Se mantiene el llamado "coste estándar" de los servicios, que fomentará la privatización de los servicios públicos municipales.
El Gobierno cede en que no intervendrá directamente los pequeños municipios con déficit.
Los ayuntamientos no delegarán competencias en Educación hasta que no haya un modelo de financiación autonómica.
La movilización contra la reforma local continúa.
[Extraído parcialmente de El País, 21-5-13]
Durante unas tres horas los alcaldes estuvieron negociando ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que el miércoles 22 de mayo se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha conseguido mantener las líneas fundamentales de la polémica reforma, en especial la que se refiere a que se establecerá un “coste estándar”, para cada uno de los servicios que presten; el aumento del poder de las diputaciones provinciales o la supuesta "clarificación de las competencias para evitar duplicidades" con las Comunidades Autónomas.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dicho estar satisfecho con las modificaciones aunque asegura que sigue negociando con el Ejecutivo para eliminar los puntos más conflictivos, que se mantienen en el texto. Uno de ellos es quién va a pagar las competencias en educación y servicios sociales y quién debe asumirlas.Los alcaldes han conseguido que en materia de educación, los servicios que prestan ahora los seguirán asumiendo hasta que no se firme un nuevo sistema de financiación autonómica. En cuanto a sanidad, las competencias se retirarán en cinco años, al tiempo que se resta financiación a los municipios.
El Gobierno ha cedido en algunos asuntos y ha eliminado el artículo que ordenaba la intervención directa e inmediata de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplieran la Ley de estabilidad presupuestaria o que los interventores municipales no puedan decidir, como quería Hacienda, si se presta o no un determinado servicio en los Ayuntamientos. “Todos los municipios se someterán a las mismas reglas”, destacó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Lo que significa que todos estarán sometidos al poder de intervención estatal si no cumplen con el equilibrio presupuestario, pero no habrá atajos para el ministerio en el caso de que se quiera iniciar un proceso contra un municipio de menos de 5.000 habitantes.
Sobre la polémica limitación de salarios de la que ayer informó el ministerio de Hacienda, De la Serna aseguró: "No va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar", aseguró. También desmintió al ministerio en otra cuestión: "La información trasladada desde el ministerio sobre la ineficiencia del 92% de los ayuntamientos en absoluto se corresponde con la realidad". En cuanto a los salarios de los cargos públicos, los alcaldes de menos de mil habitantes podrán ser retribuidos con dedicaciones parciales, en contra de lo que decía inicialmente la reforma.
Pero el Ejecutivo insistió a través de Beteta, que matizó que habrá una “horquilla salarial”, que se recogerá en las leyes de presupuestos de cada año, pero aseguró que eso no significa bajada de sueldos. "En el plan nacional de reformas se indica que se establecerán baremos. Se bajarán los sueldos? no ¿Se establecerá una horquilla en la que se van a mover los salarios de los empleados públicos?: sí. Lo que no explicó es qué ocurrirá si los salarios actuales están por encima de la horquilla que fije el Gobierno.
El presidente de la FEMP ha reiterado que sigue habiendo "desacuerdo" en algunos de los aspectos de la reforma local pero ha vaticinado que "queda margen" y que los representantes de los Ayuntamiento "tenemos espíritu de colaboración". Puso en valor el hecho de que la reforma partía con la intención de suprimir un 30% los concejales y eliminar a través de fusiones muchos ayuntamientos. Con los cambios, la estructura política de las corporaciones locales queda intacta.
Beteta, destacó que se trata de una reforma "profundamente municipalista" que va a ayudar a que exista "una clara definición de competencias". "Hay una coincidencia en lo esencial: lograr una administración más eficaz". Más allá de eso aseguró que también hay "diferencias", con los alcaldes."No va a ser un proceso sencillo", ha vaticinado respecto a la aplicación de la ley.
Durante unas tres horas los alcaldes estuvieron negociando ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que el miércoles 22 de mayo se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha conseguido mantener las líneas fundamentales de la polémica reforma, en especial la que se refiere a que se establecerá un “coste estándar”, para cada uno de los servicios que presten; el aumento del poder de las diputaciones provinciales o la supuesta "clarificación de las competencias para evitar duplicidades" con las Comunidades Autónomas.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dicho estar satisfecho con las modificaciones aunque asegura que sigue negociando con el Ejecutivo para eliminar los puntos más conflictivos, que se mantienen en el texto. Uno de ellos es quién va a pagar las competencias en educación y servicios sociales y quién debe asumirlas.Los alcaldes han conseguido que en materia de educación, los servicios que prestan ahora los seguirán asumiendo hasta que no se firme un nuevo sistema de financiación autonómica. En cuanto a sanidad, las competencias se retirarán en cinco años, al tiempo que se resta financiación a los municipios.
El Gobierno ha cedido en algunos asuntos y ha eliminado el artículo que ordenaba la intervención directa e inmediata de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplieran la Ley de estabilidad presupuestaria o que los interventores municipales no puedan decidir, como quería Hacienda, si se presta o no un determinado servicio en los Ayuntamientos. “Todos los municipios se someterán a las mismas reglas”, destacó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Lo que significa que todos estarán sometidos al poder de intervención estatal si no cumplen con el equilibrio presupuestario, pero no habrá atajos para el ministerio en el caso de que se quiera iniciar un proceso contra un municipio de menos de 5.000 habitantes.
Sobre la polémica limitación de salarios de la que ayer informó el ministerio de Hacienda, De la Serna aseguró: "No va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar", aseguró. También desmintió al ministerio en otra cuestión: "La información trasladada desde el ministerio sobre la ineficiencia del 92% de los ayuntamientos en absoluto se corresponde con la realidad". En cuanto a los salarios de los cargos públicos, los alcaldes de menos de mil habitantes podrán ser retribuidos con dedicaciones parciales, en contra de lo que decía inicialmente la reforma.
Pero el Ejecutivo insistió a través de Beteta, que matizó que habrá una “horquilla salarial”, que se recogerá en las leyes de presupuestos de cada año, pero aseguró que eso no significa bajada de sueldos. "En el plan nacional de reformas se indica que se establecerán baremos. Se bajarán los sueldos? no ¿Se establecerá una horquilla en la que se van a mover los salarios de los empleados públicos?: sí. Lo que no explicó es qué ocurrirá si los salarios actuales están por encima de la horquilla que fije el Gobierno.
El presidente de la FEMP ha reiterado que sigue habiendo "desacuerdo" en algunos de los aspectos de la reforma local pero ha vaticinado que "queda margen" y que los representantes de los Ayuntamiento "tenemos espíritu de colaboración". Puso en valor el hecho de que la reforma partía con la intención de suprimir un 30% los concejales y eliminar a través de fusiones muchos ayuntamientos. Con los cambios, la estructura política de las corporaciones locales queda intacta.
Beteta, destacó que se trata de una reforma "profundamente municipalista" que va a ayudar a que exista "una clara definición de competencias". "Hay una coincidencia en lo esencial: lograr una administración más eficaz". Más allá de eso aseguró que también hay "diferencias", con los alcaldes."No va a ser un proceso sencillo", ha vaticinado respecto a la aplicación de la ley.
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