El documento será remitido después al Consejo de Estado para que emita un informe, paso previo a la aprobación del proyecto de ley por el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sigue estudiando las alegaciones que le han presentado al borrador aprobado el 15 de febrero, tanto desde varias comunidades autónomas como federaciones de municipios, instituciones y entidades. Entre ellas están las que la FEMP aprobó y entregó a principios de abril y que contienen cambios importantes en la iniciativa.
El Gobierno lleva más de un año trabajando en esta reforma; admite que le está costando esfuerzo sacarla adelante porque es un asunto que lleva pendiente 30 años y que no se puede resolver en unos días, según explicó recientemente la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
RAJOY MOVILIZÓ A ARENAS
Conforme han transcurrido los meses, el Ejecutivo ha ido perdiendo apoyos incluso en las propias filas 'populares', en las que alcaldes y concejales se han mostrado abiertamente en contra de las bases de la reforma: cómo se redistribuyen las competencias con las comunidades y las diputaciones, la posibilidad de que los municipios pequeños sean intervenidos y pierdan sus atribuciones y la creación de un coste estándar de los servicios locales de obligado cumplimiento.El Gobierno conoció un primer borrador en julio del año pasado y el segundo, el pasado 15 de febrero, en el que se habían rebajado ya algunas pretensiones iniciales como limitar el número de concejales y las retribuciones de forma considerable.
Poco después, y ante el incendio declarado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, comenzó a movilizar por toda España a su equipo a petición del propio Mariano Rajoy, con el objetivo de explicar la reforma y escuchar las quejas de los 'populares' de todo el país, según informaron a Europa Press de este partido.
El Ejecutivo ha perdido por otro lado la posibilidad de acuerdo con el PSOE, que exige la retirada del borrador aprobado en febrero y una vuelta al principio para intentar el acuerdo, la misma postura que mantiene toda la oposición parlamentaria.
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