El impacto de la reforma local en Andalucía

• La reforma local costará a Andalucía más de 500 millones de euros

• Un informe calcula que la propuesta del Gobierno perjudicará a más de tres millones de personas

• El estudio considera que podrían verse afectados 54.000 puestos de trabajo

  Extraído de El País (3/6/13) 

La reforma de la administración local tendrá un alto coste y no solo político. Si se consuman los planes del Gobierno, se verán afectados más de tres millones de andaluces y el 89,6% de los municipios con menos de 20.000 habitantes: 691 pueblos que podrían perder sus competencias en favor de las Diputaciones o de la Administración autonómica. Para la Junta de Andalucía, la reforma supondrá, además, asumir servicios de salud, educación y asistencia social que implicarán un coste adicional de 503.403.000 euros, según un informe de la Consejería de Administración Local.

La propuesta de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local no gusta ni a Ayuntamientos ni al Gobierno autónomo. Para la mayoría de municipios y la Junta, la propuesta del Gobierno supone una recentralización y la pérdida de poder local a favor del Ejecutivo de Madrid, así como un alejamiento de la gestión del ciudadano, destinatario de los servicios.
Con el argumento de eliminar duplicidades y racionalizar costes, la reforma propone que las Comunidades asuman lo que denomina como "competencias impropias", aquellas que el Gobierno considera que ahora prestan los municipios pero que corresponden a los Ejecutivos autonómicos.
Una de estas competencias sería la limpieza, mantenimiento, vigilancia y obras en los colegios de infantil, primaria y especial en un plazo de cinco años, una medida que, según el informe de la Junta, supondría un coste para Educación de 330.146.145.
En los consultorios locales de la red de centros atención primaria de Salud también se tendría que hacer cargo la Junta de limpieza, seguridad y mantenimiento.

Según la propuesta de modificación legal, los pueblos quedarían en el área social como meros evaluadores e informadores de "situaciones de necesidad", aunque sí actuarían para la "atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

Para los servicios sociales, el presupuesto andaluz reserva ya 464, 5 millones de euros: más de 13 millones para drogodependencia, casi 43 para servicios sociales comunitarios, 376,5 para ayuda a domicilio, 20 para el refuerzo de la aplicación del sistema de dependencia y más de 10 para menores. Sin embargo, la aplicación de la nueva norma local obligaría a dotar el sistema de asistencia con otros 173.257.000 euros. Esta cantidad crecería con los programas que prestan los municipios mediante convenios con Igualdad, Salud, Dependencia, Vivienda o Consumo.

Además, según el informe de la Junta, correrían peligro 14.000 empleos que dependen de las administraciones locales y que trabajan en el ámbito de los servicios locales, donde aportan conocimiento directo de la realidad local y acceso ágil y rápido a los servicios.

En el resto de ámbitos, el desempleo afectaría a 40.000 personas por la pérdida de competencias y las privatizaciones de servicios. En este sentido, el texto de la reforma admite las intenciones de favorecer "la iniciativa económica privada".

La norma prevé la fijación de un coste estándar de los servicios sin tener en cuenta las características de cada municipio y la obligatoriedad de sujetarse al mismo. Estos dos criterios servirán para favorecer, cuando no forzar, la privatización de servicios. De estas actuaciones de delegación de competencias en manos privadas ya hay experiencias con las concesiones de la gestión de agua. Luis Babiano, gerente de la asociación de operadores públicos Aeopas, alerta sobre las consecuencias de estas medidas y ante la facilidad, amparada por la nueva norma, para restringir el poder local en los pueblos menores de 5.000 habitantes. "Si un municipio no puede prestar sus servicios mínimos o está intervenidos, ¿podemos concluir que sigue existiendo?", se pregunta.