Con la Ley Contra-Ayuntamientos volveríamos a la época franquista

Entrevista publicada en Mundo Obrero: 

 

Manuel Fuentes conoce muy bien la política municipal. Fue, durante 8 años, de alcalde de Seseña, uno de los alcaldes más reconocidos del país por representar el David honesto e insobornable que se enfrentó valientemente al Goliat más rancio y megalómano del boom inmobiliario, el constructor conocido como “El Pocero” que le respondió con 12 querellas. Hoy Manuel Fuentes, además de concejal y portavoz de IU en Seseña, es el responsable Federal de Política Municipal de Izquierda Unida. En estos momentos su prioridad absoluta es combatir el Anteproyecto de Reforma de Administraciones Locales que ha elaborado del PP en defensa de la democracia.

 

Mundo Obrero: En las primeras elecciones municipales de la democracia, en el 79, el PCE lanzó el eslogan de “Quita un cacique, pon un alcalde”. Hoy cuando se acaba de celebrar el 34 aniversario de aquellas elecciones parece que, con el Anteproyecto de Reforma de las Administraciones Locales que ha elaborado el PP, damos vuelta atrás y caminamos hacia un “quita un alcalde y pon un cacique”. ¿En qué consiste esta reforma?

Manuel Fuentes: Más que una reforma es una demolición del modelo de Estado. Nosotros siempre hemos apostado por una descentralización de lo público y por los ayuntamientos.

En estos momentos en los que la crisis está generando verdaderos dramas en un país con seis millones de parados y una gran demanda de servicios sociales, resulta que el gobierno central modifica la ley de las entidades locales para reducir competencias y proximidad a los Ayuntamientos que prestan esos servicios. También modifica otras leyes como la Ley de Haciendas Locales y el Estatuto del Empleado Público, es decir, el Estado sin contar con las comunidades autónomas ni los Ayuntamientos, modifica la Constitución española. Con este anteproyecto volveríamos a la época franquista: se podría intervenir ayuntamientos y también disolver a las entidades menores a la vez que se potencia las diputaciones provinciales, retornando a la figura del gobernador provincial. Eso es inadmisible. Tenemos que formar un frente de izquierdas para decir que esta contrarreforma, esta Ley Contra Ayuntamientos no se puede poner en marcha ni aprobar.


M.O.: ¿Cómo se va a reflejar los efectos de esta reforma en la vida cotidiana de los habitantes de poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que son la gran mayoría de España?

M.F.: En realidad, la reforma va a afectar a todos los municipios. Las competencias que se van a eliminar de los municipios y se van a derivar a las comunidades autónomas, van a ser sanidad, educación, servicios sociales y gestiones de medioambiente. El trabajo de servicios sociales es uno de los principales trabajos que hacen los ayuntamientos y ahí es donde se pueden precisamente diferenciar las políticas que hace Izquierda Unida de otros grupos políticos. También va a haber una lejanía porque con esta reforma, las personas que gestionarán esos servicios sociales estarán en unos despachos a 50, 60 o 100 km de la gente que necesita esos servicios.

El Ministerio va a establecer cuál es el coste medio que tiene que valer el servicio que se preste al ciudadano. Y si no se cumple, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y en menor medida a los 20.000, que son más del 90% del país, esos servicios, si son obligatorios, se van a prestar a través de las Diputaciones Provinciales, y si son unos que aplica el Ayuntamiento dentro de su política de atención a la ciudadanía sin ser obligatorios, pueden llegar a eliminarse. Lo que ocurre es que el Ministerio establecerá los precios estándar y si la Diputación no los puede prestar directamente, se privatizarán, subirán los precios de esos servicios y los ciudadanos tendrán que pagar más por ellos. Por ejemplo, con los polideportivos municipales. No se va a tener en consideración el servicio social que se presta y los beneficios que van a tener esos ciudadanos en el aspecto social, sino únicamente si son rentables económicamente y se ajustan a los costes estándar.

Hay muchos servicios que están prestando los ayuntamientos pero no son obligatorios. Hay unos servicios que son deportivos, culturales, etc y otros que son sociales, que pueden ser ayuda a domicilio, ludotecas que propician que se pueda compatibilizar la vida laboral y la familiar, etc. En estos casos los servicios subirán de precio o se privatizarán, con lo que igualmente o subirán de precio, o perderán calidad, o se eliminarán, y eso sí que es un perjuicio para el ciudadano. Y también es fundamental en aspectos de género, que se diferencia mucho en los gobiernos municipales gobernados por IU respecto a los conservadores. Ahí los Ayuntamientos perderán las facultades para desarrollar estas políticas.

Desde el conocimiento y la proximidad, los alcaldes y concejales son capaces de percibir cuál es la necesidad más importante que tienen esos ciudadanos. ¿Cómo lo va a saber una Diputación Provincial o una comunidad autónoma, que en este caso son las que van a tener las competencias y puede estar a 100 kilómetros de distancia? Y cuando los vecinos quieran manifestar su protesta no lo van a poder hacer en sus ayuntamientos, van a tener que desplazarse a la capital de provincia o de la comunidad, o enviar un correo, algo que elimina la proximidad y eficacia.


M.O.: ¿Cómo valora Izquierda Unida, que está por la abolición de la las Diputaciones, que ahora se refuercen estas instituciones?

M.F.: Las diputaciones no tienen encaje en nuestra democracia actual. Sin embargo van a asumir unas competencias que tienen los municipios, sin tener una estructura, ni orgánica ni técnica, para llevar a cabo esos servicios. Además los diputados provinciales no son elegidos democráticamente por los ciudadanos, sino que son elegidos a dedo por los grupos políticos que determinan qué concejales y alcaldes van a formar parte de los órganos de gestión y de dirección de las Diputaciones.

Nosotros nos oponemos frontalmente. Además, se puede dar la paradoja de que un alcalde esté llevando la gestión de un municipio que no es el suyo. Y también que un concejal de un municipio que está en la oposición sea el que lleve a cabo la gestión de los servicios de ese municipio.

M.O.: El gobierno argumenta que esta reforma se hace para reducir costes. ¿Es realmente una cuestión de ahorro económico o de recortes de la democracia?
M.F.: Lo que se intenta con esta reforma es reducir el poder local porque se eliminan competencias a los ayuntamientos. No va a suponer ningún ahorro. Si las competencias pasan de los ayuntamientos a las comunidades autónomas, ese dinero que ahora ponen los ayuntamientos, lo tendrán que poner las comunidades autónomas. Por ejemplo, en las escuelas infantiles el 33% del dinero lo pone el Estado, el 33% las comunidades autónomas y el otro 33% los ayuntamientos; si con esta contrarreforma el ayuntamiento no pone su 33% ¿quién lo va a poner? ¿las comunidades autónomas que no tienen suficiente financiación? ¿o lo van a poner las mamás y los papás en la factura que les pasen a final de mes por dichos servicios?

Y luego, por otro lado dice que va a haber un control financiero y un presupuesto más riguroso. Entonces lo que hace el gobierno es que haya un tutelaje. Un control exhaustivo sobre los alcaldes como existía antes, en la dictadura, de forma que un interventor va a tener quizá más potestad y más facultades económicas que el propio alcalde. El interventor será un funcionario tecnócrata al servicio del Ministerio de Hacienda.

Lo que va a ocurrir es que se va a favorecer la iniciativa privada, y eso significa que se va a perder empleo público. Y va a ocurrir con las transferencias de los servicios obligatorios de educación, sanidad y servicios sociales. Cuando las transferencias pasen a las comunidades autónomas y tenga que adaptarse a los costes estándar, si el precio estándar que se establece para el servicio del limpieza de un colegio, por ejemplo, está por debajo del coste real, una de dos: o se presta peor servicio o se despiden a empleados.

Los sindicatos ya están dando cifras alarmantes de despidos, hablan de hasta 200.000 despidos de la Administración Pública, si se aplica esta ley tal y como está redactada y se pone en funcionamientos. Una de las aberraciones de esta ley es que los precios estándar los determina el ministerio y lo va a hacer a través de un Decreto Ley, ¿sobre qué base lo van a hacer? ¿Van a intervenir los alcaldes, las comunidades autónomas a la hora de establecer esos criterios? Es fundamental saber los criterios que van a aplicar porque el daño que se va a hacer a la gestión municipal va a ser enorme.

M.O.: ¿Cómo va a afectar a municipios con la misma población pero diferente nivel de paro, de ingreso y riqueza?
M.F.: El coste no es lo mismo para unos municipios que para otros. Y las necesidades también son diferentes. Y eso hay que estudiarlo con unos criterios no sólo económicos, como piensa el PP, sino también sociales.

Y hay que hablar no sólo de los servicios obligatorios. Tenemos que luchar para que los ayuntamientos tengan competencias sobre servicios que sí son de su incumbencia, que legalmente no les corresponde pero que los vecinos demandan.

Por ejemplo, en materia educativa. Si una comunidad autónoma no aporta la suficiente financiación para que haya un comedor escolar o transporte escolar, o libros de texto, y un ayuntamiento determina que eso es lo más importante para sus ciudadanos, porque estos lo están demandando, ¿por qué no lo puede dar el Ayuntamiento? Las competencias tienen que ser municipales aunque la gestión sea de otro nivel del Estado, para que podamos hacer política, política social fundamentalmente, porque es ahí donde se diferencian las políticas de la izquierda y la derecha, las políticas a favor de los ciudadanos y las políticas a favor de las empresas. Y el PP se lo quiere quitar a los ayuntamientos para que se potencie la economía a través de la empresa privada.

Por ejemplo, una ludoteca municipal es competencia de las comunidades autónomas, pero si un ayuntamiento quiere prestar ese servicio y sus ciudadanos lo piden, aunque sea deficitario, ¿por qué un gobierno estatal va a prohibir que ese servicio se pueda dar en el municipio?. Una biblioteca o una escuela de música nunca va a tener rentabilidad económica, pero queremos que nuestros jóvenes practiquen la lectura y la música. ¿Por qué un ayuntamiento en el medio rural no va a poder intervenir en el medioambiente? Queremos reforestar y tener un ambiente agradable en nuestra ciudad y en su perímetro, pero sólo le dejan intervenir a las grandes ciudades.

Yo me encontré en Seseña que sólo había una trabajadora social compartida con otros municipios, que iba unas horas un día a la semana, y conseguimos potenciar esos servicios sociales creando el centro de la mujer, poniendo en marcha un centro de día, escuelas infantiles, la ludoteca, construyendo un nuevo centro social para los mayores, etc, etc, porque entendimos que era prioritario ese servicio a la ciudadanía.

A los ciudadanos habrá que explicarles cómo les va a afectar esta ley porque no la entienden. Pasa como cuando se suben los impuestos que hasta que no les viene el recibo y se lo descuentan del banco no se dan cuenta de cómo les perjudica. Hasta que no vean que se elimina o se encarecen ciertos servicios, no se van a dar cuenta. Se llega a perder incluso la facultad de poder participar en los ayuntamientos, en los consejos escolares, es decir, participar en la programación del centro y en la calidad educativa del mismo, como hemos estado haciendo hasta ahora.

M.O.: En un ayuntamiento pequeño o intervenido, ¿qué sentido tendrá votar a un partido o a otro?
M.F.: Los ciudadanos votan una siglas políticas y a unos cargos públicos porque quieren que sean ellos los que lleven la gestión de sus ayuntamientos y al final lo van a gestionar las diputaciones. Ya no va a haber proximidad. Si los ayuntamientos están intervenidos los alcaldes sólo van a servir testimonialmente para el pregón de las fiestas y poco más.

M.O.: ¿A qué puesto quedará relegada la participación ciudadana?
M.F.: A ninguno. Los que hemos apostado por la participación ciudadana, los consejos sectoriales, los presupuestos participativos, las consultas ciudadanas, ya no tiene ningún sentido. Reitero que quien va a gobernar esos ayuntamientos y determinar la modificación de ordenanzas y los precios públicos van a ser concejales y alcaldes de otros municipios a través de las diputaciones. Y quedarán alcaldes floreros que no podrán hacer ninguna actuación de las que les están demandando los ciudadanos y éstos acabarán pensando que para qué vamos a votar.

Hace algunos años, ya se decía que había que disolver las diputaciones y pasar las competencias a ayuntamientos y comunidades autónomas o entes comarcales y mancomunidades, que sí son muy representativas de la democracia. Pero lo que ahora hace el PP es reforzar su papel, y no es por casualidad. El PP tiene la gestión de la mayoría de las diputaciones de este país.

M.O.: Cuáles son las principales conclusiones de jornadas de trabajo, realizadas hace unas semanas, de cargos municipales contra este anteproyecto de reforma?
M.F.: Hay unas líneas argumentales que todos y todas tenemos muy claro: que se van a privatizar servicios, que van a perder calidad, y que otros se van a eliminar, sobre todo en servicios sociales. Hemos elaborado un plan de actuación que se pondrá en marcha en corto plazo para intentar tirar para atrás esta reforma. Por una parte a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de las comunidades autónomas y ayuntamientos donde tengamos representación, y a través del Congreso de los Diputados, intentar por todos los medios que si se tiene que llevar a cabo una reforma de la Administración Local sea en los aspectos que nosotros hemos estado reclamando en toda la era democrática de nuestro país, es decir: claridad competencial, suficiencia financiera y también que, por proximidad, a los ayuntamientos se les deje gestionar una serie de servicios, es ir a la subsiriadidad de competencias. Si hay que ir al Parlamento Europeo a presentar un recurso de que esta reforma es inconstitucional, lo haremos. Moveremos todo lo que sea necesario para evitar que esta reforma del PP salga adelante.

M.O.: Una de las excusas es el pago de la deuda, pero en realidad la deuda de los ayuntamientos es mínima.

M.F.: El PP lanza una cortina de humo que dice que hay un derroche en las administraciones públicas y que hay que gastar menos en los ayuntamientos, así que deciden que van a reducir un 30% el número de concejales, como anunciaron en un primer momento, y también que va a haber alcaldes que no van a tener liberación exclusiva y por tanto no tendrán retribución económica. Pues resulta que más del 80% de los cargos públicos municipales no cobran actualmente, y que por tanto no va a haber reducción de costes.

Pero lo que es un insulto a la inteligencia humana es poner la excusa de la deuda de los ayuntamientos para intervenirlos, cuando la realidad es que sólo el 4% corresponde a la gestión de la administración local, y el gran porcentaje corresponde a la Administración del Estado.

Si reduces el número de concejales, los partidos más pequeños perderían sus representación y la capacidad para llevar al cabo el control y la fiscalización del equipo de gobierno. Quitas transparencia en ese municipio y que la participación de los ciudadanos esté ahí a través de los representantes que han elegido democráticamente.

M.O.: ¿Cuál es la propuesta de IU de financiación de los ayuntamientos?

M.F.: Tenemos que caminar hacia la claridad competencial, es decir, el Ayuntamiento tiene la competencia, independientemente de si luego la presta el gobierno central o la comunidad autónoma. Y esas competencias por proximidad se tienen que dar en servicios sociales obligatoriamente, y en medioambiente y en participación ciudadana. Pero también competencias definidas en educación y en sanidad; poder definir en los municipios la sanidad que se nos presta. Y luego caminar hacia el 33% de financiación, no a través de subvenciones sino de transferencias de los ingresos de los impuestos del Estado y comunidades autónomas. Que sea un 33% ayuntamientos, 33% comunidades autónomas y 33% el Estado. Ahora los ayuntamientos sólo gestionan un 13% del gasto público, las comunidades el 37% y el Estado el 50%. Y sin embargo, el recorte sólo se hace en los ayuntamientos.