propuestas por el PP, que con total seguridad de plasmarán en el texto dada su mayoría absoluta en la Cámara Alta, destaca, por ejemplo, la que dará la posibilidad a los ayuntamientos de que dediquen patrimonio público de suelo a reducir su deuda comercial o financiera, aunque será de forma excepcional, con determinadas condiciones y deberán reponer el importe en un plazo máximo de diez años.

Asimismo, proponen que las iglesias, confesiones o comunidades religiosas que quieran constituir un lugar de culto deberán "acreditar" su personalidad jurídica civil mediante certificado del Registro de Entidades Religiosas, que tendrá que ser "emitido al efecto" e incluir la ubicación del centro. A partir de este paso, se seguirá lo previsto en la ley de bases, incluida la concesión de la licencia urbanística que corresponda.
Además, con otras dos enmiendas el PP vincula el traspaso de las competencias de salud y servicios sociales que ahora ejercen los ayuntamientos, y que con la reforma local pasarán a ser de las comunidades, a la nueva ley de financiación autonómica y local, anunciada por el Gobierno para el año que viene.

421 ENMIENDAS Y SIETE VETOS DE LA OPOSICIÓN

Además de los cambios propuestos por el PP, los grupos de la oposición han registrado 421 enmiendas parciales más, así como siete vetos, que deberán ser estudiados, en primer lugar, por la ponencia designada para ello, que se reunirá el lunes, y a continuación, por la citada Comisión, convocada para este martes.
En este nuevo trámite, el PSOE ha vuelto a poner de manifiesto su rechazo frontal a la norma, en esta ocasión, a través de un veto y 47 enmiendas parciales, todas ellas de supresión, al igual ya hicieron en el Congreso. De este modo, los socialistas pretenden poner de manifiesto que es preciso volver a empezar a negociar desde cero porque la norma, tal y como está redactada, es "una sentencia de muerte al municipalismo" que no se arregla "con chapa y pintura".

El resto de formaciones que han presentado vetos son CiU, PSC, ICV, IU, ERC, Amaiur, al considerar que la norma es antidemocrática y e invasiva con la autonomía tanto local como autonómica. "Con esta reforma local se procede a un desmantelamiento controlado, por tanto, de la experiencia democrática local en la línea tradicional del modelo centralizador y de pulsión autoritaria del actual gobierno", señala IU en el texto de su veto.