Texto de Alejandro de Diego: El proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local
aprobado por el Consejo de Ministros desoye el Dictamen del Consejo de
Estado y aún se enroca más en los asuntos sobre los que este alto
organismo advirtió de una más que posible inconstitucionalidad.
Es verdad que el Gobierno ha hecho
desaparecer el famoso coste estándar, que fue criticado no sólo por el
Consejo de Estado sino también desde todos los sectores locales, tanto
profesionales, técnicos y políticos, y se ha sustituido por el coste
efectivo de los servicios. Según el Gobierno se trata de una medida de
transparencia que debe contribuir a una mejora de la eficiencia en el
medio plazo. Incluso le confiere a las diputaciones el papel de
seguimiento de esos costes para que cuando detecten que son superiores a
los de los servicios coordinados o prestados por ellas ofrezca a los
municipios su colaboración para una gestión coordinada más eficiente de
los servicios que permita reducir estos costes. Y dicho así parece
absolutamente razonable.
Pero el proyecto le reserva
una desagradable sorpresa a la mayoría de ayuntamientos. En principio a
los de menos de 20.000 habitantes pero muy especialmente a los de menos
de 5.000, es decir, al 84 % de los municipios españoles, para los
cuales prácticamente todas sus competencias serán asumidas directamente
por las diputaciones que decidirán si las prestan directamente por ellas
mismas o a través de una gestión compartida, mediante consorcios,
mancomunidades, etc., pero sin intervención alguna del ayuntamiento que,
no obstante, tendrá que seguir pagando su coste. Y será cada diputación
la que decida si devuelve o no esas competencias porque son ellas las
que deben acreditar si el ayuntamiento solicitante está en condiciones
de asumirlas. Es decir, se suprimen por ley las competencias de la mayor
parte de los municipios que pasan a ser competencias provinciales,
quedando los ayuntamientos, en la práctica, como simple elementos
folclóricos, independientemente de su situación económica y financiera,
aunque eso sí, con alcaldes, concejales y asesores debidamente
remunerados.
Este texto es mucho peor que el que fue
criticado por el Consejo de Estado, contraviniendo su Dictamen en lugar
de adaptarse a él como nos habían prometido, e incidiendo mucho más en
el desapoderamiento de los ayuntamientos en favor de las provincias que
supone una flagrante vulneración de la garantía de la autonomía local
consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, además de
seguir insistiendo en el fortalecimiento de las diputaciones que son
entidades de representación indirecta, contrarias a la Carta Europea de
la Autonomía Local al no estar sometidas al refrendo de las urnas. Es
decir, al contrario de lo que volvió a anunciar el Ministro Montoro en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el
proyecto, este supone el mayor ataque que ha sufrido nunca el
municipalismo español.
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