Manifiesto vecinal por la democracia local y los derechos sociales

El Gobierno del Estado pretende una nueva agresión a la ciudadanía con la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Los Ayuntamientos han sido desde su democratización en 1979 la Administración más cercana a la gente, la que ha atendido de manera más rápida sus demandas y la que ha estado más atenta a las carestías de los más necesitados.

Y ahora, cuando peor lo está pasando la sociedad, bajo unos supuestos criterios económicos a pesar de que la deuda de la Administración local apenas alcance el 4%, se pretende suprimir la autonomía local, dejando vacío de contenido la labor municipal y convirtiendo a los Ayuntamientos en un apéndice de los gobiernos central y autonómico, siendo ello el culmen de un proceso de su marginación política y degradación y provocando que la ciudadanía siga perdiendo derechos adquiridos con el esfuerzo de la democracia, y todo sobre la base de una fuerte imposición ideológica del Gobierno que hace caminar hacia a una sociedad menos democrática y menos solidaria.

Y no nos negamos a la racionalización de la Administración Pública pero justo en el sentido contrario de lo que se propone ya que los Ayuntamientos necesitan más recursos y más competencias financiadas, y, por supuesto, más participación ciudadana, que permita mejorar la democracia local, como fundamento principal de la cogestión social.

Por ello estamos en contra de:

1.- La reducción de competencias municipales que debilita la autonomía municipal.

2.- La relegación a los Ayuntamientos a meros gestores administrativos sin capacidad de decisión política y democrática.

3.- El fomento de la fusión de municipios sin tener criterios de identidad, sino económicos, y sin tener en cuenta la voluntad del vecindario que los habita.

4.- La desregularización en el ámbito municipal de la actividad económica.

5.- La transferencia de servicios básicos a las Comunidades Autónomas, alejándolos del destinatario, promoviendo su privatización, fomentando criterios economicistas que van en detrimento de los derechos sociales adquiridos.

6.- La pérdida de servicios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, como son los de recogida y tratamiento de residuos, limpieza, agua potable, acceso a las poblaciones y pavimentación de las vías que va a marcar aún más la diferencia entre los ámbitos más urbanos y los rurales, ya desfavorecidos éstos por sistema.

Frente a este nuevo ataque, las Asociaciones Vecinales, las organizaciones convocantes, y la ciudadanía, no nos quedamos impasibles porque está en juego la democracia más cercana a la gente, representada por los Ayuntamientos, reivindicando que sea el interés social el que prime a la hora de abordar una reforma de tal calado como ésta, por lo que hacemos un llamamiento al Gobierno para que proceda a la retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y al diálogo con las fuerzas políticas, sociales y vecinales con el fin de buscar un consenso en las bases necesarias para su promulgación.

POR LA DEMOCRACIA LOCAL Y LOS DERECHOS SOCIALES

Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales