Eduardo Rojo / Pablo Fraile
/ andalucesdiario.es 19 oct 2013
“Si un alcalde no tiene los mecanismos para solucionar los problemas
de sus vecinos, el ayuntamiento deja de tener sentido”. La frase es de
Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada, 2.500
habitantes), uno de los municipios que en la práctica perderá
competencias para prestar servicios básicos cuando entre en vigor la
reforma local. El proyecto de ley, que este jueves aprobó el Congreso
con el rechazo de casi todos los grupos de la oposición, ha puesto en
pie de guerra a los alcaldes. Dicen que la reforma atenta contra la
autonomía local, que desmantela servicios, que aleja la gestión del
ciudadano, que supondrá la privatización de servicios y que creará más
paro.
La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una
competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el
Gobierno central considera “competencias impropias” de los
ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación…
Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la
norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000
habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones,
que salen fortalecidas con la reforma al asumir la coordinación de
servicios básicos frente a la pérdida de poder de los ayuntamientos.
El 80% de los 771 municipios andaluces tiene menos de 20.000
habitantes. La reforma les obliga a suprimir servicios que hoy prestan
desde la cercanía al ciudadano. Organizaciones políticas (PSOE e IU) y
sindicales estiman que la reforma supondrá la destrucción de 40.000
empleos en Andalucía por la pérdida de competencias y privatizaciones de
servicios. Las consecuencias pueden ser más graves en provincias como
Granada, donde solo siete de sus 168 municipios tienen más de 20.000
habitantes. Pero también a estos municipios les afecta la reforma. Así
la ven algunos los alcaldes.
Noel López, alcalde de Maracena (Granada)
“La reforma local atenta contra la administración más cercana al
ciudadano, nos roba la gestión directa de nuestros servicios, degrada la
autonomía local al deslegitimar la representación democrática,
retrotrae a los ayuntamientos a la etapa preconstitucional y supone una
pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende la ley es
privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos”, señala
Noel López, alcalde socialista de Maracena (Granada). Su municipio, con
22.000 habitantes, perderá las competencias en fomento del empleo,
educación, igualdad, salud, protección del medio ambiente, prestación de
servicios sociales, juventud, cultura, movilidad… “Quedarán limitadas
al cuidado de jardines, cementerio, mejora de calles”, explica.
Los programas educativos que tiene en marcha en su municipio, el
Centro Municipal de Información a la Mujer, la Escuela Municipal de
Música, la Escuela Infantil Municipal, las mejoras de los centros
educativos, su mantenimiento y limpieza, los programas de salud y de
Juventud, el bus urbano y los servicios sociales peligran con la
aplicación de esta reforma, relata. Asegura que peligra la Oficina
Municipal de Información al Consumidor y el Centro Guadalinfo y que el
Ayuntamiento “no podrá ofrecer ayudas al transporte o programas
educativos ni subvencionar a asociaciones de carácter social, cultural,
saludable, juvenil, de mayores”. También podrían desaparecer los
programas de impulso para el comercio local, las campañas o acciones
medioambientales, la formación para desempleados y el fomento de la
contratación, pero sobre todo, el área de Servicios Sociales y todas las
prestaciones que realiza el municipio en materia de dependencia,
tratamiento familiar, programas de mayores, drogodependencia, ayuda a
domicilio y teleasistencia.
María Luisa Faneca, alcaldesa de Isla Cristina (Huelva)
“Nuestras competencias están en el aire”, protesta Mª Luisa Faneca,
alcaldesa socialista de Isla Cristina (Huelva). Su Ayuntamiento hace
frente a una población que roza los 22.000 habitantes y que, al ser un
destino costero turístico, crece ampliamente durante los meses de
verano. El consistorio teme que tras la aplicación de la reforma local
su capacidad para asistir al ciudadanos cambie “de una manera drástica”.
El municipio onubense cuenta con una cartera de servicios sociales que
cuenta con programas específicos para el tratamiento de adicciones o
enfermedades como Alzheimer, asistencia a familiares de enfermos de
cáncer, una oficina de atención al inmigrante o educadores sociales.
Cuando la reforma entre en vigor, se convertirán en competencias
impropias. “Es un pueblo muy grande para no tener servicios sociales”,
denuncia Faneca. “Podría perjudicar enormemente”.
No solo se trata de servicios sociales. La gestión administrativa
también se complicará. Isla Cristina ofrece la realización de trámites
en diferentes áreas que podría perder. “Una persona que tiene que
tramitar una pensión se va a tener que ir a Huelva -a unos 50
kilómetros-”, asegura su alcaldesa.
Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia (Cádiz)
Como en la mayoría de casos, Medina Sidonia va mucho más allá del
catálogo de servicios sociales que consagra la ley. Con casi 12.000
habitantes, cuenta con un almacén municipal de alimentos -que ofrece
productos básicos y de higiene a familias sin ingresos- y una oficina
municipal de afectados por la crisis donde un equipos de abogados y
técnicos atienden a personas con dificultades económicas. “¿Cómo nos van
a exigir que esos servicios sean rentables?”, se pregunta su alcalde,
Fernando Macías (IU), que cuestiona una ley que pone límites a una
situación “ilimitada”.
El regidor también ve el fantasma de la privatización tras la norma.
Actualmente, la empresa pública de aguas reinvierte sus beneficios en la
comunidad. Pero la situación podría ser muy distinta. Macías teme que
si llega a manos privadas, podrían producirse despidos encubiertos de
empleados públicos y la factura del agua empezaría a comportarse como la
de la luz: “Una empresa haría con el precio lo que creyera
conveniente”. Asimismo, critica el papel que atribuye la norma a la
Diputación: “Se cargan la democracia directa”.
Macías defiende la gestión municipal como una respuesta más rápida y
cercana al ciudadano: “Sales a la calle, hablas con la gente y sabes lo
que ocurre”. Y protesta por lo que considera una reforma que da la
espalda a los ayuntamientos: “Es un ataque brutal a su línea de
flotación”
Vanessa Polo, alcaldesa de Las Gabias (Granada)
El municipio de Las Gabias (Granada), con 18.381 habitantes, atiende a
50 mujeres víctimas de malos tratos, cuyas parejas tienen orden de
alejamiento. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la reforma,
el Ayuntamiento no podrá prestar ese servicio. Su alcaldesa, Vanessa
Polo (PSOE), considera que es necesaria una reforma que respete la
autonomía local y resuelva la financiación de los ayuntamientos, pero no
la que plantea el Gobierno del PP. “Los grandes perjudicados van a ser
los ciudadanos que van a dejar de recibir servicios públicos que
prestamos desde el Ayuntamiento”, señala la regidora.
El municipio ofrece cada día un servicio de catering para mayores,
del que se benefician 30 familias. “Ese servicio va a desaparecer, como
el de integración sociocultural para menores con problemas de
integración escolar, las ayudas o becas al estudio, el programa de
arreglo de viviendas para mayores, el servicio de ayuda a domicilio que
el Ayuntamiento presta a las familias que más lo necesitan para casos
urgentes o los programas culturales”, dice.
Para la alcaldesa, la reforma “sólo persigue la privatización de los
servicios públicos. Explica que su Ayuntamiento gestiona de manera
directa el servicio de recogida de basura, que realizan diez empleados
municipales. “Con la nueva ley, el servicio va a ser gestionado por la
Diputación, que lo va a privatizar y esos trabajadores serán
despedidos”, señala. Considera que los vecinos de su municipio van a
tener servicios de peor calidad y mucho más caros y asegura que la
reforma puede dejar en la calle al 40% de la plantilla municipal.
José Luis del Río, alcalde de Olvera (Cádiz)
Entre los alcaldes, una idea recurrente. La redacción de la ley,
sujeta a múltiples cambios a lo largo de su tramitación, no deja
demasiado claro cómo acabaran los servicios municipales. “Estamos
confundidos”, explica el alcalde de Olvera (8.500 habitantes), José Luis
del Río (IU). “Me cuesta trabajo hacerme una idea clara de cómo a va a
llegar a afectar en la práctica”.
No obstante, considera positivo que se debata el papel de los
ayuntamientos. “Hay una idea sana en el principio”, dice, “en el debate
competencial”. Para el alcalde de este municipio gaditano, la polémica
en torno a la reforma local, entre la enmienda a la totalidad y la
cerrazón del Gobierno, ha olvidado analizar otras competencias
municipales. La Policía Local, por ejemplo, que se lleva hasta un 20%
del presupuesto de la localidad. “Entiendo que es claramente una
competencia que debería llevarla un órgano superior”, explica.
Elías Romero, alcalde de Santa Eufemia (Córdoba)
“Se trata de una ley que va a sacar a concurso la gestión de
municipios de menos de 20.000 habitantes”, denuncia el primer edil de
Santa Eufemia, Elías Romero (PSOE). El regidor teme por el futuro de la
residencia de ancianos del municipio, que cuenta con apenas 1.000
habitantes. Actualmente, la ocupan alrededor de cuarenta usuarios y una
treintena de empleados públicos trabajan en ella.
Romero cree que acabará en manos privadas, como muchos otros
servicios, lo que repercutirá en subidas de precios y en la
precarización de esos puestos de trabajo. El regidor ve una intención
clara del Gobierno detrás de la ley. “Las constructoras se están
dedicando a servicios sociales”, explica, “y van a tratar a las personas
como si fuesen ladrillos”.
Romero considera que la reforma repercutirá muy negativamente en la
calidad de vida de los ciudadanos. No solo por la privatización de
servicios, también por el alejamiento del núcleo de poder. “En los
pueblos pequeños nos conocemos todos y sabemos quién tiene necesidades”,
denuncia. “Vamos a ser menos gestores que un diputado que no sabe ni
dónde está Santa Eufemia”.
Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada)
El proyecto de ley es “demoledor” para los pequeños municipios,
afirma Juan Francisco Torregrosa (PSOE), alcalde de Benamaurel (2.500
habitantes). Asegura que la reforma deja sin competencias a los
municipios de menos de cinco mil habitantes y aleja la toma de
decisiones de la ciudadanía. “En la práctica supondrá el cierre
funcional de los ayuntamientos, que ahora son una especie de ventanilla
única para los ciudadanos”, añade.
