La llamada Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que tiene por eslogan ‘Una administración, una competencia’, plantea que las comunidades autónomas asuman lo que el Gobierno central considera “competencias impropias” de los ayuntamientos: servicios sociales, empleo, salud, educación… Con el argumento de suprimir duplicidades y de racionalizar costes, la norma recorta competencias en los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los gobiernos autónomos y las diputaciones, que salen fortalecidas con la reforma al asumir la coordinación de servicios básicos frente a la pérdida de poder de los ayuntamientos.
El 80% de los 771 municipios andaluces tiene menos de 20.000 habitantes. La reforma les obliga a suprimir servicios que hoy prestan desde la cercanía al ciudadano. Organizaciones políticas (PSOE e IU) y sindicales estiman que la reforma supondrá la destrucción de 40.000 empleos en Andalucía por la pérdida de competencias y privatizaciones de servicios. Las consecuencias pueden ser más graves en provincias como Granada, donde solo siete de sus 168 municipios tienen más de 20.000 habitantes. Pero también a estos municipios les afecta la reforma. Así la ven algunos los alcaldes.
Noel López, alcalde de Maracena (Granada)“La reforma local atenta contra la administración más cercana al ciudadano, nos roba la gestión directa de nuestros servicios, degrada la autonomía local al deslegitimar la representación democrática, retrotrae a los ayuntamientos a la etapa preconstitucional y supone una pérdida de la calidad del servicio porque lo que pretende la ley es privatizar y hacer negocio con los servicios de los ciudadanos”, señala Noel López, alcalde socialista de Maracena (Granada). Su municipio, con 22.000 habitantes, perderá las competencias en fomento del empleo, educación, igualdad, salud, protección del medio ambiente, prestación de servicios sociales, juventud, cultura, movilidad… “Quedarán limitadas al cuidado de jardines, cementerio, mejora de calles”, explica.
Los programas educativos que tiene en marcha en su municipio, el Centro Municipal de Información a la Mujer, la Escuela Municipal de Música, la Escuela Infantil Municipal, las mejoras de los centros educativos, su mantenimiento y limpieza, los programas de salud y de Juventud, el bus urbano y los servicios sociales peligran con la aplicación de esta reforma, relata. Asegura que peligra la Oficina Municipal de Información al Consumidor y el Centro Guadalinfo y que el Ayuntamiento “no podrá ofrecer ayudas al transporte o programas educativos ni subvencionar a asociaciones de carácter social, cultural, saludable, juvenil, de mayores”. También podrían desaparecer los programas de impulso para el comercio local, las campañas o acciones medioambientales, la formación para desempleados y el fomento de la contratación, pero sobre todo, el área de Servicios Sociales y todas las prestaciones que realiza el municipio en materia de dependencia, tratamiento familiar, programas de mayores, drogodependencia, ayuda a domicilio y teleasistencia.
María Luisa Faneca, alcaldesa de Isla Cristina (Huelva)“Nuestras competencias están en el aire”, protesta Mª Luisa Faneca, alcaldesa socialista de Isla Cristina (Huelva). Su Ayuntamiento hace frente a una población que roza los 22.000 habitantes y que, al ser un destino costero turístico, crece ampliamente durante los meses de verano. El consistorio teme que tras la aplicación de la reforma local su capacidad para asistir al ciudadanos cambie “de una manera drástica”. El municipio onubense cuenta con una cartera de servicios sociales que cuenta con programas específicos para el tratamiento de adicciones o enfermedades como Alzheimer, asistencia a familiares de enfermos de cáncer, una oficina de atención al inmigrante o educadores sociales. Cuando la reforma entre en vigor, se convertirán en competencias impropias. “Es un pueblo muy grande para no tener servicios sociales”, denuncia Faneca. “Podría perjudicar enormemente”.
No solo se trata de servicios sociales. La gestión administrativa también se complicará. Isla Cristina ofrece la realización de trámites en diferentes áreas que podría perder. “Una persona que tiene que tramitar una pensión se va a tener que ir a Huelva -a unos 50 kilómetros-”, asegura su alcaldesa.
Fernando Macías, alcalde de Medina Sidonia (Cádiz)Como en la mayoría de casos, Medina Sidonia va mucho más allá del catálogo de servicios sociales que consagra la ley. Con casi 12.000 habitantes, cuenta con un almacén municipal de alimentos -que ofrece productos básicos y de higiene a familias sin ingresos- y una oficina municipal de afectados por la crisis donde un equipos de abogados y técnicos atienden a personas con dificultades económicas. “¿Cómo nos van a exigir que esos servicios sean rentables?”, se pregunta su alcalde, Fernando Macías (IU), que cuestiona una ley que pone límites a una situación “ilimitada”.
El regidor también ve el fantasma de la privatización tras la norma. Actualmente, la empresa pública de aguas reinvierte sus beneficios en la comunidad. Pero la situación podría ser muy distinta. Macías teme que si llega a manos privadas, podrían producirse despidos encubiertos de empleados públicos y la factura del agua empezaría a comportarse como la de la luz: “Una empresa haría con el precio lo que creyera conveniente”. Asimismo, critica el papel que atribuye la norma a la Diputación: “Se cargan la democracia directa”.
Macías defiende la gestión municipal como una respuesta más rápida y cercana al ciudadano: “Sales a la calle, hablas con la gente y sabes lo que ocurre”. Y protesta por lo que considera una reforma que da la espalda a los ayuntamientos: “Es un ataque brutal a su línea de flotación”
Vanessa Polo, alcaldesa de Las Gabias (Granada)El municipio de Las Gabias (Granada), con 18.381 habitantes, atiende a 50 mujeres víctimas de malos tratos, cuyas parejas tienen orden de alejamiento. A partir del 1 de enero, cuando entre en vigor la reforma, el Ayuntamiento no podrá prestar ese servicio. Su alcaldesa, Vanessa Polo (PSOE), considera que es necesaria una reforma que respete la autonomía local y resuelva la financiación de los ayuntamientos, pero no la que plantea el Gobierno del PP. “Los grandes perjudicados van a ser los ciudadanos que van a dejar de recibir servicios públicos que prestamos desde el Ayuntamiento”, señala la regidora.
El municipio ofrece cada día un servicio de catering para mayores, del que se benefician 30 familias. “Ese servicio va a desaparecer, como el de integración sociocultural para menores con problemas de integración escolar, las ayudas o becas al estudio, el programa de arreglo de viviendas para mayores, el servicio de ayuda a domicilio que el Ayuntamiento presta a las familias que más lo necesitan para casos urgentes o los programas culturales”, dice.
Para la alcaldesa, la reforma “sólo persigue la privatización de los servicios públicos. Explica que su Ayuntamiento gestiona de manera directa el servicio de recogida de basura, que realizan diez empleados municipales. “Con la nueva ley, el servicio va a ser gestionado por la Diputación, que lo va a privatizar y esos trabajadores serán despedidos”, señala. Considera que los vecinos de su municipio van a tener servicios de peor calidad y mucho más caros y asegura que la reforma puede dejar en la calle al 40% de la plantilla municipal.
José Luis del Río, alcalde de Olvera (Cádiz)Entre los alcaldes, una idea recurrente. La redacción de la ley, sujeta a múltiples cambios a lo largo de su tramitación, no deja demasiado claro cómo acabaran los servicios municipales. “Estamos confundidos”, explica el alcalde de Olvera (8.500 habitantes), José Luis del Río (IU). “Me cuesta trabajo hacerme una idea clara de cómo a va a llegar a afectar en la práctica”.
No obstante, considera positivo que se debata el papel de los ayuntamientos. “Hay una idea sana en el principio”, dice, “en el debate competencial”. Para el alcalde de este municipio gaditano, la polémica en torno a la reforma local, entre la enmienda a la totalidad y la cerrazón del Gobierno, ha olvidado analizar otras competencias municipales. La Policía Local, por ejemplo, que se lleva hasta un 20% del presupuesto de la localidad. “Entiendo que es claramente una competencia que debería llevarla un órgano superior”, explica.
Elías Romero, alcalde de Santa Eufemia (Córdoba)“Se trata de una ley que va a sacar a concurso la gestión de municipios de menos de 20.000 habitantes”, denuncia el primer edil de Santa Eufemia, Elías Romero (PSOE). El regidor teme por el futuro de la residencia de ancianos del municipio, que cuenta con apenas 1.000 habitantes. Actualmente, la ocupan alrededor de cuarenta usuarios y una treintena de empleados públicos trabajan en ella.
Romero cree que acabará en manos privadas, como muchos otros servicios, lo que repercutirá en subidas de precios y en la precarización de esos puestos de trabajo. El regidor ve una intención clara del Gobierno detrás de la ley. “Las constructoras se están dedicando a servicios sociales”, explica, “y van a tratar a las personas como si fuesen ladrillos”.
Romero considera que la reforma repercutirá muy negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. No solo por la privatización de servicios, también por el alejamiento del núcleo de poder. “En los pueblos pequeños nos conocemos todos y sabemos quién tiene necesidades”, denuncia. “Vamos a ser menos gestores que un diputado que no sabe ni dónde está Santa Eufemia”.
Juan Francisco Torregrosa, alcalde de Benamaurel (Granada)El proyecto de ley es “demoledor” para los pequeños municipios, afirma Juan Francisco Torregrosa (PSOE), alcalde de Benamaurel (2.500 habitantes). Asegura que la reforma deja sin competencias a los municipios de menos de cinco mil habitantes y aleja la toma de decisiones de la ciudadanía. “En la práctica supondrá el cierre funcional de los ayuntamientos, que ahora son una especie de ventanilla única para los ciudadanos”, añade.
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