La Asamblea General de Alcaldes y Alcaldesas contra la reforma local tendrá lugar el próximo
13 de octubre a las 12 horas en el local de la ONCE, Pº de la Habana,
208, de Madrid.
----------------------------------------------
Declaración
de Alcaldes/as contra Proyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local
Madrid,
13 Octubre 2013
Los
Alcaldes y Alcaldesas queremos expresar nuestra posición
radicalmente contraria al Proyecto de ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.
El
Gobierno presenta este texto con el único objetivo de dar
cumplimiento a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Y
pretende basarse en el argumento de la carga financiera y económica
que las corporaciones locales significan para la economía del país.
Se trata de una afirmación sin fundamento, puesto que el
endeudamiento público de las entidades locales está en torno al 4%
del PIB, mientras que su déficit conjunto público total alcanzó en
2012 el 0,3% y será del 0% para el periodo 2013-2015. Estamos ante
una apreciación errónea de los fines constitucionales de la
Administración Pública, que no son otros que servir eficazmente a
los intereses de los ciudadanos y donde las restricciones
presupuestarias constituyen una limitación que se respeta
totalmente por las corporaciones locales, y no un fin en si mismo.
Pero
ademas son las administraciones locales las únicas que están
disminuyendo su nivel de endeudamiento, de tal modo que en 2012 mas
de tres mil ayuntamientos tuvieron superávit en sus liquidaciones
presupuestarias.
El
ciudadano, que es a quien nos debemos, acude a quien le presta mejor
los servicios y si a este fin acude a los municipios, en lugar de a
otros entes de mayor ámbito territorial, es porque percibe que de
la cercanía en la prestación se proporcionan servicios donde sus
necesidades particulares tienen mejor acomodo.
La
ampliación del ámbito territorial del Ente prestador provoca,
indudablemente, la pérdida de atención a la particularidad; por
otro lado, la eliminación de alternativas al ciudadano no provoca
mayor bienestar a éste, sino pura prestación monopolística de los
servicios y la clara tentación a privatizar su gestión y/o a
requerir mayores pagos o copagos por el acceso a los mismos, lo que
indudablemente redundará en unos servicios de menor calidad y mayor
coste para el ciudadano. Esta va a ser la consecuencia ineludible de
la nueva ley: servicios de mucha peor calidad con un coste mas
elevado que tendrán que costear los ciudadanos.
Recordemos
que la Ley de Bases del Régimen Local, al referirse al municipio,
señala que éste es “marco por excelencia de la convivencia civil,
cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que
pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el
equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al
esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento
municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso
se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las
comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse
con la ruina y extinción de los Municipios”.
El
texto del proyecto del gobierno no es sino una apuesta por la
decadencia de las referidas comunidades ciudadanas, que no resuelve
en absoluto los problemas reales de estas entidades, que no son los
de los alcaldes y alcaldesas sino los de los vecinos. Es un texto que
en lugar de profundizar en los derechos democráticos de
participación ciudadana, atenta decididamente contra ellos.
Los
municipios y Entidades Locales Menores, tal como los concebimos en la
actualidad, nacen en el medievo, cuando grupos de gentes se reúnen
para mejor administrar sus propios intereses comunes en torno a un
núcleo urbano. Así se inicia un proceso que, a lo largo de los
siglos permite a estas comunidades deshacerse de los vínculos de
vasallaje que los unían a una nobleza ausente, lejana e indiferente
a los intereses de los ciudadanos del burgo y organizarse para la
mejor gestión de sus intereses comunes. Hacernos desistir del
ejercicio de nuestras históricas competencias supone hacernos
renegar de lo que somos, recuperar modos de gestión territoriales
que han decaído para suerte de todos muchos siglos atrás y negar el
modelo de convivencia democrática por el que hemos optado,
confundiendo el Estado Constitucional Autonómico con un Estado
Antimunicipal.
Así,
la demonización que en el proyecto de ley del gobierno se hace por
un lado de la entidad local menor, reducto de gran tradición
democrática y que no sólo debe conservar su cualidad de Entidad
Local sino que debe ser regulada en cuanto a su competencia y
financiación, y por otra del pequeño municipio, ejemplo
paradigmático de democracia participativa, propugnan un modelo que
no podemos sino rechazar.
Queremos
rechazar también y muy enfáticamente el injusto reproche insinuado
de las excesivas remuneraciones de muchos de los representantes
municipales que, realizan un gran trabajo en miles de casos dedicando
larguísimas jornadas sin prácticamente ninguna retribución. Miles
de alcaldes y concejales realizan su tarea sin retribución alguna.
El
texto presentado, y que se pretende entre en vigor el 1 de enero de
2014, erosiona la autonomía local no respetando las competencias
municipales, no tiene en cuenta los principios de proximidad y de
equidad en la prestación de los servicios públicos, no respeta las
competencias de las Comunidades Autónomas ni las distintas
peculiaridades y realidades históricas reconocidas en los
respectivos Estatutos de Autonomía y pone en peligro la prestación
de los servicios sociales básicos que tanto necesitan los ciudadanos
en estos momentos de dura crisis económica.
Pero
además, supone obviar los compromisos internacionales adquiridos por
España con la firma de la Carta Europea de Autonomía Local en 1985,
que establece que el contenido del compromiso adquirido con la
adhesión se manifiesta en que las Entidades locales tengan “libertad
plena para ejercer su iniciativa en toda materia que no esté
excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad” pero sobre
todo que “el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo
general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a
los ciudadanos” y que por tanto “la atribución de una
competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la
naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía”.
Este desprecio en poco coadyuva a mantener una credibilidad exterior
imprescindible en momentos de crisis como la actual, máxime cuando
claramente el modelo propuesto no es ni más eficaz ni más
económico.
Al
contrario, el modelo propuesto por el gobierno significará una gran
ineficiencia en la prestación de servicios básicos (recogida y
tratamiento residuos sólidos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario agua potable, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías) pero también en las prestaciones
sociales fundamentales para millones de ciudadanos. Servicios de
atención domiciliaria, teleasistencia, menores, discapacidad,
inclusión de inmigrantes, infancia, dependencia, mayores... dejarán
de ser prestados desde el conocimiento que proporciona la cercanía,
perderán su calidad y eventualmente podrían dejar de dar cobertura
a muchos ciudadanos. Ineficiencia y mayor coste para los ciudadanos
es el paradigma orientativo del proyecto de ley del gobierno.
Así,
en el caso de los municipios con población inferior a 20.000
habitantes, la nueva redacción propuesta por el gobierno del
artículo 26.2 de la Ley de Bases, vaciando de contenido competencial
a éstos y disponiendo la prestación por las Diputaciones de
servicios básicos, constituye el mayor atentado a la autonomía
municipal y a la eficiencia en la prestación de servicios
imaginable. Sólo provocará servicios peores y más costosos.
Ante
la propuesta gubernamental no somos solo los Alcaldes/as los que
vemos con preocupación esta reforma, sino que ha habido una reacción
social unánime frente a la misma. Es necesario atender las razones
que una inmensa mayoría de alcaldes y concejales, asociaciones y
federaciones de entidades locales, empleados públicos,
organizaciones sociales, sindicales o empresariales han pronunciado
con toda claridad y contundencia.
Hoy
queremos recoger todas estas voces, poniendo de manifiesto que no se
trata tanto de una cuestión de mayorías parlamentarias para la
aprobación de la Ley, sino de la necesaria búsqueda del consenso
para alcanzar mayorías sociales.
Debe
ser a través del diálogo constructivo con las Entidades Locales
como se debe abordar el desarrollo del capítulo I del Título VIII
de la Constitución y este desarrollo debe definir en primer lugar el
modelo institucional de participación efectiva de las Entidades
Locales en la elaboración de las Leyes que les afectan y ampliar el
régimen de impugnación por éstas de éstas ante el Tribunal
Constitucional.
Por
la hondura y la trascendencia de esta reforma, por la propia
naturaleza de la materia que se pretende modificar y por la necesaria
estabilidad y permanencia a que una ley que regule la vida local debe
aspirar, solicitamos al Gobierno que, fin de
evitar la intervención del Tribunal Constitucional, retire
su proyecto de ley y elabore uno nuevo en base a estos principios
consensuado con los Alcaldes/as en el que se materialicen las
necesidades reales de los municipios y de las entidades locales
menores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario