El Gobierno mantiene las líneas fundamentales de su reforma local

• Se mantiene el llamado "coste estándar" de los servicios, que fomentará la privatización de los servicios públicos municipales.

• El Gobierno cede en que no intervendrá directamente los pequeños municipios con déficit.

• Los ayuntamientos no delegarán competencias en Educación hasta que no haya un modelo de financiación autonómica.

• La movilización contra la reforma local continúa.

[Extraído parcialmente de El País, 21-5-13]

Durante unas tres horas los alcaldes estuvieron negociando ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que el miércoles 22 de mayo se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha conseguido mantener las líneas fundamentales de la polémica reforma, en especial la que se refiere a que se establecerá un “coste estándar”, para cada uno de los servicios que presten; el aumento del poder de las diputaciones provinciales o la supuesta "clarificación de las competencias para evitar duplicidades" con las Comunidades Autónomas.

Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dicho estar satisfecho con las modificaciones aunque asegura que sigue negociando con el Ejecutivo para eliminar los puntos más conflictivos, que se mantienen en el texto. Uno de ellos es quién va a pagar las competencias en educación y servicios sociales y quién debe asumirlas.Los alcaldes han conseguido que en materia de educación, los servicios que prestan ahora los seguirán asumiendo hasta que no se firme un nuevo sistema de financiación autonómica. En cuanto a sanidad, las competencias se retirarán en cinco años, al tiempo que se resta financiación a los municipios.

El Gobierno ha cedido en algunos asuntos y ha eliminado el artículo que ordenaba la intervención directa e inmediata de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplieran la Ley de estabilidad presupuestaria o que los interventores municipales no puedan decidir, como quería Hacienda, si se presta o no un determinado servicio en los Ayuntamientos. “Todos los municipios se someterán a las mismas reglas”, destacó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Lo que significa que todos estarán sometidos al poder de intervención estatal si no cumplen con el equilibrio presupuestario, pero no habrá atajos para el ministerio en el caso de que se quiera iniciar un proceso contra un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Sobre la polémica limitación de salarios de la que ayer informó el ministerio de Hacienda, De la Serna aseguró: "No va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar", aseguró. También desmintió al ministerio en otra cuestión: "La información trasladada desde el ministerio sobre la ineficiencia del 92% de los ayuntamientos en absoluto se corresponde con la realidad". En cuanto a los salarios de los cargos públicos, los alcaldes de menos de mil habitantes podrán ser retribuidos con dedicaciones parciales, en contra de lo que decía inicialmente la reforma.

Pero el Ejecutivo insistió a través de Beteta, que matizó que habrá una “horquilla salarial”, que se recogerá en las leyes de presupuestos de cada año, pero aseguró que eso no significa bajada de sueldos. "En el plan nacional de reformas se indica que se establecerán baremos. Se bajarán los sueldos? no ¿Se establecerá una horquilla en la que se van a mover los salarios de los empleados públicos?: sí. Lo que no explicó es qué ocurrirá si los salarios actuales están por encima de la horquilla que fije el Gobierno.

El presidente de la FEMP ha reiterado que sigue habiendo "desacuerdo" en algunos de los aspectos de la reforma local pero ha vaticinado que "queda margen" y que los representantes de los Ayuntamiento "tenemos espíritu de colaboración". Puso en valor el hecho de que la reforma partía con la intención de suprimir un 30% los concejales y eliminar a través de fusiones muchos ayuntamientos. Con los cambios, la estructura política de las corporaciones locales queda intacta.

Beteta, destacó que se trata de una reforma "profundamente municipalista" que va a ayudar a que exista "una clara definición de competencias". "Hay una coincidencia en lo esencial: lograr una administración más eficaz". Más allá de eso aseguró que también hay "diferencias", con los alcaldes."No va a ser un proceso sencillo", ha vaticinado respecto a la aplicación de la ley.

"Otra farsa: la reforma local", por Juan Torres

Por Juan Torres López, extraido de El País: 

La deuda del PP en Madrid es el 21% de todos los Ayuntamientos

La crisis se ha convertido en la excusa para que los Gobiernos lleven a cabo reformas que ni tienen que ver con sus causas ni ayudan a salir de ella.

Así ocurre con la financiera. Dicen que busca aflorar el crédito pero solo conseguirá que cuatro o cinco bancos controlen el mercado. O con la laboral, de la que se aseguró que crearía empleo y que solo ha logrado abaratar aún más la mano de obra y dar nuevo poder al gran empresariado. Por no hablar de las que se han realizado en sanidad, educación o en pensiones, a fin de cuentas para dar entrada al interés privado, incluso a costa de mayor gasto en el conjunto de la economía. Y algo parecido es lo que esconde la reforma local que pretende llevar a cabo el ministro Montoro, aunque en este caso su doble juego resultó tan escandaloso que la tuvo que posponer. Quizá por poco tiempo si la inmediata visita de los inspectores de la troika obliga a sacarla de nuevo del cajón.

La reforma, como las de otros servicios públicos, se justifica asegurando que los Ayuntamientos cuestan mucho dinero, que gastan en exceso realizando actividades que no le son propias y que generan demasiada deuda, lo que lleva al Gobierno a imponer un procedimiento contundente y directo para quitarle competencias, privatizar servicios e incluso para hacer que muchos desaparezcan.

Abordar la reforma de un ámbito tan importante y determinante del bienestar y la eficiencia económica persiguiendo solamente que los Ayuntamientos gasten menos ya es algo irracional. Sobre todo, si no se ponen previamente sobre la mesa su inveterada carencia de recursos, la ausencia de un planteamiento de fondo sobre su marco competencial y la debilidad de nuestro Estado de bienestar, que son las verdaderas causas de que en los últimos años, y esto sí que es cierto, la función local se haya desnaturalizado considerablemente, al menos en muchos casos.

La aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala

Pero ni siquiera así se justifican los planes del Gobierno. Lo cierto es que el peso del gasto municipal en el PIB español sigue siendo más o menos el mismo que en 1981 y que la deuda de los Ayuntamientos es una parte muy pequeña (alrededor del 3%) de toda la deuda pública, y eso teniendo en cuenta que la generada por el PP en Madrid (7.429,6 millones de euros a finales de 2012) representa el 21% de la de todos los Ayuntamientos españoles, más elevada incluso que la que tienen todos los de Andalucía juntos.

Sobre la existencia de duplicidades en la prestación de servicios no se tienen datos rigurosos para toda España, pero allí donde se han estudiado en serio resulta que los Ayuntamientos son los menos responsables de ello. Y, en todo caso, el procedimiento ideado por el Gobierno para resolverlas, establecer desde Madrid un coste estándar para todos los Ayuntamientos y servicios municipales e impedir que quienes no los ofrezcan por debajo los cedan a las diputaciones o privaticen la gestión, es seguro que va a crear otras deficiencias y costes aún mayores, que quizá ni siquiera permitan que al final se ahorre. Entre otras cosas, porque la aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala; algo que solo se da en servicios (como los de recogida de basuras) que tienen grandes costes fijos y que en la mayoría de los casos ya están mancomunados.

La reforma del Gobierno es otra farsa. No refuerza la autonomía local, ni procura que los Ayuntamientos dispongan (con la austeridad auténtica a que obliga el manejo de dinero público) de los recursos necesarios, ni garantiza que se utilicen con honradez y eficacia. Lo que se hace de nuevo es abrir paso a las grandes empresas con un daño grande, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las de economía social. Y tratando así a la Administración local, como una simple unidad de gasto, se destruye un espacio básico de la convivencia e identidad colectivas y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia.

La ayuda a domicilio tiembla ante la reforma local

[P. Puebla. Zaragoza, Extraido de heraldo.es]

 

La reforma de la administración local elimina las competencias municipales en servicios sociales y los profesionales del ámbito temen por prestaciones como la ayuda a domicilio o la atención a la infancia.

Estrella vive en Jaca, tiene 44 años y hace ya ocho que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Poco a poco fue perdiendo movilidad y desde hace siete años recibe ayuda a domicilio cinco días a la semana. Una persona acude a su casa por las mañanas para ayudarle con las tareas que a ella le resultan imposibles: lavarse el pelo, tender, hacer la cama, limpiar la cocina...

Gracias a esta ayuda y a su silla eléctrica, Estrella puede ser independiente. Su madre murió, y su padre está jubilado y vive en Valladolid. Aunque no le queda familia en Jaca, ella lucha por continuar con la vida que llevaba antes del diagnóstico: "Yo quería tener la independencia que tenía antes y que mi familia pudiese hacer su vida", explica a Heraldo.es.

Este servicio a domicilio está gestionado por los servicios sociales de base del Ayuntamiento de Jaca y Estrella se muestra convencida de que, con sus ingresos, no podría pagarlo de forma privada.

Mª Victoria Mora Gómez es la responsable en Jaca de los servicios sociales municipales, conoce bien a Estrella y sigue su caso de cerca desde hace años. Mora, al igual que Irene Gállego, la presidenta del Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, teme que la reforma de la administración local impida seguir prestando servicios sociales "imprescindibles", principalmente el de ayuda a domicilio.

La reforma de la administración local

El temor viene porque el actual texto de la ley de reforma de la administración local elimina las competencias municipales en servicios sociales. Donde antes se daba 'permiso' al municipio para la "prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social", la nueva ley pendiente de aprobación reza que el municipio únicamente podrá prestar labores de: "Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social".

"Nos convertiríamos en meros derivadores. El trabajador social pasaría a ser en un simple gestor de las acciones que pusiese en marcha la comunidad autónoma", explica Irene Gállego. El problema principal es que, dada la situación económica de las comunidades, los trabajadores sociales dudan mucho que Aragón pueda asumir el coste al completo de todos los servicios que prestan actualmente a sus vecinos los ayuntamientos y comarcas.

Antonio Gaspar es el coordinador de los servicios sociales de la comarca del Bajo Aragón. Tiene más de 20 años de experiencia en los servicios sociales de base de pequeños municipios y está convencido de que la reforma, tal y como está planteada, va en el sentido contrario al que debería: "Los que la han redactado están demasiado arriba y se nota que no han aterrizado en el terreno, no saben lo que pasa en la realidad", explica Gaspar mientras pide, por el contrario, que se refuercen los servicios municipales y los servicios sociales de base "porque lo demanda la situación social".

El valor de la proximidad

"Eliminaría el valor de la proximidad -señala Gaspar-, nosotros estamos cerca y conocemos los casos al completo porque son nuestros vecinos. Tenemos una visión integral y podemos actuar en consecuencia. A nivel autonómico, los informes de Sanidad y de Educación no tienen ni por qué cruzarse", afirma convencido antes de poner un ejemplo: "En un caso de protección de menores sabemos si el chaval tiene problemas en el colegio, si la familia está aquejada de exclusión social, si los padres tienen un escaso nivel cultural o si reciben ayuda a domicilio porque tienen una abuela con alzhéimer. Todo concurre en una casa y yo lo sé porque soy el trabajador social del pueblo y puedo ayudar desde aquí. Somos mucho más que un servicio de valoración de situación", concluye el trabajador social.

La presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales continúa en la misma línea: "Debería seguir primando el valor de la proximidad, hay que conocer cada caso porque cada territorio tiene realidades muy diferentes -explica Irene Gállego defendiendo el modelo actual-. En los municipios de montaña hay que fomentar la animación comunitaria para que los vecinos no se queden encerrados en sus casas, en otros dar prioridad a la ludoteca y en otros de población muy envejecida ayudar al transporte de las personas mayores para que puedan realizar sus compras", ejemplifica.

Temor por los servicios preventivos

Pilar Serrano, por su parte, es la trabajadora social de Tauste y Castejón. Afirma que los ayuntamientos han sido "los grandes protagonistas" en el sistema de servicios sociales y considera que la nueva ley los limita al carácter más existencialista mientras que los servicios de carácter preventivo, como la ayuda a domicilio o el trabajo con la infancia, "se perderían".

En Tauste, 25 personas dependientes se benefician del servicio de comidas a domicilio todos los días del año y unas 45 del de ayuda a domicilio. Pilar Serrano señala que muchas personas en los pueblos están solas y que, gracias a estos medios, se sienten independientes y sus familias que están fuera se sienten más tranquilas. "Les agobia mucho depender de la familia y esto les da cierta autonomía", explica la trabajadora social. Serrano se muestra convencida de que "es imposible" manejar las redes de apoyo desde fuera del ámbito de la proximidad y de que la Comunidad no podría abarcarlos.

Ante este panorama Estrella teme que la reforma de la administración local le impida continuar recibiendo ayuda a domicilio y espera que eso no llegue a suceder: "Con mi ridiculez de pensión y sin esa ayuda me fastidiarían completamente", concluye desde Jaca.

Hacienda vuelve a retrasar otra semana la reforma local aunque mantiene la intención de aprobar el proyecto en junio

Extraído de Europa Press, 12 de mayo.

  

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue trabajando en un texto de reforma de las administraciones locales y ha aplazado otra semana la reunión con los ayuntamientos en la que debe presentarles un último proyecto. Pese a ello, tiene la intención de llevar una ley al Consejo de Ministros antes de que finalice junio, han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de la iniciativa.

   El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene que presentar el proyecto en la Comisión Nacional de Administración Local, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). La convocatoria en la que se revisará un último documento se esperaba para esta semana que concluye, pero no ha sido convocada y tampoco lo será en los próximos cinco días, han confirmado fuentes municipales.

El documento será remitido después al Consejo de Estado para que emita un informe, paso previo a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros.

 El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue estudiando las alegaciones que le han presentado al borrador aprobado el 15 de febrero, tanto desde varias comunidades autónomas como federaciones de municipios, instituciones y entidades. Entre ellas están las que la FEMP aprobó y entregó a principios de abril y que contienen cambios importantes en la iniciativa.

El Gobierno lleva más de un año trabajando en esta reforma; admite que le está costando esfuerzo sacarla adelante porque es un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días, según explicó recientemente la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

RAJOY MOVILIZÓ A ARENAS

Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de las bases de la reforma: cómo se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y la creación de un coste estándar de los servicios locales de obligado cumplimiento.

El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.

Poco después, y ante el incendio declarado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, comenzó a movilizar por toda España a su equipo a petición del propio Mariano Rajoy, con el objetivo de explicar la reforma y escuchar las quejas de los 'populares' de todo el país, según informaron a Europa Press de este partido.

El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y una vuelta al principio para intentar el acuerdo, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.