Extraído del periódico La Verdad de Murcia, artículo de Antonio Montilla:
La reforma de la administración local trae de cabeza al
Gobierno de Mariano Rajoy. La Unión Europea mete presión para que España
pode su red municipal, tal y como han hecho Italia o Francia, como una
vía más para reducir el gasto público. Sin embargo, el presidente del
Gobierno ha encontrado mayor resistencia de la esperada en su propio
partido para sacar adelante una ley con la que espera ahorrar más de
7.000 millones de euros, pero que enfrenta a alcaldes y presidentes
autonómicos del PP.
El presidente del Gobierno ha encargado a Javier Arenas,
vicesecretario general de política local y autonómica del PP, que él y
su equipo de Génova (Juan José Matarí, Manuel Cobo y Antonio Sanz, entre
otros) se reúnan con todos los presidentes provinciales del PP y con
una representación de alcaldes de cada provincia para conocer de primera
mano sus propuestas y, sobre todo, que mantengan un diálogo fluido con
los máximos dirigentes de la Federación de Municipios y Provincias de
España (FEMP).
Durante estos encuentros, los populares han recopilado una
serie de peticiones que van a trasladar al Gobierno para que intente
flexibilizar algunos aspectos de esta reforma local, con el fin de sumar
apoyos. Unas propuestas que, en líneas generales, coinciden con las
alegaciones que la FEMP presentó al Ejecutivo en nombre de 13
federaciones territoriales de municipios y provincias, trece
diputaciones provinciales y 35 ayuntamientos.
Una de las principales exigencias de los alcaldes es la de
eliminar de la reforma la posibilidad de que el Gobierno central pueda
intervenir ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. «Consideran que
esta medida no es necesaria, porque la ley de Estabilidad Presupuestaria
ya contempla herramientas similares para actuar en aquellos municipios
que se endeuden en demasía», explica un dirigente popular.
También instan al Ejecutivo a retirar de esta norma el
apartado que obliga a realizar auditorías a todos los ayuntamientos de
España. A cambio, proponen que esta investigación se centre solo en
aquellos municipios con déficit elevado o que incumplan otros aspectos
de la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Otro vértice de la reforma que ha generado mucha
controversia es quién asume el coste de las denominadas competencias
impropias que ahora desarrollan los ayuntamientos, sobre todo en materia
de sanidad, servicios sociales y, especialmente, en educación.
En una reciente reunión celebrada en Génova, el presidente
de la Comunidad Madrid, Ignacio González, expuso ante un nutrido grupo
de alcaldes madrileños y varios dirigentes del PP que su Gobierno
regional no podía asumir, de ninguna manera, los 700 millones de euros
anuales que los consistorios emplean, por ejemplo, en el mantenimiento y
gestión de todos los centros públicos de enseñanza.
El Gobierno ya se ha comprometido a dar respuesta a este problema, que afecta al resto de presidentes autonómicos.
En el texto de la reforma se hace hincapié en la necesidad
de establecer un coste estándar y unificado para todos los servicios que
presten los ayuntamientos, de modo que sea homogéneo en todo el país.
Una cuantificación que el Ejecutivo había delegado exclusivamente en el
Ministerio de Hacienda. El PP solicita ahora que la FEMP tenga un papel
destacado en la elaboración de esta 'carta de precios'. De hecho, los
populares han trasmitido al Gobierno la necesidad de dotar a la FEMP del
carácter institucional del que ahora carece para que sus informes
puedan ser vinculantes.
Pago de dietas
Los alcaldes, salvo los de las grandes ciudades, no han
rechazado de plano la intención del Gobierno de establecer un sueldo
máximo para los primeros ediles, que nunca podría superar al de un
secretario de Estado. Más malestar ha suscitado la decisión de limitar
el número de personal eventual que puede contratar cada ayuntamiento o
diputación provincial. A partir de que entre en vigor esta reforma, solo
el 17% de los 65.896 concejales de España podrán tener dedicación
exclusiva. Ninguno de ellos será de un municipio con menos de mil
habitantes. No obstante, los representantes de la administración local
del PP quieren que estos alcaldes de municipios pequeños puedan percibir
distintas cantidades para cubrir los gastos que le genera su dedicación
exclusiva al pueblo.
Una de las disposiciones de la norma que más ampollas
levantó fue, sin duda, el nuevo papel de los interventores municipales.
«Un interventor ha ganado una oposición, pero yo he ganado unas
elecciones», exponía un alcalde popular para explicar su oposición a
dotar a estos funcionarios de una mayor capacidad de veto. El PP
propondrá que el interventor mantenga la máxima capacidad de
fiscalización, pero sin entrar en la valoración política de un proyecto
de un presupuesto, es decir, que su papel será casi el mismo que en la
actualidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario