El organismo emite un dictamen demoledor contra la reforma local del Gobierno
La rebelión de los alcaldes obliga al PP a frenar la reforma que les quita poder
El informe del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley de la administración local
es demoledor. Ataca las principales líneas de flotación del texto
aprobado por el Gobierno y advierte de que su constitucionalidad está en
entredicho. En especial, plantea dos grandes problemas: la regulación
del llamado "coste estándar", un concepto que según el Consejo de
Estado, el Ejecutivo no ha desarrollado bien en el anteproyecto y, sobre
todo, el principio de "autonomía local" y la reducción de competencias
de los Ayuntamientos.
El informe del organismo, que no es vinculante, asegura que "la
garantía institucional de autonomía consagrada en el artículo 140 de la
Constitución puede verse cuestionada como consecuencia del eventual
vaciamiento competencial de los municipios y porque sus competencias
pasen a una entidad de representación indirecta como es la Diputación
Provincial". El dictamen fue aprobado por unanimidad en la comisión
permanente del pasado 26 de junio presidida por José Manuel Romay Beccaría.
Entre otras cuestiones señala el hecho de que se vaya a debilitar la autonomía municipal en favor de otras entidades como las Diputaciones,
un hecho que califica negativamente porque, recuerda, "son entidades
locales de representación indirecta". Añade que las competencias de las
Diputaciones son más bien "funcionales", porque asisten a los
municipios, y no "materiales", como son las competencias de los
Ayuntamientos, que gestionan "intereses y asuntos que afectan al
conjunto de la población", por lo que no encajarían en el nuevo papel
que les da el Gobierno.
También es demoledor el dictamen cuando aborda el artículo que
determina el régimen aplicable a las mancomunidades. "Todos los
Estatutos de Autonomía atribuyen a las Comunidades Autónomas la
competencia en crear este tipo de demarcaciones. [...] la regulación de
los requisitos relativos a la creación y extinción de esas entidades
escapa al ámbito en que debe desenvolverse la legislación básica del
Estado", recuerda, para advertir que una intromisión en las competencias
de las autonomías como la que plantea el anteproyecto de ley "no es
admisible desde el punto de vista del esquema constitucional".
En su análisis de las Diputaciones y del enorme peso que tendrán si
la reforma se aprueba tal y como quiere el Gobierno, el Consejo de
Estado también pone muchas líneas rojas. Critica que en ningún momento
el anteproyecto de ley recoge qué ocurrirá si una Diputación se niega a
asumir las competencias de un Ayuntamiento. También censura que no se
cuestione la "realidad económico-presupuestaria de las diputaciones",
antes de que asuman competencias y que tampoco haya una previsión de qué
ocurrirá si no cumplen con el llamado "coste estándar".
Otra de las líneas de flotación del anteproyecto de ley defendido a capa y espada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro
es el llamado "coste estándar", un baremo que marcará el techo del
coste al que un Ayuntamiento podrá prestar un determinado servicio. "Lo
único que el anteproyecto establece en relación con su determinación es
que corresponde al Gobierno fijarlo [...] La remisión que en este punto
realiza la norma legal a la norma reglamentaria es tan amplia y carente
de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una
habilitación en blanco al Gobierno". El Consejo de Estado cree que ese
cheque en blanco al Ejecutivo para determinar el coste de los servicios
no está bien diseñado. "El anteproyecto debería orientar debidamente el
ejercicio de esta potestad mediante una regulación suficiente del coste
estándar, precisando algunos extremos relevantes [...] y del modo en que
ha de operar en la práctica". Abundando en lo anterior, la
recomendación del Consejo de Estado es que el Gobierno vuelva a revisar
ese concepto y establezca si será único para todos los servicios y cómo
se calculará. La Federación de Municipios y Provincias exigió en
repetidas ocasiones más claridad sobre este punto sin que el Gobierno
haya movido ficha.
Con este dictamen el Gobierno tiene ahora dos caminos abiertos: o
revista el contenido de los principios fundamentales del anteproyecto de
reforma local, algo que retrasaría su aprobación; o se arriesga a
iniciar el trámite parlamentario, algo complicado teniendo en cuenta que
el Partido Socialista lo recurrirá al 100% ante el Constitucional.
El PSOE, que inició contactos para intentar negociar la reforma,
rompió relaciones con el Gobierno hace meses y ha sido muy beligerante
con el anteproyecto. Gaspar Zarrías, el responsable de política
municipal, llegó a advertir que sacaría a la calle a todos los alcaldes
contra el intento de "privatización de servicios", en favor de las
Diputaciones.
El proyecto ha sufrido todo tipo de obstáculos. Se basa en un informe del Instituto de Estudios Fiscales que contradice las cifras de ahorro que ha dado el propio Gobierno. Ni siquiera los alcaldes del Partido Popular están de acuerdo
con la reforma, lo que ha llevado al Ministerio a hacer verdaderos
equilibrios para contentar a los regidores presentes en la FEMP. Incluso
el propio ministerio ha dado cifras dispares del ahorro que
supuestamente conllevará la aplicación de la ley. Primero lo cifró en
7.129 millones y poco después en 8.000 millones.
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