La reforma de la Administración Local conllevará importantes daños sociales

Por el economista Eduardo Garzón:

Ya está aquí la reforma de la Administración Local. Después de mucho tiempo tentando el terreno con amagos y otros globos-sonda, parece que el gobierno de Rajoy se ha decidido plenamente a materializar esta controvertida reforma. Sus impulsores defienden que el objetivo es aumentar la eficiencia de las administraciones locales para disminuir gastos innecesarios. Dicho así, no suena nada mal. Lo que ocurre es que cuando uno bucea en lo que viene recogido en el anteproyecto de la reforma, se da cuenta de que nos quieren dar gato por liebre (¡una vez más!). En realidad ni siquiera tiene sentido que hablemos de una “reforma”; sino que podemos hablar perfectamente de una “deconstrucción” de las administraciones locales.

Las medidas recogidas en este programa consisten en reducir (nada de hacer más eficiente) la actividad municipal fundamentalmente a través de dos vías:

1)      Suprimiendo competencias locales (sobre todo en materia de salud, educación y servicios sociales). Esto quiere decir que muchas funciones que ahora realizan los ayuntamientos pasarán a efectuarse por administraciones públicas superiores. Esto no es mejorar la eficiencia de la actividad, sino centralizar el núcleo del poder. De hecho, al distanciar la oferta de las funciones de su demanda, es de prever que se producirán pérdidas de eficiencia; y sobre todo, de adecuación y calidad. Son los municipios de menos de 20.000 habitantes los que se encuentran en el ojo del huracán.

2)      Traspasando servicios hoy día públicos a manos privadas. Aquel servicio que en la actualidad no sea rentable económicamente (nada se dice de si es rentable socialmente), se trasladará su gestión a empresas privadas. Si éstas no encuentran forma de hacerlas rentables (será lo más habitual), la actividad en concreto se perderá. Por ejemplo, si un centro de salud de un pequeño pueblo no presenta indicadores económicos aceptables según el gobierno, se privatizará si puede ser rentable o se suprimirá si no lo puede ser. Una medida aberrante, que olvida interesadamente que la atención sanitaria nunca debe mirarse por la rentabilidad económica, sino por su rentabilidad social. Si hubiese que suprimir todo lo que no fuese rentable en términos económicos, el ejército, las fuerzas de seguridad, los juzgados y las penitenciarías serían los primeros servicios que habría que abolir, y obviamente no se hace.

Así las cosas, podemos extraer dos conclusiones. Por un lado, la eficiencia que se pretende conseguir se basa en la supresión de aquello que supuestamente es ineficiente, y no en la incorporación de nuevos mecanismos de gestión o avances organizativos. No se va a emplear ni un solo euro en esta reforma, por lo que obviamente no habrá ninguna mejora en la calidad del servicio al ciudadano, tal y como aseguró Rajoy.

Afirmar eso con un programa consistente únicamente en mutilar y suprimir servicios públicos denota la poca vergüenza que tiene el presidente y su equipo de gobierno. Por otro lado, las posibles mejoras en rentabilidad económica que se consigan no sólo serán minúsculas, sino que buena parte de ellas se lograrán a costa de reducir la rentabilidad social de los servicios públicos en nuestros municipios. Tenemos una sociedad enferma si lo que buscamos es exclusivamente la eficiencia económica y no la satisfacción de las necesidades sociales de nuestros conciudadanos.

Pero, además, y para hacernos una idea, ¿cuánto conseguiría el sector público ahorrar con esta reforma? Para aproximarnos a ello basta con observar cuál ha sido el gasto público de las administraciones locales que ha excedido sus ingresos. Si vamos acumulando este exceso de gasto, obtenemos la deuda pública de estas administraciones. Ahora la comparamos con el resto de deuda pública, la del Estado y la de las Comunidades Autónomas, fundamentalmente. En el siguiente gráfico se representa la evolución de la deuda pública atendiendo a sus distintos sectores.


Pues bien, lo máximo que el sector público podría ahorrar con esta reforma (y ni siquiera será lo que se logre, ni de lejos) es el sector rojo del gráfico. La deuda acumulada de todas las administraciones locales solamente representa el 5,74% de toda la deuda que tiene hoy día el sector público español. 

Comprobamos claramente que, aunque existan ineficiencias en las administraciones locales y se produzca un cierto despilfarro de recursos públicos, la cantidad que se gasta es absolutamente ridícula si la comparamos con el gasto de la administración central (y que por cierto, en su mayoría se debe a las ayudas a la banca, como mostraré en el próximo artículo). Es decir, la cantidad máxima que se podría ahorrar con esta reforma no justifica en modo alguno su implementación, especialmente bajo esas condiciones que resultan tan perniciosas para las poblaciones de los municipios. Todo ello no hace sino invitarnos a pensar que el verdadero motivo de la reforma no es de carácter económico, sino que atiende a otro tipo de factores estrechamente relacionados con la ideología y con la forma de concebir el diseño y funcionamiento de las administraciones públicas.