En defensa del mundo rural

La Ley de la Administración Local y la liquidación de la cohesión y patrimonio rural  

por Valentín Cabero. Catedrático Geografía. Universidad de Salamanca, publicados en eldiario.es 26/08/2013


Nuestros campesinos y los pueblos son la garantía de nuestra soberanía alimentaria y de la conservación de los paisajes agrarios y culturales más amables, a no ser que este gobierno lo convierta todo en fincas de monocultivos subvencionados por la PAC.

El dictamen del Consejo de Estado pone el acento en  el intervencionismo centralista y vertical frente a la autonomía municipal, rozando los principios constitucionales.
La FEMP y sus altos representantes no han defendido como se merecen a los pequeños municipios y a las entidades locales menores, particularmente desde los principios de cohesión social y territorial.

Agosto comenzó con una tragicomedia llamada Bárcenas en el Parlamento de la Nación, prestando el Senado sus bancos y sillones para la representación. Entre mentiras, provocaciones, desplantes y desaires, el presidente del Gobierno nos dejó con cara de tontos y se ha ido a descansar a una sencilla casa rural gallega. No está mal el contraste con los fantasmas de la Moncloa y con las moles y mausoleos urbanos que han destruido nuestras ciudades y paisajes urbanos. Será al menos motivo de reflexión, pues el medio rural se convierte, así, en un bien reparador para el alma sensible y herida por el desgaste político y por la “defensa” de  la patria saqueada por sus amigos y correligionarios. Otro mensaje populista que los verdaderos protagonistas de la vida en el medio rural no estarán dispuestos a tragar, sin sentir náuseas y síntomas de vómitos. 

Nuestros campesinos son gentes nobles y resistentes, pero también muy suyas y delicadas. Ellos que han practicado la austeridad y la solidaridad desde hace siglos, no caerán engañosamente en la estulticia y el servilismo, ¡acogiendo ahora a los estresados por la política, por el despilfarro y por las artimañas financieras!, como si nada hubiese ocurrido en las cloacas de Génova o de Bankia.

En verdad, el curso político había cerrado su ciclo de ajustes y “austeridad” de manera más taimada y silenciosa,  con el envío a las Cortes Generales de una Ley que afecta de lleno al mundo rural. Y debemos decirlo sin ambages, nuestros campesinos y los pueblos donde viven siguen siendo la garantía de nuestra soberanía alimentaria y de la conservación de nuestros paisajes agrarios y culturales más amables, a no ser que definitivamente este gobierno lo convierta todo en grandes fincas de monocultivos bien subvencionados por la PAC, en “pazos” de malhechores indultados, en refugios de especuladores amnistiados, o  de inversores oportunistas procedentes de la banca y de las grandes corporaciones industriales o mercantiles. 

Después de haber liquidado las costas y los entornos naturales de nuestras ciudades, han puesto ahora sus ojos e intereses en esos pueblos y campos olvidados, allá en la España profunda, donde se conservan en manos de pequeños municipios y entidades menores o juntas vecinales los verdaderos  recursos estratégicos de cara al futuro. 

No puede ser, gozan de competencias impropias, se endeudan  y desestabilizan  el presupuesto del Estado, dicen con falaz desfachatez desde el poder madrileño y vallisoletano. Las élites extractivas y privilegiadas  están encantadas por las nuevas oportunidades; ¡vamos a por ellos!, piensan agazapados tras las comisiones entregadas durante años a los líderes populares.

Hablamos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que ha sido seriamente criticada en el Dictamen del Consejo de Estado y calificada como la Ley del Expolio Rural por los grupos más implicados en la defensa de los campesinos, agricultores y ganaderos o de nuestros artesanos.

No les faltan razones y argumentos a unos y a otros. El dictamen del Consejo de Estado pone el acento en  el intervencionismo centralista y vertical frente a la autonomía municipal, rozando los principios constitucionales,  y los grupos de  campesinos  y los pequeños municipios se lamentan  de la pérdida  de soberanía  y de los servicios de proximidad en favor de su privatización  y el control de las diputaciones. La FEMP y sus altos representantes no han defendido como se merecen a los pequeños municipios y a las entidades locales menores, particularmente desde los principios de cohesión social y territorial. Los peligros y amenazas centralizadoras ahí siguen y la trama rural  más próxima a los habitantes lamentablemente a punto de desaparecer y de ser engullida por las “más eficientes economías de escala”.