"Otra farsa: la reforma local", por Juan Torres

Por Juan Torres López, extraido de El País: 

La deuda del PP en Madrid es el 21% de todos los Ayuntamientos

La crisis se ha convertido en la excusa para que los Gobiernos lleven a cabo reformas que ni tienen que ver con sus causas ni ayudan a salir de ella.

Así ocurre con la financiera. Dicen que busca aflorar el crédito pero solo conseguirá que cuatro o cinco bancos controlen el mercado. O con la laboral, de la que se aseguró que crearía empleo y que solo ha logrado abaratar aún más la mano de obra y dar nuevo poder al gran empresariado. Por no hablar de las que se han realizado en sanidad, educación o en pensiones, a fin de cuentas para dar entrada al interés privado, incluso a costa de mayor gasto en el conjunto de la economía. Y algo parecido es lo que esconde la reforma local que pretende llevar a cabo el ministro Montoro, aunque en este caso su doble juego resultó tan escandaloso que la tuvo que posponer. Quizá por poco tiempo si la inmediata visita de los inspectores de la troika obliga a sacarla de nuevo del cajón.

La reforma, como las de otros servicios públicos, se justifica asegurando que los Ayuntamientos cuestan mucho dinero, que gastan en exceso realizando actividades que no le son propias y que generan demasiada deuda, lo que lleva al Gobierno a imponer un procedimiento contundente y directo para quitarle competencias, privatizar servicios e incluso para hacer que muchos desaparezcan.

Abordar la reforma de un ámbito tan importante y determinante del bienestar y la eficiencia económica persiguiendo solamente que los Ayuntamientos gasten menos ya es algo irracional. Sobre todo, si no se ponen previamente sobre la mesa su inveterada carencia de recursos, la ausencia de un planteamiento de fondo sobre su marco competencial y la debilidad de nuestro Estado de bienestar, que son las verdaderas causas de que en los últimos años, y esto sí que es cierto, la función local se haya desnaturalizado considerablemente, al menos en muchos casos.

La aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala

Pero ni siquiera así se justifican los planes del Gobierno. Lo cierto es que el peso del gasto municipal en el PIB español sigue siendo más o menos el mismo que en 1981 y que la deuda de los Ayuntamientos es una parte muy pequeña (alrededor del 3%) de toda la deuda pública, y eso teniendo en cuenta que la generada por el PP en Madrid (7.429,6 millones de euros a finales de 2012) representa el 21% de la de todos los Ayuntamientos españoles, más elevada incluso que la que tienen todos los de Andalucía juntos.

Sobre la existencia de duplicidades en la prestación de servicios no se tienen datos rigurosos para toda España, pero allí donde se han estudiado en serio resulta que los Ayuntamientos son los menos responsables de ello. Y, en todo caso, el procedimiento ideado por el Gobierno para resolverlas, establecer desde Madrid un coste estándar para todos los Ayuntamientos y servicios municipales e impedir que quienes no los ofrezcan por debajo los cedan a las diputaciones o privaticen la gestión, es seguro que va a crear otras deficiencias y costes aún mayores, que quizá ni siquiera permitan que al final se ahorre. Entre otras cosas, porque la aparente solución se basa en un supuesto falso: que a mayor centralización y tamaño en los proveedores de servicios, mayor economía de escala; algo que solo se da en servicios (como los de recogida de basuras) que tienen grandes costes fijos y que en la mayoría de los casos ya están mancomunados.

La reforma del Gobierno es otra farsa. No refuerza la autonomía local, ni procura que los Ayuntamientos dispongan (con la austeridad auténtica a que obliga el manejo de dinero público) de los recursos necesarios, ni garantiza que se utilicen con honradez y eficacia. Lo que se hace de nuevo es abrir paso a las grandes empresas con un daño grande, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las de economía social. Y tratando así a la Administración local, como una simple unidad de gasto, se destruye un espacio básico de la convivencia e identidad colectivas y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia.