La Xunta de Galicia se niega a aplicar la reforma local de Rajoy

Rueda: «No vamos a consentir una relación entre diputaciones y concellos como si las comunidades no existiesen»

M. Cheda

Santiago / La Voz  10 de diciembre de 2013  12:07

 

 

«La nueva ley estatal fija poco más o menos que, en principio, todos los servicios que no presten los ayuntamientos pasen a prestarlos las diputaciones. Y eso, en Galicia, no va a ser así. [...] No vamos a consentir una relación directa y única entre los ayuntamientos y las diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos». Habla de esa manera, sin ambages, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alto cargo del mismo PP que ha redactado en Madrid la ley a la que alude con reproche: la de la reforma local, un texto que estas semanas enfila ya la recta de su aprobación definitiva. Para «corregir» varios de sus aspectos, él prepara en Galicia una especie de contrarreforma. En el punto de mira, el desmedido poder de los entes provinciales y el pobre fomento de las fusiones municipales que emanan de la citada norma estatal.

A la vuelta de las Navidades, el Gobierno autónomo planea iniciar el proceso para modificar la Lei de Administración Local de Galicia, la cual data de julio de 1997. Transcurridos más de 16 años desde su entrada en vigor, ya tocaba darle una vuelta, máxime después del cambio de marco legal promovido por la Moncloa. Pero, al margen de adaptarla a los tiempos, el Ejecutivo pretende aprovechar la coyuntura para, dentro de sus competencias, invalidar de facto, suavizar o matizar aquellos artículos de la normativa marco que no le terminan de convencer, que son varios. «Vamos a explotar el margen de maniobra que deja la ley española -enuncia Rueda su propósito- para cerrar mejor algunas cosas».

Nuevo mapa de servicios

Entre otras cuestiones, con su propia reforma la Xunta acotará el papel de las diputaciones por la vía de implantar un nuevo mapa de los servicios básicos «que establezca claramente quién tiene que hacerse cargo de cada uno y quién debe pagarlo», si la Administración autonómica, la provincial o la municipal. Además, fracasada su cruzada para que Madrid forzase a ciertos ayuntamientos pequeños a unirse entre ellos, «blindará» mecanismos económicos y financieros que incentiven «al máximo» fusiones como la de Oza dos Ríos y Cesuras, materializada en junio de este año tras casi medio siglo sin matrimonios entre concellos.

Por aquello de no jugar con las cartas marcadas, sin embargo, el número dos de Feijoo no quiere ir mucho más allá en este tema de momento. No en vano, para el cambio legal que proyecta acometer beberá también de las ideas surgidas en el seno de una comisión creada en el Parlamento para diagnosticar el estado de la planta local gallega. Un grupo de trabajo cuya labor ya ha terminado, si bien sus conclusiones todavía no han sido divulgadas. De ahí parte de las reservas del vicepresidente.

Esta tarea, que probablemente abra a la Xunta un nuevo frente con los presidentes provinciales, es la primera que Rueda ha puesto sobre la mesa de su flamante director xeral de Administración Local, José Alberto Pazos Couñago, quien ayer tomó posesión de un cargo en el que sustituye a Norberto Uzal. «Chegas nun momento especialmente interesante, con moitos cambios por facer», le advirtió en el transcurso del acto.