Se cumplen 34 años de las primeras elecciones municipales. La celebración está marcada por el anteproyecto de reforma local que
prepara el Gobierno central. Un borrador con muchas aristas. Son
afiladas. Cortantes. Van a dar un tajo muy serio a los ayuntamientos de
los municipios de menos de 20.000 habitantes (689 de 771 municipios
andaluces). No sólo porque tendrán que desprenderse de las competencias
impropias, sino que también están en juego las propias. En cuanto no
superen una barrera infranqueable de coste y calidad en la prestación de
una cartera de servicios públicos mínima, que será fijada por Moncloa y
aprobada si nada lo impide por la mayoría absoluta de la bancada del PP
en el Congreso, sus competencias acabarán en manos de la diputación. Precisamente, la única administración que no es elegida directamente por el ciudadano.
Porque los diputados provinciales, aunque sean alcaldes y concejales
salidos de las urnas, no son resultado de la democracia directa. En
realidad, nadie los vota como diputados. Los eligen sus partidos. A
dedo. Puede parecer un problema menor. Pero no lo es. En el caso de que
los servicios acaben en manos de la corporación provincial, el ayuntamiento quedará reducido a la mínima expresión,
a una mera oficina de tramitación de quejas y solicitudes de los
vecinos. Quien resolverá sus demandas no será ese alcalde o concejal al
que el paisano eligió. Ese al que se puede encontrar en cualquier calle
del pueblo y transmitirle sus quejas. Será alguien al que no votó, al
que ni siquiera conoce, que se encuentra a kilómetros de distancia y que
no sabe ni la realidad del pueblo ni sus necesidades, ni tampoco las de
sus propios vecinos. Ni tampoco podrá controlar su gestión, porque se
limita la participación ciudadana en la política. Eso puede generar
frustración. Y más aún, cuando las diputaciones se han ido convirtiendo
en una suerte de cementerio de elefantes de los partidos.
Pero de eso no se dice absolutamente nada en esta futura norma de la
que el Gobierno del PP, que ya lleva tres borradores a sus espaldas con
cambios que le dan la vuelta como un calcetín. No dice nada, porque para
cambiar la elección de los diputados provinciales habría que meter la
goma de borrar en la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) y
reescribirla. Y si tal como se prevé esta reforma local sale adelante,
los viejos elefantes no elegidos se van a ver desbordados. Porque en un
panorama de recortes, tijeretazos a las transferencias que les llegan de
administraciones superiores, van a tener que hacer más y con pocos
recursos. Y van a tener que cambiar el chip: de la asistencia técnica,
es decir, apoyo y asesoramiento a los ayuntamientos pequeños que era su
actual función, a la prestación de servicios.
El
juego es peligroso: por desbordamiento de funciones, las diputaciones
abrirán la puerta a la privatización, resquebrajándose así el principio
de rentabilidad social por el peso de la rentabilidad económica. Así lo
recoge en el último borrador de esta "reforma para la racionalización y
sostenibilidad de la administración local" del Ministerio de Hacienda:
se trata de generar economías de escala.
Además de
estos factores negativos, hay uno más. Una gran contradicción. La máxima
que rige esta Reforma local es "una administración, una competencia", y
con las diputaciones se rompe por completo. Porque van a tener que
asumir no una, sino muchas competencias; tantas como las que aquellos
municipios pequeños no puedan prestar por sí mismos.
La norma, si nada lo impide, podría ver la luz antes del verano. La contestación dentro del PP está ahí. Una comunidad entera, Castilla y León, ya está en contra,
con su presidente popular al frente, Juan Vicente Herrera. Y también lo
están Andalucía, Cataluña y País Vasco (si se aprueba, se da por hecho
que recurrirán la norma ante el Tribunal Constitucional por invadir sus
estatutos). Pero lo cierto es que en el borrador se da fechas concretas
para cumplirla y son tan estrictas que parece que no hay marcha atrás.
En la disposición adicional quinta está la clave: se advierte que los
ayuntamientos en situación deficitaria que tienen de plazo hasta el 31
de diciembre de este año para aprobar un plan de corrección de
desequilibrio, si un año después esa corrección no es efectiva, el 1 de
agosto de 2015 el ayuntamiento quedará "automáticamente disuelto". Un
mensaje efectista que no deja de recordar a los mensajes en las
películas de James Bond: "Este ayuntamiento, si no cumple, se
autodestruirá en año y medio".
Enlace al artículo: http://www.eldiario.es/andalucia/desdeelsur/Reforma-local-diputaciones-James-Bond_6_117998207.html#.UV0cj2Vp5uo.gmail
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