Entra en vigor la reforma local y se inicia la cuenta atrás para
que las comunidades autónomas asuman paulatinamente y en un plazo de
cinco años los servicios en materia de salud que ahora prestan los
ayuntamientos y, en un máximo de dos, los servicios sociales.
EUROPA PRESS
- MADRID
Así lo impone la nueva ley de racionalización y
sostenibilidad de la administración local, más conocida como reforma
local, uno de los proyectos más discutidos de la legislatura y del que
se han elaborado una treintena de borradores; el primero, en julio de
2012, hace año y medio.
La norma entra hoy en vigor
después de haber sido publicada este lunes en el BOE y pone en marcha
los mecanismos para que esos servicios sociosanitarios que prestan los
municipios pasen a ser responsabilidad de las comunidades, que tienen la
competencia general en la materia.
El Gobierno
asegura que es la manera de evitar duplicidades y de que los municipios
se dediquen a sus competencias básicas, pero la oposición intuye que
muchos de esos servicios se perderán por el camino o pasarán a manos
privadas con coste para los usuarios.
A partir de
ahora, en lo relativo a la salud, los municipios sólo se encargarán de
la protección de la salubridad pública y de lo relacionado con los
cementerios y servicios funerarios. Lo demás, será gestionado por las
autonomías en un plazo de cinco años, pero las comunidades deberán
asumir un 20 por ciento anual de la gestión.
En cuanto a los servicios sociales, el plazo para el traspaso es más
corto, de dos años. Los municipios se encargarán solo de detectar y
evaluar situaciones de necesidad y de la atención inmediata por
exclusión social.
Sin embargo, en ambos casos las
comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la
diputación o en el ayuntamiento, aunque deberán pagar por ello y si no
lo hacen, Hacienda les retendrá el equivalente de las transferencias del
sistema de financiación.
La ley dice también que el
traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto
en su conjunto y varias comunidades han exigido que el asunto se tenga
en cuenta en el sistema de financiación autonómica y local, que el
Gobierno se ha comprometido a reforma este año.
CALCULAR EL COSTE, PARA REDUCIRLO
En su primera redacción, la iniciativa incluía la posibilidad de
suprimir municipios, la reducción del número de concejales y la
eliminación de sueldos en los pueblos más pequeños. Además, y fue uno de
los asuntos más discutidos, se imponía lo que se llamó 'el coste
estándar', la definición del precio que debían tener los servicios
municipales si un ayuntamiento quería seguir prestándolos.
Estos y otros puntos se han ido modulando finalmente o incluso han
desaparecido de la ley, como la supresión de ediles. También ha variado
lo relativo al coste de los servicios, aunque la pretensión de fondo de
reducir este capítulo de gasto se ha mantenido.
Antes
del 1 de noviembre, todos los años, las entidades locales deberán
calcular el coste efectivo de sus servicios, partiendo de la liquidación
de sus presupuestos. El Ministerio de Hacienda les dará unos criterios
de cálculo, ellas echarán las cuentas y comunicarán los resultados al
departamento que dirige Cristóbal Montoro.
El
resultado de estos cálculos es importante porque los municipios de menos
de 20.000 habiantes deberán delegar sus servicios básicos a las
diputaciones (o en la CCAA, en caso uniprovincial) salvo que
"justifiquen" que los pueden prestar a un coste más bajo.
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