Manifiesto de la Plataforma de Organizaciones Sociales “Compromiso Social por el Progreso de Andalucía”
1. UNA LEY CONTRA LAS LIBERTADES Y EL ESTADO DEL BIENESTAR.
Los Ayuntamientos, como instituciones más cercanas, a la ciudadanía han
jugado durante la etapa democrática un papel muy importante para el
desarrollo de los servicios públicos y de las infraestructuras locales
contribuyendo con ello a la cohesión territorial y social de Andalucía.
Sin duda esto ha permitido arraigar a las personas a los territorios y
desarrollar las potencialidades socioeconómicas de nuestros municipios.
No obstante, en algunas administraciones locales se han producido
prácticas reprobables, fundamentalmente vinculadas al desarrollo
urbanístico especulativo.
Bajo el titulo de Ley de racionalización y sostenibilidad de la
administración local el gobierno del Partido Popular prosigue en sus
políticas contra el Estado democrático y del bienestar que conducen al
deterioro de las condiciones de vida y de libertades de la ciudadanía.
Con las palabras de racionalización y sostenibilidad se pretende
justificar la adopción de medidas que no tratan de solucionar los
problemas de la ciudadanía ni de las entidades locales, sino que se
realizan con la intencionalidad de impedir que las y los representantes
democráticos elegidos en los ayuntamientos puedan adoptar medidas donde
primen el interés general y el bien común de la ciudadanía sobre el pago
de unos intereses abusivos e ilegítimos a los bancos.
La falta de sostenibilidad es consecuencia de la endémica y
estructural falta de financiación de las entidades locales que está
caracterizada por unos bajos recursos propios en comparación con la
administración central y las comunidades autónomas. Estas carencias
económicas se han paliado tradicionalmente por los ingresos derivados
del boom de la construcción, abriendo las puertas a la corrupción, y las
subvenciones condicionadas de otras administraciones.
Al deterioro económico actual de los ayuntamientos ha contribuido la
política gubernamental de prohibir la renovación de préstamos a largo
plazo, a pesar de ser los que tienen un menor endeudamiento, y al no
solucionar la insuficiencia económica de los municipios con una adecuada
reforma de la actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. LOS OBJETIVOS PERVERSOS DE LA REFORMA LOCAL.
Cinco serán las consecuencias del actual proyecto de ley de reforma local si se aprueba:
1) Restringir la autonomía y la democracia participativa local.
2) Eliminación de los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias.
3) La privatización prácticamente total de los servicios públicos
municipales de agua, residuos sólidos urbanos, bomberos, fomento
económico y servicios sociales.
4) Destrucción de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales.
5) Disminución y deterioro de la cohesión económica y social, el
emprendimiento y el desarrollo local, con la consiguiente pérdida de
riqueza endógena y del arraigo de la población al territorio.
3. LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LA CIUDADANÍA.
El impacto en la aplicación de esta reforma local conllevaría demoledoras consecuencias para la ciudadanía en general:
- Brutal repercusión en el empleo público local con la supresión de puestos de trabajo y pérdida de derechos laborales.
- La afectación a los consumidores por el incremento en las tarifas, la
ausencia de canales de participación social en la gestión de los
servicios municipales y la falta de control por parte de la ciudadanía
que conllevan la privatización de dichos servicios.
- La incidencia en las empresas de economía social, autónomos y pequeñas
empresas locales que verían disminuir drásticamente su facturación por
la caída de la demanda local, además de la eliminación de aquellas que
sean proveedoras de los ayuntamientos al ser sustituida su actividad por
la de grandes concesionarios foráneos como consecuencia de la
privatización de los servicios y actividades municipales.
- Supresión o deterioro de los servicios públicos locales.
El ataque contra la autonomía local, al reducirse sus competencias y
estar intervenida su gestión por la administración central o provincial,
implicará la supresión del ámbito más cercano de la interlocución
política y administrativa.
Mediante la excusa de la insuficiencia presupuestaria o de superar
los costes estándar, los servicios públicos locales (abastecimiento y
depuración de aguas, recogida y tratamiento de residuos, cementerios,
actividades deportivas y culturales, guarderías, etc.) serán trasvasados
a las Diputaciones Provinciales para que éstas procedan a su
privatización. Los efectos para las personas usuarias de los servicios
son múltiples y diversos: el encarecimiento de las tarifas, la
precarización y pérdida de su calidad, la ausencia de vías de
participación social en su gestión y la falta de control de la misma por
parte de la ciudadanía. La constatación actual es que los servicios
privatizados locales son más caros y de peor calidad que cuando la
prestación es pública.
Los servicios de ayuda a la dependencia, los servicios sociales, las
guarderías y apoyo educativo, las actividades culturales, las
deportivas, las sanitarias, la protección de los consumidores y
usuarios, etc, se verán suprimidas o reducidas a su mínima expresión.
4. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE REFORMA LOCAL
Existe una gran cantidad de expertos juristas administrativos que
califican el proyecto de ley de reforma local como claramente
inconstitucional. El gobierno Andaluz ya ha declarado que no sólo
conculca principios de nuestra Constitución sino que vulnera
abiertamente nuestro Estatuto de Autonomía. A pesar de las dudas sobre
la ilegalidad e ilegitimidad de los contenidos del proyecto de ley de
reforma local, intentan su aprobación en el convencimiento de que sus
objetivos se materializarán antes del posible fallo reprobatorio del
Tribunal Constitucional, habiéndose creado entonces una situación de
hecho de muy difícil reversibilidad.
5. OTRO MUNICIPALISMO ES POSIBLE.
Poner en pie una alternativa municipalista coherente, asegurar los
cambios institucionales imprescindibles, defender los ayuntamientos como
potentes dispositivos de participación democrática, de desarrollo
económico y de calidad de vida de la ciudadanía ayudaría enormemente a
encontrar una nueva relación entre las personas y la política.
El marco local sigue siendo un escenario potente, para la democracia
participativa y para impulsar poderes ciudadanos que puedan confrontarse
con la dictadura de los mercados.
Es necesaria la articulación de un nuevo modelo local con
alternativas viables y posibles en las que los principios rectores que
guíen la actividad de las entidades locales sean:
· Garantizar la prestación de los servicios y actividades locales esenciales.
· Optar por la eficiencia en la actividad local frente al criterio de austeridad.
· La oposición firme a la privatización de los servicios, por cuanto que
el traspaso a la empresa privada conduce al abandono del interés
general, a la pérdida de calidad y al encarecimiento de sus costes (las
concesiones al sector privado del ciclo integral del agua, de la
recogida y tratamiento de residuos, de servicios de cementerio o de
transportes así lo atestiguan).
· Lograr la eficacia, transparencia y legalidad en la actividad local
mediante una Ley de evaluación participativa de las políticas públicas
locales, que desarrolle en lo concreto la democracia participativa en el
ámbito local.
· Y lo importante en cuanto a objetivos es que, ante la crisis económica
de nuestro país, el eje de actuación primordial debe ser el desarrollo
local participativo, mediante la debida articulación y coordinación con
las políticas estatales y autonómicas que deben desarrollarse.
Desde Andalucía se debe exigir al Gobierno de España que ante la
severa situación económica de las Entidades Locales remita a las Cortes
los proyectos de la Ley Básica del Gobierno y Administración Local y de
la Ley de Financiación Local que posibiliten realmente la sostenibilidad
y la racionalidad de la gestión local.
Una nueva Ley de Financiación Local es esencial para acabar con la
endémica falta de suficiencia económica de las entidades locales, con
los siguientes contenidos:
· Garantizar la suficiencia financiera municipal desde los Presupuestos Generales del Estado incrementando sus ingresos totales.
· La transformación del actual sistema tributario local caracterizado
por su ineficacia (en 2009 los costes de ineficiencia supuso 6.634
millones de euros lo que representa el 31 por cuento de la recaudación
prevista) y su falta de equidad tributaria (los tributos locales son de
carácter patrimonial y se basan en criterios de proporcionalidad y no de
progresividad, con clara vulneración del artículo 31 de la
constitución). Para el logro de la eficacia y equidad la nueva
imposición local debe de articularse a través de los sistemas
tributarios central y autonómico, mediante el establecimiento de un
sistema de financiación local más eficiente, equitativo, justo y
progresivo.
· Establecimiento de un Plan Estatal de Inversiones Locales con
aportación íntegra del Estado y de las Comunidades Autónomas y con
destino a proyectos incluidos, esencialmente, en planes y programas
cuatrienales municipales, que priorice la reactivación económica y la
creación de empleo de calidad.
· Nuevo sistema de reparto en la participación en tributos del Estado que venga a mejorar la cuota municipal.
6. LLAMAMIENTO
Los duros planes de ajustes, que afectan al empleo, a la subida de
impuestos locales, a la privatización y al deterioro de los servicios,
requieren de una acción unitaria ciudadana, política y sindical que
contraponga un modelo de municipalismo democrático y de servicio público
basado en la eficiencia, en la prestación de calidad de los servicios
públicos locales y en el desarrollo de políticas de empleo generado.
Por todo ello,
Compromiso Social para el Progreso Social de Andalucía
llama a toda la ciudadanía, a todos los vecinos y vecinas, a
combatir
esta reforma y a defender la autonomía local y los servicios públicos.
Andalucía, junio de 2013
Organizaciones Sociales que integran la Plataforma:
- Comisiones Obreras de Andalucía-CCOO-A
- Unión General de Trabajadores-UGT-A
- Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A)
- Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA)
- Federación Andaluza de Consumidores y Amas de Casa (AL-ÁNDALUS)
- Federación de Consumidores en Acción de Andalucía (FACUA)
- Unión de Consumidores de Andalucía-UCA/UCE
- Comité de entidades Representantes de Personas con discapacidad (CERMIAndalucía)
- Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa
- Asociación de Progresistas de Andalucía
- ATTAC-Andalucía
- Plataforma 2015 y más
- Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA)
- Unión Federal de Policía
- Sindicato Unificado de la Policía
- Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)
- Unión de Guardias Civiles de Andalucía
- Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía- ADSP
- Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática
- Coordinadora Girasol
- Forum Política Feminista de Andalucía
- Coordinadora Andaluza de Organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (CAONGD)
- Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores, PEMPES/AS
- Asociación Primavera Andaluza
- APJP Pablo Iglesias
Enlace al manifiesto contra la reforma local: "Por un municipalismo democrático y de servicio público": http://andalucia.ccoo.es/comunes/recursos/2/doc159588_Manifiesto_por_un_municipalismo_democratico_y_de_servicio_publico.pdf
