El Gobierno ha consumado su
propósito de aprobar la Ley de Reforma de la Administración Local, que
entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, el 31 de
diciembre de 2013. Y lo ha hecho a pesar de la oposición de todos los
ámbitos políticos, sindicales y sociales, decepcionando toda expectativa
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Tras la presión ejercida, en la que
CCOO reivindica el protagonismo en las denuncias y movilizaciones
desarrolladas desde el mes de febrero hasta el mismo día de la
aprobación, el Senado y el Parlamento se han visto obligados a eliminar
las cuestiones más graves que contenían los anteproyectos; entre las que
destacan: la intervención y disolución de ayuntamientos; el vaciamiento
“expreso” de competencias y servicios municipales; el adelgazamiento
del sector público local por decreto y el establecimiento del coste
estándar, entre otros.
Pero el empecinamiento irracional de quienes mandan en el PP, han forzado la aprobación de una “ley-chapuza” que traerá graves consecuencias si se pone en marcha.
Para CCOO, éstas son las consecuencias más graves:
En primer lugar, se consolida el objetivo de limitar a los ayuntamientos en el desarrollo de competencias y la prestación de servicios, eliminando el legítimo derecho a mejorar las condiciones, como administración más cercana a la ciudadanía.
Esto va a provocar una recentralización en la prestación de servicios en el Estado y las comunidades autónomas, a las que se otorga la tutela financiera (y política) de las competencias y se les faculta para delegar o no, pero siempre en condiciones restrictivas. Qué casualidad que estas competencias coinciden con las políticas sociales.
Es tan grave y complicado poner en marcha este objetivo que la propia ley, en unos casos, establece plazos (5 años para educación y salud y hasta el 31-12-2.015 para servicios sociales), y quedan condicionadas al sistema de financiación autonómico que está pendiente de negociar, consensuar y/o aprobar; y en otros casos, genera un vacío, sin respuesta, para los mal llamados “servicios distintos a los propios”. También será casualidad dejar parte de su aplicación para después de las elecciones municipales.
Mención especial merece el papel que se quiere otorgar a las diputaciones; que han pasado de ser gestoras directas de servicios “secuestrados” a los municipios, a la adjudicación de un papel de coordinadoras de servicios mínimos, de imposible ejecución con un mínimo de lógica y eficacia. Añadiéndoles otro papel mucho más grave y complicado: convertirse en una herramienta más de control y supervisión económica presupuestaria de los municipios menores de 20.000 habitantes; facultándolas, incluso, para condicionar los planes provinciales, para “castigar” a los ayuntamientos incumplidores.
En segundo lugar, convierten los planes económico-financieros en una auténtica trampa, en la que una vez que caiga una entidad local, verá condicionada su financiación y quedará atrapada y obligada a eliminar servicios y competencias, a liquidar entes y organismos locales y a realizar EREs y planes de empleo.
Todo esto, con el establecimiento de coste efectivo de los servicios (en sustitución de coste estándar), que será definido en una orden ministerial; y que pretende ser el sistema de “uniformidad” para definir la financiación de las entidades locales; “castigar” a los municipios menores de 20.000 habitantes, respecto a los costes de las diputaciones; y condicionar la financiación de las comunidades autónomas.
En tercer lugar, se establece la obligación del redimensionamiento de Sector Público Local, con el objetivo de evitar gasto; pero con un resultado ambiguo, después de rectificar el imperativo irracional de los anteproyectos de la ley; pero que tendrá un impacto directo en los ayuntamientos con planes económico-financieros.
Y, por último y verdadero objetivo de esta reforma, se mantiene la apuesta por la gestión privada de las competencias y los servicios municipales, con medidas tan claras como las siguientes:
- Se elimina la prohibición de privatizar las funciones relacionadas con el ejercicio de la autoridad.
- Se condiciona la gestión de servicios en régimen de monopolio y el desarrollo de actividades económicas, al informe preceptivo de la autoridad en materia de competencia.
- Se dificulta y se ponen todo tipo de trabas para la gestión pública, mientras que no se establecen controles ni requisitos específicos para privatizar, más allá de lo que establece la legislación sobre contratación pública.
Para CCOO, esta reforma lejos de ordenar y rentabilizar los recursos públicos para garantizar la prestación de servicios, solo provocará pérdida de derechos de la ciudadanía; afectando gravemente a las políticas de cobertura de necesidades básicas; acentuando y multiplicando los conflictos sociales y laborales; mientras se desvían fondos públicos para generar plusvalías al sector privado, que ve en la Administración Pública un nicho de negocio.
Para CCOO es decepcionante que esta reforma no contenga ni una sola medida que garantice la suficiencia financiera de la Administración Local. Y es absolutamente sospechoso que no se establezca ni una sola medida para frenar y prevenir el verdadero cáncer que rodea a las entidades locales: la corrupción vinculada a los métodos que utiliza la iniciativa privada para conseguir la gestión de fondos, competencias, servicios y potestades públicas.
Ahora queda mucha lucha que desarrollar; y CCOO seguirá actuando contra las consecuencias de esta reforma:
- Implicando a las empleadas y empleados públicos, junto con las organizaciones sindicales, políticas, sociales y ciudadanas.
- Atendiendo e intentando minimizar los impactos que se produzcan en las entidades locales afectadas por planes económico-financieros.
- Desarrollando la acción sindical necesaria para que las comunidades autónomas orienten sus competencias y desarrollo territorial hacia la prestación de servicios a través de las entidades locales, como Administración más próxima a la ciudadanía.
- Luchando y planteando alternativas para evitar la pérdida de empleo y de condiciones socio-laborales.
Para conseguirlo es más necesaria que nunca la unidad de acción sindical y la complicidad con quienes están en contra de esta reforma. CCOO luchará para conseguirlo en cada centro de trabajo.
Pero el empecinamiento irracional de quienes mandan en el PP, han forzado la aprobación de una “ley-chapuza” que traerá graves consecuencias si se pone en marcha.
Para CCOO, éstas son las consecuencias más graves:
En primer lugar, se consolida el objetivo de limitar a los ayuntamientos en el desarrollo de competencias y la prestación de servicios, eliminando el legítimo derecho a mejorar las condiciones, como administración más cercana a la ciudadanía.
Esto va a provocar una recentralización en la prestación de servicios en el Estado y las comunidades autónomas, a las que se otorga la tutela financiera (y política) de las competencias y se les faculta para delegar o no, pero siempre en condiciones restrictivas. Qué casualidad que estas competencias coinciden con las políticas sociales.
Es tan grave y complicado poner en marcha este objetivo que la propia ley, en unos casos, establece plazos (5 años para educación y salud y hasta el 31-12-2.015 para servicios sociales), y quedan condicionadas al sistema de financiación autonómico que está pendiente de negociar, consensuar y/o aprobar; y en otros casos, genera un vacío, sin respuesta, para los mal llamados “servicios distintos a los propios”. También será casualidad dejar parte de su aplicación para después de las elecciones municipales.
Mención especial merece el papel que se quiere otorgar a las diputaciones; que han pasado de ser gestoras directas de servicios “secuestrados” a los municipios, a la adjudicación de un papel de coordinadoras de servicios mínimos, de imposible ejecución con un mínimo de lógica y eficacia. Añadiéndoles otro papel mucho más grave y complicado: convertirse en una herramienta más de control y supervisión económica presupuestaria de los municipios menores de 20.000 habitantes; facultándolas, incluso, para condicionar los planes provinciales, para “castigar” a los ayuntamientos incumplidores.
En segundo lugar, convierten los planes económico-financieros en una auténtica trampa, en la que una vez que caiga una entidad local, verá condicionada su financiación y quedará atrapada y obligada a eliminar servicios y competencias, a liquidar entes y organismos locales y a realizar EREs y planes de empleo.
Todo esto, con el establecimiento de coste efectivo de los servicios (en sustitución de coste estándar), que será definido en una orden ministerial; y que pretende ser el sistema de “uniformidad” para definir la financiación de las entidades locales; “castigar” a los municipios menores de 20.000 habitantes, respecto a los costes de las diputaciones; y condicionar la financiación de las comunidades autónomas.
En tercer lugar, se establece la obligación del redimensionamiento de Sector Público Local, con el objetivo de evitar gasto; pero con un resultado ambiguo, después de rectificar el imperativo irracional de los anteproyectos de la ley; pero que tendrá un impacto directo en los ayuntamientos con planes económico-financieros.
Y, por último y verdadero objetivo de esta reforma, se mantiene la apuesta por la gestión privada de las competencias y los servicios municipales, con medidas tan claras como las siguientes:
- Se elimina la prohibición de privatizar las funciones relacionadas con el ejercicio de la autoridad.
- Se condiciona la gestión de servicios en régimen de monopolio y el desarrollo de actividades económicas, al informe preceptivo de la autoridad en materia de competencia.
- Se dificulta y se ponen todo tipo de trabas para la gestión pública, mientras que no se establecen controles ni requisitos específicos para privatizar, más allá de lo que establece la legislación sobre contratación pública.
Para CCOO, esta reforma lejos de ordenar y rentabilizar los recursos públicos para garantizar la prestación de servicios, solo provocará pérdida de derechos de la ciudadanía; afectando gravemente a las políticas de cobertura de necesidades básicas; acentuando y multiplicando los conflictos sociales y laborales; mientras se desvían fondos públicos para generar plusvalías al sector privado, que ve en la Administración Pública un nicho de negocio.
Para CCOO es decepcionante que esta reforma no contenga ni una sola medida que garantice la suficiencia financiera de la Administración Local. Y es absolutamente sospechoso que no se establezca ni una sola medida para frenar y prevenir el verdadero cáncer que rodea a las entidades locales: la corrupción vinculada a los métodos que utiliza la iniciativa privada para conseguir la gestión de fondos, competencias, servicios y potestades públicas.
Ahora queda mucha lucha que desarrollar; y CCOO seguirá actuando contra las consecuencias de esta reforma:
- Implicando a las empleadas y empleados públicos, junto con las organizaciones sindicales, políticas, sociales y ciudadanas.
- Atendiendo e intentando minimizar los impactos que se produzcan en las entidades locales afectadas por planes económico-financieros.
- Desarrollando la acción sindical necesaria para que las comunidades autónomas orienten sus competencias y desarrollo territorial hacia la prestación de servicios a través de las entidades locales, como Administración más próxima a la ciudadanía.
- Luchando y planteando alternativas para evitar la pérdida de empleo y de condiciones socio-laborales.
Para conseguirlo es más necesaria que nunca la unidad de acción sindical y la complicidad con quienes están en contra de esta reforma. CCOO luchará para conseguirlo en cada centro de trabajo.
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