Alcaldes y parlamentarios se unen en su rechazo a la reforma local

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Representantes de los grupos parlamentarios del PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV y Mixto en el Congreso de los Diputados se han reunido este martes con los alcaldes que han lanzado un manifiesto contra la reforma local del Gobierno y que celebrarán el próximo domingo una asamblea con alcaldes de "todos los colores políticos" en Madrid para mostrar su rechazo al proyecto.

   Entre los diputados que han participado en este encuentro para mostrar su apoyo a los alcaldes, han estado el parlamentario de CiU Marc Solsona y el secretario de Política Municipal del PSOE y diputado por Jaén, Gaspar Zarrías. Al no contar con la autorización de la Mesa del Congreso, las declaraciones de los medios de comunicación tras la reunión se han realizado en el exterior de la Cámara Baja.

   En este marco, el alcalde socialista de Vigo y vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha afirmado que el domingo en Madrid "miles y miles" de alcaldes se van a reunir "para plantear públicamente" delante de los ciudadanos su "rechazo profundo a la ley de bases que quiere imponer el PP".

   "Nuestro rechazo profundo porque es el mayor atentado que hubo nunca en democracia en contra del municipalismo, es el mayor atentado que hay en contra de la capacidad de representación de alcaldes y alcaldesas elegidos democráticamente para gestionar pueblos y ciudades", ha argumentado Caballero.

   Para el alcalde socialista, este proyecto de ley "retrotrae al siglo XIX" y significa que municipios de menos de 20.000 habitantes "van a quedar vaciados de competencias, que ocupará una institución supramunicipal". "Va a significar privatización de servicios, va a significar servicios más caros y peor gestionados, va a significar mayor carga impositiva a los ciudadanos", ha advertido.

VAN A DESAPARECER

   Además, Caballero ha alertado de que con la norma del Gobierno "muchos municipios van a desaparecer por la imposición draconiana de normas desde la ley que elabora el Gobierno de España" y de que "grandes ayuntamientos" tendrán "serias dificultades" porque verán "cómo" se les reducen competencias, por ejemplo, en materia de servicios sociales o de empleo, que seguirán "pagando".

   También el alcalde de Vigo ha destacado que hay "miles y miles" de alcaldes del PP que están en "absoluto desacuerdo" con esta ley, que "su propio partido les está imponiendo" y que "le está impidiendo manifestar su opinión". "Lamentamos profundamente que el PP anteponga su propio interés de partido con esta ley retrógrada y nefasta a los intereses de los ciudadanos", ha remachado.

   Por su parte, el presidente de la Federación Española de Entidades Locales Menores (FEEM), Antonio Martín Cabanillas, ha afirmado que esta ley "trata" de quitar la personalidad jurídica de estas entidades locales, "no define" sus competencias, prevé que desaparezcan "si los ayuntamientos matrices tienen que someterse a un plan económico financiero de saneamiento y les "amenazan con desaparecer si en un plazo muy corto de tiempo" no presentan las cuentas, como si fuesen "delincuentes".

   Durante su intervención, Miguel Jaime Angós, alcalde de Longares (Zaragoza) por Chunta Aragonesista, ha explicado que se opone a este proyecto de ley porque "atenta contra la autonomía local", supone un "vaciado competencial" de losa ayuntamientos y porque supone "la absoluta pérdida de servicios" de los municipios.

   "Para un territorio como el aragonés, marcado por la dispersión y la despoblación, esto puede ser la puntilla. La privatización de servicios quie es lo que busca esta ley va a ser una desaparición de servicios en los pueblos donde esto no sea rentable. Además, está basada en un supuesto ahorro de 8.000 millones de euros. Es un planteamiento absolutamente falaz", ha argumentado el alcalde zaragozano.

ROTUNDA OPOSICIÓN

   El diputado en el Congreso y concejal del Ayuntamiento de Sueca Joan Baldoví (Compromís) ha manifestado su "rotunda oposición" a una ley que, a su juicio, "nace muerta" porque su origen es el "desacuerdo". "Si no conseguimos que los alcaldes, que la gente que está en el tajo, en el día a día, delante del ciudadano, esté de acuerdo con una ley, es una ley que tiene data de caducidad, lo que le queda al PP en su mayoría absoluta", ha advertido.

   Asimismo, el alcalde de la localidad vizcaína de Basauri (PNV), Andoni Busquet, ha señalado que la formación nacionalista vasca y "todo su cuerpo social" rechazan los términos de la ley por ser "un ataque grave a la autonomía" de la administración local, "la más cercana" al ciudadano y la que "mejor les atiende".

   Para el PNV, también es un "gravísimo ataque a la realidad y a la especificidad histórica" de sus territorios. "Es una ley que lo que puede contribuir es, sin duda, a empeorar la prestación de los servicios municipales y ataca a una administración que para nada es ni la más endeudada ni la que peor gestiona, sino todo lo contrario", ha destacado Busquet.

LA "GRAN EXCUSA"

   Seguidamente, el primer edil de Mollerussa (Lérida) de CiU, Marc Solsona, se ha mostrado por "la dignidad del mundo municipal" y ha criticado que esta ley haya sido una "gran excusa para expiar todas las culpas de un Estado, que ha presentado unas cuentas frente a Europa de vergüenza". "No han querido hacer pasar como la cabeza de turco de este problema", ha insistido.

   Solsona se ha posicionado en contra de la norma porque "se carga todas las competencias" de las comunidades autónomas de establecer su propia política municipal y porque está "absolutamente disconforme con los mandatos" que llegan desde el Consejo de Europa. "Se carga el principio de autonomía que todos debemos tener en los municipios", ha subrayado, para después agregar que la "gran excusa" del ahorro de  recursos "cae por su propio peso" y es una "falacia".

   Por último, el alcalde del municipio madrileño de Rivas, de Izquierda Unida, José Masa, ha explicado que la reforma local del Gobierno es una "ley regresiva" así como "intolerable", y ha afirmado que "el municipalismo español necesita que se legisle, pero en el sentido contrario".

   "Hoy podemos avanzar que los ciudadanos españoles, una vez que esta ley entre en vigor, tendrán muchos menos servicios en una relación de calidad mucho más distante y perderán, en un contexto de crisis, posibilidades de que los ayuntamientos puedan resolverles problemas que, en forma de servicios, tienen los ciudadanos ", ha zanjado.