Entrevista al profesor Jiménez Asensio sobre la reforma local
[Nota: La entrevista está realizada antes de que se conociera el último borrador del anteproyecto de reforma local, de 15 de julio.]
Profesor de Derecho Constitucional y experto en el sector público, Rafael Jiménez Asensio es
uno de los mejores conocedores de la reforma local que iba a aprobar hoy
el Consejo de Ministros, pero que finalmente ha aplazado ante las
críticas que ha despertado la fijación de un coste estándar para los
servicios municipales
DEIA: Viernes, 19 de Julio de 2013 -
Rafael Jiménez Asensio, en el centro de Bilbao. (Nagore Centeno)
¿El Gobierno acabará por eliminar del proyecto el coste estándar, el punto nuclear del texto pero el más polémico?
Creo que puede haber cambios de enjundia, no sé si en el texto que aprobará el Consejo de Ministros o a través del proceso parlamentario que le seguirá. El informe emitido por el Consejo de Estado ha sido tan exageradamente contundente en algunas cosas que al Gobierno le va a costar mucho asumir su interpretación en cuestiones de fondo. Sobre todo, el coste estándar, el sistema que fijará el Ministerio de Hacienda para medir el precio de los servicios municipales y su eficiencia, de forma que, si se sobrepasa, ese servicio lo acabará prestando la diputación.
¿Podría desaparecer pese a ser el elemento nuclear de la reforma?
Lo cierto es que está muy tocado por el Consejo de Estado. No solo el coste estándar, toda la arquitectura del modelo de la reforma. Hay una cuestión previa. El Consejo de Estado ha dado la razón al Gobierno, yo creo que mal, para que sea el legislador básico, el legislador del Estado, el que defina qué competencias van a tener los municipios. Eso significa que, por ejemplo, una competencia que es exclusiva de las comunidades autónomas, en el caso de Euskadi también de los territorios históricos, el legislador estatal puede elegir si es competencia de la comunidad o del municipio. Se impediría así al Parlamento Vasco legislar sobre el tema. Para mí es una intromisión en el autogobierno autonómico, foral y también municipal.
¿Qué ocurre con las llamadas competencias impropias?
La nueva ley las elimina. La todavía vigente Ley de Bases de Régimen Local las denominaba actividades complementarias que podían realizar los municipios. Ahora se deroga el artículo que permitía a los municipios la capacidad para realizar actividades en materia de educación, cultura, euskaldunización, promoción de la mujer e igualdad, vivienda, sanidad y protección del medio ambiente, temas todos ellos importantísimos, claves.
¿Deberán devolver esas competencias y los servicios que se prestan a la institución superior?
En principio quedan en el limbo. No se sabe si se tienen que hacer cargo la diputación o la comunidad autónoma. Se va a montar un lío de pronóstico grave. El texto que está preparando el Gobierno establece que, aún siendo competencias impropias, se podrán ejercer en aquellos casos donde la comunidad autónoma acredite que no hay duplicidad, que se ejercen de manera correcta las competencias propias y donde se cumplan los requerimientos de la ley de estabilidad presupuestaria. La conclusión es que los municipios que tengan saneamiento económico y financiero, y en Euskadi son la inmensa mayoría, podrán seguir ejerciendo esas competencias impropias de cultura, educación, igualdad o vivienda. El problema lo tendrán los municipios que tengan una situación económico debilitada.
¿Qué les ocurriría?
Lo primero que notará el ciudadano es que hay menos servicios. En los municipios con una mala situación económica, no podrán ejercer ni las competencias propias ni las impropias, y los servicios los tendrán que prestar las diputaciones. En el peor de los casos estos servicios podrían ser privatizados. De aplicarse el coste estándar, además, se tirarán los precios, con lo que previsiblemente los servicios que recibe el ciudadano serán de peor calidad. El lío sería tremendo: ni guarderías municipales, ni euskaltegis, ni escuelas de música, ni agencias de desarrollo local, etcétera.
¿Qué supondría aplicar el coste estándar tal y como se había anunciado y que ahora está en el aire?
Sería letal en Euskadi. El Consejo de Estado dice que los criterios son muy vagos, que es una habilitación en blanco para que el Gobierno español haga y deshaga lo que le venga en gana con los municipios. El coste estándar no tiene en cuenta criterios de orografía ni el nivel de vida. No tiene nada que ver el nivel de vida de Extremadura o Canarias con el que existe en el País Vasco, Navarra o Cataluña. Pero el coste estándar que había diseñado el Gobierno era igual para todo el Estado.
Usted sostiene que la reforma que le ha salido al PP es tan problemática que va a tratar de dilatar su tramitación parlamentaria.
Esta reforma ha nacido torcida desde el primer día y no hay nadie capaz de enderezarla. No sería fatalista, pero creo que queda mucho partido. Veamos qué texto aprueba el Consejo de Ministros. El proyecto parlamentario será larguísimo, así que esto puede descarrilar en cualquier momento. Es que no ha tenido valedores, ni los suyos, los alcaldes del PP o la Federación de Municipios y Provincias, apoyan esta reforma.
¿Y en cuanto a su aplicación en Euskadi?
Es inaplicable. Veremos cómo se materializa la cláusula foral y qué se salvaguarda, pero la arquitectura institucional de Euskadi no se corresponde con la que ellos diseñan. Están pensando en municipios con financiación común.
El Gobierno dice que la reforma local será "más favorable a la iniciativa público-privada".
La reforma está pensada así desde el principio. Si se mantiene la propuesta de atribuir la prestación de servicios municipales a las diputaciones provinciales de régimen común, que no tienen fuelle institucional, ¿cómo van a asumir esa serie de prestación de servicios? Pues privatizándolos. Lo van a privatizar todo. Es materialmente imposible que las diputaciones de régimen común asuman estos servicios porque no tienen ni conocimiento, ni estructura, ni personal cualificado. Han montado la reforma local también para que la iniciativa privada gane terreno con la privatización.
¿Qué ocurre con la autonomía municipal?
El Consejo de Estado considera que no se puede vaciar de competencias a los municipios porque no se salvaguarda el principio de autonomía municipal. Según la actual redacción, el Gobierno define de manera unilateral los criterios, los procedimientos, todo lo que va a condicionar la razón de la existencia del municipio. Si al municipio le desapoderan de la prestación de servicios y a la postre le dejan sin las competencias, le dejan sin razón de existir. Por lo tanto, el Consejo de Estado dice que afecta a la garantía de la autonomía municipal, que es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, y que la Carta Europea de la Autonomía Local lo ratifica.
¿Así que un recurso ante el Constitucional está garantizado?
Aunque se esté haciendo hincapié en ello, no es tanto eso, porque puede ser resuelto por el Tribunal Constitucional dentro de diez años. El destrozo institucional ya estaría hecho. Están además los problemas de conflictividad jurisdiccional que se podrían plantear. En el momento en que se les desapodere de competencias, cualquier municipio podría reaccionar ante el tribunal contencioso-administrativo, con lo cual se puede montar una conflictividad jurisdiccional que es inasumible por el Gobierno.
Enlace Deia: http://www.deia.com/2013/07/
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