El anteproyecto de ley de reforma de la administración local lleva meses dando tumbos. Mucho se ha especulado sobre esta y muchas han sido las negociaciones entre PP y PSOE para alcanzar un acuerdo, con el sonido de fondo del malestar generado entre fuerzas políticas como Izquierda Unida. Finalmente, el anteproyecto de ley llega sin consenso y conteniendo los extremos más radicales que temíamos, con la pretensión de reducir al mínimo la capacidad de acción y decisión política de los ayuntamientos, imponer la privatización de servicios y continuar desarrollando el artículo 135 de la Constitución y la sacrosanta ley de Estabilidad Presupuestaria.
La reforma de la
administración local forma parte de la ruta trazada para la economía
española por la Troika con la connivencia del partido del gobierno. Viene a desarrollar los principios de la
Ley de Estabilidad presupuestaria, con el ánimo de reducir al mínimo la
administración pública y abrir nuevos nichos de mercado, para mejor negocio de
unos pocos y privaciones para la inmensa mayoría. En contra de lo mucho que
se escucha en estos días entre las filas del PP, esta reforma no elimina duplicidades,
lo que elimina es la posibilidad de que servicios esenciales puedan ser
prestados, y más aún, que estos puedan ser prestados desde lo público y por ende,
accesibles y universales. Su aprobación, significaría dejar a miles de
ciudadanos privados del acceso a servicios públicos como guarderías,
bibliotecas, consultorios médicos, centros de información y prevención de
violencia de género e incluso sin mercados municipales. Esa es la principal consecuencia de la aprobación de esta reforma: la
eliminación de servicios que atienden las necesidades sociales más básicas
desde la administración más próxima y accesible, que representan los
ayuntamientos.
El establecimiento de un coste estándar por cada servicio, coste
mínimo, que condicionará la capacidad de prestación de servicios por parte de
los ayuntamientos, muy especialmente entre los menores de 20.000 habitantes,
implicará en unos casos la supresión de servicios y en otros, su prestación por parte de las
Diputaciones provinciales, que en cualquier caso, no podrán prestarlo desde lo
público, pues no tienen estructuras administrativas adaptadas a las nuevas
competencias municipales que van a asumir. Por tanto, privatizaciones y
alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Casualmente el grueso de los
gobiernos provinciales está en manos del Partido Popular: sobra decir el
entusiasmo con el que están acogiendo esta reforma, que otorga a las
diputaciones un poder desmedido, incluso en lo referente al establecimiento de
tasas y precios públicos, por ejemplo, el del agua.
Desaparecen las
competencias complementarias en materia de salud, educación, igualdad o
participación, entre otras. En materia de servicios sociales, mantenimiento
de centros sanitarios y mantenimiento y gestión de guarderías, las competencias
quedan reservadas en exclusiva para las comunidades autónomas, que podrán delega
a los municipios mayores de 20.000
habitantes, no a los menores, siempre y cuando realicen la oportuna
transferencia económica. Ahora bien, la transferencia económica se computará en
base al coste estándar o coste mínimo, lo que en la práctica significa en la
mayoría de casos, imposibilitar la prestación del servicio, y en cualquier
caso, la prestación del servicio desde lo público. Competencias complementarias
en materia de igualdad de género, que venían a desarrollar el articulado de la
Ley de igualdad, que atribuye funciones concretas a las entidades locales, son
eliminadas de un plumazo, pasando, de nuevo, la igualdad de género a la cola de
la agenda política y provocando un problema existencial a los centros y
servicios municipales en materia de igualdad y prevención, que en su gran mayoría han venido a paliar el
déficit de atención de otras administraciones, y que con esta reforma se verán
abocados a su cierre.
Asimismo, la asunción de competencias municipales por parte
de las Diputaciones provinciales, abocará a muchos servicios a su privatización
e implicará el alejamiento de los servicios de la ciudadanía. Sobra decir que
las diputaciones provinciales no son precisamente la institución más
transparente ni más accesible para la ciudadanía, ni siquiera sus diputados y
diputadas son elegidos de manera directa por los ciudadanos. Hace apenas un
año, el debate pivotaba en torno a la supresión de las diputaciones y la
articulación de estructuras supramunicipales de proximidad comarcalizadas. Pues
bien, con esta reforma, la Diputación va a tener más poder que cualquier ayuntamiento
menor de 20.000 habitantes y en el caso de los menores de 5.000, que
representan el 80% de los municipios andaluces, tendrá también la capacidad, por
mayoría simple de sus miembros , de intervenir los ayuntamientos, con la retirada
real de los cargos electos de los mismos. Es
decir, lo que ponen los ciudadanos, lo podrán quitar las Diputaciones
provinciales. Los ayuntamientos pasarán a ser oficinas administrativas de entes
superiores. Un ejercicio absoluto de atropello democrático que sitúa en una
clara situación de desigualdad e indefensión a los y las ciudadanos que habitan
los municipios menores de 5.000 habitantes.
Ni que decir tiene, el impacto en términos de empleo que va
a suponer. En los municipios mayores, la imposición del objetivo de déficit y
la merma de competencias, implicará sin duda reestructuraciones, cuando no
supresiones, de empresas y entes públicos de gestión, que repercutirán en la
prestación de servicios, e irremediablemente en despidos de empleados públicos.
El personal laboral de los ayuntamientos
pende ahora, más que nunca, de un hilo. La prestación de servicios que hasta
ahora eran prestados por los ayuntamientos, por parte de las diputaciones,
implicará también un ataque a la empleabilidad de los ciudadanos de los
municipios más pequeños, cuestión que se suma a la eliminación de la capacidad
de los municipios de emprender iniciativas económicas de desarrollo propias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario