CCOO en el País Valencià
advierte que el proyecto de ley de reforma de la Administración Local
-que actualmente se encuentra en trámite parlamentario- provocará la
pérdida de unos 25.000 puestos de trabajo públicos en la Comunitat
valenciana, así como la pérdida de numerosos servicios.
Dirigentes de CCOO durante la rueda de prensa.
Así lo han indicado en rueda de prensa
el secretario general de CCOO, Paco Molina; el responsable de
Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC)
del sindicato, Julio Conesa; y la responsable de Acción Sindical de
FSC, Soledad Fernández, quienes alertaron de las consecuencias que puede
tener esta reforma.
Conesa explicó que el Gobierno prevé aprobar la ley en diciembre, por lo que "octubre y noviembre son absolutamente decisivos". En este sentido, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones durante este mes para denunciar y concienciar a la ciudadanía sobre el "impacto" que supondrá esta reforma.
Por ello, CCOO en País Valencià ha convocado tres marchas a pie por todas las localidades de la comarca valenciana de l'Horta. La primera, que comenzará el 15 de octubre, tendrá su salida en Puçol y finalizará en Alboraya; la segunda partirá el 18 de Paterna y llegará hasta Aldaia; y la tercera saldrá el 22 de Picassent y acabará en Alfafar.
La campaña finalizará el 30 de octubre con un acto central en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde llegarán varias "columnas sindicales" que partirán desde diferentes puntos de la ciudad. Posteriormente, marcharán hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde presentarán las resoluciones de las juntas de personal y comités de empresa de los ayuntamientos contra la reforma.
Paco Molina señaló que el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local "es la gran tapadera del tsunami de noticias negativas o involutivas", e indicó que no sólo provocará "la pérdida de servicios de primera necesidad y accesibilidad", sino que también supondrá "un atentado en toda regla al empleo de miles de empleadas y empleados públicos".
Molina destacó que "ahora parece que todo tiene su justificación en el control financiero y la eficacia en la gestión", pero señaló que el borrador de la ley "no habla para nada" de estos aspectos. Al respecto, criticó el "brindis al sol" del Gobierno que tendrá "un impacto demoledor sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el empleo público" y, además, provocará "descohesión social".
A su juicio, se trata de una ley "injusta, insolidaria e inútil". Molina destacó que esta reforma "ideológica" provocará "agravios comparativos de primera magnitud" ya que, "en función de dónde se resida, habrá ciudadanos de primera, de segunda y de tercera".
Sobre este asunto, Julio Conesa comentó que los "ciudadanos y ciudadanas de primera" serán los que viven en ciudades importantes como Valencia, Madrid o Barcelona y que "no van a ver grandes diferentes". Así, ha señalado que los principales afectados serán los ciudadanos "de segunda" y, sobre todo, los de "tercera", aquellos que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y que en la comunitat suponen el 88 por ciento de las poblaciones.
Al respecto, señaló que en estas localidades, los ayuntamientos perderán "autonomía y autogobierno", ya que serán las diputaciones las que decidirán "el modo en que se presentan los servicios". Durante su intervención, defendió el trabajo de los ayuntamientos y aseguró que en 2012 el 75 por ciento de ellos tuvo superávit.
Conesa explicó que "durante 35 años los municipios han pedido que el Gobierno les financiara los servicios que dan", pero lo que ha hecho el Ejecutivo es "quitarle competencias para ponerlas en manos del sector privado" por una cuantía que ha cifrado en unos 40.000 millones de euros. También se ha referido a la pérdida de puestos de trabajo que supondrá la nueva ley de Administración Local y ha aseverado que si se aprueba tal y como esta, el empleo en este ámbito se reducirá a aproximadamente la mitad, es decir unos 25.000 trabajos menos.
Por su parte, Soledad Fernández lamentó el "atentado grave al sistema democrático" que supone la reforma de la Administración Local, que "quita competencias municipales, autonomía local, pero también autonomía autonómica". En su opinión, "es un proyecto totalmente involucionista, marcado por criterios económicos".
"O se para el decreto, o requiere modificaciones importantes", ha indicado Fernández, quien explicó que el sindicato ha presentado a los grupos parlamentarios más de 70 enmiendas que buscan "recuperar competencias para los municipios y asegurar su financiación", entre otra cuestiones.
Conesa explicó que el Gobierno prevé aprobar la ley en diciembre, por lo que "octubre y noviembre son absolutamente decisivos". En este sentido, el sindicato ha puesto en marcha una campaña de movilizaciones durante este mes para denunciar y concienciar a la ciudadanía sobre el "impacto" que supondrá esta reforma.
Por ello, CCOO en País Valencià ha convocado tres marchas a pie por todas las localidades de la comarca valenciana de l'Horta. La primera, que comenzará el 15 de octubre, tendrá su salida en Puçol y finalizará en Alboraya; la segunda partirá el 18 de Paterna y llegará hasta Aldaia; y la tercera saldrá el 22 de Picassent y acabará en Alfafar.
La campaña finalizará el 30 de octubre con un acto central en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde llegarán varias "columnas sindicales" que partirán desde diferentes puntos de la ciudad. Posteriormente, marcharán hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde presentarán las resoluciones de las juntas de personal y comités de empresa de los ayuntamientos contra la reforma.
Paco Molina señaló que el anteproyecto de ley de reforma de la Administración Local "es la gran tapadera del tsunami de noticias negativas o involutivas", e indicó que no sólo provocará "la pérdida de servicios de primera necesidad y accesibilidad", sino que también supondrá "un atentado en toda regla al empleo de miles de empleadas y empleados públicos".
Molina destacó que "ahora parece que todo tiene su justificación en el control financiero y la eficacia en la gestión", pero señaló que el borrador de la ley "no habla para nada" de estos aspectos. Al respecto, criticó el "brindis al sol" del Gobierno que tendrá "un impacto demoledor sobre el conjunto de la ciudadanía y sobre el empleo público" y, además, provocará "descohesión social".
A su juicio, se trata de una ley "injusta, insolidaria e inútil". Molina destacó que esta reforma "ideológica" provocará "agravios comparativos de primera magnitud" ya que, "en función de dónde se resida, habrá ciudadanos de primera, de segunda y de tercera".
Sobre este asunto, Julio Conesa comentó que los "ciudadanos y ciudadanas de primera" serán los que viven en ciudades importantes como Valencia, Madrid o Barcelona y que "no van a ver grandes diferentes". Así, ha señalado que los principales afectados serán los ciudadanos "de segunda" y, sobre todo, los de "tercera", aquellos que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y que en la comunitat suponen el 88 por ciento de las poblaciones.
Al respecto, señaló que en estas localidades, los ayuntamientos perderán "autonomía y autogobierno", ya que serán las diputaciones las que decidirán "el modo en que se presentan los servicios". Durante su intervención, defendió el trabajo de los ayuntamientos y aseguró que en 2012 el 75 por ciento de ellos tuvo superávit.
Conesa explicó que "durante 35 años los municipios han pedido que el Gobierno les financiara los servicios que dan", pero lo que ha hecho el Ejecutivo es "quitarle competencias para ponerlas en manos del sector privado" por una cuantía que ha cifrado en unos 40.000 millones de euros. También se ha referido a la pérdida de puestos de trabajo que supondrá la nueva ley de Administración Local y ha aseverado que si se aprueba tal y como esta, el empleo en este ámbito se reducirá a aproximadamente la mitad, es decir unos 25.000 trabajos menos.
Por su parte, Soledad Fernández lamentó el "atentado grave al sistema democrático" que supone la reforma de la Administración Local, que "quita competencias municipales, autonomía local, pero también autonomía autonómica". En su opinión, "es un proyecto totalmente involucionista, marcado por criterios económicos".
"O se para el decreto, o requiere modificaciones importantes", ha indicado Fernández, quien explicó que el sindicato ha presentado a los grupos parlamentarios más de 70 enmiendas que buscan "recuperar competencias para los municipios y asegurar su financiación", entre otra cuestiones.
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