Cinco preguntas y alguna respuesta sobre la reforma local

por Antonio Díaz Méndez

 

Trabajo en un Ayuntamiento que a fecha de hoy tiene las cuentas saneadas y goza de equilibrio presupuestario y tras aprobar el Consejo de Ministros el Proyecto de ley de Racionalización y  Sostenibilidad  de la Administración Local, tengo la duda de si soy un bicho raro o un auténtico extraterrestre.

Sin duda habrá que realizar  un análisis más pormenorizado, aunque ya tenemos algunas opiniones expertas  (Jiménez Asensio) sobre las últimas versiones y algún que otro pronunciamiento.  En este momento, a mí me surgen unas cuantas preguntas:

1.-Todos conocemos los requisitos de la troika, pero dado que hablamos de un proyecto que modifica la ley de bases ¿Por qué centrar todo el proyecto sobre el control financiero y presupuestario?   Si ese es el objetivo principal bastaría con modificar la ley de haciendas locales. Además, según la información oficial, la gran mayoría de Ayuntamientos -cerca de 6000 -  cerraron sus cuentas con superavit en 2012. Por si esto fuera poco, la Administración Local es la única que ha sido capaz de cumplir con los objetivos de déficit marcados por el Gobierno y su deuda representa poco más del 4 % del total de las Administraciones Públicas. Entonces, ¿por qué señalar a lo local como “descontrolado” o “despilfarrador” cuando los datos dicen justamente lo contrario?

Mi sensación en este tema  es que se legisla pensando en “el peor alumno de la clase” (imagínense, el Ayto más endeudado y más despilfarrador de España) y con ese modelo de referencia se ordena y regula para el conjunto. Esto me lleva a la segunda pregunta:

2.-¿Qué pasaría si legisláramos pensando en un Ayuntamiento innovador y con las cuentas perfectamente saneadas?.  ¿Se imaginan qué hubiera pasado?.  Pues seguramente el resultado sería dar más competencias a los Ayuntamientos en temas como desarrollo económico para impulsar el empleo, en innovación y tecnologías  para impulsar un gobierno abierto y unas ciudades inteligentes, o en servicios sociales donde la gestión municipal se está mostrando más eficaz y eficiente cuanto más cercana, para ayudar al ciudadano con la crisis.

Si esto fuera así, el planteamiento más natural sería completar la segunda descentralización eternamente pendiente, fijando en los Gobiernos  locales (Aytos + Diputaciones) esas competencias, acercándonos así a los parámetros europeos de descentralización del gasto local.  Esto me lleva a la  tercera pregunta:

3.-¿Son realmente  los solapamientos y duplicidades el gran problema de las Administraciones? ¿o lo es la ineficacia de nuestros sistemas de planificación y coordinación centralizados?   Mi sensación aquí es que hay un enfoque unilateral del problema,  pues quizás la solución no está tanto en los solapamientos y duplicidades, sino en mejorar los sistemas de coordinación y gobernanza, que es la otra cara de lo mismo y compete principalmente a las Administraciones centrales (CC.AA. y Estado). ¿Por qué no abordan con decisión los problemas que les competen?.

Bueno es que clarifiquemos competencias, pero la realidad es tozuda y los problemas complejos no tienen generalmente soluciones simplistas, como bien señalan los expertos (Longo). 

Diferentes teorías  apuntan a que en este tipo de problemas las soluciones pasan por descentralizar gestión, manteniendo centralizadas determinadas funciones estratégicas de planificación, coordinación e incluso de control.  El propio proyecto de ley avanza medidas de ese tipo en decisiones de recursos humanos o equilibrio presupuestario. ¿por qué no seguir por esa línea a la vez que descentralizamos competencias y gestión? ¡Qué oportunidad perdida!.

La experiencia práctica y las exigencias de la sociedad del conocimiento y las organizaciones en red, nos están  impulsando y enseñando a coordinar con menos mando, a fortalecer la cooperación y el trabajo colaborativo y a dirigir por resultados y sin tantos controles previos. Para eso hace falta liderazgo, buenos equipos y directivos públicos y mucha más innovación en gobernanza, que es lo que recomiendan algunos organismos internacionales (OCDE), como apunta O. Cortes.

4.- ¿Debe ser el “coste efectivo” el único indicador de referencia en los servicios locales? (el delirio del coste estándar parece olvidado)   Efectivamente, identificar indicadores/resultados y comparar es una buena manera de estimular la mejora. Los Ayuntamientos y Diputaciones que trabajamos con sistemas de gestión y calidad venimos utilizando desde hace años mediciones de coste, eficacia, eficiencia e impacto, para tener una dimensión real de los resultados de gestión. Cualquier medición coherente debe  poner en relación recursos con resultados.

¿Dónde quedan otros indicadores relacionados con la mejora de la calidad democrática y la transparencia, la innovación o el desarrollo de la sociedad red,..etc?. Aquí se hace realidad una vieja cita que creo recordar de un libro de P. Drucker “Quien solo tiene un martillo, todos los problemas le parecen clavos”.

En cualquier caso, yo sugeriría al Ministerio de Hacienda empezar comparando el “coste efectivo” de los servicios del propio Ministerio, con los servicios homólogos de las Administraciones locales y Autonómicas.
Si estamos hablando de una reforma de calado y ambición para orientar los gobiernos locales  en los próximos 20 o 30 años sería imprescindible contemplar un conjunto integrado de indicadores que incluyan también los citados (de transparencia, confianza…) y  los resultados en los ciudadanos, comparando al conjunto de Administraciones.

5.- Finalmente, ¿Confían los redactores del proyecto en los Gobiernos y Administraciones locales?  La sensación que me produce buena parte de los borradores leídos, es que el texto rezuma cierto desconocimiento y quizás una profunda  desconfianza en la Administración Local  (la palabra Gobierno apenas se cita) y esto es grave, porque la desconfianza es muy mal principio para construir el futuro.

Desconfianza en los Alcaldes y concejales (¿en la política?), a los que de alguna manera se “estigmatiza”. La homogeneización salarial, que es una medida acertada si se aplica con inteligencia, ¿por qué no hacerla de forma simultánea y con criterios similares para CC.AA y Organismos del Estado?.

Desconfianza en los funcionarios, y ya no digamos en los “empleados públicos laborales”, que se declaran especie a extinguir y se les veta prácticamente el acceso a la función directiva. ¿Desconocen los redactores del documento que gran parte de las innovaciones realizadas en los municipios en estos 30 años han sido impulsadas por equipos y directivos laborales? ¿desconocen quizás que la flexibilidad organizativa local ha permitido a los Ayuntamientos reaccionar antes a la crisis e incluso ajustar aspectos como el empleo público sin que hiciera falta esta ley? (-12,3 % en 2012, frente al -1 %  CC.AA. y el -2,1 % AGE).

Desconfianza también de los Ayuntamientos pequeños frente a los grandes  -cuando resulta que los mayores problemas y deudas se encuentran en algunos grandes,….etc.

La ley parece desconfiar de casi todo el mundo y lejos de principios como la “autonomía local” o la “subsidiariedad”, parecería que se trata de “meter en cintura” al “desmadrado mundo local”, en lugar de ayudar a solucionar sus problemas.

Quizás yo esté equivocado, pero mi sensación es que en realidad no estamos hablando de una reforma local, sino única y exclusivamente de un Ajuste del Gobierno local en todos los sentidos (competencias, recursos, … etc) y lo que se pretende es reducir las capacidades de gobierno, reducir el tamaño y reducir los servicios de la Administración local.  Mejor llamar a las cosas por su nombre.

Si esto termina así, creo realmente que habremos perdido una gran oportunidad de reformar el gobierno local, preparándolo para el “cambio de época” y la revolución tecnológica que estamos viviendo, más allá de la crisis.

Finalmente, mi intuición me dice que la ley será inaplicable o de muy difícil implantación. Necesitaría de una gran complicidad de los Alcaldes, cuyo entusiasmo y motivación sinceramente no alcanzo a vislumbrar, sino más bien lo contrario.

Mucho me temo que esta ley no tiene quien la quiera, aunque ojala me equivoque y el trámite parlamentario lo pueda aún arreglar.