Extraído de andalucesdiario.es:Tras meses de espera y un serio toque del Consejo de Estado, el Gobierno ha aprobado la llamada Reforma Local, que dará un giro de 360 grados a la idea de municipalismo construida durante los últimos 30 años. Bajo la premisa de hacer más sostenibles los Ayuntamientos y evitar la duplicidad de competencias, el Ejecutivo pondrá fin a la cercanía de servicios y prestaciones al ciudadano.
La Junta de Andalucía ya ha anunciado el “atropello” que supone la aprobación de la norma e Izquierda Unida va más allá y cifra en 40.000 los empleos que podrían perderse en Andalucía por la reforma.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y lo ha remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria en las Cortes Generales. Esta norma, cuyo eslogan es ‘Una Administración, una competencia’, tiene como objetivos clave: eliminar competencias “impropias” de los Ayuntamientos, “al regular por primera vez, y de forma precisa, sus competencias propias”; potenciar las Diputaciones provinciales para “la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios de menos de veinte mil habitantes”, incentivar las fusiones voluntarias, aumentar las trabas para la escisión o creación de nuevos municipios y eliminar convenios entre Administraciones sin financiación. Asimismo, los ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. El Gobierno suaviza así este último punto y elimina el polémico coste estándar, sobre el que el Consejo de Estado hizo duras críticas en su informe.
La medida afecta directamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 80% de los ayuntamientos andaluces, según la Federación de Municipios y Provincias (FAMP), que perderían sus competencias. Aquellos de más de 20.000 habitantes quedaban sometidos al llamado coste estándar, suprimido finalmente, después de que el Consejo de Estado criticara que se pusiera un coste fijo a los servicios y se penalizara a aquellos municipios que superaran el citado coste.
La institución denunció entonces que la reforma local violaba el artículo 140 de la Constitución, al reducir “en exceso” la autonomía municipal que garantiza la Carta Magna, y ”por el vaciamiento de competencias”. Pese a las críticas de la oposición, de organizaciones y colectivos en defensa de los servicios municipales públicos y hasta de alcaldes del Partido Popular -el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, manifestó las “dificultades” de llevar esta reforma a cabo- el Gobierno ha dado hoy un paso al frente para la implantación de la reestructuración de la Administración Local, con la que pretenden ahorrar 8.024 millones de euros hasta 2019.
El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha anunciado que se va a elaborar un informe con el posicionamiento del Gobierno andaluz en defensa del ordenamiento jurídico y las competencias garantizadas por el Estatuto de Autonomía. Además, informará al Pleno del Parlamento, a petición propia, sobre los efectos de esta reforma en la que el Estado pasa a ser “gestor, interventor y juez” en las relaciones que de forma voluntaria y libre acuerden la Comunidad Autónoma y los municipios de su territorio.
De hecho, Valderas ha asegurado que la norma “colisiona” con preceptos reconocidos por el Estatuto andaluz, que es “profundamente municipalista”, y supone una limitación al autogobierno de los andaluces. En este sentido, según explica, la reforma impulsa el papel de las diputaciones provinciales, que pasarán a coordinar los servicios mínimos obligatorios que deben prestar los municipios de menos de 20.000 habitantes, incluyendo competencias como la gestión tributaria y la contratación centralizada entre otras.
Asimismo, ha destacado que el incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera son otro de los aspectos de “enorme gravedad”, toda vez que las consecuencias para los municipios van desde la supresión de competencias a la asunción de la prestación de servicios esenciales. Estas y otras cuestiones afectarán “de lleno” a la Ley de Autonomía Local de Andalucía, norma pionera que quedará “fatalmente resentida”.
RECHAZO FRONTAL
La plataforma Compromiso Social para el Progreso de Andalucía ha mostrado su rechazo a la reforma y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía “a defender la autonomía local y los servicios públicos”. Las organizaciones sociales consideran que esta ley pone en peligro el municipalismo y que, “con la excusa de la insuficiencia presupuestaria, los servicios públicos locales, tales como el abastecimiento y depuración de aguas o la recogida y tratamiento de residuos, podrán ser privatizados“.
Para la plataforma, el proyecto de ley “tiene la intención de restringir la autonomía y la democracia participativa local así como eliminar los servicios de cercanía a la ciudadanía mediante la supresión de sus competencias”.
Los sindicatos han advertido de que “la ayuda a la dependencia, servicios sociales, guarderías y apoyo educativo, actividades culturales y deportivas, los centros de información a la mujer o la misma protección a los consumidores se verán suprimidas o reducidas a la mínima expresión”, por ello, han subrayado que “las organizaciones sociales ven en este ataque contra la autonomía local la pérdida de miles de empleos públicos y precarización de las condiciones laborales”.
‘Compromiso Social por el Progreso’ está integrado por CCOO, UGT, CAVA, Cepes, Al-Andalus, Facua Andalucía, UCA-UCE, Forum de Políticas Feministas, Attac-Andalucía, Plataforma 2015 y +, Comité de Entidades Representantes de personas con discapacidad (Cermi Andalucía), Asociación de Progresistas de Andalucía, Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, Codapa, Coordinadora Girasol y las asociaciones de las fuerzas de seguridad (SUP, AUGC, UGC y UFP), la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, Coordinadora Andaluza de ONGS de Desarrollo (Caongd), Plataforma en Defensa de los Derechos de Mayores (Fempe/AS), Asociación Primavera Andaluza y AJPJ Pablo Iglesias.
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