Este es un Post de verdad, de los breves, para que nadie se queje que en las vísperas navideñas deba dedicar más tiempo del razonable a un tema que ha terminado por aburrirnos a los que lo seguimos desde sus inicios. Aunque todo manifiestamente se puede empeorar, no creo sinceramente que difícilmente se puedan hacer peor las cosas en un proceso legislativo (tramitación parlamentaria incluida) que ha sido caótico e improvisado de principio a fin.
El proyecto fue ayer aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados, tras las enmiendas incorporadas del Senado. Y ya va camino del BOE. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local será publicada en los próximos días y, al menos teóricamente, entrará en vigor al siguiente de su publicación. Es verdad que muchas de sus previsiones (al menos las de contenido más traumático o de impacto fuerte) se aplazan en su aplicabilidad, pero no es menos cierto que esta Ley –guste más o guste menos- será aplicable de forma inmediata en una buena parte de las medidas que recoge.
Y, sinceramente, creo que se equivocan aquellos que airean, desde la política o desde la academia, que esta Ley no se aplicará. Sí que es cierto que nace muy descafeinada (frente a lo que inicialmente fue) y que contiene no pocas previsiones de muy difícil o imposible materialización efectiva. Pero no lo es menos que también tiene mandatos (más o menos claros, esta es otra cuestión) directamente aplicables; esto es, que ni responsables políticos locales ni funcionarios públicos podrán eludir en su cumplimiento. Y este es el problema real.
Lo vengo diciendo desde hace algún tiempo, esta no es una Ley de “Racionalización” (salvo en muy pequeña medida), es una Ley de “Sostenibilidad”. La clave para entender su mensaje último (al margen de los detalles) es que pone el punto de mira sobre aquellas entidades locales y entes instrumentales que tienen (o puedan tener en el futuro) una situación económico-financiera delicada (planes de ajuste, planes económico-financieros o de saneamiento, incumplimiento plazos de morosidad, etc.). Aquellos ayuntamientos que tengan o que caigan en una situación financieramente compleja lo pueden pasar mal, muy mal. Y no será fácil que pretendan sortear (con los “juegos de manos tradicionales”) una situación como la descrita. Los municipios que tengan sostenibilidad financiera podrán mantener la actual cartera de servicios, el resto no. Aun así se prevén cambios radicales en algunos ámbitos sectoriales.
La Intervención local tiene un papel estelar en la garantía del cumplimiento de la Ley. Y su tarea, si la asumen responsablemente, estará plagada de dificultades y previsibles desencuentros con los equipos de gobierno. No será fácil ejercer esas funciones en este nuevo contexto normativo. Tampoco las de los titulares de la Secretaría. Veremos hasta donde aprieta el Ministerio de Hacienda y de qué manera se ejerce la tutela financiera por las Comunidades Autónomas, donde la tengan asumida. Este es un elemento clave si se quieren “suavizar” algunos impactos directos (cartera de servicios “no propios” y alcance de las medidas de los planes económico-financieros.
Comienza el momento aplicativo. De nada valen ahora quejas y lamentos. La Ley se recurrirá ante el Tribunal Constitucional. No esperen una sentencia antes de que transcurran varios años. Para entonces, diga lo que diga el TC, ya prácticamente nada tendrá remedio. El sistema de gobierno local en España comienza un proceso de honda transformación hacia un futuro plagado de incógnitas. Nada volverá a ser como antaño.
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